Queda nuevamente en evidencia el oscuro entramado en el que la vida humana tiene el módico precio que le imprimen los intereses empresariales y gubernamentales.
Ayer por la tarde la familia de Cristian Gutiérrez finalmente pudo realizar su velatorio. Este joven operario de la empresa Tecpetrol había fallecido el jueves a causa de las secuelas de la explosión que se produjo mientras trabajaba en el yacimiento El Tordillo, en Comodoro Rivadavia. Su muerte viene a aumentar uno de los más indignantes índices, el de los fallecidos trabajando, ese que tanto empresas como sindicatos y gobiernos intentan disimular bajo la infame etiqueta de “error humano” o como simple “accidente”.
Pero detrás de esos números están las personas que perdieron sus vidas, sus familias, sus amigos y compañeros. Y una realidad que no puede esconderse con anuncios rimbombantes ni falsas estadísticas de empleo; menos aun con índices manipulados de forma tal de ocultar muchas de esas muertes para que no quede catalogadas como ocurridas en el ámbito laboral, como ya se denunció en este diario.
Hay un factor común en la mayoría de las muertes obreras ocurridas este año, característica extensiva a las últimas dos décadas: la mayoría eran trabajadores tercerizados o estaban bajo otra modalidad de empleo precario, como los del sector de la construcción, que registra la mayor cantidad de casos y se caracteriza por los altos índices de trabajo en negro e informal en sus filas. Esto conlleva que estos trabajadores no tengan siquiera las mínimas (y en general también insuficientes) condiciones de seguridad que poseen quienes trabajan bajo el convenio correspondiente a la tarea que realizan y el ámbito donde se desempeñan. Extensas y agotadoras jornadas laborales, escasa capacitación, indumentaria y herramientas inadecuadas y falta de condiciones seguras de trabajo son un cóctel explosivo que corroe la cotidianeidad de millones de trabajadores, además de significar directamente la muerte de decenas de ellos cada año. Hay una generación entera de jóvenes obreros y obreras que desconoce lo que es tener un trabajo en planta permanente o no tercerizado, ya que la precarización es el signo predominante de las últimas décadas en el mundo del trabajo, aun de la última donde se generaron empleos, pero bajo esta condición.
Este fue el caso de Mariano Ruiz, de 35 años, que trabajaba para la contratista de Techint Sidernet. El mes pasado la caja del camión que conducía se enganchó en un puente y fue despedido, falleciendo por resultado del impacto. Pocas semanas antes otro trabajador de Siderar llamado Claudio Nicodemo había perdido sus dos piernas al ser aplastado por un planchón de acero; como denunciaron sus compañeros, esto ocurrió porque Claudio realizaba el trabajo de tres personas simultáneamente, debido a la disminución de personal realizada por Techint para bajar costos, incorporando hasta un control remoto para reemplazar a un ser humano y obligando a una polifuncionalidad letal a los obreros. La ambición empresarial le costó las piernas a este trabajador de 30 años.
En la planta de Metalsa, en General Pacheco, en junio se produjo la muerte de Miguel López, del sector Estampado, quien no recibió la asistencia necesaria que podría haberle salvado la vida. La empresa y la burocracia sindical de la seccional Vicente López de la UOM se aliaron para tapar el caso y días después se despidió a 11 trabajadores, varios de ellos activistas. Ese mismo mes fallecía un trabajador tercerizado del Ferrocarril Roca al ser arrollado por un tren mientras trabajaba en las vías de la estación Don Bosco. El apuro por terminar y mostrar obras ante la cercanía de las elecciones hacía que los operarios se vieran sujetos a presiones aun mayores que las habituales por esos días para terminar las obras iniciadas, aun en horarios donde estaban circulando los trenes, con el consiguiente riesgo para sus vidas.
El año ya había comenzado con la muerte de Maximiliano Alfonso en Rosario, quien cayó por el hueco de un ascensor mientras trabajaba en una obra en construcción a cargo de la empresa Di Mauro. Su condición de inmigrante lo hacía blanco fácil de quienes lucran a partir del empleo no formal en las peores condiciones, en uno de los rubros con más cantidad de siniestros registrados. Como se denunciaba en ese momento “las estadísticas de la cartera laboral indican que en 2013 (todavía las cifras de 2014 no están disponibles) hubo 55.451 casos entre accidentes y enfermedades laborales, es decir un promedio de 151 por día: ¡6 por hora!” en Santa Fe. En la misma ciudad falleció también Daniel Aguilar luego de una semana de agonizar por ser aplastado por una máquina en la planta de Electrolux-Gafa. En Córdoba, mientras tanto, una descarga eléctrica mataba a Cristian Alon de 39 años mientras realizaba tareas de mantenimiento en Iveco; también era tercerizado. Casi la misma edad tenía un obrero de Tecnodock, contratista de Edesur, que falleció producto también de una descarga mientras trabajaba en una cámara de electricidad en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.
¿Cuánto vale una vida?
Los mencionados anteriormente son solo algunos ejemplos para graficar que lejos de tratarse de casos aislados, hay una problemática de fondo que existe con la necesaria complicidad de empresas, gobiernos y sindicatos. El oscuro entramado en el que la vida humana tiene el módico precio que le imprimen los intereses empresariales y gubernamentales incluye a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), servicios médicos empresariales que empastillan a los trabajadores para que vuelvan a sus puestos y no les reconocen enfermedades laborales ni certificados médicos particulares, organismos de gobierno que deberían controlar pero son parte del problema y el mismo Estado que como empleador reproduce las condiciones de precarización entre su filas.
No se trata simplemente de desidia o descuido de los empleadores, sino de incrementar las ganancias de manera lisa y llanamente criminal, a costa de la salud y la vida misma de quienes deben trabajar para vivir. Esto se logra al reducir la cantidad de obreros y aumentar la de horas de trabajo, al abaratar costos utilizando materiales de mala calidad y no realizando controles ni mantenimiento suficiente a la maquinaria, al acelerar los ritmos de producción y multiplicar así la posibilidad de siniestros. La salud deteriorada progresivamente, la amputación de partes del cuerpo y finalmente la muerte misma son grandes preocupaciones que han llevado a verdaderas rebeliones en algunos lugares de trabajo. Uno de los más notorios fue el caso de la ex Zanon, donde en el año 2000 la muerte de un compañero fue la gota que rebalsó el vaso y llevó a los trabajadores a iniciar una huelga de 9 días mediante la cual lograron la presencia de una ambulancia durante las 24 horas y se formó una comisión de obreros para controlar lo referido a seguridad e higiene. Esto fue un adelanto de lo que vendría después, un proceso que culminaría más tarde con la toma y puesta a producir bajo control obrero de la fábrica. Allí donde los propios obreros controlan sus condiciones de trabajo, no se registran hechos como los que volvemos a lamentar esta semana, ya que el trabajo no se organiza bajo los parámetros de la ambición empresarial. Este ejemplo se ha extendido y en otros establecimientos los trabajadores crearon comisiones de seguridad e higiene para poner límites a las patronales en un asunto que, en definitiva, es cuestión de vida o muerte.
Verónica Zaldívar
@VeruSing
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