Macri premia a los evasores

El proyecto consensuado por Cambiemos, Massa y el Bloque Justicialista reduce las penas a quienes evadieron y profundiza la regresividad del sistema tributario. Festejan las grandes patronales.

Bajo el extorsivo argumento de obtener fondos para realizar una “reparación histórica” a los jubilados, el proyecto de ley de blanqueo de capitales impulsado por Cambiemos, y apoyado por el massismo y el Bloque Justicialista -dirigido por Diego Bossio-, acentúa la regresividad del sistema tributario argentino. Una vez más, se beneficia a quienes no cumplen con la ley, se exime de pagos a las grandes riquezas y se reduce el peso de los impuestos a la propiedad. Aquí señalamos cuáles son sus principales definiciones.

¿Qué se puede declarar?

En el artículo 35 define que podrá ser declarado cualquier tipo de activo, tanto efectivo en moneda extranjera o local, así como bienes inmuebles y bienes muebles (acciones, bonos, participaciones en sociedades, fideicomisos, entre otros), y “todo tipo de derecho susceptible de valor económico”. El blanqueo es válido para los activos que se encuentren en el país así como los que estén en el extranjero.
A diferencia del blanqueo impulsado por el kirchnerismo en el 2013, que permitía solo la declaración de dinero en efectivo, no obliga la repatriación de los activos. Es decir que con declararlos y pagar una penalidad irrisoria, el evasor podrá mantener sus bienes afuera y con las “cuentas claras”.

¿Cuál es la penalidad que pagarán por evadir?

El proyecto establece un “impuesto especial” para los bienes declarados que tengan un valor mayor a los $305.000. Si el conjunto de los bienes, tanto muebles como inmuebles poseen un valor entre $ 305.000 y $800.000 deberán pagar un 5 % sobre el excedente de 305.000. Para los casos en los que esa franja sea superada el impuesto será del 10 %, si la declaración se realiza hasta fin del año en curso.
Quienes declaren bienes por un monto mayor a $ 800.000 sobre el valor de los bienes que no sean inmuebles (eso incluye bonos, acciones, etc.), podrán abonar el “impuesto especial” mediante la compra de un bono, el BONAR 17 y/o GLOBAL 17. El proyecto no establece límites sobre la venta y transferibilidad de estos bonos, por los que el comprador podrá ir al mercado y venderlo o, cuando llegue el plazo de vencimiento, liquidar el bono y recuperar el dinero.
El costo en este caso dependerá del momento en el que se blanqueen los bienes. Si la declaración se realiza hasta el 31 de diciembre del 2016 el impuesto será del 10%. Mientras que para que los que declaren entre el 1 de enero y el 31 de marzo del 2017 inclusive, el impuesto especial será del 15 %.

Borrón y cuenta nueva

Se puede hacer el ejercicio de suponer cuánto debería pagar una persona que durante diez años no declaró bienes por un monto de $10.000.000 si decide entrar en el blanqueo.
Según el proyecto debería pagar por única vez, para “ponerse al día con el fisco”, $96.950, esto es el total que entraría a las arcas del Estado como recaudación excepcional. Si por el contrario, esos millones hubiesen sido declarados y hubiesen pagado impuesto, por diez años, el Estado hubiese recaudado un total de $1.211.875. De esta forma los empresarios evasores reciben una primera condonación equivalente a una quita del 92 % de lo adeudado.
Los empresarios evasores recibirán una condonación equivalente a una quita del 92 % de lo adeudado.
Sin embargo la condonación llega al 100 % para aquellos empresarios que, de fugadores, pasaron a ser los que deciden “apostar” en el país, los nuevos “optimistas” en palabras del presidente.
Aparte de BONAR Y GLOBAL 17, el gobierno emitirá dos clases de bonos en dólares, a 3 y 7 años. El primero rendirá un interés del 0 % y será intransferible, mientras que el segundo dará un interés del 1 % y es intransferible y no negociable durante los primeros 4 años de vigencia. Quienes compran estos bonos, así como quienes participen de proyectos de fondos comunes abiertos o cerrados, estarán exentos de todo pago.

El mundo del revés

Si los premios a la evasión significan un regalo a las grandes fortunas y a la burguesía que históricamente ha fugado capitales del país, el proyecto del oficialismo -que cuenta con el apoyo del Bloque Justicialista en diputados y el Frente Renovador- no se priva de reducir la carga impositiva sobre el capital.
La nota principal le corresponde a Bienes Personales, el único impuesto progresivo con el que cuenta el sistema actual. Ese gravamen tiene, solamente, un impacto en la actualidad del 1,18 % sobre el total de la recaudación fiscal. Esto deja en evidencia lo regresivo de conjunto del sistema tributario argentino.
La norma aumentaría la base imponible del impuesto de $305 mil a $800 mil llegando a $1.050.000 en 2018. Asimismo, se contempla una reducción drástica de la alícuota a 0,75% en 2016, 0,50% en 2017 y 0,25% en 2018, sin mayores especificaciones sobre los años posteriores. La modificación de la base imponible, si bien tiene un aspecto progresivo ya que actualmente cualquier trabajador con una vivienda propia debe pagar el impuesto, en los hechos terminan favoreciendo a los empresarios.
Aunque la modificación al proyecto original haya significado borrar del mismo el artículo 70, en el que se establecía la eliminación de Bienes Personales en 2019, mantiene igualmente una fuerte reducción de sus tasas y posible sustitución por un impuesto a la herencia. El argumento expresado por vastos sectores patronales en el debate de Diputados y entre los defensores del proyecto es que, dado que el impuesto a los bienes personales es una mínima proporción de la recaudación total, no tendría un impacto sustancial su eliminación. Sin embargo, como sostiene Rubén Lo Vuolo en el diario Clarín el impuesto a la herencia, con el que se pretendería a futuro reemplazarlo, recauda menos que el impuesto a los bienes de las personas, ¿por qué el argumento rige en un caso y en otro no?
Lo que se hace evidente es que, de conjunto, debe cuestionarse la regresividad del actual esquema impositivo, en el que ha tendido a reducirse la parte que abona el capital. Si en el 2015 la carga de todos los gravámenes al capital contemplados en el presupuesto nacional no superaba el 28% del total de la recaudación, este año la reducción de los derechos de exportación agrarios y mineros, entre otros, ha reducido este monto.
Así, más del 70% de la masa de impuestos no recae directamente sobre los sectores de ingresos más concentrados, sino que impacta de forma directa sobre los bolsillos del pueblo trabajador.
El 70% de los impuestos lo paga el bolsillo del pueblo trabajador.
Por otro lado, la insistente alusión de las patronales a la necesaria eliminación de Bienes Personales tiene otro contenido: el ocultamiento de las propiedades de las que goza la clase capitalista. La información que se obtiene con el cobro de dicha contribución es una fuente importante para regular la concentración de la riqueza.

Más beneficios a las grandes patronales

Aún más, para compensar tanto beneplácito a los evasores, se ha asignado especial espacio en el proyecto a un “premio” a los “buenos pagadores”, contemplado en el artículo 60.
Éste consiste en su exclusión directa del pago de Bienes personales por tres años (desde 2016 a 2018) junto a otros beneficios, entre los cuales se cuenta la derogación lisa y llana del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta desde 2019. Así se favorece a algunos sectores empresarios y de ingresos medios/altos, acentuando la regresividad impositiva por varios ejercicios con el reparto de premios y castigos que excluye a la vasta mayoría de los contribuyentes que deben abonar compulsivamente IVA y aportes previsionales.
Un proyecto que, como han señalado varios analistas, no pasa ni la prueba de Thomas Piketty, el reconocido economista francés que solo propone incrementar los impuestos a las grandes riquezas para limitar el impacto de la desigualdad.
La excusa para llevar adelante el proyecto de blanqueo es la de obtener fondos para el pago a los jubilados por el reajuste de haberes. Sin embargo se pretende solventar con fondos recaudados por única vez, otros pagos que se sostienen en el tiempo como las jubilaciones. Lo que da la pauta de que no es su objetivo perseguir un sistema jubilatorio sostenible.
Lejos de cualquier ejercicio apresurado, este es uno de los primeros pasos para avanzar con nuevos ataques a los trabajadores que podrían implicar un aumento en la edad jubilatoria, la posible injerencia de empresas privadas en el manejo de las cajas previsionales, y la creación de “jubilados de segunda” a partir de la implementación de una pensión a la vejez.
Avanzar en un sistema impositivo verdaderamente progresivo requiere llevar adelante medidas completamente opuestas a las formuladas en este proyecto. En lugar de tender a la eliminación de gravámenes a la propiedad, debería considerarse la implementación de un impuesto a las grandes fortunas con un piso de 10 millones de pesos y actualización por inflación, así como la eliminación de impuestos regresivos como el IVA para los productos de consumo popular.

Lucía RuizVictoria Sánchez