Los ritmos del ajuste hegemonizan la discusión de los asesores económicos a días de los comicios. Pobreza y precarización, un debate ausente que sólo levanta la izquierda.
Según estimaciones de la Universidad Católica Argentina, hoy cerca de 11 millones de argentinos son pobres. La consultora privada FIEL publicó asimismo un estudio en donde señala que la canasta básica total (CBT), que hace tiempo dejó de publicar el INDEC, ronda los $2.071 por adulto equivalente. Esto significa que una familia tipo necesita al menos $6.400 pesos al mes para no caer en la pobreza. Y nada menos que $3.448 para no ser “indigentes”, lo cual significa que una familia no alcanza a cubrir los requerimientos alimentarios mínimos.
La comisión técnica de los trabajadores de INDEC- ATE, calculaba en febrero una canasta familiar de $12.800, que ahora estaría en torno a los $14.000 por mes. Según los propios datos oficiales, el 60% de la población tiene ingresos inferiores a los $7.000 mensuales y un 50% de los trabajadores ocupados cobra menos de $5.700 por mes. Un tercio de los trabajadores está “en negro”, y el índice es superior en los jóvenes, cobrando salarios un 60% inferiores a los trabajadores registrados. La enumeración de datos podría seguir, basta ver los barrios de trabajadores afectados por las inundaciones para hacer una radiografía estructural de los problemas que afectan hoy a los trabajadores.
Sin embargo, poco de ello se habló en los medios masivos de comunicación que entrevistó a los principales candidatos de las PASO y a sus asesores económicos. Los tiempos del ajuste fueron el blanco de la discusión. La agenda electoral estuvo más bien teñida por las “presiones” de la Sociedad Rural, la UIA y las posiciones del dólar en el mercado “blue”.
Solamente los programas de la izquierda toman las demandas más sentidas de los trabajadores expresadas contundentemente en los últimos paros nacionales. Nicolás Del Caño, precandidato presidencial por la lista 1A del Frente de Izquierda y de los Trabajadores señaló el jueves en el cierre de campaña “queremos que izquierda sea una gran fuerza que pueda plantarse frente a los candidatos del ajuste y avanzar hacia el objetivo de un gobierno de los trabajadores”. Como diputado nacional presentó un Proyecto de Emergencia que dispone un aumento de emergencia de $3.000 para todos los asalariados y un salario mínimo igual a la canasta familiar. Su plataforma incluye la finalización de la precariedad laboral y la eliminación del impuesto al salario.
Los economistas y analistas evalúan generalmente que este tipo de medidas es impracticable. No sería posible eliminar la pobreza estructural. La formación académica pro-empresarial que hegemoniza los currículums universitarios ciega a quien no quiere ver, especialmente cuando no hay explicaciones claras para la pobreza en un país que produce alimentos para cientos de millones de personas. Los recursos están a la vista, por ello un programa de los trabajadores incluye medidas como la nacionalización de la banca y el comercio exterior, bajo administración de sus trabajadores. Son menos de 100 empresas las que manejan el comercio exterior del país, y que corrientemente han utilizado el peso que les da esta “posición estratégica” para condicionar la economía, generar golpes de mercado o escasez de divisas.
Pero no se trata sólo de una certeza técnica, los intereses tras los programas económicos electorales de candidatos como Scioli, Macri o Massa responden a los grandes grupos empresarios, locales y extranjeros.
Macri no dudó en prometer a la Sociedad Rural la quita de las retenciones a las exportaciones primarias y levantar el “cepo” al dólar. Una devaluación está claramente en su horizonte, aunque solamente a veces se le deslice esa intención que difícilmente puede ocultar. Su vice, Gabriela Michetti, ya anunció que quitaría los subsidios al transporte y los servicios públicos, que costaría $5.500 pesos por mes por cada familia. Cada vez que se miran sus propuestas, “el equipo” sólo muestra ajuste al pueblo trabajador.
El asesor económico de Massa salió a dar señales a los empresarios, no vaya a ser cosa que se asusten por sus las promesas demagógicas de “quita de Ganancias a los salarios”. Así, Aldo Pignanelli señaló que “el Gobierno deberá acelerar la devaluación”, anticipando los planes de su asesorado, quien además garantizó a sus pares del agropower que bajaría las retenciones. Omitió mencionar de dónde obtendría los recursos para financiarlo, pieza clave en cada una de los planes post-octubre que dejan entrever nuevamente al ajuste como garantía de continuidad de la rentabilidad empresaria.
Por último, Daniel Scioli, el hombre de Menem que ahora lidera la lista del kirchnerismo, se cuida de hablar del ajuste pero intenta por todos los medios presentarse como el mejor candidato de la burguesía, sólo que “gradualista”. Entre otras cosas, no cuestiona el impuesto al salario que afecta a un millón de trabajadores, o el 35% de aquellos que después de 12 años siguen “en negro”, pero sí anuncia incentivos fiscales a los capitalistas. La diferencia serían los ritmos y las formas, no se cuestiona la salida del ajuste.
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