El sábado 18, en la segunda jornada del Congreso Eucarístico nacional, la iglesia logró reunir en el Museo de la Casa Histórica a representantes de todo el arco político argentino, con excepción del Frente de Izquierda.
Entre los presentes estaban la vicepresidenta Gabriela Michetti; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa; el presidente del PJ José “Barrick” Gioja; los dirigentes de Libres del Sur, Humberto Tumini y Federico Masso; “Pino” Solanas; el ex candidato a gobernador José Cano y representantes de Unidad Popular. Elisa Carrió envió su adhesión pero no se pudo hacer presente.
En ese evento, la iglesia logró la firma de un “acta compromiso para luchar contra la pobreza y el narcotráfico”, que propugna, entre otros puntos, “el impulso a la educación, el acceso a la salud y la lucha contra la corrupción y la impunidad”.
El acta es una impostura. Los firmantes son los que gobiernan y han gobernado el país y las provincias a cuenta de la exacción de sus recursos, la precarización laboral y el desmantelamiento de la escuela y el hospital públicos, entre otros agravios. Son los responsables de la desocupación, la pobreza y la exclusión, del desarrollo del narcotráfico, la destrucción del medio ambiente y la protección de las redes de trata.
El acta impulsada por la Iglesia pretende apuntalar la tentativa de coalición política entre Macri y los gobernadores, que tuvo sus expresiones en el pacto buitre primero y, hace días atrás, en el indulto general a los evasores capitalistas (blanqueo). Los que votaron la impunidad acaban de juramentarse “contra la impunidad”. El pacto eclesiástico avala a ese régimen en momentos en que crece la inquietud y la reacción popular contra los tarifazos, los despidos y la carestía que no cesa.
Tanto en el acta, como en los diversos talleres y en las homilías de las misas que se han llevado adelante en el marco del Congreso Eucarístico, los representantes de la Iglesia se refirieron a la pobreza sin condenar el ajuste capitalista en curso. Aludieron al narcotráfico y la trata sin condenar el blanqueo de capitales, que en muchos casos tienen su origen en esos flagelos.
En el actual proceso político, la Iglesia se postula para cerrar la “grieta” entre los partidos del régimen, y contribuir a la “gobernabilidad” del ajuste. A cambio de ese papel, exigirá desactivar las iniciativas relativas a la legalización del aborto, así como una mayor injerencia clerical en la educación y la salud.
A esta política, le oponemos el frente único de los explotados para que la crisis la paguen los capitalistas, y para luchar por el salario, el derecho al trabajo, por la separación de la Iglesia del Estado y por todos los derechos de las mujeres trabajadoras.
Daniel Blanco
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