La crisis política brasileña ha llegado a un punto sin retorno, alimentada por una crisis económica sin precedentes. El índice de popularidad del gobierno de Dilma Rousseff cayó a 7,7%, con tendencia a caer todavía más.
El partido derrotado por muy escaso margen en la segunda vuelta de 2014 (PSDB) puso sobre el tapete el juicio político a la presidenta, mientras el principal aliado del PT en la coalición gubernamental, el PMDB (con las mayores bancadas parlamentarias y el mayor número de intendentes) impulsa la investigación de los numerosos casos de corrupción del gobierno petista, especialmente el petrolão.
Para aplacarlo, Dilma cedió al PMDB casi todos los cargos del "segundo escalón" del gobierno, sin conseguir casi nada. Desde luego, los que gritan "al ladrón!" son más ladrones que los denunciados.
Un frente golpista dividido
Contrariamente a lo que afirma la izquierda (para defender al gobierno), no hay un frente golpista unificado. Sin hablar de los descolgados minoritarios (pero muy activos) que proponen una intervención militar, tanto el PSDB como el PMDB están divididos hasta sobre los pasos inmediatos después de "impichar" a la presidente.
Frente a las acusaciones por su corrupción, el gobierno levantó una puntita de la alfombra del vecino, denunciando al presidente de la Cámara (Eduardo Cunha, PMDB) por actos similares. Cunha respondió declarando su ruptura con el gobierno y su pasaje a la oposición, lo que motivó que el PMDB inmediatamente declarase que se trataba de una actitud personal. En ese cuadro, Obama intervino, dándole una ayudita a Dilma en su visita oficial a los Estados Unidos.
El ajuste, en crisis
El gobierno Dilma-Levy impulsa el más brutal ajuste económico ya realizado en el país. Los despidos de este año ya se aproximan de 400 mil, y cada mes se bate un nuevo récord. Los salarios de los estatales están congelados. Nuevas exenciones impositivas para el gran capital, amnistía fiscal y penal para los que fugaron divisas al exterior, nuevos aumentos de las tasas de interés (las más altas del mundo), corte de 70 mil millones de reales (también récord histórico) en gastos sociales. Las agencias calificadoras internacionales le van a bajar igualmente los puntos al crédito del país, advirtiendo sobre una fuga de capitales ante la posibilidad de incumplimiento.
El PBI retrocederá (por lo menos) 2% este año. La recaudación fiscal ha caído más de 3%, con perspectiva a la baja. El ajuste, por lo tanto, se está yendo al diablo ni hay tampoco una coalición política sólida para implementarlo. La "oposición" ha convocado a una manifestación de masas para el 16 de agosto, que probablemente registrará su declinante capacidad de movilización popular, desde el supuesto millón de las calles de San Pablo en marzo, hasta las pocas decenas de miles de las manifestaciones posteriores.
El PT y la izquierda
La posibilidad objetiva y la urgencia de una intervención y de un programa obrero independiente para que la crisis la paguen los capitalistas supera con creces el carácter defensivo de las luchas actuales: sólo los estatales mantienen una huelga parcial por el salario, con una manifestación nacional convocada en Brasilia el 22 de julio. La crisis galopante del PT es una evidencia de ello. En el reciente congreso del PT en Salvador, la izquierda consiguió mantener las elecciones internas para la elección de la dirección (contra la corriente mayoritaria), pero la propia dirección elegida por el Congreso abrió una gran puerta para la reelección aparatesca de la públicamente corrupta (¡hasta Lula lo dice!) camarilla dirigente.
En su actual configuración política, la izquierda no puede jugar un papel político independiente. El "frente popular" impulsado por la izquierda petista y movimientista reivindica un programa de reactivación económica capitalista (que no moviliza a nadie) y produce manifiestos en los que pide al gobierno que llame al pueblo a las calles para combatir a los golpistas. Y el gobierno sigue con el ajuste. Y el Frente Popular con sus manifiestos virtuales. Los manifiestos son firmados, entre otros, por la CUT y el MST, que no ven ningún problema en criticar públicamente la política del gobierno (no sólo la económica) y en continuar integrados, con centenas de representantes, en ese mismo gobierno. Reivindicar la ruptura de todas las organizaciones obreras y populares con el gobierno y el Estado es el primer punto de toda lucha por una salida obrera a la crisis.
Fuera del PT y su "área de influencia", el PSOL, "un balaio de gatos" como dicen los brasileños, actúa de modo disparatado al sabor de cada una de sus numerosas tendencias internas (el PSOL es, en realidad, un frente de tendencias) provisoriamente unificado en la reivindicación de destituir a Eduardo Cunha de la presidencia de la Cámara, un apoyo avergonzado al gobierno en la perspectiva de algún éxito electoral en las elecciones municipales de 2016.
El PSTU ignora la crisis política bajo el ultrarradical argumento de que "son todos lo mismo", salpicado por alguna frase "contra la derecha golpista". Nada plantea sobre la ruptura de todas las organizaciones obreras con el gobierno, pues la minicentral sindical que dirige (Conlutas) se encuentra en un duelo aparatesco de "disputa de base" con las centrales mayoritarias. El argumento electorero y la política de autoconstrucción han dejado al PSTU, el único partido de izquierda militante en el movimiento obrero, en la marginalidad política y electoral (menos de 0,1% en las dos últimas elecciones generales). La crisis económica y política pone todas estas cuestiones al rojo vivo y plantea un estado de deliberación política obrera, juvenil y popular del que puede emerger un reagrupamiento revolucionario.
Osvaldo Coggiola
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