La aberrante impunidad: 21 jueces imputados en delitos de lesa humanidad siguen en actividad

Veinticuatro jueces federales, de los cuales veintiuno continúan en actividad, se encuentran imputados en causas que investigan su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales (incluidos los del Ministerio Público) que están acusados en distintas causas. Así lo consigna un relevamiento realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en el que sobre un total de cincuenta y siete funcionarios judiciales veintiuno son jueces y ejercen como tales su magisterio, en la Justicia Federal.
El informe será uno de los documentos que el colectivo de abogados y querellantes en causas de lesa humanidad presentará mañana en un acto frente al Palacio de Tribunales para exigir “una profunda autocrítica” del Poder Judicial por su responsabilidad durante el Terrorismo de Estado, cuando la mayoría de los jueces hicieron caso omiso a las denuncias sobre desaparición de personas o bien se limitaron a rechazar los hábeas corpus que inundaban los tribunales del país.
El único funcionario judicial condenado hasta el momento es Víctor Hermes Brusa, auxiliar principal del Juzgado Federal de Santa Fe, con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a 21 años de prisión.
En pleno proceso oral y público se encuentran Luis María Vera Candioti en la causa que investiga su responsabilidad como juez de la justicia penal juvenil de Santa Fe; el juez federal de Tucumán, Manlio Torcuato Martínez; y el juez de Mendoza Rolando Carrizo.
A treinta y dos años del fin de la dictadura cívico militar, son veintiuna las causas que se encuentran en etapa de instrucción, en las cuales se encuentran imputados, además de jueces, defensores, fiscales y asesores de incapaces.
La provincia de Córdoba, epicentro de la represión -comandada por el multicondenado Luciano Benjamín Menéndez- es la que cuenta con mayor número de funcionarios judiciales -ocho- que se encuentran imputados en delitos de lesa humanidad. Entre ellos el juez civil y comercial Alberto Bonadero recibió el procesamiento de la Cámara Federal por la apropiación de una hija de desaparecidos, en tanto se encuentra en la Cámara Federal de Córdoba los casos del fiscal Antonio Cornejo, del ex juex Miguel Angel Puga, y de los defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina en la causa denominada “la causa de los magistrados”.
De los veinticuatro magistrados, renunciaron a sus cargos los ya ex jueces federales Guillermo Petra Recabarren y Otilio Romano, quienes actualmente son enjuiciados en la megacausa Mendoza (donde también está procesado el ex juez y ex camarista Luis Miret).
En el caso de Arturo Liendo Roca, de Santiago del Estero, su causa se encuentra con requerimiento de elevación a juicio.

Noticia de Casapueblos-AEDD