La embestida del kirchnerismo contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, y contra su presidente Ricardo Lorenzetti, ha unificado a la oposición patronal y al establishment económico en defensa de los cuestionados jueces supremos.
Según reveló el periodista Horacio Verbitsky, Carlos Fayt habría estado ausente en la sesión acordada 11 del 21 de abril último, donde la Corte reeligió a Ricardo Lorenzetti como presidente del Tribunal. Según el periodista de Pagina 12, la firma del acuerdo no se hizo en la Sala de Acuerdos de la Corte, tal como afirma el acta confeccionada a tal fin, sino que habría sido su secretario quien aproximó al domicilio de Fayt los papeles, firmando el acuerdo de elección del magistrado colega. Verbitsky ha lanzado además la versión de que Fayt, de 97 años, habría perdido sus facultades mentales producto de los achaques de la edad y de alguna enfermedad degenerativa.
Para desmentir su supuesto deterioro intelectual y ante la exigencia de un sector del kirchnerismo para que dé la cara, el magistrado habría otorgado una entrevista al programa Gente de derecho, del abogado Jorge Rizzo, en Radio América. Allí el casi centenario juez habría declarado que "soy consciente de todas las manifestaciones de aprecio que he recibido en estos días a través de la prensa, la radio, la televisión, internet. Los comentarios de todos. Tengo información a través de los medios. Me encuentro bien, estoy trabajando como siempre hasta que Dios me dé vida”. La respuesta de Anibal Fernandez fue poner en duda que haya sido Fayt quien hiciera la declaración a Radio América, al declarar que "no me consta que sea él, ni me consta que sea en ese día, ni me consta en qué condiciones está, no me consta que esté editado, no me consta nada", refiriéndose a las declaraciones citadas del magistrado.
El ataque del jefe de gabinete se complementa con las sospechas que ha lanzado. Según informa el periodista Roberto Caballero en Tiempo Argentino del 10 de mayo, para Anibal Fernandez quien esta detrás de las decisiones judiciales de Fayt sería Pablo Hirschmann. Autor del texto "Reforma de la Constitución Nacional: una propuesta de trabajo", presentado el 18 de abril de 2012 en el Instituto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, entidad presidida por Manuel Solanet (ex funcionario de la dictadura cívico-militar) e integrada, entre otros, por Santiago Kovadloff (vocero del Foro de la Convergencia Empresarial y promotor de los homenajes a Alberto Nisman junto a Nelson Castro) y José Claudio Escribano (ex jefe de redacción del diario La Nación, mentor de una proclama de exigencias del establishment, entre ellas, asegurar la impunidad de los represores, apenas asumió la presidencia Néstor Kirchner). Según el periodista de Tiempo Argentino, Hirschmann es un cruzado contra el populismo de cuño peronista, que sostiene que "la historia no se repite, pero sirve para comparar. En lugar del rosismo, la actual hora (NdR: el kirchnerismo) nos trae un largo populismo que desde 1989, con un breve y parcial interregno, entre 1999-2001, margina a la Constitución y sólo busca, con pertinaz afán, el poder discrecional y perpetuo".
En defensa del anciano juez, que en su juventud supo ser un destacado cuadro del gorilismo más rancio del Partido Socialista, salió la oposición burguesa y el establishment económico. Denuncian que la ofensiva contra la Corte busca imponer una nueva composición para garantizar la impunidad de la corrupción kirchnerista. Mauricio Macri envió un mensaje por las redes sociales sosteniendo que "no hay democracia posible si no hay respeto a la división de poderes". Mientras que el dirigente de los judiciales y de la CGT moyanista, Julio Piumato, escribió en su cuenta oficial de Twitter que "los ataques del gobierno contra Fayt y la Corte constituyen una clara maniobra desestabilizadora de la división de poderes, y por ende de la Constitución Nacional".
La batalla del kirchnerismo y el partido judicial, luego de caída la causa Nisman, tiene como campo de operaciones a la mismísima Corte Suprema de Justicia, reducida a cuatro miembros (Fayt, Maqueda, Highton de Nolasco y Lorenzetti) por la renuncia de Eugenio Zaffaroni. Esta tomó un claro sesgo opositor con Lorenzetti como espada llamada a ponerle limites al Poder Ejecutivo. Para el kirchnerismo se trata de conseguir impunidad por las posibles causas de corrupción, y de la necesidad de garantizar la continuidad jurídica de muchas de sus medidas, que necesitan ser ratificadas o pueden ser desechadas por fallos futuros de la Corte Suprema.
La Corte Suprema se valoriza en este fin de ciclo como una posición fundamental para gobierno, oposición y establishment. Es llamativo que el apoyo institucional más fuerte que ha recibido la cuestionada Corte y los mencionados magistrados haya sido el de los grupos más concentrados del establishment que -amén de haberse llenado los bolsillos de dinero gracias y junto al kirchnerismo- desean mantener al máximo tribunal como garante de la seguridad jurídica, eufemismo que esconde la preocupación por sus negocios, intereses y privilegios de clase. En este sentido las principales cámaras patronales han hecho público un documento de respaldo a la Corte, firmado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense (CCAC), la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM). Las patronales agrupadas en el documento rechazan las “expresiones hostiles referidas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tanto en lo referente a su presidente como a sus demás integrantes”. Mientras llaman al "respeto a la Ley y a la dignidad de la Justicia, y en particular a la de la Corte Suprema y sus autoridades, (que) es la base de la convivencia civilizada, y un requisito indispensable para el progreso humano, social y económico de nuestra sociedad".
La crisis de la Corte pone al desnudo lo antidemocrático y oligárquico del sistema judicial heredado de los golpes de Estado que se han sucedido desde 1930, y de una democracia burguesa degradada por el sometimiento nacional y la impunidad de los genocidas y sus cómplices capitalistas.
La elección directa de jueces y fiscales por sufragio universal, tal como enseñó la revolución francesa luego de 1789 y retomó la Comuna de París de 1871, es una fuente de inspiración democrática para oponer la voluntad popular a una oligarquía senil ajena a los intereses de la Nación oprimida y el pueblo trabajador.
Facundo Aguirre
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