El titular de la Pastoral Social visita a militares presos. Dice que busca “información” para juicios de lesa humanidad. Pero fiel a la historia de la Iglesia, busca más beneficios para los genocidas.
El sábado pasado el diario Tiempo Argentino informó sobre una serie de actividades que está llevando adelante la Iglesia Católica, a través del Obispo emérito de San Isidro Jorge Casaretto.
Esas actividades consisten en recorrer cárceles visitando a militares genocidas condenados por violaciones a los derechos humanos. En esas visitas el obispo supuestamente buscaría obtener “ información” para aportar a las causas judiciales de lesa humanidad a cambio de propiciar ciertos beneficios para esos militares en sus condenas.
El plan eclesiástico podría sintetizarse en “supuesta verdad a cambio de perdón”.
La idea ya la había expresado el mismo Casaretto el año pasado en una conferencia en la Universidad Católica (UCA). “Cuanta más justicia aplicamos, menos verdad recuperamos, y cuanta más verdad queremos recuperar, más suaves tenemos que ser en la justicia aplicada. Tenemos que desandar esa ecuación de tanta justicia, que va en contraposición con la verdad”, sentenció el referente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social.
La verdad sobre Casaretto
La primera verdad que se debería dejar sentada es quién es realmente Monseñor Casaretto, con lo cuál difícilmente sorprenderá esta política de acercamiento a los genocidas de la dictadura.
Alcides Jorge Pedro Casaretto fue obispo de la diócesis de Rafaela (Santa Fe) nada menos que en el período 1976-1983. Un cargo de gran relevancia ocupado durante toda la dictadura militar, cuando el conjunto de la jerarquía de la Iglesia Católica apoyaba activamente los crímenes más brutales cometidos contra el pueblo trabajador y la izquierda.
Hoy Casaretto recorre los penales visitando a genocidas. Hace 40 años recorría los centros clandestinos de detención. Así salió a la luz en el año 2009 en un juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en la provincia de Santa Fe.
“No hizo nada”
Roberto Cepeda, ingeniero agrónomo y exmiembro de Montoneros, durante la dictadura pasó tres años en centros clandestinos de detención de Córdoba y Santa Fe, donde fue brutalmente torturado.
En el juicio de 2009 Cepeda denunció que el actual titular de la Pastoral Social sabía lo que ocurría en los campos de concentración porque era normal verlo participar en los interrogatorios de algunos centros clandestinos de detención santafesinos.
El sobreviviente de la dictadura conoció a Casaretto en la Comisaría Cuarta de la Policía provincial, a quien llegó a pedirle que por favor avisara a su familia dónde estaba para que no lo sigan buscando, “pero no hizo nada” según relató en el juicio el propio Cepeda.
Impunes con sotana
Si alguien ha gozado de beneficios en todos estos años fue Casaretto, gracias a la decisión del Poder Judicial de no avanzar sobre los civiles colaboradores del genocidio, como es el caso del conjunto de la jerarquía eclesiástica.
Se pueden mencionar muchos ejemplos. En el caso de quien firma esta nota se puede hablar de Monseñor Emilio Graselli, quién presenció las sesiones de tortura previas a la desaparición de mi tío, Enrique Barry, en 1976. Sobre el destino de Enrique, gracias al testimonio de sobrevivientes, se sabe que fue visto por última vez en el centro clandestino de detención conocido como El Infierno.
Al igual que con sobre el asesinato y desaparición de mis viejos, todo lo que se sabe es gracias a los sobrevivientes.
Pactos de silencio
Si algo ha demostrado la incansable lucha por juicio y castigo a los genocidas llevada adelante por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, es que pese a gozar de absoluta impunidad durante más de tres décadas, los genocidas militares y civiles no han dado jamás una sola información, ni sobre el destino de los desaparecidos ni sobre el de cientos de bebes apropiados.
Siempre existió un pacto de silencio que continúa hasta hoy. Todo lo que se ha sabido, las pruebas para poder condenar a los militares, han sido aportadas por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
Ni a Casaretto ni a sus socios de la Iglesia Católica (incluyendo obviamente a Jorge Bergoglio, otro cómplice de la dictadura) les interesa aportar datos para alivianar el sufrimiento de miles de familias que aún no saben el destino de sus familiares desaparecidos. Ellos solo quieren avanzar en mayor impunidad.
Privilegiados
Los genocidas, que ejecutaron los crímenes más aberrantes de la historia argentina, son el sector más privilegiado para la justicia.
Uno de cada tres represores goza del beneficio de la prisión domiciliaria. Algo contra lo cual luchan hace años los organismos de derechos humanos con el pedido de cárcel común y efectiva para los condenados.
Ayer Mauricio Macri, conmemorando nada menos que el Día del Ejército, planteó la necesidad de “terminar” con los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, llamando a valorizarlas y anunciando un nuevo aumento de sueldo para ellas.
Obviamente, ninguna referencia a cómo continuarán los juicios de lesa humanidad y mucho menos cuál será el destino de los miles de militares que se mantienen en funciones de la dictadura a esta parte.
Contra la impunidad, luchar por la Verdad y la Justicia
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, ha manifestado las mismas posiciones que Casaretto en relación a la necesidad de avanzar en aún mas beneficios de prisión domiciliaria.
Incluso fue más lejos. En pocos meses de gestión Avruj ya recibió a varios familiares de genocidas, entre ellos nada menos que a Cecilia Pando. Todo con el objetivo explícito de revalidar la nefasta “Teoría de los dos demonios” sostenida por el alfonsinismo y el régimen político de conjunto a la salida de la dictadura.
La única manera de conocer toda la verdad y utilizarla para encarcelar a todos y cada uno de los genocidas es la apertura total de los archivos de la represión del Estado, incluyendo los que aún tiene en su poder la Iglesia Católica, algo que los familiares y los organismos vienen reclamando hace años a todos los gobiernos.
La política de impunidad y reconciliación del gobierno de Macri, del poder Judicial, de los empresarios y la Iglesia, hay que enfrentarla en las calles como todos estos años.
Las condenas a genocidas obtenidas en estos años fueron producto de esta lucha. La multitudinaria movilización del 24 de marzo demostró que la pelea por el juicio y castigo hasta el último genocida, incluyendo sus representantes eclesiásticos, está más vigente que nunca.
Alejandrina Barry
Hija de desaparecidos | CeProDH | @alebarryceprodh
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