El pasado 23 de mayo con una volanteada sobre la ruta 7 en el Parque Industrial, los obreros de Zanón y Cerámica Neuquén se manifestaron contra los tarifazos de gas y electricidad, que ponen en riesgo la producción de las gestiones obreras. Ambas fábricas ceramistas, al igual que Cerámica Stefani de Cutral Có, también gestionada por sus trabajadores, ven peligrar la producción y los puestos de trabajo luego del enorme incremento en las tarifas de gas y electricidad, dado el alto consumo, en especial de gas, propio de la industria ceramista.
En el caso de Zanón, la factura de gas se incrementó de $ 700.000 a $ 8.000.000 en un mes, y la de electricidad de $ 360.000 a $ 800.000.
El Secretario Adjunto del Sindicato Ceramista, Andrés Blanco, declaró: “estamos exigiendo al gobierno provincial y nacional que den una respuesta a esta problemática, que pone en peligro la continuidad laboral de cientos de familias. Las gestiones obreras, sin acceso a ningún tipo de crédito, necesitamos una respuesta concreta al aumento de las tarifas. En el caso de Zanón, ya veníamos con problemas en la producción por la falta de acceso a créditos para la renovación tecnológica, y ahora este tarifazo nos pone directamente en vilo. Pero así como no permitimos hace 15 años el cierre de la fábrica y los despidos, hoy vamos a seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo.”
El diputado provincial del PTS-Frente de Izquierda y también obrero de Zanón, Raúl Godoy, la semana anterior presentó un Proyecto de ley de emergencia tarifaria para todas las cooperativas y gestiones obreras de la provincia. Godoy aseguró que “el proyecto de emergencia tarifaria para las fábricas recuperadas propone que por 24 meses se exima del pago de los servicios de gas, electricidad y agua a todas las fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores, como las fábricas ceramistas, la empresa de transporte El Petróleo, el Policlínico ADOS, entre otras. Esta es una medida elemental para dar una respuesta inmediata a las gestiones obreras frente al tarifazo de Macri.”
Lxs trabajadorxs de Cooperativa Cae Babylon se instalaron el miércoles 1º frente a las oficinas de Camuzzi en Neuquén Capital para manifestarse contra el tarifazo que recibieron la semana pasada con un aumento de casi el 2.000 % en la tarifa del gas.
En la Cooperativa Cae Babylon el gas es un insumo fundamental, ya que todos los productos son horneados. En este proyecto trabajan 15 compañerxs para lxs que es su único sustento económico, y lo sostienen desde hace 9 años. Hoy, este proyecto se ve atacado con un irracional aumento en el precio del gas.
En Cae Babylon, el consumo de gas es el mismo todo el año. El horno industrial y las cuatro hornallas funcionan desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. Pasaron de pagar facturas de $ 200 a una de $ 2.900.
Ante la lluvia de críticas y denuncias, el gobierno se vio obligado a anunciar que “las pequeñas y medianas empresas y comercios”, además de entes oficiales, pagarían un 50% de lo que se les facturó en cuotas hasta septiembre. No solo el monto que tendrán que desembolsar de una sola vez sigue multiplicando en un 1.000 % lo que venían pagando, sino que igual tendrán que abonar la totalidad. Cabe destacar que no son una Pyme que especula y explota personas, sino una cooperativa de trabajo en la que sostienen con su propio esfuerzo las fuentes laborales de 15 compañerxs.
El presidente de la Cooperativa Matadero del Frigorífico Bragado, Carlos Alichili, pidió la “ayuda del Gobierno” nacional debido a las “altas subas de las tarifas”. El referente argumentó que está en juego la estabilidad de los 50 puestos de trabajo de esa empresa alimenticia.
“La situación es muy delicada para nosotros como para todas las empresas recuperadas en el país. Y le pedimos ayuda al Gobierno porque estamos a punto de cerrar debido al ajuste de las tarifas de agua y de electricidad”, dijo Alichili sobre la situación de los trabajadores en la Cooperativa Bragado, creada en 2006.
Ante una consulta, dijo que están trabajando “con una producción al 50 % menos que hace 7 u 8 meses” a la vez que recordó que “en 2006 se carneaban 1.200 vacunos por semana, 180.000 a 190.000 kilos por semana procesados, hoy en día podemos llegar solamente a los 80.000 kilos semanales, matando 400 animales”.
“Nosotros no vamos a poder seguir con la producción, en el caso nuestro el tarifazo en los servicios es terrible: de electricidad pagábamos 28.000 pesos por mes, hoy nos está llegando la factura por 70.000 pesos. Estos gastos lo estamos absorbiendo del trabajo nuestro, pero ya se nos hace imposible. Y además el agua de 18 o 19.000 pesos mensuales, ahora vamos a pagar 50.000 pesos”, explicó el dirigente cooperativista.
En la gráfica MadyGraf ubicada en Garín, provincia de Buenos Aires, por la tarifa de electricidad que factura Edenor de un promedio de $ 38.000 pasaron a un promedio de $ 230.000, lo que constituye un aumento del 600 %.
La cooperativa Textil Pigüé recibió una factura de casi 202 mil pesos. Un mes antes pagó menos de 30 mil.
Proyecto de Ley para eximir a las recuperadas del pago de servicios por 24 meses
Ante la crítica situación que están atravesando fábricas y empresas recuperadas y gestionadas por sus trabajadores a raíz del tarifazo dispuesto por el Gobierno nacional, la diputada Myriam Bregman (PTS/Frente de Izquierda) presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de ley que declara la emergencia en materia de prestación de servicios públicos para las recuperadas y las exime del pago de luz, gas y agua por 24 meses.
El proyecto, que ya cuenta con el apoyo de diputados de diversos bloques, viene a dar cuenta de la necesidad de tomar medidas de emergencia para frenar el fuerte impacto del tarifazo en las empresas gestionadas por sus trabajadores, ya que en las últimas semanas han llegado boletas de servicios con valores imposibles de pagar por fábricas o empresas bajo gestión obrera.
Bregman explicó que “hoy estos tarifazos en los servicios públicos ponen en serio riesgo de continuidad a muchas de las cooperativas, ante la imposibilidad de afrontar semejantes aumentos. Esto implica el riesgo inminente de la pérdida de miles de puestos de trabajo que se mantuvieron gracias a la lucha y el esfuerzo de sus trabajadoras y trabajadores. Hablamos de una situación de extrema gravedad que amerita medidas de emergencia como la que estamos proponiendo: eximir por dos años del pago de los servicios públicos de electricidad, gas y agua, a fin de garantizar y resguardar la permanencia de dichos establecimientos y para la protección de las fuentes de trabajo, que en este caso conlleva relaciones desiguales en comparación con las empresas que no son gestionadas por sus trabajadores”.
En Argentina hay alrededor de 350 empresas recuperadas, que emplean a más de 25.000 trabajadores.
Mario Hernandez
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