Nuestro dictamen -que llamamos a apoyar con la movilización de todas las organizaciones de jubilados-, se basará en un aumento de emergencia de $6000, el reconocimiento y pago inmediato del total de las retroactividades haya o no juicio mediante impuesto a la renta financiera, la restitución del 82% a los nuevos jubilados y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los 90 y la devolución del Ansés (y el PAMI) a un Directorio electo por trabajadores y jubilados.
La “ley ómnibus” aspira a reconstruir la coalición política –unidad nacional de la burguesía- que votó por el pacto buitre. El “ómnibus” transporta un blanqueo de capitales en dirección a la bicicleta financiera, reparto a las provincias que ya están ajustando junto al gobierno nacional y comienzo de una reforma antijubilatoria, que incluye la descapitalización del Ansés y anticipa un aumento de la edad jubilatoria de la mujer a 65 años.
Se ha presentado a la ley como un beneficio a los jubilados, acompañado del blanqueo a los capitalistas para financiarlo. Ni una cosa ni la otra: hay una confiscación a los derechos adquiridos de los jubilados y el blanqueo no financiará sino monedas, porque se trata de un jubileo impositivo casi total. Sólo un 8% promedio, que será descontable de impuestos futuros, o nulo si se invierte en títulos públicos en dólares, los cuales a los 6 años tendrán un jugoso 5% en dólares de rendimiento.
El proyecto constituye una amnistía al delito de evasión a todo tipo de impuestos. Se resalta que no están exceptuados los delitos de narcotráfico, trata o coimas que estuvieran en la base de los capitales fugados a paraísos fiscales, pero desde luego, no se espera que nadie declare ese origen de los fondos. La “flagrancia” –votada por los mismos bloques del blanqueo en la última sesión- servirá para las causas rápidas de robos de celulares y otros que decida armar la policía, no para los que se robaron el país.
Como el año que viene entra en vigencia un protocolo internacional que obligará parcialmente al blanqueo de cuentas en una cierta cantidad de paraísos fiscales, estamos ante un regalo que se le ofrece a la burguesía vaciadora. Ello, porque el año que viene buena parte de esos capitales tendrían que pagar el total de los impuestos y ser pasibles de la ley penal tributaria. Desde este lugar, el paquete ómnibus es una nueva piedra basal que se ofrece a la burguesía para descargar la crisis sobre los trabajadores, junto al pacto buitre. En gateras, está la reforma antilaboral que inició el veto pro-despidos, con la anunciada ley de empleo joven que acompañan el salario mínimo y la jubilación mínima de indigencia.
El debate express ya nos arrojó algunas perlas. La quita a los derechos residuales de un cuarto de los jubilados es múltiple. Mediante el plazo judicial y no administrativo se amputa la retroactividad de las sentencias firmes; mediante el tope de cuatro años se confisca la mitad del plazo promedio de las causas en trámite. El resto no recibirá retroactividad alguna. En segundo lugar se usa el índice Ripte en lugar del Isbic (que usó la Corte en las causas) lo que rebaja una enormidad el nuevo haber. Bossio, ex Director del Ansés, indicó que un jubilado (encuadrado en el caso Ellif) del año 2009 que cobra $9027, pasará a cobrar $10462 ¡un 15,9% de reajuste! El cual, si se aplicara el índice que había usado la Corte, sería de $13469 ¡49% de reajuste!
A todo esto hay que agregar el conocido pago en cuotas en tres años renovables a otros tres de vigencia de la cínica “emergencia litigiosa”. Plazos criminales ante jubilados que vienen perdiendo años en los tribunales. Como se aprecia, estamos ante una confiscación descomunal que, además, sufrirá el descuento por impuesto a las ganancias según los mínimos no imponibles vigentes. A los buitres no se les tocó un pelo de su 100%, a los jubilados los despluman en un 70% de la retroactividad y en un 30% del nuevo haber, y después le cobran el impuesto que no tiene la renta financiera.
También resultó interesante la información aportada por el diputado Díaz Roig, en el sentido de que los beneficiarios del reajuste que no hicieron juicio no serían ni 2 millones, ni 1,8 millones como dicen los medios, sino sólo 250000. Bossio ubicó esa cifra en 1,3 millones, siempre mucho menor que la indicada por el gobierno, y por lo tanto muy menor el universo de beneficiarios y del gasto.
Pero la cuestión jubilatoria no se agota allí. Se dispone una pensión asistencial a los 65 años del 80% de la mínima ($4000) para quienes no tienen aportes, un equivalente al sistema de la moratoria pero que así nunca llegará al mínimo. Aquí, lo más grave es el antecedente de elevación de la edad jubilatoria de la mujer. Sobre estas bases, se forma una Comisión que discutirá una reforma integral del sistema.
Se trata de otro paso en la aniquilación definitiva del sistema jubilatorio, que debería estar basado en la relación entre el salario, los aportes que de él se derivan y la jubilación: o sea, la liquidación de la jubilación como salario diferido. Es el comienzo del objetivo largamente acariciado por la burguesía de suplantar el derecho jubilatorio por una pensión asistencial a la vejez, y financiada por el presupuesto público. De ese modo, quieren seguir abaratando el costo laboral mediante nuevas rebajas de aportes patronales.
Al mismo tiempo el macrismo no ceja en su defensa de la venta de las acciones de empresas privadas en manos del Ansés. Las quieren para retorno a la Bolsa y a sus antiguos dueños, es otra ofrenda al capital nacional e internacional. La descapitalización también viene por el lado de la devolución a las provincias, no hay reemplazo para ese desfinanciamiento.
Nuestro dictamen -que llamamos a apoyar con la movilización de todas las organizaciones de jubilados-, se basará en un aumento de emergencia de $6000, el reconocimiento y pago inmediato del total de las retroactividades haya o no juicio mediante impuesto a la renta financiera, la restitución del 82% a los nuevos jubilados y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los 90 y la devolución del Ansés (y el PAMI) a un Directorio electo por trabajadores y jubilados. Incluirá también una cláusula de blanqueo con estabilidad laboral para los afectados y comprenderá a los 300 mil afectados por las Rentas Vitalicias que perciben $700 promedio.
Como el dictamen antidespidos que presentó nuestro bloque del PO en el FIT, se trata de un programa de lucha que llamamos a discutir en asambleas sindicales y a transformar en parte integral del programa por un inmediato paro nacional y plan de lucha de todo el movimiento obrero.
Nestor Pitrola
No hay comentarios:
Publicar un comentario