El macrismo cumple con la agenda de las grandes corporaciones empresarias. El ajuste recae sobre el pueblo trabajador. Las contradicciones económicas no se resuelven.
Cambiemos descargó una batería de medidas económicas en beneficio de las corporaciones empresarias más concentradas.
De esta forma el gabinete de los CEO’s va cumpliendo con los deseos patronales para recomponer sus ganancias.
El macrismo trajo el sinceramiento: se trata de un gobierno de ricos y para los ricos. Mientras tanto avanza el malestar social por la inflación, los tarifazos, la pérdida de poder de compra del salario y los despidos.
Negocios impuros
Los primeros días de gobierno el levantamiento del “cepo” cambiario y la devaluación permitieron mejorar de manera sustancial la ecuación de beneficios de las corporaciones exportadoras.
A esto se le agregó la quita (disminución en el caso de la soja) de las retenciones a la gran mayoría de los productos exportados, desde los agrarios, pasando por los mineros y alcanzando hasta los industriales.
El desarme de las medidas de administración del comercio exterior como las declaraciones juradas anticipadas de importación o los cupos de exportación para productos como el trigo complementan la quita de retenciones en la perspectiva de una mayor liberalización de los mercados.
El capital financiero usufructuó con el arregló entreguista con los fondos buitres. La JP Morgan, Deutsche Bank y otros bancos internacionales no sólo se alzaron con las comisiones. Con la emisión de bonos hicieron una importante tajada adicional.
Ese acuerdo merecería una investigación al estilo de la “ruta del dinero K” dado que los bancos beneficiados son los ex empleadores del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, y del secretario de Finanzas, Luis Caputo.
Otra gran estafa tuvo lugar con el “dólar futuro”. Fue vendido de manera indiscriminada por el ex presidente del Banco Central del kirchnerismo, Alejandro Vanoli, y pagado por el actual gobierno. La develación de los compradores de ese instrumento financiero dejó al desnudo que muchos de los ganadores son reconocidos macristas.
El del equipo de Prat Gay no es el único caso de “asociación ilícita” entre funcionarios y corporaciones empresarias.
La medalla de “empleado del mes” se la lleva Juan José Aranguren, el ministro de Energía y Minería, que estuvo a cargo del tarifazo en gas, electricidad y del aumento en combustibles.
Entre otras compañías, como las de servicios públicos, esas medidas acrecentaron los ingresos de Shell, empresa en la que Aranguren, además de ser ex gerente, es accionista. La compra de gas a Chile también estaría canalizando negocios de la petrolera anglo holandesa.
Exceptuando los principios motivacionales de Durán Barba el macrismo dice negar las ideologías. No obstante, desarrolla una agenda tan neoliberal como se lo permite la relación de fuerzas entre las clases sociales.
Esa agenda sólo es abandonada cuando las encrucijadas de la gobernabilidad lo obligan a recalcular para atender la negociación con el peronismo o el malestar social. Las idas y vueltas con las tarifas de gas grafican al respecto.
Otro de los recursos del oficialismo para avanzar con las políticas neoliberales es recurrir a alguna causa justa para traficar medidas en favor del gran capital.
El ejemplo es el proyecto de ley que se debate en el Congreso para una supuesta reparación histórica a los jubilados.
La inmensa mayoría de los adultos mayores seguirá cobrando jubilaciones de miseria a la vez que el proyecto encubre una quita importante para quienes sufrieron por años la falta de ajuste en sus haberes.
No sólo eso. Se trata de un verdadero cambalache que comprende un blanqueo a evasores y fugadores, modificaciones regresivas en el sistema impositivo, una moratoria, teje un acuerdo político de coparticipación con los gobernadores, prepara el terreno para la reprivatización del sistema jubilatorio y la venta de acciones del Fondo de Garantía y Sustentabilidad.
Inflación y recesión, los mecanismos de ajuste
Contra los pronósticos del ministro Prat Gay, quien había afirmado que la devaluación no generaría inflación, los aumentos de precios comenzaron incluso antes de la asunción de Cambiemos.
Entre diciembre y mayo la inflación acumulada se acerca al 30 % y en términos interanuales el aumento de precios trepa generosamente por encima del 40 %.
No es producto sólo de la ambición desmedida de los grandes empresarios por aumentar sus ingresos mediante la remarcación.
Una proporción muy importante de la inflación está vinculada a los efectos de la devaluación, la quita de retenciones y los tarifazos en los servicios públicos. Es decir, está explicada por la acción del propio gobierno.
Las paritarias están cerrando entre 29 % y 35 % anual sin retroactividad en la mayoría de los casos. Además, como los aumentos son en cuotas el porcentaje final queda debajo de esas cifras.
De este modo, con la complicidad de las burocracias sindicales, los trabajadores registrados están perdiendo entre 10 y 15 puntos frente a la inflación dependiendo de cuál sea la evolución futura de los precios.
Los trabajadores no registrados (que alcanzan a un tercio de la fuerza laboral) y los precarizados, ni siquiera tienen el “privilegio” de las paritarias a la baja.
El saqueo al salario es una de las caras del ajuste. Su complemento es la recesión que se agudizó con las medidas del gobierno. El consumo popular sufre por la caída del poder adquisitivo y la pérdida de empleos.
Durante abril la industria cayó 6,7 % en la comparación interanual y la construcción se derrumbó 24 % dejando 48 mil trabajadores en la calle. En total se estima en cerca de 150 mil los puestos de trabajo destruidos en toda la economía.
Aun así, la indisciplina, el estado asambleario, el ausentismo, entre otras “atrocidades” cometidas por los trabajadores, son las preocupaciones que desvelan al establishment económico.
Las patronales son insaciables y se sienten envalentonadas con la decisiones económicas de Cambiemos.
Desajustes económicos y en el gabinete
La recesión estaba en los cálculos del gobierno al definir las medidas económicas que llevó adelante. Juega un rol central en el intento de disciplinar a la clase obrera mediante el fantasma de la desocupación.
El ministro Prat Gay lo dejó claro cuando extorsionó a los trabajadores dándoles a elegir entre mantener el trabajo o el salario.
La caída de la actividad económica es la verdadera herramienta que tiene el macrismo para tratar de contener la inflación y terminar de asentar el ataque al salario.
Bajar la inflación es una batalla central. De lo contrario se diluyen los efectos de la devaluación. Y alimenta una sensación de inestabilidad permanente.
Las acciones de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central se orientan en ese sentido: acentúa la recesión con las altas tasas de interés (siguen elevadas a pesar de los recortes del último mes) y quita dinero de circulación para contener la suba de precios.
La consecuencia es una “bicicleta financiera” que desata la alegría de los especuladores. Pero también influye, junto con la mayor oferta de dólares por las exportaciones de soja y el endeudamiento, en cierta apreciación cambiaria: el dólar cayó a cerca de $14 en las últimas semanas.
Pero los efectos no se detienen allí. El déficit “cuasi fiscal” crece al calor de la especulación. Sturzenegger empezó a desactivar la bomba de poco. Pero podría volver a enfrentarse con el problema original si la inflación no se desinfla pronto.
El atraso cambiario es uno de los reclamos patronales más importantes que quiso resolver el macrismo con la devaluación. Pero la disconformidad con la cotización actual de la divisa verde, no sólo viene del lado empresario, sino que resonó dentro del oficialismo.
El ministro de Producción, Francisco Cabrera, habló de la necesidad de un dólar más alto para ser competitivos. No está claro a quién envió el mensaje. Sí que el destinatario está en el núcleo del gabinete.
Alfonso Prat Gay no estaría cómodo con la “bicicleta financiera”. Tampoco con tanta recesión. Es él quien sale a buscar las inversiones (pidiendo perdón a los saqueadores de YPF y Aerolíneas Argentinas) que reactiven la economía para evitar un ajuste más brutal que el actual.
Las inversiones no terminan de llover como habían prometido Cambiemos. Hasta el momento solo hay una llovizna gracias a la especulación.
La última esperanza está puesta en el blanqueo que beneficiará a evasores y fugadores de capitales. En esto son especialistas los funcionarios del gobierno con sus Panama Papers y cuentas en paraísos fiscales.
Pero los beneficiarios de las políticas del oficialismo dudan sobre su capacidad para llevar adelante su plan, e incluso sobre la existencia del mismo.
Las cuentas públicas no cierran a pesar del ajuste. El desorden fiscal está en la mira del establishment. Exigen reducir los desequilibrios macroeconómicos para hacer inversiones.
Los resultados de los primeros seis meses de Macri en el gobierno están a la vista. El prometido segundo semestre podría desatar nuevas tempestades.
Pablo Anino
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