Economías regionales: la crisis de un modelo productivo

Cual efecto dominó, desde comienzos de año estallaron una serie de conflictos en distintas producciones del sector agropecuario a lo largo y ancho de todo el país, en lo que suele denominarse “economías regionales”: la vitivinicultura, los olivos, el ajo, algodón, arroz, los lácteos, las peras y manzanas, el tabaco, los pollos, el sector forestal, las mandarinas, entre las más comprometidas.
Miles de hectáreas enteras con manzanas y peras que se descomponen inmóviles en los árboles patagónicos, cientos de toneladas de mandarinas terminando en la basura de Tucumán, más de 7.500 litros de leche cruda arrojada al piso en el sur santafecino, son algunas de las imágenes resultantes de la crisis. Solo por decisiones de índole “económica” –sin contar los inconvenientes climáticos– este año se dejaron de cosechar 200 millones de kilos de manzanas y peras en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, exactamente el consumo anual interno del país. A primera vista, sería coherente pensar que este derroche de alimentos daría cuenta de cierta abundancia, de una población sin necesidades. Sin embargo, la cuarta parte de los argentinos que viven bajo la línea de pobreza lo refutan de hecho [1]. Un nuevo recordatorio de que la lógica del capital no tiene como objetivo satisfacer necesidades sociales sino solamente garantizar su valorización.
Los voceros y representantes de las cámaras empresarias repitieron que se trata de una “crisis terminal del sector” y aluden al peligro de 900 mil a 1,5 millones de puestos laborales para amparar así sus reclamos corporativos en el peso social que tienen dichas actividades. La llamada crisis de las economías regionales no es otra cosa que una crisis de rentabilidad y como tal, dispara una puja distributiva para ver quién paga “los platos rotos”.

El caso de la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

Las peras y manzanas constituyen uno de los casos más representativos tanto por la magnitud que tuvo la crisis en esta cosecha como por la impronta que tiene la actividad sobre la configuración social de la población local. Asimismo, el valle concentra el 80 % de la producción nacional de peras y manzanas y representa la mitad de las exportaciones de frutas frescas del país, en un área productiva de casi 50.000 hectáreas con fruta de pepita y carozo (93 % corresponde a peras y manzanas), el 85 % asentado en Río Negro y el 15% en Neuquén.
La devaluación del año 2002 dio paso a un período de mayores perspectivas de rentabilidad, aportando cierto alivio al endeudamiento que habían asumido la mayoría de los capitales primarios más pequeños y algunos integrados durante los ‘90. Tasas de ganancia excepcionales de entre 33 % a 82 % (dependiendo el tamaño de la explotación y el rendimiento) parecían indicar que el esquema de acumulación basado en un tipo de cambio alto sería viable, ayudado por un crecimiento tanto de los precios internos como externos. Ya para el año 2005 la tasa de ganancia se reduce notablemente, especialmente para las unidades de rendimientos inferiores a 40 mil kilos por hectárea y, según el tamaño de explotación, empezarían a mostrar inconvenientes para la reproducción completa del capital. No obstante, capitales integrados así como las explotaciones más grandes alcanzaron tasas de acumulación superiores al 15 % [2]. El sector de conjunto atravesó un período de bonanza en la última década, aunque con fuertes disparidades y asimetrías de poder que dieron paso a la expulsión de los capitales más pequeños y a una profundización del proceso de concentración. Las exportaciones de peras y manzanas entre 2000 y 2013 tuvieron un crecimiento promedio de 8 % y 13 % en dólares y 4 % y 9 % en volumen respectivamente. En el período 2010-2013 se exportaron manzanas por un valor total (en dólares) 113 % superior al trienio 2000-2003, y un 151 % más alto en el caso de las peras [3], mientras los costos internos (principalmente laborales) se abonaban en pesos. Por su parte, los precios de manzana fresca en el mercado interno se triplicaron y los precios implícitos de exportación crecieron un 90 % alcanzando el nivel más alto en 15 años [4].
La cosecha de 2015 comenzó con turbulencias debido a las heladas de primavera y verano y el granizo, que generaron pérdidas cercanas al 15 % de la producción. Pero lo central fue que, a la caída de los envíos de fruta hacia Alemania o Rusia y el derrumbe de los precios de exportación, se agregó el cierre del mercado brasilero tras haberse detectado envíos de fruta afectados por carpocapsa [5]. En los puertos de San Antonio Este y Bahía Blanca se registró una reducción de 28 % y 24 % en las toneladas exportadas de manzanas y peras en la primera mitad del año en comparación con igual período de 2014 [6]. En febrero el gobierno provincial emitió un informe en el que pronosticaba un balance económico global negativo de U$S 180.000.000 [7].
El conflicto en este caso tuvo su punto más alto con los cortes de tránsito de los principales puentes y accesos a la región durante 10 días a principios de junio, en el que se reclamaba un subsidio de 190 millones de pesos, no conformes con los más de 50 millones que les entregó en mano la provincia de Río Negro y los 110 millones del gobierno nacional, suspensión de retenciones a las exportaciones y aportes a la seguridad social incluidos [8]. Los que sostuvieron esta medida fueron principalmente los mal llamados “pequeños productores” (chacareros capitalistas [9]), que lejos estuvieron de denunciar las asimetrías de la cadena en la que se subordinan a los grupos concentrados [10]. Bendini y Steimbreger señalan al respecto que,… en esas ocasiones [de crisis o conflicto], algunas fracciones llegan a demandar cambios macroeconómicos que pueden afectar al conjunto de los sectores subalternos del campo y de la economía en su conjunto y generan acciones directas en reclamos al Estado sin cuestionar las lógicas de expansión del capital y sus efectos al interior de la cadena y fuera de ella, en el conjunto de la sociedad y en el ambiente [11].
Desde los años ‘80 se desarrollaron distintos mecanismos que favorecieron la concentración de beneficios en favor de las grandes empresas, empacadoras y exportadoras. Si en los años ‘90 se contabilizaban más de 6 mil unidades productivas en el Alto Valle, en la actualidad se han reducido a 2.500 “productores” en 2013 (4.431 establecimientos). Asimismo, el 15 % de los establecimientos, que corresponden al 2 % de las empresas, son predios de más de 100 hectáreas y concentran el 34 % de la superficie, cuando el tamaño promedio de las explotaciones es de 11 ha [12].
La integración vertical es una de las estrategias de apropiación diferencial de excedentes, desde el eslabón primario a la exportación, al punto que 5 empresas controlan el 80 % de las exportaciones. No obstante, solo el 13,5 % de las explotaciones agrícolas están integradas en propiedad [13]. Es bajo el crecimiento de la agricultura de contrato la forma en que se han reducido los márgenes de autonomía de las unidades primarias [14], en donde se articulan productores primarios y empresas agroindustriales sin borrar la independencia jurídica, lo que les permite a los segundos el control del proceso productivo y sus condiciones sin asumir directamente los riesgos de la producción agrícola o primaria [15]. Así, empacadores y frigoríficos establecen el precio, la forma de pago, el porcentaje de fruta que se descarta (se paga a un precio inferior), las exigencias de calidad como las “buenas prácticas agrícolas”, entre otras decisiones comerciales, técnicas, financieras e incluso a veces la organización del trabajo, en donde se han desarrollado variadas ingenierías de intermediación laboral que profundizan las condiciones de explotación de los trabajadores [16].
De esta forma, las grandes empresas –que además tienen el control sobre la mayoría de los medios de comunicación local y contacto directo con el poder político– logran captar la mayor parte de la plusvalía cuando hay acumulación expansiva, incidiendo directa o indirectamente en el proceso primario, y descargan “hacia abajo” los impactos negativos en los momentos de crisis. Por ello son estos mismos “productores chacareros” más pequeños la cara visible de los reclamos políticos del conjunto de las patronales, que terminan actuando en favor del poder concentrado mientras demandan medidas que transfieran los costos hacia abajo, a los trabajadores, sea con devaluaciones que deprimen los salarios o directamente presionando a la baja por sus costos laborales y condiciones de trabajo.

El derrotero de las economías regionales

La crisis de las economías centrales está dando por finalizadas las bondades del mercado externo receptivo que permitieron un ciclo de expansión de la producción en la mayoría de las actividades regionales. Pero también evidencian un síntoma de agotamiento de las condiciones internas que favorecieron la alta rentabilidad del período, especialmente el referido a la obtención de competitividad exportadora por la vía de la devaluación cambiaria que, entre otros aspectos, mantenía deprimidos los salarios en dólares [17]. Mientras duraron las benéficas condiciones macroeconómicas de la post convertibilidad no se detuvieron las tendencias estructurales más profundas que habían proliferado durante la década del ‘90 sino que, por el contrario, les otorgaron un nuevo marco para dar rienda a la inherente concentración capitalista. Como señala Alejandro Rofman, el modelo de acumulación desde 1975 basado en la apertura externa, la desregulación de los mercados y la creciente inserción en el flujo comercial y financiero internacional implicó que el sector externo se constituyese en el principal demandante de la producción y determinante de los precios de comercialización de todos los bienes. El pequeño capital se encontraba estructuralmente incapacitado de acceder al necesario proceso de reconversión que le exige la internacionalización de los mercados, “emergiendo un proceso de captación de riqueza e ingresos por grupos concentrados de inversores locales y extralocales” [18].
A pesar del cambio de discurso del gobierno hacia las corporaciones desde la asunción de Néstor Kirchner y del nuevo escenario macroeconómico, la orientación política siguió favoreciendo esta variante del “agropower” en el sector. La devaluación consolidó la posición relativa de los capitales más concentrados de la agricultura [19]: la presencia extranjera con orientación exportadora y los capitales concentrados nacionales o grupos empresarios; no obstante, los chacareros que pudieron reconvertirse y/o persistir también aceptaron las condiciones en tanto les permitieron obtener altos beneficios. Asimismo, continuó la explotación a los obreros rurales sobre la base de bajos salarios, empleo en negro, intermediación laboral y duras condiciones de trabajo [20], viéndose reeditadas las políticas noventistas de reducción de cargas sociales a las patronales como argumento para la estimulación de puestos de trabajo [21].
El resquebrajamiento en las economías regionales puso de manifiesto que frente al estrechamiento de los márgenes de ganancia en la última campaña agrícola el conjunto de los capitales, grandes y chicos, actuaron por lo general como un bloque político unificado a pesar de las fuertes asimetrías internas. Por más que estos sectores patronales, mientras solicitan subsidios intentan difundir que la verdadera solución son medidas que tiendan a la devaluación, ésta solo resolvería sus problemas de rentabilidad por unos pocos años a costa de descargar los costos a los trabajadores, dejando sin resolver la crisis general de este modelo productivo y las tendencias contradictorias profundas que cobija.
En estas situaciones contrastantes entre la destrucción consciente de alimentos y la necesidad social, es donde se expresa al máximo la miseria que aceita los engranajes de la producción bajo el capitalismo. No se trata de exigir la “democratización de la economía frutícola” entre las distintas fracciones del capital [22], sino de poner en el centro las necesidades y problemáticas del pueblo trabajador, garantizando la provisión local de alimentos con diversidad y calidad accesibles a las familias obreras, y de terminar con las formas de explotación y opresión de los trabajadores que enriquecen a unos pocos. Desde el punto de vista de la riqueza productiva, en Argentina sobran los recursos y la posibilidad de hacerlo bajo otras lógicas de manera “sustentable”.

Lucía Ortega

[1] Recientemente, a pesar de la ausencia de datos oficiales, la presidenta de la nación afirmó que la pobreza afecta solo al 5 % de la población, mientras que informes técnicos de la junta interna de ATE-INDEC y de la Universidad Católica Argentina calculan que un 25 % de la población es pobre. Ver Para la Iglesia, la pobreza en la Argentina alcanza a un 25 % de la población.
[2] Jong, G. M de, Análisis regional, estructuras agrarias y estrategias de desarrollo regional en la fruticultura del Alto Valle de la Cuenca de Rio Negro. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2008.
[3] Dirección de Mercados Agrícolas, MAGyP.
[4] Secretaría de política económica, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
[5] Gusano de la pera y la manzana, una de las plagas endémicas más comunes en los frutales de pepita.
[6] Según estadísticas de embarques de frutas y hortalizas del puerto SAE y Bahía Blanca.
[7] Informe oficial sobre la situación frutícola rionegrina. El informe avala los argumentos de las patronales para el reclamo de subsidios y otras medidas al gobierno nacional.
[8] Postergación por seis meses estimada de los aportes patronales por 800 millones de pesos. Ver “Nación entregará subsidios a través de los municipios”.
[9] Nos referimos a aquellos que se caracterizan por ser propietarios de una unidad de hasta 25 ha, combinan capital y trabajo familiar, contratan trabajadores transitorios y según las posibilidades también trabajadores permanentes y tienen capacidad de generar excedentes.
[10] “Pero cuando esos trabajadores, como suele verse en el verano, realizan medidas de fuerzas, todas las patronales se rasgan las vestiduras de la institucionalidad y el derecho al “libre tránsito” y a trabajar, pidiendo el rápido desalojo y la represión y culpando a los trabajadores de la crisis.” Ver Fernández, M., “Conflicto frutícola en el Alto Valle”.
[11] Bendini, M. y Steimbreger, N., Tendencias globales, modernización y contradicciones en una cadena agroexportadora tradicional de Argentina. Intermediación laboral y contractualización subordinada, Seminario Cadenas globales agroalimentarias: Estudios de casos en Argentina y Chile. UNAM, México, 2011, p. 24.
[12] SENASA, Anuario Estadístico, 2013.
[13] Alvaro, M. B. y Trpin, V., “Condiciones productivas y de exigencias de calidad en la fruticultura de la Patagonia argentina”, Región y Sociedad 58, Año XXV, 2013.
[14] Rofman, A. et al, “Subordinación productiva en las economías regionales en la posconvertibilidad”, Realidad Económica 240, 2008.
[15] Bendini y Steimbreger, ob. cit., p. 15.
[16] Bendini y Steimbreger, ob. cit.
[17] Ver Mercatante, E., “Argentina devaluada”, IdZ 7, 2014.
[18] Rofman A., “Modernización productiva y exclusión social en las economías regionales”, Realidad Económica 162, 2006.
[19] Rofman A. et al. (2008), ob. cit.
[20] Ver Picón, A. y Morales, N., “Los trabajadores golondrina y la red de explotación agraria”, IdZ 19, 2015.
[21] Sobre el efecto de estas políticas en los años ‘90 ver Rofman, A., ob. cit.
[22] Como proponen algunas organizaciones organizaciones como por ejemplo la CTA dirigida por Hugo Yasky. Ver “Crisis frutícola: la CTA difundió su postura”.