Con el derecho al territorio

Lo que demora hacer cumplir la ley

El gobierno provincial se comprometió a expropiar la tierra a una empresa del departamento de San Pedro y entregarla a los productores que la habitan y la cultivan. El conflicto incluyó varios intentos de desalojo y cortes de ruta. Ya comenzó la electrificación de la zona.

Más de veinte años de vida campesina, una orden de desalojo, trece años de resistencia y un triunfo: el gobierno de Misiones reconoció que campesinos tienen derecho al territorio, se comprometió a expropiar la tierra a una empresa y entregarla a los pequeños productores. Considerado “una victoria”, los campesinos reclaman celeridad en los trámites. “Estábamos casi en la calle, pero con lucha y junto a otras organizaciones logramos seguir trabajando la tierra. Nuestros hijos podrán crecer acá”, celebró Eduardo Eizenrreder, campesino misionero. En la provincia hay al menos 150 mil hectáreas en conflicto.
En 2002 fue el momento clave. La peor noticia llegó a familias campesinas del noroeste misionero (departamento de San Pedro). Las instaban a dejar la tierra donde vivían, trabajaban y de la que obtenían sus alimentos. Los campesinos resistieron. Sabían que su destino serían los márgenes de las ciudades, ser mano de obra barata en obrajes y casas de familia.
Sobrevino la violencia. El dueño en los papeles, que nunca habitó el lugar, envió patotas para que intentaran un desalojo forzoso. Incluyó la quema de viviendas y violencia. Las familias mantuvieron la resistencia. El caso trascendió a los medios y se logró una tregua.
En 2006 se presentó la empresa forestal Ricceri Sociedad Anónima. Se reanudó un proceso de diálogo con funcionarios provinciales y municipales para que las familias permanecieran en el lugar (parajes Piray Guazú, Portón Viejo y Colonia Nueva Unión). Pero no hubo acciones concretas del gobierno.
El segundo momento de quiebre fue en julio de 2013. La jueza de primera instancia Eve Toledo (Juzgado Civil y Comercial Nº2) falló a favor de la empresa y ordenó el desalojo. Ese mismo día se reunieron las familias, ya como parte de la organización Unidos Ruta 20 (arteria provincial que atraviesa la zona) y media docena de movimientos campesinos de la región. Elaboraron un plan de acción. Apelaron la acción judicial, recordaron que tienen derechos sobre la tierra que trabajaron más de veinte años, pidieron la intervención de las autoridades (Estado nacional, provincial y municipal) para solucionar el conflicto y se declararon en alerta y movilización.
A mediados de agosto de 2013 llegaron a la comunidad los diputados provinciales Sonia Mello y Héctor Bárbaro y el intendente Miguel Dos Santos. Se logró un acuerdo para presentar esa misma semana un proyecto de expropiación (a la Legislatura provincial), para pagarle a la empresa Ricceri y que los campesinos adquirieran sus parcelas.
En la lista de reclamos siempre estuvo presente que, en pleno siglo XXI, las familias no tienen energía eléctrica y sus hijos deben concurrir a escuelas rancho.
Ante la falta de acciones concretas y frente a la posibilidad de un nuevo desalojo, en septiembre de 2013 cortan la ruta provincial 20. Se sumaron a la protesta las familias de la zona del Paraje kilómetro 80, con conflictos similares.
Comenzó una nueva etapa de burocracia estatal con promesas de solución pero sin mejoras concretas. La respuesta campesina fueron las acciones directas (cortes de ruta y movilizaciones) para destrabar la expropiación y lograr avances. En mayo pasado el conflicto escaló. Hubo corte de ruta durante tres días. “Hemos decidido por nuestra cuenta salir a la ruta y no esperar a que nos saquen a la calle. Lamentamos llegar a estas instancias pero no tenemos otras herramientas para que nos escuchen. Queremos una solución definitiva”, explicó Unidos Ruta 20. El punto principal era la tierra y, en segundo lugar, electricidad y escuelas dignas. La respuesta estatal fue una demanda penal a 19 personas por obstrucción de la vía pública. Los campesinos anunciaron nuevos cortes.
El Instituto Provincial de Desa- rrollo Habitacional (Iprodha) y el intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, llegaron hasta la tierra en conflicto. Presentaron un escrito mediante el cual el presidente del Iprodha, Santiago Ros, informa instrucciones del Ejecutivo provincial para regularizar la tenencia de la tierra, un total de 876 hectáreas.
“Ahora estamos más tranquilos, podemos hasta dormir sin miedo, ya que no vamos ser desalojados de nuestras tierras, podemos continuar con nuestros cultivos”, celebró Unidos Ruta 20.
El subsecretario de Tierras de Misiones, Jaime Ledesma, afirmó que ya remitió el expediente al Iprodha. Reconoció que un problema crucial de la provincia es la concentración de tierras en pocas manos, aunque lo atribuyó a un “fenómeno de la década del ’90” y responsabilizó en parte a la multinacional Alto Paraná (dueña del diez por ciento de la provincia). Afirmó que en Misiones hay al menos 150 mil hectáreas en conflicto (el siete por ciento del territorio), de las cuales un tercio estaría en vías de regularización.
José Cavalli, técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación (que acompaña a las familias de San Pedro), explicó que los pasos a seguir son la tasación del Banco Nación, negociación con el titular registral, mensura, plan de pago y documentos de posesión para cada familia. “Es un avance. Pasaron de tener un juicio ‘perdido’ a un compromiso de solución. Pero ya pasaron dos meses y no se conocen avances concretos”, advirtió.
Eduardo Eizenrreder, de Unidos Ruta 20, afirmó que la obra de electrificación ya está en marcha, y se mostró confiado en que terminará pronto. “Teníamos que hacer diez kilómetros para una bebida fresca o hielo para tereré. Ahora ya vamos teniendo electricidad en nuestras casas”, explicó. También señaló como importante el accionar del intendente de San Pedro, recordó que aún tienen escuelas rancho y solicitó que se avance “lo más rápido posible” en la expropiación del predio.

Dario Aranda
Página 12