Desde hace tiempo, son muchísimas las voces que venimos advirtiendo y denunciando la existencia de un Estado policial en Córdoba, que no es sino el laboratorio de las políticas de seguridad que luego se esparcen hacia el resto del territorio nacional. Hemos señalado de manera reiterada el costo social, humano y comunitario que están teniendo las políticas de policialización general de la sociedad. Ya hablamos de violación de derechos básicos, civiles, políticos y humanos de un gran sector de la población. Insistimos una y otra vez en la dañina y peligrosa segregación socio-territorial que plasman y profundizan estas políticas securitarias. Espantados y dolidos hemos tenido que contabilizar el impresionante crecimiento de los casos de gatillo fácil (eufemismo que refiere al asesinato de ciudadanos por parte de policías). Especialistas en la materia venimos prendiendo las señales de alarma sobre el serio riesgo de convertir al territorio provincial (y sobre todo a la capital cordobesa) en un gran campo de concentración “abierto”, donde el control absoluto y asfixiante, haga de la vida cotidiana un corsé estrecho y mecánico. Escritores, cantantes, actores, artistas de las más variadas expresiones, señalan la distopía social en que se ha convertido la ciudad, cercana a las novelas de Orwel o Huxley, o a las películas que últimamente abundan sobre un control social extremo y terrible. Se ha debatido en algunos ámbitos sobre el enorme poder corporativo que poseen hoy en día las fuerzas policiales, que pueden poner en jaque a toda la población civil, e incluso, quizás, a los Gobiernos (hoy principales impulsores y sostenedores de esta carrera securitaria). No nos cansamos de insistir sobre el espiral de violencia en que nos encierran cada uno de los pasos que, en materia de seguridad, se da en la provincia. Ahora vamos a tratar de analizar escuetamente el rotundo fracaso que muestran los números concretos de estas políticas securitarias de control y violencia generalizadas.
Sólo teniendo en cuenta el gasto público (habría que sumar el gasto privado de empresas y familias en este rubro), cuantitativamente hablando, el Estado provincial otorga mayor importancia relativa a las erogaciones vinculadas al área de Seguridad que a otros rubros como Educación y Salud. Si se analiza el gasto presupuestado por la Provincia de Córdoba para el año 2015, el rubro “Servicios de Seguridad y Justicia” presentó un presupuesto de 8044 millones de pesos, lo que implica un incremento del 54,5% en relación a lo que se había presupuestado para el año 2014. Sólo para comparar, para el ítem “Enseñanza inicial y primaria” el incremento previsto en el presupuesto 2015 en relación al año previo fue de 9,6%, lo que da cuenta de la importancia que le otorga el Estado provincial a la problemática. Este gasto en seguridad en el 2005 era de 608 millones de pesos, lo que da por resultado un crecimiento de más del 1200% en diez años.
Sin embargo, ese enorme crecimiento presupuestario, no tiene correlato alguno con los resultados que presenta. Así, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, en 2014 la tasa de victimización directa fue del 24,4% en la Provincia, con un crecimiento anual del 12%. En relación a la percepción de inseguridad, en cambio, estimó por un lado que en el año 2014 la proporción de personas que consideran que la inseguridad ha aumentado en los últimos seis meses fue del 75,3%; y por el otro, que el porcentaje de personas que consideran que es probable o muy probable ser víctima de delito en los próximos seis meses fue del 88,2% para el año. Esto deja claro que “la gente honesta y trabajadora”, para quien está orientada toda la propaganda oficial sobre la cual se asientan estas políticas racistas, discriminadoras, excluyentes y violentas que implica el actual Estado policial cordobés, no se siente ni está efectivamente más segura. Son numerosos los estudios que insisten en que los controles y la presencia policial permanente, contrario a generar mayor percepción de seguridad, desembocan en un estado psicológico de alerta permanente (de peligro inminente o “situación de guerra social perpetua”), que dan por resultado una sensación creciente de vulnerabilidad e inseguridad.
Hace un tiempo atrás, en una clase en la facultad de derecho, un alumno apesadumbrado preguntó qué podía decirle al kiosquero de su barrio, quien insistía en defender el inconstitucional Código de Faltas y todas las políticas de detenciones arbitrarias y violencia policial, a pesar de que él le decía lo discriminativas e ilegales que eran, porque argumentaba el kiosquero, había sido víctima de ocho robos en dos meses. La respuesta fue sencilla y evidente: justamente, respondele eso, que fue víctima de ocho robos en dos meses, lo que demuestra que las políticas securitarias impulsadas en los últimos 15 años de gobierno no han servido en lo más mínimo para desmontar el crimen y la inseguridad, los que por el contrario se han incrementado en cantidad y violencia. Los números del fracaso son contundentes, es necesario bajarse de modo urgente de esta dinámica alocada de policialización generalizada, que luego de quince años de implementación desmedida, ha dejado en claro que no es con violencia como se va a terminar con la violencia; y que debemos advertir como sociedad que estamos entrampados en un espiral del que, cuanto más tardemos en salir, mayores serán los costos sociales, económicos y humanos que tendremos que pagar. Es urgente que la ciudadanía exija al Gobierno abordar seriamente la problemática de una buena vez y dejar de pensar que la propaganda del próximo mes es más importante que la seguridad de todos y todas las cordobesas.
Sergio Job y Estefanía Nahas
Sergio Job es Abogado penalista (UNC), Doctor en Ciencias Políticas (CEA-UNC), Diplomado en Seguridad Ciudadana (UBP), Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC), integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”, ha escrito en numerosos libros y revistas especializadas sobre seguridad.
Estefanía Nahas es Licenciada en Economía (UNC), Diplomada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (UMET), integrante del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”.
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