La quietud cómplice ante el veto a la ley antidespidos, el mayor aporte de los dirigentes sindicales a la gobernabilidad del macrismo.
“La Gata Sylvestre, digo el Gato Sylvestre que hasta hace seis meses le chupaba las medias y otras cosas a la expresidenta, ahora es la Tigresa Acuña, dejate de joder”, chicaneaba Hugo Moyano un poco sacado a la salida de la cumbre sindical que decidió no llamar a ninguna medida de fuerza luego del veto del presidente Mauricio Macri a la ley antidespidos.
Con esa maniobra de bajo vuelo, Moyano pretendió correr el eje del debate hacia un enfrentamiento mediático con el periodista que saltó del hiperclarinista A dos voces a un kirchnerismo explícito no menos parcial. El líder de un sindicato estratégico, intentando esconder la defección de una pelea real con una escena de pobre batalla cultural pasada de moda.
Previamente y con mucha más convicción y vehemencia de la que tuvo cuando hizo su opaco discurso en la marcha sindical del 29 de abril (29A), Antonio Caló (UOM) aseguraba: “No hay medida de fuerza, no hay medida de fuerza”, y una sonrisa cínica se le dibujaba en la boca.
Fue el jueves 26 de mayo, el día en que el grueso de la burocracia sindical argentina dio muestras de su nivel de descomposición como organizaciones del movimiento obrero. La caricaturesca y bochornosa salida de los jefes de ambas CGTs de la reunión en la que se trataba la unidad fue una muestra de la naturaleza reaccionaria de la casta que ocupa los sindicatos.
En abril, los principales dirigentes gremiales fueron al Congreso a solicitar a los legisladores una ley contra los despidos. Poco antes, habían realizado la importante movilización del 29A frente al Monumento al Trabajo.
Luego de que la limitada ley se aprobara y de que Macri ejerciera el poder monárquico del veto para derogarla, los dirigentes salieron a informar que van a organizar una jornada de ollas populares para que los sectores que pasan hambre vayan a comer ese día. Una burla cómica si no fuera trágica y además, una medida que aún no tiene fecha definida. La concentración del 29A quedó ritualizada, como una escena que mostró al movimiento obrero como símbolo de amenaza para ocultarlo inmediatamente después.
La movilización de las CTAs de este jueves 2 de junio, no sólo fue limitada en convocatoria, sino también en programa y planteos: fueron contemplativos con el resto de la dirigencia y no hablaron de las luchas de Tierra del Fuego o Santa Cruz.
El giro en la situación política y el clima más “amable” para el gobierno nacional, en relación a los complicados días en los que recibió el traspié de la votación de la ley contra los despidos, mientras se extendía el malestar social por los tarifazos, no puede entenderse sin esa decisión estratégica de los jerarcas sindicales de los gremios estratégicos.
El decisionismo exitoso que pretendió mostrar Macri con el veto no se comprende sin la cobardía oportunista de la casta sindical. El “bonapartismo blanco” del líder de la CEOcracia reposa sobre la genuflexión de los que se autodenominan jefes del movimiento obrero organizado.
En la Argentina, los sindicatos son las organizaciones masivas más importantes de la sociedad civil, con la peculiaridad de que están semiestatizadas. Hay en el país 1636 gremios con personería y 1623 con simple inscripción, en total suman nada más y nada menos que 3259 organizaciones gremiales. Según datos el Ministerio de Trabajo, de 2003 a 2014 se conformaron más de 650 organizaciones. Sin embargo, casi todos estos sindicatos nuevos son locales, de fábrica o con escaso peso. La “década ganada”, lo fue ante todo para la gerontocracia que dirige las organizaciones gremiales y que mantuvo y fortaleció su poder amparada por la regimentación y los fondos estatales.
Pese a esto, los números ubican a la Argentina entre uno de los países con mayor tasa de sindicalización del mundo, con un porcentaje que ronda el 37 % aproximadamente. Y aunque no incluye a todos los trabajadores -que alcanzaban los 12,4 millones, según el Indec, en octubre del año pasado-, la fracción sindicalizada es muy significativa: más de 4 millones están dentro del régimen de negociación salarial colectiva entre los trabajadores, empresarios y el Estado.
En ese contexto, que el mayor problema político de Macri en la coyuntura provenga de las diatribas ruidosas de “Lilita” Carrió lanzada a la temprana campaña electoral, sólo puede ser posible porque la cuestión social o la cuestión obrera, es meticulosamente pasivizada por el peso muerto del “partido sindical”.
El potencial contenido que posee la clase trabajadora organizada en el país es reconocido ampliamente. En una entrevista que se publicará en el próximo número de la revista Ideas de Izquierda, el intelectual y ensayista Alejandro Horowicz sentencia sobre el presente nacional: “En este momento si hubiera un paro general y el tercer cordón decide moverse, el gobierno se cae.” La caída puede quedar como una exageración polémica, no así la grave crisis en la que entraría si ese potencial social se pusiera en movimiento.
La dirigencia sindical dejó pasar los miles despidos y el golpe al salario que significaron los tarifazos y la inflación desde la devaluación. Hasta ahora, con 70 % de las paritarias acordadas, los aumentos salariales han oscilado entre 27 % y 31 % (con números optimistas, sin desglosar las cuotas), cifras muy lejanas al 40 % que se calcula de inflación. Una transferencia de entre 8 y 10 puntos desde los trabajadores hacia los empresarios.
La ideología peronista de la casta dirigencial sólo puede entenderse en el amplio sentido que le daba el sociólogo Ricardo Sidicaro al peronismo cuando aseguraba hace unos años que el partido fundado por Perón es sólo una "federación de dirigentes con recuerdos en común". La esencia de la (no) ideología de la burocracia sindical está determinada por la defensa de sus propios intereses materiales a cambio de los cuales cumple la función en la garantía de la gobernabilidad. Por eso sus convicciones de lucha tímidamente enunciadas en la marcha del 29A fueron cediendo de manera directamente proporcional al flujo de fondos que Macri liberó para las obras sociales. Sindicatos ricos y trabajadores pobres, fue la máxima que rigió la práctica de los dirigentes sindicales en tiempos de crisis y podría sintetizar el programa del “partido semiestatal” que gana autonomía de los trabajadores, no así del poder de turno. Un conservadurismo que sólo rompen cuando corren riesgo de ser superados por las bases.
El caso de Moyano es significativo: en el ocaso de su ciclo parasita cierto prestigio de haber sido el que “luchó contra Menem", aunque luego pasó por el oficialismo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández hasta que fue casi expulsado por el frepasismo rabioso que caracterizó a la administración de la expresidenta.
Como se dijo, la “burocracia sindical constituye un aparato para-estatal que actúa como ‘sociedad civil’ cuando tiene que contener y como Estado (banda para-estatal) cuando tiene que apuntalar la represión”.
Los insultos provenientes de referentes del kirchnerismo hacia los traidores, olvidan que fue bajo la administración anterior que se mantuvo intacto el poder de los traidores: la “traición” fue acordaba en la sede de UPCN (estatales nacionales) que junto al Suterh (empleados de edificio) fueron pilares de las unidades básicas del FpV en Ciudad de Buenos Aires. Antonio Caló, Ricardo Pignanelli (SMATA) y hasta el “Centauro” Andrés Rodríguez (UPCN), posaban como los “muchachos” mimados en los años kirchneristas.
El quietismo ante el veto a la ley antidespidos y el ajuste en curso, se constituye como el primer acto participacionista en la era Macri. La burocracia se postula como la columna vertebral de la gobernabilidad de Cambiemos que avanza con su neoliberalismo posible. Un hecho de relevancia política nacional y un acontecimiento del que sólo puede derivar una conclusión: hay que recuperar los sindicatos para los trabajadores.
Fernando Rosso
@RossoFer
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