El 26 de junio de 2002 Maxi y Darío cayeron por las balas policiales. La causa contra los responsables políticos se reabrió en 2015. Las pruebas están y también hay jurisprudencia para juzgarlos.
En la calle y en los tribunales. Así batallaron desde siempre los familiares y amigos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, por su memoria y contra la impunidad. El año pasado lograron la reapertura de la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda, de la que hoy se cumplen 14 años.
El caso está en una encrucijada de la cual sólo puede sacarlo el impulso de la fiscalía, si avanza en el sentido por el que luchan los querellantes. Esto es: plasmar en una acusación penal la autoría intelectual de aquella matanza, que provocó el final anticipado del interinato de Eduardo Duhalde.
A horas de un nuevo aniversario la fiscal federal Paloma Ochoa fue visitada por el papá de Darío, Alberto Santillán, junto al equipo de abogados y un grupo de intelectuales y políticos. Allí establecieron una “mesa de trabajo” que debería dar frutos en el corto plazo con medidas previstas para julio.
Autoría intelectual
En octubre del año pasado la fiscal escuchó como testigo al exintendente de Avellaneda, Oscar Laborde. “Los gobiernos de Duhalde y (Felipe) Solá están vinculados con este caso, no tengo dudas de que hubo un acuerdo, no digo para provocar asesinatos pero sí para reprimir de esa manera”, dijo el exfuncionario consultado por esta columnista, como síntesis de su declaración.
Ante la fiscal había relatado que el exsecretario de Seguridad Juan José Alvarez le pidió que no hiciera mención pública sobre la presencia de la Prefectura en el violento desalojo del puente, como una manera de ocultar el acuerdo político para reprimir.
También contó que cuando le dijo a Felipe Solá que a su criterio los gobiernos nacional y provincial habían actuado en conjunto, el exgobernador dio una respuesta afirmativa tácita al admitir que “lo habían puenteado”. Laborde dijo en su declaración testimonial: “Todo me daba la impresión de que iba a pasar algo grave, le dije al comisario Fanchiotti que no quería un muerto en Avellaneda”.
En ese expediente, que el juez federal Ariel Lijo delegó en la fiscal Ochoa, están acusados el expresidente Duhalde y varios de los integrantes de su gabinete. Durante la última década, los que volvieron a la función pública no pudieron evitar ser blanco de sucesivos escraches por parte de los militantes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y las organizaciones que los acompañan.
Algunos son más conocidos, como Aníbal Fernández, el fallido candidato a gobernador bonaerense del kirchnerismo que en aquel momento era secretario general de la Presidencia, o Felipe Solá, que gobernaba la provincia de Buenos Aires.
Otros son menos mediáticos, como Jorge Vanossi, uno de esos “técnicos-todoterreno” de la casta política que van saltando de partido en partido. Es el mismo abogado constitucionalista que ahora suplica por la reconciliación con los genocidas en la tribuna de doctrina de La Nación, y que fue una pieza esencial del engranaje intelectual previo a la cacería de piqueteros desatada el 26 de junio de 2002 desde el Puente Pueyrredón hacia el sur del primer cordón del conurbano.
Las pruebas del plan
La luz verde o zona liberada que hubo para desatar la feroz cacería de los militantes de los movimientos de desocupados -que ese día intentaron cortar el Puente Pueyrredón en reclamo de alimentos, trabajo, planes de empleo, aumento de los subsidios (de $ 150 a $ 300) y el fin de la represión y procesamiento por actos de protesta- habría sido obra del propio expresidente Duhalde, según afirman quienes conocen la investigación desde que estaba en manos del fiscal Miguel Osorio.
Si esto será difícil de probar, al menos la fiscal podría intentar rearmar el escenario que fue descripto tanto en el expediente como en las publicaciones del FPDS. Podría empezar con algo que ya está probado y puede leerlo en alguno de los cuerpos de la causa que se apilan en su despacho: el 26 de junio de 2002 el comisario Alfredo Fanchiotti, condenado como autor material de los asesinatos de Kosteki y Santillán, mantuvo una conversación telefónica con el exnúmero dos de la SIDE, Oscar Rodríguez, según señalan dos testimonios.
Su jefe por entonces, el fallecido exgobernador de Río Negro Carlos Soria, habría convencido a Duhalde de que el movimiento piquetero estaba poniendo en marcha un golpe en su contra, y para evitar otro “diciembre de 2001” la orden habría sido impedir que los manifestantes fueran a Plaza de Mayo.
Esa decisión fue tomada por el gobierno de Duhalde para contrarrestar un presunto plan de desestabilización, sólo sustentado en base a dos carpetas de recortes periodísticos y un par de informes de los servicios de inteligencia que había infiltrado la Asamblea Piquetera Nacional que se hizo el 22 y 23 de junio de ese año en el estadio Gatica de Avellaneda.
Espionaje y operaciones fallidas
Cuando declaró en el juicio oral que culminó con la condena del excomisario Fanchiotti y del cabo Alejandro Acosta, Soria dijo que había enviado a sus agentes para que tomaran nota de los discursos de esa asamblea, y así elaboró un informe en el que sostenía que los piqueteros estaban influenciados por las FARC, en referencia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
“Allí se habló de revolución, toma del poder, caos y volver al 19 y 20 de diciembre”, dijo. Y explicó que tomó esa iniciativa porque el entonces ministro de Justicia, Jorge Vanossi, le había solicitado precisiones acerca de “si los acontecimientos que estaban ocurriendo en el país podían configurar algún tipo de delito contra la ley de Defensa de la Democracia”.
De hecho, con ese material el 27 de junio el gobierno de Duhalde dio instrucciones al Procurador Nicolás Becerra para que investigara a los piqueteros por presunta “sedición”. Ahí estaba el origen de la cobertura legal que planeaban darle al operativo del Puente.
A estos hechos se refieren los familiares de Darío y Maxi cuando hablan de un plan político del gobierno de Duhalde, que habría sido exitoso si las crónicas y fotos periodísticas no hubieran desbaratado la versión oficial que buscó instalar que “se mataron entre ellos”. La periodista Laura Vales, en Página/12, describió el operativo del 26 como una “cacería”, y así quedaba en evidencia al ver las imágenes de los reporteros gráficos Sergio Kowalewski y José Mateos.
Por su parte, el empresario periodístico Daniel Hadad manipuló fotos para acusar a Santillán de portar un palo con punta especial para perforar chalecos antibalas, mientras el conductor Eduardo Feinmann mostraba en cámara una escopeta casera que, según él, llevaban los manifestantes, al mismo tiempo que el ministro del Interior Jorge Matzkin avalaba la teoría de los piqueteros armados. He ahí las tres patas del plan, judicial, periodístico y político.
Jurisprudencia Mathov
A 14 años del crimen de Maximiliano y Darío, muchas son las peleas que aún restan dar por parte de los familiares, compañeros y de las organizaciones sociales que desde el principio batallaron contra la impunidad. Y no pocos son los responsables políticos de aquella masacre que hoy siguen haciendo carrera como si nada.
Por caso, Jorge Vanossi, partícipe del entramado legal destinado a justificar la masacre de Avellaneda, es hoy diputado en el Parlasur por el massismo y clama por “piedad y justicia” para los represores condenados y enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En una carta de lectores publicada por el diario La Nación, instó a “superar las heridas provenientes de lucrosos (sic) hechos pertenecientes a un pasado muy doloroso”. De origen radical, tras su paso por el gobierno de Duhalde desembarcó en el PRO y desde una banca por ese partido fundamentó pedidos de amnistía para los sicarios del terrorismo de Estado.
A la luz del reciente fallo en el juicio oral que condenó al exfuncionario de la Alianza Enrique Mathov y al ex jefe policial Rubén Santos por la represión de diciembre de 2001, acaso sea posible plantear que ahora sí hay jurisprudencia para avanzar en el juzgamiento de políticos como Vanossi, uno de los responsables intelectuales de la masacre que sucedió apenas unos meses más tarde.
Adriana Meyer
Periodista
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