lunes, 29 de febrero de 2016
Francisco: ¿el “hecho maldito” del país macrista?
La “grieta” regresó de la mano de Francisco. Las históricas diferencias con Macri. El desaire papal y la rabia amarilla.
Cualquier acontecimiento que provenga de las cúspides vaticanas siempre tiene el condimento inquietante de la conspiración.
El lacónico encuentro entre el papa Francisco y el presidente Mauricio Macri el fin de semana en Roma no fue la excepción. Se tejieron especulaciones de todo tipo y color, y en la Argentina se reavivó la “grieta” a favor o en contra del hombre que habló más con los gestos y las imágenes que con las palabras.
El primer balance espontáneo se midió en tiempo: 22 minutos le dedicó el Sumo Pontífice al hombre que preside los destinos de su país. Arreciaron las comparaciones, que son todas odiosas, aunque algunas son más odiosas que otras: a Barack Obama le dedicó 55 minutos, la misma cantidad de tiempo que a Vladimir Putin, con Milagro Sala compartió una charla de 50 minutos y con Cristina Fernández tuvo una extendida conversación que duró 1 hora y 45 minutos. Sólo a la reina Isabel II de Inglaterra, que además es líder de la Iglesia Anglicana, le dedicó menos tiempo (17 minutos) en una reunión que fue calificada de “informal” y al día siguiente de un aniversario de la guerra de Malvinas.
Luego vino el detallado cotejo del espacio: Francisco recibió a Macri en su “oficina” (la Biblioteca del Palacio Apostólico) y no en su “casa” (la residencia de Santa Marta). Fue una corta reunión protocolar “de trabajo”, con el sabor agrio de la distancia personal.
Finalmente, se produjo el escaneo político de masas de la foto “que recorrió el mundo”, con un evidente gesto frío y hasta con rasgos de desagrado por parte del líder universal de la iglesia católica, flanqueado por el flamante matrimonio presidencial.
El macrismo rabioso estalló en el territorio salvaje de las redes sociales: el tratamiento que le había dado el Papa argentino a su presidente era una vergüenza imperdonable. “Montonero Francisco, renuncie!”, podía exigir el inolvidable personaje de Diego Capusotto y era lo menos bizarro que podía escucharse entre los rayos y centellas disparados al aire por la furia macrista.
Sin embargo, cualquiera que recorra el itinerario de la relación entre Bergoglio y Macri puede entender el desenlace de la reunión del sábado, cruzada por divergencias tanto políticas como de orden doctrinario.
En el año 2009, el PRO gobernaba la Ciudad de Buenos Aires y decidió no apelar un fallo judicial que habilitó el casamiento de Alex Freyre y José María Di Bello, lo que causó un fuerte rechazo en la Iglesia. El problema de Bergoglio no radicaba en el hecho de que se llevara adelante la “unión civil” entre dos personas del mismo sexo, estaba terminantemente en contra de que a “eso” se lo califique de matrimonio. "Faltó gravemente a su deber de gobernante", afirmó tajantemente Bergoglio en un comunicado del Arzobispado que entonces presidía.
En el año 2012, Bergoglio tuvo otra diferencia con Macri, cuando el gobierno de la CABA decidió reglamentar el protocolo habilitante para los abortos no punibles en el ámbito de la ciudad.
La no apelación de Macri, así como la reglamentación de una ley (que en realidad antes había vetado) no se debían tanto a sus inexistentes convicciones “progresistas”, como al interés de no enfrentarse al electorado porteño que apoyaba mayoritariamente el matrimonio igualitario.
Alrededor de estas dos cuestiones, Francisco se indignó “por derecha” con Mauricio Macri. El Papa que hoy es reivindicado por todo el universo del progresismo (que además olvidó sus dudosos años bajo la dictadura militar), se distanció de la derecha liberal por no ser lo suficientemente conservadora en la defensa de la familia tradicional.
Más recientemente, el Papa se enojó con las declaraciones del asesor estrella del nuevo presidente, el inefable Jaime Durán Barba, que había afirmado que “no junta ni diez votos”.
Y luego de asumido el gobierno de Cambiemos, desde Roma enviaron el mensaje de que Francisco estaría “muy molesto” con Macri por el nombramiento de Silvia Majdalani en la Agencia Federal de Inteligencia (ex – SIDE). Amiga íntima de Francisco “Paco” Larcher (número dos del área en tiempos de Néstor Kirchner), habría sido la llave para el retorno a Inteligencia (si alguna vez se fue verdaderamente) de otro Jaime molesto para Bergoglio: Stiuso. El espía que no goza de la simpatía del Papa y que ya camina nuevamente entre nosotros.
Majdalani conformaba la comisión bicameral que debía controlar la actividad de los espías que, como se sabe, siempre cumplió un rol decorativo y donde la diputada del PRO actuaba como una vocera de la vieja SIDE. “Tuvo que morir un fiscal en circunstancias dudosas para que muchos se dieran cuenta que en este país hay una Secretaría de Inteligencia. ¿Cómo puede ser que la Presidenta, después de hacer uso y abuso de la Secretaría, ahora la considere un desastre?”, interrogó en su intervención en la Cámara de Diputados cuando se discutió la presunta “disolución” del organismo. Ahora, Majdalani es la nueva “Señora 8” (número dos de AFI). Una garantía para la vuelta del “desastre”, que en realidad nunca se fue.
La preocupación del líder de la iglesia mundial por los sótanos de la democracia argentina tiene motivos políticos. Los descompuestos servicios de inteligencia son un factor potencial de crisis políticas (Nisman!), además de un aparato autónomo de negocios turbios. Al margen de que Bergoglio no estuvo exento de las escuchas de Situso, cuando era un espía “del proyecto” y el actual papa, “el jefe espiritual de la oposición”.
Todas estas diferencias de orden “doctrinario” o “táctico” se enmarcan en una mayor, de carácter estratégico.
Sciolismo o barbarie
Es conocido públicamente que Daniel Scioli era la apuesta de Bergoglio para la transición argentina. Francisco conoce la crisis que atraviesa el país y desde que llegó a la Santa Sede se postuló como un garante de la paz social para un ajuste gradual. Entre otras cosas, porque no puede darse el lujo de que estalle una crisis social incontenible en su país de origen. Consideraba que el candidato del FpV era el hombre ideal para encarar ese desafío.
El programa de shock del gobierno de Macri le parece un tanto aventurero (en un mundo dónde el neoliberalismo produjo crisis catastróficas, entre ellas, la de la propia iglesia), no tanto por diferencias de “principios” como por las consecuencias prácticas que puede traer aparejado: el aumento de la conflictividad social, es decir, el fantasma de la lucha de clases.
No se trata de un enfrentamiento entre el jefe de una “CEOcracia” de “opción por los ricos” y el nuevo líder de una iglesia jugada por los pobres, sino de dos maneras de entender cómo se defienden los mismos intereses sin que el sistema vuele por los aires.
Peronista y jesuita al fin, Francisco es después de todo un experimentado en el arte de la contención.
El macrismo emocional, que en muchas ocasiones funciona en espejo con el “frepasismo rabioso” del núcleo duro kirchnerista, no entiende esta función estratégica que Francisco se auto-adjudica para la Historia y la posteridad.
Mientras la amarga foto del encuentro los convence de que el Papa se ha convertido en el “hecho maldito” del país macrista, el Bergoglio de siempre se sigue postulando como “hecho bendito” del país burgués, aunque haya desairado de forma un poco grosera a uno de sus hijos pródigos. En sus fueros íntimos, Francisco habrá exclamado: “perdónalos Señor, no saben lo que hacen”.
Fernando Rosso
@RossoFer
Macri y un baño callejero de realidad
El gobierno de Mauricio Macri recibió un baño de realidad con la jornada nacional de lucha que se llevó adelante en todo el país, en el marco del paro de los trabajadores estatales nucleados en ATE.
Un baño de realidad o una postal callejera de la relación de fuerzas que el Gobierno está obligado a modificar si pretende llevar su plan de ajuste hasta el final. En esta verdadera "madre de todas las batallas", el resultado está más que abierto.
Fue una jornada contundente, si se tiene en cuenta que el sindicato mayoritario de los empleados públicos (UPCN) no convocaba porque es cómplice de los despidos, y que la conducción de ATE llamó a la huelga tardíamente y sin la preparación necesaria.
Con todas estas limitaciones, apenas tuvieron una oportunidad para expresarse, los trabajadores respondieron con total predisposición para defender sus derechos.
Era también la primera ocasión para poner a prueba el llamado “protocolo antipiquetes” que no pudo aplicarse, pese a los reclamos abiertos de todo un arco de los representantes de las corporaciones mediáticas (con los periodistas Antonio Laje y Fernando Carnota en “la primera fila”), convertidos en voceros estridentes de la clase media reaccionaria, la misma que conforma el “núcleo duro” de Cambiemos.
Con el protocolo, el Gobierno volvió a utilizar el método de “ensayo y error” que parece caracterizar el ADN de su gestión.
Hizo aprobar un documento rústico, ilegal y anticonstitucional, que la inefable Patricia Bullrich empeoró con sus declaraciones públicas. La ministra de Seguridad vociferó que los piquetes no iban a durar “ni cinco minutos” antes de ser desalojados.
Sin embargo, la flamante normativa represiva no pudo ser empleada contra el masivo corte de Corrientes y Callao que realizó la oposición combativa de los trabajadores estatales, acompañados por el Frente de Izquierda y los sectores antiburocráticos del sindicalismo, inaugurando la jornada de lucha nacional.
Los manifestantes no pudieron ser “protocolizados”, no sólo porque el corte era nutrido y contundente, sino también porque se produjo en un marco en el que existe una gran oposición social a la represión contra la protesta en general y la de trabajadores en particular. Pese a que los cortes estén cuestionados y que Cambiemos haya trabajado para “cebar” al núcleo intenso de su base social con la necesidad de mano dura y orden.
Pero el episodio del protocolo es sólo uno más de una larga y sinuosa saga de dos meses de “idas y vueltas” en los intentos de resolver contradicciones políticas con resoluciones drásticas y arbitrarias.
Sucedió tempranamente con los dos jueces de la Corte, nombrados “en comisión” y unilateralmente, para después retroceder y negociar sus designaciones con el peronismo “moderado”.
Luego con el aumento de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que más tarde tuvo que retirar por la queja de los gobernadores peronistas (y no).
Aconteció también con la oferta a los docentes en la paritaria nacional, que el Gobierno descartó (también por protesta de los gobernadores) y luego reinstaló para evitar el paro en el comienzo de clases, objetivo que aún no logra.
Otro tanto ocurrió con la baja del mínimo no imponible del impuesto al salario que fue aumentado a $30 mil un día y, al siguiente, el Gobierno comunicó que no se modificarían las escalas y alícuotas como esperaban los dirigentes sindicales (y los trabajadores afectados).
Con el Indec pasó por una crisis análoga: reincorporó a Graciela Bevacqua -que había sido desplazada por la administración kirchnerista en 2007- para despedirla dos meses después porque no elaboraba el índice de precios que el Gobierno necesitaba en momentos de una inflación acelerada.
Por último, frente a los fondos “buitre” tuvo una (des)orientación similar: antes de asumir, aseguró que había que pagar lo que dictaminaba el fallo del juez Griesa, luego intentó una negociación con los fondos más proclives a un acuerdo, y finalmente terminó pactando con el más “buitre” de todos (NML Elliot de Paul Singer) por casi el doble de dinero de lo que el mismo fondo reclamaba hace poco más de un año. La desesperación de una economía con fuertes desequilibrios marcó la intensidad de una “capitulación” anunciada.
Dos factores determinan este “pragmatismo” del gobierno de Cambiemos: la economía y la relación de fuerzas.
A pesar de la devaluación y todas las medidas a favor de liberalización (es decir del capital más concentrado) no ha logrado aún estabilizar la economía.
Además, comienza a manifestarse la “debilidad de origen” que se expresó distorsionadamente en el resultado electoral, con la mitad del país que votó en su contra y una parte de su cosecha electoral lograda como “mal menor”.
La única ilusión para evitar ir una confrontación inmediata y violenta con los trabajadores y los sectores populares para quebrar la relación de fuerzas, es lograr un endeudamiento externo. El presunto pre-acuerdo con Paul Singer (que aumentaría la deuda del país), mide el tamaño de su esperanza. Paradójico: el acuerdo con el más "duro" de los "buitres" sería la endeble garantía para matizar el shock con pequeñas dosis de gradualidad que eviten el estallido económico o social.
Aunque tampoco está claro que un eventual acuerdo implique la llegada del famoso “shock de confianza” y la prometida “lluvia de dólares”. Los crudos números de la "mano invisible" del mercado cambiario están dictaminando que el dólar acelera la devaluación del peso: por ahora, la meteorología financiera dice que está lloviendo de abajo para arriba.
Mientras el peronismo se debate en su interminable rosca, deliberando el grado de “moderación” que tendrá en 2017 y sobre todo en 2019, en la contundente jornada de este miércoles, una fracción destacada de los trabajadores hizo sentir su impronta e incorporó sus demandas urgentes en la agenda de la política nacional.
Fernando Rosso
La Izquierda Diario
Un baño de realidad o una postal callejera de la relación de fuerzas que el Gobierno está obligado a modificar si pretende llevar su plan de ajuste hasta el final. En esta verdadera "madre de todas las batallas", el resultado está más que abierto.
Fue una jornada contundente, si se tiene en cuenta que el sindicato mayoritario de los empleados públicos (UPCN) no convocaba porque es cómplice de los despidos, y que la conducción de ATE llamó a la huelga tardíamente y sin la preparación necesaria.
Con todas estas limitaciones, apenas tuvieron una oportunidad para expresarse, los trabajadores respondieron con total predisposición para defender sus derechos.
Era también la primera ocasión para poner a prueba el llamado “protocolo antipiquetes” que no pudo aplicarse, pese a los reclamos abiertos de todo un arco de los representantes de las corporaciones mediáticas (con los periodistas Antonio Laje y Fernando Carnota en “la primera fila”), convertidos en voceros estridentes de la clase media reaccionaria, la misma que conforma el “núcleo duro” de Cambiemos.
Con el protocolo, el Gobierno volvió a utilizar el método de “ensayo y error” que parece caracterizar el ADN de su gestión.
Hizo aprobar un documento rústico, ilegal y anticonstitucional, que la inefable Patricia Bullrich empeoró con sus declaraciones públicas. La ministra de Seguridad vociferó que los piquetes no iban a durar “ni cinco minutos” antes de ser desalojados.
Sin embargo, la flamante normativa represiva no pudo ser empleada contra el masivo corte de Corrientes y Callao que realizó la oposición combativa de los trabajadores estatales, acompañados por el Frente de Izquierda y los sectores antiburocráticos del sindicalismo, inaugurando la jornada de lucha nacional.
Los manifestantes no pudieron ser “protocolizados”, no sólo porque el corte era nutrido y contundente, sino también porque se produjo en un marco en el que existe una gran oposición social a la represión contra la protesta en general y la de trabajadores en particular. Pese a que los cortes estén cuestionados y que Cambiemos haya trabajado para “cebar” al núcleo intenso de su base social con la necesidad de mano dura y orden.
Pero el episodio del protocolo es sólo uno más de una larga y sinuosa saga de dos meses de “idas y vueltas” en los intentos de resolver contradicciones políticas con resoluciones drásticas y arbitrarias.
Sucedió tempranamente con los dos jueces de la Corte, nombrados “en comisión” y unilateralmente, para después retroceder y negociar sus designaciones con el peronismo “moderado”.
Luego con el aumento de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, que más tarde tuvo que retirar por la queja de los gobernadores peronistas (y no).
Aconteció también con la oferta a los docentes en la paritaria nacional, que el Gobierno descartó (también por protesta de los gobernadores) y luego reinstaló para evitar el paro en el comienzo de clases, objetivo que aún no logra.
Otro tanto ocurrió con la baja del mínimo no imponible del impuesto al salario que fue aumentado a $30 mil un día y, al siguiente, el Gobierno comunicó que no se modificarían las escalas y alícuotas como esperaban los dirigentes sindicales (y los trabajadores afectados).
Con el Indec pasó por una crisis análoga: reincorporó a Graciela Bevacqua -que había sido desplazada por la administración kirchnerista en 2007- para despedirla dos meses después porque no elaboraba el índice de precios que el Gobierno necesitaba en momentos de una inflación acelerada.
Por último, frente a los fondos “buitre” tuvo una (des)orientación similar: antes de asumir, aseguró que había que pagar lo que dictaminaba el fallo del juez Griesa, luego intentó una negociación con los fondos más proclives a un acuerdo, y finalmente terminó pactando con el más “buitre” de todos (NML Elliot de Paul Singer) por casi el doble de dinero de lo que el mismo fondo reclamaba hace poco más de un año. La desesperación de una economía con fuertes desequilibrios marcó la intensidad de una “capitulación” anunciada.
Dos factores determinan este “pragmatismo” del gobierno de Cambiemos: la economía y la relación de fuerzas.
A pesar de la devaluación y todas las medidas a favor de liberalización (es decir del capital más concentrado) no ha logrado aún estabilizar la economía.
Además, comienza a manifestarse la “debilidad de origen” que se expresó distorsionadamente en el resultado electoral, con la mitad del país que votó en su contra y una parte de su cosecha electoral lograda como “mal menor”.
La única ilusión para evitar ir una confrontación inmediata y violenta con los trabajadores y los sectores populares para quebrar la relación de fuerzas, es lograr un endeudamiento externo. El presunto pre-acuerdo con Paul Singer (que aumentaría la deuda del país), mide el tamaño de su esperanza. Paradójico: el acuerdo con el más "duro" de los "buitres" sería la endeble garantía para matizar el shock con pequeñas dosis de gradualidad que eviten el estallido económico o social.
Aunque tampoco está claro que un eventual acuerdo implique la llegada del famoso “shock de confianza” y la prometida “lluvia de dólares”. Los crudos números de la "mano invisible" del mercado cambiario están dictaminando que el dólar acelera la devaluación del peso: por ahora, la meteorología financiera dice que está lloviendo de abajo para arriba.
Mientras el peronismo se debate en su interminable rosca, deliberando el grado de “moderación” que tendrá en 2017 y sobre todo en 2019, en la contundente jornada de este miércoles, una fracción destacada de los trabajadores hizo sentir su impronta e incorporó sus demandas urgentes en la agenda de la política nacional.
Fernando Rosso
La Izquierda Diario
Los herederos de Martínez de Hoz y de Videla
Acerca de las derivaciones a largo plazo del 24 de marzo
Hemos dicho más de una vez que la negativa de un sector mayoritario del Poder Judicial y de poderosos formadores de opinión a calificar de Genocidio lo ocurrido en los años del Terrorismo de Estado, excedía largamente la dimensión jurídica del debate y constituía sin dudas el centro de la resignificación de la historia reciente: interrupción del orden constitucional o reorganización violenta y cruel del capitalismo
De la respuesta que se obtenga será el diagnóstico sobre el gobierno de Macri.
El periodista Horacio Vervitsky, en dialogo con María Seone, analizaba [1] la marcha por Nisman de febrero del 2015 como "la emergencia de un sector social que tiene una representación política importante". Y concluyó, en tono laudatorio, que se trata de una nueva derecha política argentina, representada en el PRO, que es, a su juicio, "una derecha moderna, sometida a las reglas de la democracia y con capacidad electoral". El análisis de Verbitsky, expresado en declaraciones a Radio Del Plata, se enfoca en que el fenómeno de esa nueva derecha, con capacidad de movilización, es algo que no se veía en la Argentina desde 1916. "Es importante, porque tiende a soldar una fractura histórica de la sociedad. que se abrió en 1916 y que podría cerrarse exactamente un siglo después. por el surgimiento de una derecha moderna, sometida a las reglas de la democracia y con capacidad electoral".
Seguramente que los hechos ocurridos en estos catorce meses habrán hecho cambiar de opinión a Verbitsky pero creo que grafican, en la pluma de uno de los más brillantes exponentes de un pensamiento que ha tenido apoyo estatal y amplia difusión en esta década, una mirada “formal” sobre el golpe del 24 de Marzo y sobre la democracia argentina.
Tenemos otra mirada.
En primer lugar, el Golpe del 24 de marzo no fue para nada un episodio “nacional”, era parte de una Operación Continental de Contrainsurgencia en el marco de la Guerra Fría, en la región que los EE.UU. consideran, desde Monroe hasta Obama, su patio trasero. En segundo lugar, en la Argentina, el Golpe tuvo un carácter anticipatorio, “preventivo” digamos, casi una Contra/revolución/preventiva dado que el proceso de acumulación de fuerzas desplegado entre el golpe gorila del 55 y el comienzo del Terrorismo de Estado, a finales del 74 (aproximadamente claro, porque desde diciembre de 1973 ya actuaba la Triple A), era suficiente para desafiar al Poder, pero todavía no tenía capacidades suficientes para confrontarlo en regla y derrotarlo. Se adelantaron a la construcción de la alternativa política capaz de lograr esas capacidades; y lo hicieron en procura de rescatar el capitalismo argentino de su crisis. La crisis que las luchas le habían puesto al modelo distributivo, de Estado Benefactor pero que había llegado a conceder el 50% de la renta nacional a los que cobraban salarios y jubilaciones; ese modelo capitalista no funcionaba a pleno, estaba en crisis y “su” solución fue la modificación abrupta de todas las variables económicas empezando por la reducción drástica de los salarios (en pocos meses bajó a cerca del 30% de la renta nacional), la suspensión, modificación o derogación lisa y llana de las leyes laborales conquistadas en lucha desde la primera de 1912 (propuesta por el socialista Alfredo Palacios), y las regulaciones de cualquier tipo que protegieran al trabajador y el pueblo. En tercer lugar, el Golpe tuvo funciones “constructivas” de un nuevo modo de reproducción ampliada del capital, eliminando todas las conquistas obreras y populares que funcionaban como limites reales al dominio imperial y la voracidad empresarial. Cierto es que las necesidades políticas de la dictadura dificultaron que despliegue el modelo neoliberal a pleno pero cuando Menem “realizó” todas sus perversas potencialidades Roberto Alemann explicó a un periodista que ellos habían eliminado la subversión, disciplinado el movimiento obrero y extirpado el marxismo de la educación por lo que privatizar, flexibilizar y desregular era solo problema de tiempo y oportunidad.
Fue un genocidio en regla: la destrucción de un “grupo nacional” para reorganizar radicalmente la sociedad. Y lo lograron por su fuerza histórica como Estado Nacional nacido como Estado Represor desde la disolución del Ejercito Libertador de San Martín y su transformación en el Ejercito asesino de paraguayos en la llamada Guerra de la Triple Alianza o la Campaña del Desierto y los obreros de la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica y así todo el siglo XX pasando por los golpes de 1930/1943/1955/1962/1966 hasta llegar al de 1976
Lo lograron por el apoyo estratégico de los EE.UU., que iba mucho más allá de la Escuela de las Américas o la Operación Cóndor y por la complicidad de un amplio campo de fuerzas sociales y políticas que prefirieron “entregarse” a los militares a correr el riesgo del triunfo revolucionario. Si Isabel firmaba decretos de exterminio de la subversión, el jefe opositor Ricardo Balbín, del radicalismo, hacía discursos contra la “guerrilla fabril”.
Aunque muchos no lo pudieron entender (y por eso el kirchnerismo más progresista, ya en el siglo XXI, soñaba con una burguesía nacional que construyera un capitalismo “humanizado”) era el final histórico e inapelable de la supuesta “burguesía nacional”.
Entre otras consecuencias que aún perduran, el Terrorismo de Estado, fragmentó violentamente la clase obrera disolviendo su relativa homogeneidad dando paso a una porción de desocupados permanente, a otra de trabajadores precarizados y temporales y solo una parte minoritaria, estable y con derechos. Pero también modificó a la burguesía local que se hizo más sumisa al Imperio, más mafiosa y corrupta, más voraz y cruel. Más burguesa.
Pero el golpe tuvo otros efectos, ocultos al progresismo: el terror alimentó una forma de pensar las reformas y los cambios que se ha clasificado como “posibilista” o “realista” dado que nunca osa desafiar la correlación de fuerzas y el Poder Real, ese que se nombra poco pero se respeta mucho. En 1927, conmemorando los quinientos años de “El Príncipe” de Maquiavelo, Antonio Gramsci, desde la mazmorra del fascismo decía: “El realismo político “excesivo” (y por consiguiente superficial y mecánico) conduce frecuentemente a afirmar que el hombre de Estado debe operar sólo en el ámbito de la “realidad efectiva”, no interesarse por el “deber ser” sino únicamente por el “ser”. Lo cual significa que el hombre de Estado no debe tener perspectivas que estén más allá de su propia nariz”. “El realismo político “excesivo” (y por consiguiente superficial y mecánico) conduce frecuentemente a afirmar que el hombre de Estado debe operar sólo en el ámbito de la “realidad efectiva”, no interesarse por el “deber ser” sino únicamente por el “ser”. Lo cual significa que el hombre de Estado no debe tener perspectivas que estén más allá de su propia nariz”.
Es que al aniquilamiento material se sumó el aniquilamiento simbólico que buscaba “borrar” de la memoria popular que por años las clases subalternas habían mejorado las condiciones de vida por el camino la organización y la lucha, acciones populares que modificaban la correlación de fuerzas y hacían posible lo que parecía imposible. Una serie de teorías y doctrinas conceptualizaban la acción “educativa” por medio de las armas: el anticomunismo en la base de todas ellas, la subversión apartida, la teoría de los dos demonios y el olvido de los noventa.
Y si el posibilismo más vulgar ha dominado desde 1983 en adelante el pensamiento político de las fuerzas de centro izquierda y de izquierda moderada, para fines de los ochenta del siglo pasado, la derrota de los procesos de transición al socialismo modificaron la vieja Tercera Vía socialdemócrata que dejó de buscar un lugar intermedio entre el socialismo y el capitalismo para comenzar a imaginar un supuesto lugar intermedio entre el capitalismo neoliberal, “salvaje” y “financiarizado” y otro capitalismo nacional, “humano” y “productivo”, intentos vanos de ponerle apodos a un sistema que con su nombre define sin error posible a un modo de producción y dominación que funcionan de un modo inescindible y poco reformable.
Agotada la legitimidad del Kirchnerismo ante las clases dominantes, justificada en su capacidad de superar la crisis capitalista del 2001 y renovar el capitalismo de sus modos neoliberales ya gastados (alguna vez dijimos que Kirchner fue el De la Rúa que no fue); y eso se visualizó en la crisis por las retenciones a la especulación sojera con la resolución 125 (año 2008), todos los intentos de “profundizar” el proceso, de modo tal de recuperar legitimidad social y derrotar una derecha que pretendía recuperar a pleno el modelo de país que se fundó con la picana eléctrica y se configuró plenamente por el peronismo en su modo menemista, se frustraron una y otra vez por la hegemonía ideológica de esta combinación de posibilismo y Tercera Vía posmoderna. Posibilismo de Tercera Vía que esterilizó los esfuerzos militantes y aún los aciertos del gobierno en el terreno de la Memoria, la asistencia social focalizada en los más pobres y el acercamiento a los procesos de búsqueda de cambios en Latinoamérica (afectados también, en diverso grado, por el mismo virus cultural del posibilismo de Tercera Vía).
La otra consecuencia política del Genocidio fue la profundización del carácter delegativo del sistema democrático argentino donde si bien ya en el articulo 22 de la Constitución de 1853 se afirmaba que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición Nacional “ durante todo el siglo XX las luchas obreras, las movilizaciones estudiantiles, las rebeldías culturales, las iniciativas populares de autogestión en el terreno deportivo, cooperativo, etc. habían ido ampliando el estrecho margen liberal de una democracia minimalista para incorporar la movilización y la lucha social como un modo legitimo de conquistar derechos y resistir claudicaciones gubernamentales. Todo ello fue aplastado por el Golpe y estigmatizado como subversivo y “culpable” de las atrocidades sufridas por el pueblo.
La batalla por la memoria, la verdad y la justicia ha estado en el medio de los esfuerzos por dotar de sentido social la “democracia recuperada” y reconstruir/constituir un sujeto social diezmado y desarticulado culturalmente por el Terrorismo de Estado y las claudicaciones progresistas iniciadas por Alfonsín en la inolvidable Semana Santa de 1987. La vida confirmó que la impunidad era sostén del neoliberalismo así como la memoria fue una parte sustancial del proceso de luchas que recorrieron año a año cada 24 de marzo, desde el primero en libertad hasta el último del 2015 en el que pocos imaginaban el escenario en ciernes que obliga a repensar todas las tareas de la lucha por una democracia verdadera y el mismo sentido de los actos del 24 de Marzo.
El desprestigio de la política, provocado por una combinación de acciones espurias de los políticos llegados a la gestión, y una inteligente predica mediática reaccionaria, llevó primero al “que se vayan todos” del 2001 y ahora a la estigmatización de la militancia que encara el Pro con su modo de hacer política como si fuera una “no política” y la identificación de los militantes con los ñoquis que pueblan el aparato estatal desde siempre y que hoy son utilizados como justificación para una ronda de despidos casi inédita en democracia que remite a algo muy molesto para liberales y progresistas: lejos de ser un avance histórico y civilizatorio, el triunfo de la derecha explícita representa el retorno al gobierno del mismo bloque social que organizó y perpetró el golpe del 76. [2]
Si bien su objetivo es muy parecido al de entonces, reorganizar radicalmente la sociedad para valorizar el capital (hacer más rentable la ya muy rentable producción capitalista argentina) los tiempos y las perspectivas son otras.
No solo porque los cambios de época y el desprestigio de los militares (en parte conquistado por el exitoso proceso de Memoria, verdad y justicia) impiden el despliegue de las formas más brutales de la represión política y social; sino porque también del lado del pueblo ha habido aprendizajes.
Cierto es que no alcanzaron para conquistar lo que no teníamos en 1976 (ni en 1955, ni en 1930, ni en 1921): una fuerza política alternativa popular antiimperialista verdadera y propia, pero cierto es también que tenemos la gran oportunidad de reflexionar sobre nuestras derrotas y frustraciones, sobre los porqué del golpe genocida y los porqué de la derrota electoral del 2015, y dotado de esos saberes, que conceptualicen nuestra propia práctica de organización y lucha, nuestro pueblo podrá pararse al fin sobre sus propios puntos de apoyo y enfrentar con éxito a los golpistas de ayer y sus herederos.
Una reflexión que para nada es similar a aquella que hacíamos en los tristes días posteriores al 76. No creo que las analogías históricas sean buenas. Ni este es el regreso a ninguna etapa histórica anterior ni el pueblo argentino está en la situación en que se encontraba tras el golpe del 55 o el 76, ni siquiera luego del triunfo de Menem.
Si como decía Foucault, el derecho genera verdad, hay una importante parte de la sociedad que aprendió a resignificar la historia de las luchas obreras y populares, supo de héroes y de villanos y de luchas americanas como pocas veces antes. Supo que la única lucha que se pierde es la que se abandona y sabe también que el Poder sabe que el pueblo puede. Y podrá. Hasta ese momento seguiremos portando nuestros muertos y nuestros desaparecidos con nosotros. Para que nadie ni nada sea olvidado y al momento de la victoria, podamos pararnos sobre sus hombros para alcanzar, al fin, el cielo por asalto.
José Ernesto Schulman
Notas:
[1] http://www.clarin.com/politica/Verbitsky-Macri-18F-marcha-derecha_0_1307269495.html
[2] http://cronicasdelnuevosiglo.com/2015/11/26/el-gabinete-del-ingeniero-macri-como-reivindicacion-historica-de-carlos-marx-2/
José Ernesto Schulman. Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Hemos dicho más de una vez que la negativa de un sector mayoritario del Poder Judicial y de poderosos formadores de opinión a calificar de Genocidio lo ocurrido en los años del Terrorismo de Estado, excedía largamente la dimensión jurídica del debate y constituía sin dudas el centro de la resignificación de la historia reciente: interrupción del orden constitucional o reorganización violenta y cruel del capitalismo
De la respuesta que se obtenga será el diagnóstico sobre el gobierno de Macri.
El periodista Horacio Vervitsky, en dialogo con María Seone, analizaba [1] la marcha por Nisman de febrero del 2015 como "la emergencia de un sector social que tiene una representación política importante". Y concluyó, en tono laudatorio, que se trata de una nueva derecha política argentina, representada en el PRO, que es, a su juicio, "una derecha moderna, sometida a las reglas de la democracia y con capacidad electoral". El análisis de Verbitsky, expresado en declaraciones a Radio Del Plata, se enfoca en que el fenómeno de esa nueva derecha, con capacidad de movilización, es algo que no se veía en la Argentina desde 1916. "Es importante, porque tiende a soldar una fractura histórica de la sociedad. que se abrió en 1916 y que podría cerrarse exactamente un siglo después. por el surgimiento de una derecha moderna, sometida a las reglas de la democracia y con capacidad electoral".
Seguramente que los hechos ocurridos en estos catorce meses habrán hecho cambiar de opinión a Verbitsky pero creo que grafican, en la pluma de uno de los más brillantes exponentes de un pensamiento que ha tenido apoyo estatal y amplia difusión en esta década, una mirada “formal” sobre el golpe del 24 de Marzo y sobre la democracia argentina.
Tenemos otra mirada.
En primer lugar, el Golpe del 24 de marzo no fue para nada un episodio “nacional”, era parte de una Operación Continental de Contrainsurgencia en el marco de la Guerra Fría, en la región que los EE.UU. consideran, desde Monroe hasta Obama, su patio trasero. En segundo lugar, en la Argentina, el Golpe tuvo un carácter anticipatorio, “preventivo” digamos, casi una Contra/revolución/preventiva dado que el proceso de acumulación de fuerzas desplegado entre el golpe gorila del 55 y el comienzo del Terrorismo de Estado, a finales del 74 (aproximadamente claro, porque desde diciembre de 1973 ya actuaba la Triple A), era suficiente para desafiar al Poder, pero todavía no tenía capacidades suficientes para confrontarlo en regla y derrotarlo. Se adelantaron a la construcción de la alternativa política capaz de lograr esas capacidades; y lo hicieron en procura de rescatar el capitalismo argentino de su crisis. La crisis que las luchas le habían puesto al modelo distributivo, de Estado Benefactor pero que había llegado a conceder el 50% de la renta nacional a los que cobraban salarios y jubilaciones; ese modelo capitalista no funcionaba a pleno, estaba en crisis y “su” solución fue la modificación abrupta de todas las variables económicas empezando por la reducción drástica de los salarios (en pocos meses bajó a cerca del 30% de la renta nacional), la suspensión, modificación o derogación lisa y llana de las leyes laborales conquistadas en lucha desde la primera de 1912 (propuesta por el socialista Alfredo Palacios), y las regulaciones de cualquier tipo que protegieran al trabajador y el pueblo. En tercer lugar, el Golpe tuvo funciones “constructivas” de un nuevo modo de reproducción ampliada del capital, eliminando todas las conquistas obreras y populares que funcionaban como limites reales al dominio imperial y la voracidad empresarial. Cierto es que las necesidades políticas de la dictadura dificultaron que despliegue el modelo neoliberal a pleno pero cuando Menem “realizó” todas sus perversas potencialidades Roberto Alemann explicó a un periodista que ellos habían eliminado la subversión, disciplinado el movimiento obrero y extirpado el marxismo de la educación por lo que privatizar, flexibilizar y desregular era solo problema de tiempo y oportunidad.
Fue un genocidio en regla: la destrucción de un “grupo nacional” para reorganizar radicalmente la sociedad. Y lo lograron por su fuerza histórica como Estado Nacional nacido como Estado Represor desde la disolución del Ejercito Libertador de San Martín y su transformación en el Ejercito asesino de paraguayos en la llamada Guerra de la Triple Alianza o la Campaña del Desierto y los obreros de la Patagonia Rebelde o la Semana Trágica y así todo el siglo XX pasando por los golpes de 1930/1943/1955/1962/1966 hasta llegar al de 1976
Lo lograron por el apoyo estratégico de los EE.UU., que iba mucho más allá de la Escuela de las Américas o la Operación Cóndor y por la complicidad de un amplio campo de fuerzas sociales y políticas que prefirieron “entregarse” a los militares a correr el riesgo del triunfo revolucionario. Si Isabel firmaba decretos de exterminio de la subversión, el jefe opositor Ricardo Balbín, del radicalismo, hacía discursos contra la “guerrilla fabril”.
Aunque muchos no lo pudieron entender (y por eso el kirchnerismo más progresista, ya en el siglo XXI, soñaba con una burguesía nacional que construyera un capitalismo “humanizado”) era el final histórico e inapelable de la supuesta “burguesía nacional”.
Entre otras consecuencias que aún perduran, el Terrorismo de Estado, fragmentó violentamente la clase obrera disolviendo su relativa homogeneidad dando paso a una porción de desocupados permanente, a otra de trabajadores precarizados y temporales y solo una parte minoritaria, estable y con derechos. Pero también modificó a la burguesía local que se hizo más sumisa al Imperio, más mafiosa y corrupta, más voraz y cruel. Más burguesa.
Pero el golpe tuvo otros efectos, ocultos al progresismo: el terror alimentó una forma de pensar las reformas y los cambios que se ha clasificado como “posibilista” o “realista” dado que nunca osa desafiar la correlación de fuerzas y el Poder Real, ese que se nombra poco pero se respeta mucho. En 1927, conmemorando los quinientos años de “El Príncipe” de Maquiavelo, Antonio Gramsci, desde la mazmorra del fascismo decía: “El realismo político “excesivo” (y por consiguiente superficial y mecánico) conduce frecuentemente a afirmar que el hombre de Estado debe operar sólo en el ámbito de la “realidad efectiva”, no interesarse por el “deber ser” sino únicamente por el “ser”. Lo cual significa que el hombre de Estado no debe tener perspectivas que estén más allá de su propia nariz”. “El realismo político “excesivo” (y por consiguiente superficial y mecánico) conduce frecuentemente a afirmar que el hombre de Estado debe operar sólo en el ámbito de la “realidad efectiva”, no interesarse por el “deber ser” sino únicamente por el “ser”. Lo cual significa que el hombre de Estado no debe tener perspectivas que estén más allá de su propia nariz”.
Es que al aniquilamiento material se sumó el aniquilamiento simbólico que buscaba “borrar” de la memoria popular que por años las clases subalternas habían mejorado las condiciones de vida por el camino la organización y la lucha, acciones populares que modificaban la correlación de fuerzas y hacían posible lo que parecía imposible. Una serie de teorías y doctrinas conceptualizaban la acción “educativa” por medio de las armas: el anticomunismo en la base de todas ellas, la subversión apartida, la teoría de los dos demonios y el olvido de los noventa.
Y si el posibilismo más vulgar ha dominado desde 1983 en adelante el pensamiento político de las fuerzas de centro izquierda y de izquierda moderada, para fines de los ochenta del siglo pasado, la derrota de los procesos de transición al socialismo modificaron la vieja Tercera Vía socialdemócrata que dejó de buscar un lugar intermedio entre el socialismo y el capitalismo para comenzar a imaginar un supuesto lugar intermedio entre el capitalismo neoliberal, “salvaje” y “financiarizado” y otro capitalismo nacional, “humano” y “productivo”, intentos vanos de ponerle apodos a un sistema que con su nombre define sin error posible a un modo de producción y dominación que funcionan de un modo inescindible y poco reformable.
Agotada la legitimidad del Kirchnerismo ante las clases dominantes, justificada en su capacidad de superar la crisis capitalista del 2001 y renovar el capitalismo de sus modos neoliberales ya gastados (alguna vez dijimos que Kirchner fue el De la Rúa que no fue); y eso se visualizó en la crisis por las retenciones a la especulación sojera con la resolución 125 (año 2008), todos los intentos de “profundizar” el proceso, de modo tal de recuperar legitimidad social y derrotar una derecha que pretendía recuperar a pleno el modelo de país que se fundó con la picana eléctrica y se configuró plenamente por el peronismo en su modo menemista, se frustraron una y otra vez por la hegemonía ideológica de esta combinación de posibilismo y Tercera Vía posmoderna. Posibilismo de Tercera Vía que esterilizó los esfuerzos militantes y aún los aciertos del gobierno en el terreno de la Memoria, la asistencia social focalizada en los más pobres y el acercamiento a los procesos de búsqueda de cambios en Latinoamérica (afectados también, en diverso grado, por el mismo virus cultural del posibilismo de Tercera Vía).
La otra consecuencia política del Genocidio fue la profundización del carácter delegativo del sistema democrático argentino donde si bien ya en el articulo 22 de la Constitución de 1853 se afirmaba que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición Nacional “ durante todo el siglo XX las luchas obreras, las movilizaciones estudiantiles, las rebeldías culturales, las iniciativas populares de autogestión en el terreno deportivo, cooperativo, etc. habían ido ampliando el estrecho margen liberal de una democracia minimalista para incorporar la movilización y la lucha social como un modo legitimo de conquistar derechos y resistir claudicaciones gubernamentales. Todo ello fue aplastado por el Golpe y estigmatizado como subversivo y “culpable” de las atrocidades sufridas por el pueblo.
La batalla por la memoria, la verdad y la justicia ha estado en el medio de los esfuerzos por dotar de sentido social la “democracia recuperada” y reconstruir/constituir un sujeto social diezmado y desarticulado culturalmente por el Terrorismo de Estado y las claudicaciones progresistas iniciadas por Alfonsín en la inolvidable Semana Santa de 1987. La vida confirmó que la impunidad era sostén del neoliberalismo así como la memoria fue una parte sustancial del proceso de luchas que recorrieron año a año cada 24 de marzo, desde el primero en libertad hasta el último del 2015 en el que pocos imaginaban el escenario en ciernes que obliga a repensar todas las tareas de la lucha por una democracia verdadera y el mismo sentido de los actos del 24 de Marzo.
El desprestigio de la política, provocado por una combinación de acciones espurias de los políticos llegados a la gestión, y una inteligente predica mediática reaccionaria, llevó primero al “que se vayan todos” del 2001 y ahora a la estigmatización de la militancia que encara el Pro con su modo de hacer política como si fuera una “no política” y la identificación de los militantes con los ñoquis que pueblan el aparato estatal desde siempre y que hoy son utilizados como justificación para una ronda de despidos casi inédita en democracia que remite a algo muy molesto para liberales y progresistas: lejos de ser un avance histórico y civilizatorio, el triunfo de la derecha explícita representa el retorno al gobierno del mismo bloque social que organizó y perpetró el golpe del 76. [2]
Si bien su objetivo es muy parecido al de entonces, reorganizar radicalmente la sociedad para valorizar el capital (hacer más rentable la ya muy rentable producción capitalista argentina) los tiempos y las perspectivas son otras.
No solo porque los cambios de época y el desprestigio de los militares (en parte conquistado por el exitoso proceso de Memoria, verdad y justicia) impiden el despliegue de las formas más brutales de la represión política y social; sino porque también del lado del pueblo ha habido aprendizajes.
Cierto es que no alcanzaron para conquistar lo que no teníamos en 1976 (ni en 1955, ni en 1930, ni en 1921): una fuerza política alternativa popular antiimperialista verdadera y propia, pero cierto es también que tenemos la gran oportunidad de reflexionar sobre nuestras derrotas y frustraciones, sobre los porqué del golpe genocida y los porqué de la derrota electoral del 2015, y dotado de esos saberes, que conceptualicen nuestra propia práctica de organización y lucha, nuestro pueblo podrá pararse al fin sobre sus propios puntos de apoyo y enfrentar con éxito a los golpistas de ayer y sus herederos.
Una reflexión que para nada es similar a aquella que hacíamos en los tristes días posteriores al 76. No creo que las analogías históricas sean buenas. Ni este es el regreso a ninguna etapa histórica anterior ni el pueblo argentino está en la situación en que se encontraba tras el golpe del 55 o el 76, ni siquiera luego del triunfo de Menem.
Si como decía Foucault, el derecho genera verdad, hay una importante parte de la sociedad que aprendió a resignificar la historia de las luchas obreras y populares, supo de héroes y de villanos y de luchas americanas como pocas veces antes. Supo que la única lucha que se pierde es la que se abandona y sabe también que el Poder sabe que el pueblo puede. Y podrá. Hasta ese momento seguiremos portando nuestros muertos y nuestros desaparecidos con nosotros. Para que nadie ni nada sea olvidado y al momento de la victoria, podamos pararnos sobre sus hombros para alcanzar, al fin, el cielo por asalto.
José Ernesto Schulman
Notas:
[1] http://www.clarin.com/politica/Verbitsky-Macri-18F-marcha-derecha_0_1307269495.html
[2] http://cronicasdelnuevosiglo.com/2015/11/26/el-gabinete-del-ingeniero-macri-como-reivindicacion-historica-de-carlos-marx-2/
José Ernesto Schulman. Secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre
domingo, 28 de febrero de 2016
Dos años de lucha de Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto
"Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto", es un grupo independiente y autoconvocado que los 25 de cada mes realiza "acciones directas, de concientización colectiva, de mostrar y denunciar el extractivismo salvaje al que nos están sometiendo todos los gobiernos, sin importar sus banderas, con una entrega y destrucción sistemática de nuestros territorios y salud", tal como se definen. El pasado jueves 25 realizaron una nueva movilización desde la Casa de Córdoba porteña hasta el Obelisco, para que la empresa Monsanto retire su planta de la localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Y cumplieron dos años de actividades y marchas.
Difundimos texto de "Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto":
Dos años de acciones directas, de concientización colectiva, de mostrar y denunciar el extractivismo salvaje al que nos están sometiendo todos los gobiernos, sin importar sus banderas, con una entrega y destruccion sistematica de nuestros territorios y salud.
Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto es un grupo de independientes autoconvocados, que no se dejó cooptar por los vientos del falso progresismo al que sí se sumaron otros grupos y organizaciones de lucha, que se unieron de diferentes formas al proyecto político de quienes incentivaron los negocios con las corporaciones, que implantaron en el país un sistema de sacrificio de la población.
Entregaron nuestros suelos, agua y vida a las corporaciones y sus socios locales para llenar los bolsillos de la patria sojera. Monsanto, aliado a otras empresas transnacionales y nacionales, junto a la mafia de la agricultura genocida del país, están envenenando nuestro futuro, aniquilando nuestros bosques y montes nativos y contaminando el agua, el suelo y el aire para agrandar la frontera del agronegocio ecocida, pretendiendo imponer tambien unas leyes de semillas y agrotóxicos que serán nefastas para nuestro futuro.
Ante esta situación de aniquilamiento selectivo de las poblaciones rurales, y del envenenamiento de los alimentos que llegan a las ciudades, apoyamos todas las luchas en los territorios y seguiremos haciéndolo para lograr triunfar sobre los planes de muerte de las corporaciones y de sus socios polÍticos.
Exigimos alimentos sin tóxicos, semillas libres, soberanía alimentaria ya!
NO NOS PATENTEN LA VIDA!! PAREN DE FUMIGAR!! FUERA MONSANTO!!!
Jáchal de pie contra la megaminería
El pueblo de Jáchal sigue atento a los diferentes informes que se van conociendo sobre el estado de los ríos de aquel departamento. Es que desde el derrame de solución cianurada, la población vive preocupada por los recursos hídricos del lugar. Luego de la publicación del informe de la Policía Federal, la Asamblea Jáchal No se Toca manifestó su intranquilidad por la impunidad con la que goza Barrick Gold, y volvieron a exigir el cierre, remedio y la prohibición de la megaminería a cielo abierto.
El gobernador Sergio Uñac ha demostrado ser la continuidad del giojismo en materia minera, ignorando los informes de diversos organismos como UnCuyo, UTN, entre otros, que certifican la contaminación de las cuencas del Rio Jáchal. A esto se suma el análisis de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina que dio a conocer el diario La Nación, y que confirma la presencia de componentes tóxicos en cinco ríos. De esta manera, el informe afirma que "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total.” Además explica que “estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación".
Luego de haberse conocido este estudio, la Asamblea Jáchal No se Toca expresó en un comunicado que “nuestra posición y sospechas han sido ratificadas por diferentes organismos convocados por distintos entes para investigar el caso”. A su vez declaran que “no hubo ninguna explicación del gobierno provincial, ni del nacional, de esta gestión y de la anterior. En Jáchal seguimos esperando el informe oficial.” Mientras el primer mandatario de San Juan elude al pueblo jachallero, miles de familias tienen una enorme inquietud por su salud y el futuro de las próximas generaciones. De esta forma incumple un derecho humano básico: “derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras...”, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Todavía no existe ningún tipo de solución para la ciudadanía por parte del Estado, ya que nuestros dirigentes responden inmediatamente a los pedidos de las multinacionales mineras mediante la baja de retenciones. Lamentablemente esto es una exhibición del papel semicolonial que juega la Argentina en el concierto de las naciones del mundo.
Guillermo Alamino para ANRed
Tres botones de muestra de la renovada impunidad
En apenas 48 horas, tres noticias vinculadas a crímenes de estado contra la clase obrera nos sacudieron. Dos de ellas vinculadas al ataque criminal que costó la vida al compañero del PO Mariano Ferreyra; la otra, al asesinato, también en la represión a una protesta, del docente Carlos Fuentealba. Tres botones de muestra de la hora que nos toca transitar, y un mismo mensaje. Necesitamos más unidad, más organización, más, mucha más lucha.
El jueves al mediodía empezó a circular la noticia de la salida de prisión del burócrata José Pedraza, asesino de Mariano Ferreyra, gracias al privilegio -sistemáticamente negado a la enorme mayoría de presos pobres, viejos o enfermos, con o sin condena- que le otorgaron dos jueces subrogantes del Tribunal Criminal nº 21, de irse a su casa con menos de un tercio de la pena impuesta cumplida.
El único fundamento objetivo de la resolución es que Pedraza engordó 10 kilos desde su detención, y que, por las complicaciones naturales de la edad (72 años), necesita hacer dieta, ejercicio y tener controles médicos. Nada, como dictaminaron los profesionales del Cuerpo Médico Forense, que no pueda hacer en prisión.
Pero su médico personal, ofrecido como perito de parte, resultó más convincente para los jueces Liliana Barrionuevo y Horacio Barberis, y la fiscal Luz Jalbert. Contra toda lógica normal, le dieron su bendición para que vaya a vivir bajo el cuidado de su esposa, Graciela Coria, en su lujoso piso 35 de la torre de la calle Bulnes entre Libertador y Cerviño, en pleno Palermo Chico.
Casi al mismo tiempo que nos empezábamos a indignar por el descarado privilegio que sólo alguien como Pedraza (empresario, amigo del poder, burócrata enriquecido a costa de los trabajadores ferroviarios) obtiene de un juez, llegaba desde Neuquén el segundo botón de muestra. La causa conocida como “Fuentealba II”, en la que se debían investigar las responsabilidades políticas por el asesinato del maestro, más allá de la autoría material del policía Poblete, fue cerrada por la aplicación de una norma interna del poder judicial neuquino, que establece un plazo de caducidad de dos años para las acciones penales iniciadas antes de la última reforma procesal. Cuestión de dilatar un poco el trámite de las causas que molestan, y listo.
Cuando volvíamos de repudiar frente a los tribunales el beneficio extraordinario concedido a Pedraza, nos encontramos con la tercera novedad, en la llamada “Causa Coimas”, esa que se desprendió de la investigación del crimen de Barracas cuando las escuchas telefónicas develaron la trama para comprar la impunidad de la patota, al módico precio de u$s50.000.
Como si fuera el guión de una película mala, se mezclaban en el argumento un ex juez federal devenido defensor particular de la patota; un secretario de la Cámara Criminal, de doble apellido ilustre con dos o tres generaciones en los despachos judiciales; un enigmático agente de inteligencia que se presentaba como “asesor de la Presidencia de la Nación”, tres jueces de la Cámara de Casación, el tesorero del Belgrano Cargas, el propio Pedraza y su secretaria.
El plan era sencillo: se había dictado el procesamiento de los primeros siete imputados en el crimen de Mariano Ferreyra, el sicario “Harry” Favale, el burócrata de la Línea Roca Pablo Díaz y parte de la patota de la Unión Ferroviaria. Los defensores habían interpuesto recurso de apelación, que sería sorteado en la Cámara para ver qué sala tocaba. El traficante de influencias y funcionario del poder ejecutivo, Juan José Riquelme, se contactó con el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid, abogado de la UF, para venderle la llegada a una sala “permeable” que, por unos pesos (no pocos, por cierto), revocaría el procesamiento y la prisión preventiva. La plata la ponían los directivos del Belgrano Cargas, Ángel Stafforini y Susana Planas, con la bendición de Pedraza. El asunto incluía al secretario de Cámara Luis Ameghino Escobar, apodado en los diálogos teléfónicos “el señor de las teclas”, porque era el encargado, teclado de computadora mediante, de hacer magia en el sorteo, para que fuera a la sala integrada por los jueces Eduardo Rafael Riggi, Mariano González Palazzo y Wagner Gustavo Mitchell, los “permeables”.
Todos están camino al juicio oral, con procesamiento firme, menos los camaristas federales. Mitchell falleció muy oportunamente. Hoy, el juez federal Norberto Oyarbide, el de la corta estatura y la larga historia, decidió sobreseer tanto a Riggi como a González Palazzo, porque entendió que las llamadas telefónicas del “intermediario” Riquelme con el juez Riggi eran simples contactos sociales, y en realidad él y su camarada de sala no sabían nada del dinero que les estaba destinado, que fue encontrado en un sobre en la caja de seguridad del estudio de Aráoz de Lamadrid.
Un arresto domiciliario, una causa cerrada sin responsabilidades políticas, dos camaristas libres de toda mácula.
Tres botones de muestra de la renovada impunidad, tres motivos más para profundizar la lucha, organizados y en unidad de acción.
Correpi.
sábado, 27 de febrero de 2016
El pago a los buitres es 18,5 veces el presupuesto del salario docente
El gobierno se prepara para cerrar el acuerdo con los buitres. La suma supera de un zarpazo, y con nueva deuda, varias veces el rubro del gasto en partidas de educación, salud y vivienda.
El costo actual de salir del default, para volver a endeudar al país, es de 15 mil millones de dólares. Y en ese mismo acto, comenzaría el festival de bonos. Matando dos pájaros de un tiro, el gobierno de Macri emitirá deuda nominada en dólares para honrar la deuda pasada y así “insertarse” en los mercados financieros. Ayer, el juez Griesa rechazó el pedido de uno de los fondos buitres más duros comandados por Paul Singer, NML, de posponer la audiencia que se realizará entre el gobierno y los acreedores el próximo martes primero de marzo.
En las puertas de una nueva entrega, el macrismo se asegura las condiciones para “garantizarla”: migajas para los docentes, techos a las paritarias, endurecimiento de los despidos, tarifazos y frenazo a la economía. Un ajuste sobre los trabajadores en toda la línea.
Esta semana el gobierno dio a conocer su intención de colocar bonos públicos en dólares para saldar la deuda total que estimó en U$S 20.000 millones. En ese monto se incluiría el pago a los holdouts (acreedores que no entraron a las reestructuraciones de 2005 y 2010) que aceptaron el preacuerdo establecido recientemente en Nueva York, y otros U$S 8500 millones que comprenden la deuda en manos de bonistas europeos y aquellos que aún no tienen sentencia a favor. La emisión rondaría entonces los U$S 15.000 millones.
Al tipo de cambio con el que cerró la cotización de ayer, esta entrega a los buitres equivale a 18,5 veces el monto presupuestado para todas las remuneraciones en educación y cultura del 2016, significa 7,62 veces el gasto nacional en vivienda y urbanismo, el 2,82 veces el gasto en salud y el 37 % de las erogaciones anuales en prestaciones a la seguridad social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares).
La supuesta “quita” del 25 %, que el gobierno intenta hacer pasar como una “exitosa” negociación para lograr aceptación social, no es más que el reconocimiento de 120 a 130 dólares por cada 10 dólares que invirtieron los buitres aprovechando la devaluación de los títulos públicos en medio de la crisis argentina. La radiografía de la deuda muestra un historial de afecciones recurrentes, en la que cuanto más se paga, más se agranda el “compromiso”.
El arreglo con los tenedores de deuda es solo la frutilla de un postre elaborado lentamente todos estos años en la cocina kirchnerista. La salida del default, esa especie de Veraz internacional que encarece el crédito y espanta a los nuevos buitres perjudicando la estrategia oficial, implica contabilizar una carga aún mucho más pesada sobre las espaldas populares. Los “pagos seriales de deuda” iniciados en la administración Kirchner, una de las tantas políticas de “recomposición de las instituciones” del régimen cuestionado en el 2001, alcanzaron más de U$S 200.000 millones reconocidos oficialmente por la anterior gestión.
Mientras en Nueva York continuaba la novela entre Singer, Griesa y Pollack, la paritaria nacional docente cerró ayer con un acuerdo que coloca al salario inicial a $ 8.500 en agosto, casi la mitad del costo de la canasta mínima familiar que asciende a $16.317. El incremento del costo de vida se acelera mes a mes, escalando $578 en enero cuando aún no habían impactado los tarifazos de luz.
Según un informe de la consultora Elypsis, el salario real promedio se contraerá un 3,5 % en el primer trimestre del año, lo que indudablemente implica golpes más abruptos para el tercio de los trabajadores que está en negro y para los sectores más vulnerables. La única cuenta que cierra para el gobierno es aquella que saca del bolsillo de los trabajadores y va a parar a las arcas de los especuladores, los exportadores y los grandes grupos económicos.
Ante la inminente consumación del pago millonario a los buitres, a la par que se acentúa el ajuste y la represión sobre los trabajadores, se requiere una urgente organización y movilización popular que rechace el pago de la deuda externa ilegítima, usurera e ilegal. No se trata de un “contrato” que debe ser honrado, ni un compromiso que asumieron todos los argentinos, la deuda externa es un mecanismo de explotación que agrava las condiciones del atraso económico y la dependencia de las potencias extranjeras. La clase trabajadora tiene la tarea de tirar abajo el acuerdo con los fondos buitre y decirle NO al pago de la deuda externa.
Lucía Ruiz
Paritarias: a los docentes las cuentas no les cierran
Tras la paritaria nacional las clases no comienzan en seis provincias y en importantes distritos de Provincia de Buenos Aires. Las cuentas no cierran para los docentes, que desafían el techo salarial.
El día de ayer el juez Thomas Griesa ratificó la convocatoria a la audiencia del 1º de marzo, y los diarios internacionales anuncian que se está al borde del fin del default. Estamos en la antesala de una nueva gran entrega al capital financiero internacional. Lo que el gobierno de Mauricio Macri se dispone a firmar, luego de que logre levantar en el Congreso Nacional la llamada “Ley cerrojo”, implica el pago de 15.000.000.000 de dólares.
Esa fabulosa masa de recursos se suma a la serie de medidas que el gobierno nacional ya ha tomado a favor de los grandes empresarios, como la devaluación, o la eliminación y rebaja de retenciones a distintos sectores.
El revés del decorado, es que el gobierno de los CEO´s no tiene más que medidas de ajuste para el pueblo trabajador, como se ve día a día en la inflación que licúa los salarios, en los despidos, o en los tarifazos, acompañados de un protocolo antipiquetes para reprimir la protesta social.
La paritaria docente es un nuevo ejemplo de esta situación. Todo su desarrollo fue un papelón. El gobierno nacional, finalmente, después de idas y vueltas, volvió a plantear la misma oferta salarial que la semana pasada había retirado de la discusión. La misma implica una recomposición del 40,2 % en dos tramos para los salarios iniciales más bajos, es decir, para 55.000 docentes de siete provincias. Una minoría en todo el país.
Mientras que esta semana el oficialista diario Clarín anunciaba que una familia tipo de un matrimonio con 2 hijos menores necesitó en enero $ 16.317,92 para cubrir los costos de la canasta básica de consumo, a los docentes de salarios iniciales les “ofrecieron” vivir en abril con $ 7800, llegando en agosto a $ 8500, cubriendo con este monto menos de la mitad de las necesidades básicas.
Para todo el resto de los docentes del país, la paritaria nacional implicó llevarlos a una situación de negociación en las provincias por debajo de la inflación.
En este marco, la situación es dispar en las provincias. En algunas de ellas comenzarán las clases el lunes, y en otras no. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén ya votaron no iniciar las clases.
En provincia de Buenos Aires y CABA se sintió el rechazo a la oferta del gobierno
Después de la gran estafa en la paritaria nacional donde el gobierno retiró su propia oferta, la paritaria bonaerense quedo en stand by hasta el día de ayer en el que Vidal pasó de ofrecer el 24,1 % al 34,55 % en tres tramos.
La oferta contempla un sueldo inicial de 7904 en febrero, que llegaría a 8846 en marzo y a 9801 en julio. Este aumento del porcentaje ofrecido, que pone en crisis el tan mentado techo salarial del 25 %, es reflejo de la preocupación gubernamental a que se desate un conflicto de magnitud con los docentes, que en 2014 protagonizaron la gran huelga de 17 días, y que mostraron su predisposición a luchar en la jornada del 24F donde se movilizaron junto a los estatales y hubo un paro masivo en las seccionales de izquierda.
Sin embargo, la oferta continúa sin ajustarse a las necesidades de los maestros, ya que recién en agosto alcanzaría la mitad del valor de la canasta familiar. Esto se hizo sentir en la Provincia, a pesar de que la conducción de Baradel y el resto del Frente Gremial (FGD), impulsaron una "consulta" exprés sin convocar a asambleas donde se pueda evaluar de forma democrática la propuesta presentada y allí decidir las medidas a seguir.
Las seccionales de izquierda llamaron a rechazar y desconocer dicho plebiscito, y convocaron a asambleas distritales donde se votó masivamente el rechazo a la propuesta y se convocó a no iniciar las clases, empalmando con el paro de estatales convocado por ATE para el día lunes.
Este clima de malestar con la oferta del gobierno se extendió a lo largo de la Provincia. La idea de Baradel de legitimar mediante un plebiscito antidemocrático lo que él ya había arreglado por arriba, terminó resultándole un tiro por la culata, ya que en distritos dirigidos por la lista Celeste, lista que él conduce, ganó el rechazo. Esto se dio en distritos de importancia como Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, Mar del Plata, José C. Paz, Ituzaingó, General Rodriguez, Mercedes.
Lo que queda claro es que hay fuerza para pelear por más, y que hay descontento con la oferta que resulta insuficiente. Las conducciones del la CTERA y el FGD vienen manteniendo una tregua con el gobierno sin llamar a una sola medida, sentándose a negociar sin consulta a la base y pretendían acordar del mismo modo, pero se encuentran en un brete ya que la exigencia de asambleas en toda la provincia para discutir un plan de lucha fue extendida, donde los SUTEBA de izquierda vienen estando a la cabeza, en cuyas seccionales se dieron las únicas instancias democráticas de discusión donde se expresaron los docentes y manifestaron su voluntad a parar y poner en pie un plan de lucha que sea la continuidad de la jornada del 24F.
En diálogo con LID, Nathalia González Seligra, secretaria de DDHH de Suteba Matanza y diputada electa por el PTS/FIT expresó: "Hoy se reúnen los Secretarios Generales de los Suteba, que pretenden de forma antidemocrática decidir por el conjunto de la docencia, con esa consulta express que llamaron entre gallos y medianoche y que no tenemos ninguna certeza de cuál va a ser su método de fiscalización, con su método fraudulento y antidemocrático pretenden acallar la voz de los docentes. Nosotros desde las seccionales de izquierda le exigimos que rompa ya la tregua, convocando a asambleas y plenario provincial de delegados para poner en pie un plan de lucha serio, lo mismo le cabe a la Ctera que deja aisladas a las provincias que siguen en conflicto. Desde los Suteba combativos que votamos no iniciar, este lunes nos movilizamos junto a los estatales de ATE, como polo diferenciado con nuestras propias banderas".
En Ciudad de Buenos Aires, donde la oferta implica recién en septiembre un aumento del 22,7 % a las sumas en blanco, completándose con un 3,7 % en negro pagado por Ciudad y un 6,5 % en negro pagado por Nación, Ademys llamó a rechazar el acuerdo y no iniciar las clases. Convoca a un paro de 24hs y movilización al mediodía en el microcentro porteño y una asamblea para definir las acciones a seguir, luego de la movilización. Esta propuesta fue en primera instancia discutida y votada por unanimidad en una asamblea abierta de docentes el día martes, con más de doscientos compañeros y compañeras representantes de las escuelas.
En el día de ayer, en un plenario con 600 delegados y afiliados a UTE-Ctera votaron por unanimidad rechazar el aumento salarial de Larreta, por considerarlo insuficiente. En forma contradictoria y dando tregua al gobierno, la conducción celeste llamó a no parar y a elaborar un "plan de lucha", pero con vuelta a clases. Ante semejante nivel de contradicción por parte de la celeste, que llama a rechazar pero a no hacer nada, un tercio de los delegados presentes y con mandatos de base de las escuelas que expresaban la bronca de los compañeros y compañeras, votó la propuesta del Frente Multicolor de no inicio de clases con paro y movilización. Los delegados allí presentes indicaron que confluirán junto con Ademys, los Suteba combativos y todas las provincias que están en pie de lucha.
Paula Akerfeld
Delegada SUTEBA Tigre
El día de ayer el juez Thomas Griesa ratificó la convocatoria a la audiencia del 1º de marzo, y los diarios internacionales anuncian que se está al borde del fin del default. Estamos en la antesala de una nueva gran entrega al capital financiero internacional. Lo que el gobierno de Mauricio Macri se dispone a firmar, luego de que logre levantar en el Congreso Nacional la llamada “Ley cerrojo”, implica el pago de 15.000.000.000 de dólares.
Esa fabulosa masa de recursos se suma a la serie de medidas que el gobierno nacional ya ha tomado a favor de los grandes empresarios, como la devaluación, o la eliminación y rebaja de retenciones a distintos sectores.
El revés del decorado, es que el gobierno de los CEO´s no tiene más que medidas de ajuste para el pueblo trabajador, como se ve día a día en la inflación que licúa los salarios, en los despidos, o en los tarifazos, acompañados de un protocolo antipiquetes para reprimir la protesta social.
La paritaria docente es un nuevo ejemplo de esta situación. Todo su desarrollo fue un papelón. El gobierno nacional, finalmente, después de idas y vueltas, volvió a plantear la misma oferta salarial que la semana pasada había retirado de la discusión. La misma implica una recomposición del 40,2 % en dos tramos para los salarios iniciales más bajos, es decir, para 55.000 docentes de siete provincias. Una minoría en todo el país.
Mientras que esta semana el oficialista diario Clarín anunciaba que una familia tipo de un matrimonio con 2 hijos menores necesitó en enero $ 16.317,92 para cubrir los costos de la canasta básica de consumo, a los docentes de salarios iniciales les “ofrecieron” vivir en abril con $ 7800, llegando en agosto a $ 8500, cubriendo con este monto menos de la mitad de las necesidades básicas.
Para todo el resto de los docentes del país, la paritaria nacional implicó llevarlos a una situación de negociación en las provincias por debajo de la inflación.
En este marco, la situación es dispar en las provincias. En algunas de ellas comenzarán las clases el lunes, y en otras no. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tierra del Fuego, Chubut y Neuquén ya votaron no iniciar las clases.
En provincia de Buenos Aires y CABA se sintió el rechazo a la oferta del gobierno
Después de la gran estafa en la paritaria nacional donde el gobierno retiró su propia oferta, la paritaria bonaerense quedo en stand by hasta el día de ayer en el que Vidal pasó de ofrecer el 24,1 % al 34,55 % en tres tramos.
La oferta contempla un sueldo inicial de 7904 en febrero, que llegaría a 8846 en marzo y a 9801 en julio. Este aumento del porcentaje ofrecido, que pone en crisis el tan mentado techo salarial del 25 %, es reflejo de la preocupación gubernamental a que se desate un conflicto de magnitud con los docentes, que en 2014 protagonizaron la gran huelga de 17 días, y que mostraron su predisposición a luchar en la jornada del 24F donde se movilizaron junto a los estatales y hubo un paro masivo en las seccionales de izquierda.
Sin embargo, la oferta continúa sin ajustarse a las necesidades de los maestros, ya que recién en agosto alcanzaría la mitad del valor de la canasta familiar. Esto se hizo sentir en la Provincia, a pesar de que la conducción de Baradel y el resto del Frente Gremial (FGD), impulsaron una "consulta" exprés sin convocar a asambleas donde se pueda evaluar de forma democrática la propuesta presentada y allí decidir las medidas a seguir.
Las seccionales de izquierda llamaron a rechazar y desconocer dicho plebiscito, y convocaron a asambleas distritales donde se votó masivamente el rechazo a la propuesta y se convocó a no iniciar las clases, empalmando con el paro de estatales convocado por ATE para el día lunes.
Este clima de malestar con la oferta del gobierno se extendió a lo largo de la Provincia. La idea de Baradel de legitimar mediante un plebiscito antidemocrático lo que él ya había arreglado por arriba, terminó resultándole un tiro por la culata, ya que en distritos dirigidos por la lista Celeste, lista que él conduce, ganó el rechazo. Esto se dio en distritos de importancia como Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, Mar del Plata, José C. Paz, Ituzaingó, General Rodriguez, Mercedes.
Lo que queda claro es que hay fuerza para pelear por más, y que hay descontento con la oferta que resulta insuficiente. Las conducciones del la CTERA y el FGD vienen manteniendo una tregua con el gobierno sin llamar a una sola medida, sentándose a negociar sin consulta a la base y pretendían acordar del mismo modo, pero se encuentran en un brete ya que la exigencia de asambleas en toda la provincia para discutir un plan de lucha fue extendida, donde los SUTEBA de izquierda vienen estando a la cabeza, en cuyas seccionales se dieron las únicas instancias democráticas de discusión donde se expresaron los docentes y manifestaron su voluntad a parar y poner en pie un plan de lucha que sea la continuidad de la jornada del 24F.
En diálogo con LID, Nathalia González Seligra, secretaria de DDHH de Suteba Matanza y diputada electa por el PTS/FIT expresó: "Hoy se reúnen los Secretarios Generales de los Suteba, que pretenden de forma antidemocrática decidir por el conjunto de la docencia, con esa consulta express que llamaron entre gallos y medianoche y que no tenemos ninguna certeza de cuál va a ser su método de fiscalización, con su método fraudulento y antidemocrático pretenden acallar la voz de los docentes. Nosotros desde las seccionales de izquierda le exigimos que rompa ya la tregua, convocando a asambleas y plenario provincial de delegados para poner en pie un plan de lucha serio, lo mismo le cabe a la Ctera que deja aisladas a las provincias que siguen en conflicto. Desde los Suteba combativos que votamos no iniciar, este lunes nos movilizamos junto a los estatales de ATE, como polo diferenciado con nuestras propias banderas".
En Ciudad de Buenos Aires, donde la oferta implica recién en septiembre un aumento del 22,7 % a las sumas en blanco, completándose con un 3,7 % en negro pagado por Ciudad y un 6,5 % en negro pagado por Nación, Ademys llamó a rechazar el acuerdo y no iniciar las clases. Convoca a un paro de 24hs y movilización al mediodía en el microcentro porteño y una asamblea para definir las acciones a seguir, luego de la movilización. Esta propuesta fue en primera instancia discutida y votada por unanimidad en una asamblea abierta de docentes el día martes, con más de doscientos compañeros y compañeras representantes de las escuelas.
En el día de ayer, en un plenario con 600 delegados y afiliados a UTE-Ctera votaron por unanimidad rechazar el aumento salarial de Larreta, por considerarlo insuficiente. En forma contradictoria y dando tregua al gobierno, la conducción celeste llamó a no parar y a elaborar un "plan de lucha", pero con vuelta a clases. Ante semejante nivel de contradicción por parte de la celeste, que llama a rechazar pero a no hacer nada, un tercio de los delegados presentes y con mandatos de base de las escuelas que expresaban la bronca de los compañeros y compañeras, votó la propuesta del Frente Multicolor de no inicio de clases con paro y movilización. Los delegados allí presentes indicaron que confluirán junto con Ademys, los Suteba combativos y todas las provincias que están en pie de lucha.
Paula Akerfeld
Delegada SUTEBA Tigre
Bochazo en Medicina de la UNCuyo: el 94% de los aspirantes no aprobó el examen de ingreso
De 1540 aspirantes a la carrera de Medicina, solamente 95 aprobaron el examen de ingreso, con lo cual quedó afuera casi el 94% de los inscriptos. Las autoridades dispusieron nuevamente un examen eliminatorio, pese a la modificación de la Ley de Educación Superior aprobada en el Senado de la Nación.
El pasado martes se dio a conocer la lista de ingresantes a primer año de Medicina. De 1540 inscriptos sólo 95 aprobaron los exámenes de ingreso, a pesar que dichos exámenes son ilegales a partir de las modificaciones a Ley de Educación Superior que sancionó el Senado a fines del año pasado. El artículo 50, que dejaba librado a la decisión de cada facultad el mecanismo de ingreso, se modificó para establecer que de ninguna manera podían tomarse exámenes eliminatorios o fijar cupos de ingresantes. Sin embargo, estas modificaciones no se reglamentaron, ni fueron tenidas en cuenta en el presupuesto nacional que aprobaron conjuntamente el PRO y el FPV para 2016.
Como sucede desde hace décadas, cientos de jóvenes que quieren acceder a la carrera de Medicina en la UNCuyo son limitados por los exámenes de ingreso, verdaderos filtros que son ajustados por las autoridades para mantener un cupo encubierto. Es de conocimiento popular que el ingreso a Medicina se caracteriza por dejar todos los años a cientos de ingresantes afuera de la Facultad. Luego de que en 2014 se quitara el cupo, ingresó un 20% menos de estudiantes que los años anteriores, dejando en evidencia que el “cupo” lo mantienen a través de los exámenes.
Este año hubo 25% más desaprobados que en el 2015, reafirmando que sin importar que actualmente sean ilegales los exámenes de ingreso eliminatorios, los siguen tomando y hacerlos más restrictivos aún. Para las autoridades universitarias parece que el colapso de la educación pública es responsabilidad de los jóvenes que desean estudiar, y que no tiene responsables políticos. El constante desfinanciamiento, combinado con la avanzada –permitida por los gobiernos- del lobby farmacéutico y de la medicina privada, establecen la verdadera escala de valores de la salud pública: quien puede pagar es quien tiene “el derecho a la vida y la salud”. Los intereses que defienden no son otros que los intereses empresarios de la educación, dueños de las universidades privadas y de los pre-universitarios privados, y el de mantener a Medicina como una carrera de elite, donde los hijos de los trabajadores no pueden ni soñar con ingresar. Para hacer un pre-universitario privado se necesitan al menos 20.400 pesos, ya que las cuotas mensuales son de 1.700 pesos durante 12 meses. La cuota de Medicina en una universidad privada ronda los 3000 pesos mensuales. Mientras tanto, crece la crisis del sistema de salud pública en Mendoza, donde faltan profesionales, insumos e infraestructura para atender las necesidades de la población y las condiciones de trabajo y atención son cada día más precarias.
Sin duda la modificación de la LES entusiasmó a miles de jóvenes que aspiraban ingresar a la facultad. Pero sólo depende de la organización de los estudiantes, docentes y no docentes hacer efectivo nuestro derecho. Hay que retomar las banderas del movimiento estudiantil combativo que en los ´70 fue vanguardia de la lucha por el ingreso irrestricto y el acceso de los trabajadores a la universidad, como en la misma Facultad de Ciencias Médicas. Como el movimiento estudiantil y de los trabajadores de la educación que en los ´90 enfrentaron las leyes educativas de Menem que el kirchnerismo mantuvo vigentes.
Esta situación tiene responsables políticos, que van desde el Gobierno Nacional a los funcionarios de las universidades, con la complicidad de las direcciones estudiantiles burocráticas como Franja Morada que dirige la Federación Universitaria de Cuyo o la Agrupación ANDES que dirige el CECiMe y que no se han molestado en tomar parte siquiera de la discusión. Es necesario que la FUC y los Centros de Estudiantes se pronuncien en contra de estos ataques y llamen a organizar un plan de acción en defensa de la educación pública, junto a los trabajadores que están enfrentando el ajuste, los despidos y la represión.
Matías Alvarado
Conmoción bancaria y derrumbe petrolero: ¿qué hay detrás?
Hechos que tomaron la posta. Las razones de la banca y del petróleo. Luz sobre los eslabones débiles. China y Estados Unidos tienen mucho que decir.
Un particular desconcierto del mainstream sobresale en el actual momento de la crisis económica mundial. Lamentos con cierto dejo “tanguero” tales como que ya nunca volveremos a lo que antes de 2008 pensábamos como normal, o quién sabe qué podría explicar lo que está sucediendo, se vuelven lugares comunes. Lo que acontece en la superficie es que desde hace varios años, el crecimiento económico, la inversión, la productividad, entre otras variables, no están respondiendo –sobre todo en los países centrales- al comportamiento “esperado”. Dicho de manera muy sencilla, luego de una recesión significativamente profunda como la de 2009 y con la magnitud de estímulos monetarios implementados, gran parte de los economistas suponía que el crecimiento económico en algún momento respondiera a la lógica del “ciclo” elevándose por encima de la tendencia pronosticada antes de la crisis. Esto no sólo no sucedió, sino que el crecimiento se ubicó por debajo de dicha tendencia. Para colmo de males, a siete años de la caída de Lehman, el anhelo de luz al final del túnel –que a nadie se le niega- comenzó a trocarse por el fantasma de una nueva recesión –o, como mínimo, de una nueva desaceleración.
Si al menos las causas superficiales e inmediatas del inicio de la crisis en 2008 o del posterior episodio europeo, resultaron más o menos diáfanas, en la situación actual las cosas se ponen de manifiesto de una manera bastante más caótica. Dentro del desorden, la persistente y pronunciada caída del precio del petróleo y el particular desplome de las acciones bancarias en los recientes descensos bursátiles, tomaron la posta en las primeras semanas del año. Pero ¿qué hay detrás de esos hechos?
Hace unos días, desde esta misma columna, señalábamos que si durante los últimos años el crecimiento chino –y sus derivaciones- había actuado como “costado real” de las masas de dinero barato enviadas al mundo por los países centrales, la reversión de esta sinergia entre “lo financiero y lo real”, estaba poniendo ahora de relieve el “costado ineficaz” de las políticas monetarias y amplificando los riesgos de un apalancamiento bancario que se sostuvo durante años. Desde esta misma idea ensayaremos aquí un primer abordaje tanto de la cuestión bancaria como petrolera.
¿Por qué salta la banca?
Dejemos hablar a Martin Wolf quién en su columna de Financial Times del 16 de febrero y bajo el título “Los bancos siguen siendo los eslabones débiles de la cadena económica”, indaga el porqué de la debilidad actual de los bancos. Se pregunta Wolf la causa que explica que durante los desplomes bursátiles que tuvieron lugar desde principios de año, las acciones del sector bancario hayan caído de forma particularmente pronunciada. Mientras en Estados Unidos el índice Standard & Poors 500 acumuló una caída del 7,5% entre el 4 de febrero y el 16 enero, el índice de acciones bancarias se derrumbó en un 16,1%. Durante el mismo período y para el caso de Europa, el índice FTSE Eurofist 300, cayó 9,5% mientras que el índice de acciones bancarias se desplomó en un 18,5%. La primera respuesta de Wolf es que una mirada de más largo plazo permite observar que las acciones bancarias no pudieron recuperar las enormes pérdidas sufridas como consecuencia de la crisis de 2007/9. Si el 15 de febrero de 2015, el índice S&P 500 se hallaba en un 23% por encima de su nivel del 2 de julio de 2007, el sector bancario de Estados Unidos se encontraba aún un 51% por debajo. Por su parte y reflejando la debilidad de la recuperación europea, el índice FTSE Eurofirst se mostraba en la misma fecha, aún un 21% por debajo de su nivel de 2007, pero su sector bancario se encontraba todavía un 71% abajo. Según Wolf el problema en parte podría explicarse por el hecho de que la relación precio-beneficio de las acciones ajustadas cíclicamente se halla –en particular en el mercado norteamericano- en niveles superados sólo durante los puntos más álgidos de las burbujas de los mercados de valores de 1929 y 2000. Por lo que sería posible que los inversores simplemente se estén dado cuenta de que los riesgos a la baja sobrepasan las posibilidades alcistas.
Sin embargo Wolf no parece conforme con esta explicación y oscila entre una fundamentación centrada en la debilidad endémica de los bancos y otra articulada alrededor del argumento de que es la actual fragilidad de la economía expresada desde múltiples flancos la que hizo saltar los fusibles de una banca que arrastra fuertes debilidades desde hace años, incluyendo un apalancamiento (relación entre préstamos y capital propio) que mantiene una relación de 20 a 1. En esta dualidad, Wolf parece inclinarse en un sentido similar al que formulamos en el apartado anterior. Pone de relieve como factores centrales explicativos tanto el fin de la euforia en relación con China como –y con un énfasis mayor- la circunstancia de que las economías de altos ingresos aún no se han recuperado de la crisis financiera y de la posterior crisis de la eurozona, tal como lo demuestran las extremadamente bajas tasas de interés. De modo tal que la continua presión deflacionaria, es lo que estaría echando luz sobre la situación de los bancos que son apuestas significativamente apalancadas en la economía. Si las economías están enfermas, remata, los bancos probablemente estén más enfermos aún. Y, lo que es peor, mientras más enfermos estén los bancos, más enfermas estarán las economías. Refuerza la idea con el argumento de que las preocupaciones sobre los bancos están centradas actualmente no sólo en el precio de las acciones sino particularmente en los precios de los bonos contingentes (“cocos”). Estos bonos que hicieron temblar al Deutsche Bank, Société Général y otros bancos europeos son al decir de Wolf, híbridos: deuda bancaria durante las épocas buenas que se convierten en acciones cuando las acciones ordinarias se vuelven demasiado pequeñas en relación con los balances de los bancos. Por otra parte –continúa Wolf- la amenaza de la deflación incrementa la probabilidad de tasas de interés negativas cuyo efecto sobre la salud de los bancos es preocupante.
Hace años que los bancos se mantienen apalancados y sin duda constituyen un eslabón débil, pero su fragilidad se vuelve un dato verdaderamente crítico cuando “el mundo de la economía real”, es decir el mundo en el que se produce efectivamente el valor y el plusvalor, comienza a enviar “señales negativas”. Parte de esas señales están dadas por la circunstancia de que China (y por consiguiente la mayor parte de los países llamados “emergentes”) ya no es el oasis para la inversión de capital de los países centrales que, aún con significativas debilidades, continuó siendo –y de manera ampliada- desde el año 2010. Por el contrario China se está convirtiendo progresivamente en un competidor por los espacios mundiales para la acumulación del capital. En un sentido similar y en gran parte como respuesta a la circunstancia de la sobreacumulación de capitales en China, los incrementos salariales y la consecuente caída de la tasa de ganancia, la política de los países centrales de inundar al mundo con dinero barato está encontrando sus límites. Estos límites tienen expresión tanto en la progresiva contracción de fondos inyectados en la economía por parte de la Reserva Federal norteamericana desde 2014, como en su actual intención de elevar las tasas de interés y en las tasas negativas que rigen en múltiples países centrales. Pero dicho más prosaicamente, toda esta maraña de asuntos se manifiesta en el acontecimiento de que el flujo de capital neto desde los países centrales con destino a los países “emergentes” cayó abruptamente durante el año pasado marcando su mayor declive en 30 años. La situación de los bancos no puede permanecer inmune a los efectos de esta tendencia que efectivamente termina “echando luz” sobre una debilidad endémica. Algo similar sucede con el funcionamiento de las llamadas “burbujas” como veremos a continuación.
Burbuja petrolera
Como también formulamos desde esta columna, la combinación entre las bajas tasas de interés en Estados Unidos -y demás países centrales- y la poderosa recuperación china, resultaron los factores determinantes que permitieron, a partir del año 2010, un nuevo ciclo acelerado de incremento de los precios de las materias primas tanto de origen agrícola, como mineral e industrial –incluyendo por supuesto al petróleo. Esta relación reprodujo en otro plano la mencionada “sinergia” entre el “costado financiero” y el “costado real” de la economía. Esa sinergia estimuló lo que en gran parte fue una burbuja montada sobre el precio de las materias primas que, a diferencia de la burbuja de las punto com o la inmobiliaria, se desarrolló fundamentalmente por fuera de los países centrales, a excepción del caso del petróleo y el gas de esquisto (shale gas y shale oil). Si bien el desarrollo del mercado petrolero en Estados Unidos, estuvo lejos de traccionar a la economía norteamericana como lo hicieron las burbujas anteriores, es innegable que cumplió un rol importante en el crecimiento –aún débil- de los últimos años.
Como apunta Alejandro Nadal desde La Jornada, en Estados Unidos “el boom del fracking hidráulico se acompañó de un feroz sobrendeudamiento por parte de las compañías gaseras y petroleras. Muchas de estas compañías pudieron financiarse a través de títulos de muy mala calidad e incluso de bonos chatarra. Con la promesa de que estaban iniciando la revolución energética que Estados Unidos había esperado desde hacía años, pudieron vender esos títulos a inversionistas incautos con la promesa de que mantendrían rendimientos altos durante mucho tiempo.”
Pero el precio del petróleo sufrió una contracción de alrededor de 72% con respecto a su valor de 108 dólares alcanzado en junio de 2014 mientras que el del gas se contrajo cerca del 40% durante los últimos 12 meses. Como resultante, no sólo economías como la de Rusia o Venezuela están atravesando crisis extremadamente profundas –y la amenaza se cierne sobre Bolivia- sino que el índice de compañías energéticas del S&P 500 de Estados Unidos acumuló una caída del 10% en lo que va del año y las acciones de empresas como Marathon Oil o Anadarko Petroleum, se desplomaron más del 20%.
Como también señala Nadal “Hoy que el precio del crudo no permite cubrir el costo de producción promedio en la mayoría de los sitios con instalaciones para el fracking hidráulico, el colapso de la industria se acelera. El número de instalaciones (rigs) de fracking en operación en Estados Unidos ha descendido de mil 864 en octubre de 2014 a unas 619 en enero de este año. Se estima que la mitad de las empresas petroleras en el negocio de fracking estadounidense va a tener que quebrar (…) Una parte significativa del crecimiento de la economía estadounidense después de la crisis de 2008 se debió a las inversiones del sector energético (y, en especial, del fracking). Pero cuando las empresas petroleras tienen que aplicar el freno de emergencia, el efecto de contracción, con todos sus multiplicadores, no tarda en manifestarse.”
La doble causa de la imposibilidad china de continuar sosteniendo el “modelo exportador” y su efecto amplificador sobre las contradicciones de la economía norteamericana, vuelven a ocupar un lugar central en la explicación del desinfle de la burbuja petrolera, sin por ello subestimar otras razones específicas. El menor crecimiento chino no sólo afecta directamente los precios de las materias primas -sobre todo industriales- sino que se impone como límite a la salida de dinero barato de Estados Unidos y otros países centrales en busca de ganancias que no pueden obtenerse en territorio propio. El retiro gradual de las medidas monetarias expansivas norteamericanas reforzó el proceso de reversión del flujo de capitales, incrementando el valor del dólar. Elementos que contribuyeron a su turno a la contracción de la parte especulativa que explica el incremento del precio de las materias primas incluido el petróleo. De modo que nuevamente, lo “real” aparece como límite de lo “financiero”. Y su combinación en un sentido “vicioso” posee un alto poder explicativo sobre muchos de los fenómenos que se manifiestan hoy como emergentes en este nuevo momento de la crisis económica mundial.
Paula Bach
La Izquierda Diario
Nunca más balas
Nunca más balas para terminar con una huelga obrera. Dentro de muy pocos años se va a cumplir el centenario de los fusilamientos de peones rurales patagónicos para terminar con su huelga de campo. Drama llevado a cabo nada menos que con un gobierno elegido por el pueblo, el del radical Hipólito Yrigoyen en 1921-1922.
Es hasta increíble. El fusilamiento de pobres peones patagónicos de los latifundios de Santa Cruz, cuyos dueños en gran parte eran ingleses, los llevó a cabo el 10 de caballería a las órdenes del teniente coronel Héctor Varela. Ni Hipólito Yrigoyen ni la Unión Cívica Radical se hicieron autocrítica por un hecho tan criminal. Al contrario, el mundo político se calló la boca. De eso no se habla. Las tumbas masivas de tantos trabajadores quedaron sin marcar.
Todo sube a la superficie con los cuatro tomos de mi libro La Patagonia rebelde y el film del mismo nombre que quedaron largo tiempo prohibidos. Por ellos, mi familia y yo sufrimos un largo exilio.
Pero los tiempos han cambiado y vivimos otra época. Para el centenario deben prepararse numerosos actos recordativos en la provincia de Santa Cruz y en los centros obreros de todo el país. Recordar a los valientes que pusieron su cuerpo para vivir con más dignidad. En ese sentido, es necesario desde ya aprovechar el tiempo que falta para el centenario de nuestra vida obrera para crear un ambiente de comprensión y respeto mutuo.
En las universidades argentinas deberían crearse materias en defensa de los derechos del pueblo, que en primer término ayuden a tomar conciencia de lo que fue la tragedia de la huelga del campo patagónico.
Debe también establecerse una fecha específica, que puede ser el día en que se inició la huelga, para recordar el hecho en las escuelas y colegios. Pronunciar el Nunca Más a la represión con armas de un movimiento de trabajadores. Y conmemorar cada año el aniversario de los fusilamientos de tantos hombres de campo. Una buena manera de hacerlo puede ser la exhibición del film La Patagonia rebelde, la versión auténticamente histórica de aquel accionar de las plomadas.
Es increíble que nada menos que el gobierno radical de Yrigoyen cometiera el pecado mortal contra el derecho, fusilar a los trabajadores en huelga. El partido Radical nunca intentó pedir disculpas a la República por ese pecado mortal. Se le debería exigir que lo haga como “certificado” para presentarse en las próximas elecciones. Porque la autocrítica también es un arma de la verdadera democracia.
Asimismo, el gobierno provincial debería marcar ya las tumbas masivas de los fusilados con un monolito verdadero. Eso sería un paso necesario y noble en el camino de defensa de la Democracia.
La mirada crítica debería extenderse también el accionar de todas las dictaduras que hemos tenido y una buena síntesis podría ser calificar como “traidor a la República” a cada uno de los dictadores y de los que ascendieron al poder por medios no democráticos. Abrir el ancho camino de una democracia cada vez más amplia y generosa. Y recordar siempre el lema “No hay verdadera democracia mientras haya villas miseria, no hay verdadera democracia con gente que no encuentra trabajo”. Crear trabajo es un deber de toda verdadera democracia.
Periódicamente los Institutos de enseñanza deberían invitar a integrantes de los organismos de derechos humanos para que hablen de sus luchas e ideales. No hay mejor maestro de la vida que aquellos que se dedicaron a estudiar la conducta humana y su derecho histórico. Eso es lo que se aprende de la experiencia histórica. Por eso es tan importante hacer conocer las huelgas de peones patagónicos y también que sea investigada la cobarde represión del estado argentino.
Poco a poco iremos así aumentando la verdadera democracia, reparando los terribles errores sufridos durante las continuas represiones llevadas a cabo en gobiernos elegidos por el pueblo.
Las balas de plomo que impactaron en el cuerpo de los peones rurales patagónicos, desaparecidos por el ejército argentino por orden del presidente Yrigoyen, quedarán para siempre en nuestra conciencia. Esperamos que ese recuerdo impacte a fondo en la realidad argentina, que exhibe en su historia muchas faltas como esa a pesar de que todos cantamos con fervor nuestro Himno Nacional: Oíd el grito sagrado; libertad, libertad, libertad. A ese grito sagrado se lo manchó para siempre con la sangre de peones rurales en aquel año de las huelgas patagónicas.
Osvaldo Bayer
Un peritaje oficial probó que cinco ríos de San Juan se contaminaron con cianuro
Fue como consecuencia del derrame en la mina Veladero; el informe lo hizo la Policía Federal
Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
El estudio había sido encargado por la justicia federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental.
La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia.
El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía. Ayer, este diario se comunicó con voceros de Barrick, que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje.
De acuerdo con este informe, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud" de la gente. También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA.
Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley. Los especialistas del INA también fueron citados. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña "dañina" del gobierno de Mendoza.
La más fuerte de las conclusiones del informe de la PFA es la última, que sostiene: "En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica". Y termina: "El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso".
En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso.
Paz Rodríguez Niell
La Nación
Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, provocó la contaminación de cinco ríos de la región.
"Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación", sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
El estudio había sido encargado por la justicia federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental.
La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia.
El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía. Ayer, este diario se comunicó con voceros de Barrick, que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje.
De acuerdo con este informe, "todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total"; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó "una excesiva concentración" de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
"Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico", advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones "pueden resultar dañosas para la salud" de la gente. También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA.
Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley. Los especialistas del INA también fueron citados. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña "dañina" del gobierno de Mendoza.
La más fuerte de las conclusiones del informe de la PFA es la última, que sostiene: "En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica". Y termina: "El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso".
En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso.
Paz Rodríguez Niell
La Nación
El empleo público en cifras
En el día de ayer administraciones y servicios del Estado nacional, provinciales y municipales se vieron paralizados y llenas las plazas de las principales ciudades del país. En Buenos Aires, una multitud de trabajadores bonaerenses y porteños de ATE, de otros sindicatos y organizaciones sociales desbordaron las calles, desde Plaza de Mayo hasta Tacuarí, incluidas las arterias diagonales.
Los trabajadores estatales contaron con la adhesión de sindicatos de la CTA Autónoma y de los Trabajadores. Entre ellos, los docentes de CONADU Histórica, la FND y CTERA; profesionales de la Salud de FESPROSA y CICOP y judiciales de la FJA.
Había también estibadores portuarios, periodistas del SIPREBA, trabajadores de Cresta Roja, ferroviarios, organizaciones territoriales, ambientales y de derechos humanos.
Al cierre del acto el Secretario General bonaerense, Oscar de Isasi, advirtió que “el poder pergeñó una ingeniería” para dividirlos y desalentarlos. “Nos dijeron para qué van a hacer paro, si no hay plata. Si sos precario, para qué marchar, si no sabés qué te puede pasar. Pero ver esta plaza, ver que los hospitales bonaerenses funcionaron hoy como un domingo, que los auxiliares de Educación no fueron a las escuelas, que la administración pública estuvo paralizada, que los astilleros estuvieron vacíos, me llena de orgullo”, expresó.
Por último, el Secretario General de provincia de Buenos Aires anunció que los estatales se movilizarán el 29 de febrero próximo a la Casa de Gobierno en La Plata, para acompañar la jornada de paro de los docentes y auxiliares de Educación.
De mala leche
En este marco la Vicepresidente, Gabriela Michetti, de visita en Brasilia, concedió una entrevista reproducida por Clarín, donde sostiene que “el gobierno anterior aumentó la planta de la administración pública nacional, provincial y municipal, en 1.500.000 de personas”.
Al respecto, Le Monde Diplomatique en su edición de febrero publica un artículo “El empleo público en debate” de la periodista Verónica Ocvirk, fundado en estadísticas y análisis de expertos en la materia. Veamos qué dicen sobre las cifras.
“La mayor parte del empleo público está hoy en las provincias y se trata de una dotación que en aproximadamente un 70% está formada por docentes, médicos y policías. La administración pública en realidad representa una cantidad de empleados bastante baja”, señala Maximiliano Rey, politólogo, co-profesor adjunto regular de la UBA y autor, junto a Horacio Cano y Arturo Laguado Duca, de El Estado en cuestión, una obra de publicación reciente que analiza las características de la administración pública argentina durante los últimos 50 años.
“Es cierto que la cantidad de empleados públicos creció en los últimos años. Pero también fue un período en el que el Estado se agrandó en el mejor sentido del término, ampliando su rol de regulación, diseminando delegaciones de distintos organismos por el territorio, creando universidades y recuperando empresas públicas. Aún así las cifras que indican la cantidad de empleados públicos no son una locura. A mi entender cuando se habla de “ñoquis” hay detrás una mirada ideológica, porque si bien puede haber sectores del Estado donde se trabaja de una forma más flexible, no es la generalidad de los casos”, advierte.
Otro trabajo, Metamorfosis del sector público nacional, que llevó a cabo el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en base a los empleados de la administración estatal -Presidencia, Ministerios, Congreso Nacional, Poder Judicial, organismos descentralizados y empresas estatales, sin considerar a los trabajadores municipales y provinciales-, contabilizó en 2015 un total de 773.000 empleados, casi 290.000 más que en 2003, cuando había solo 484.000.
El mayor incremento se registró en las empresas públicas. YPF con 22.000 empleados, la Administradora de Recursos Ferroviarios con 20.000, el Correo Argentino con 17.000, Aerolíneas Argentinas con 10.700 y Aguas y Saneamiento con 6.000. Se trata en general de trabajadores que eran contabilizados como empleo privado y que se convirtieron en empleados públicos a partir de la estatización de esas empresas.
En segundo lugar aparece la administración central, que creció un 44%, unos 100.000 trabajadores, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Poder Judicial.
Por último, en la administración descentralizada –ANSES, AFIP, PAMI y otros-, se incrementó un 41%, incorporando cerca de 90.000 empleados en los últimos 12 años.
Aclarado que 480.000 no es lo mismo que 1.500.000 como sostiene por ignorancia o de mala fe la vicepresidente, cabe preguntarse…
¿Es demasiado grande la planta de empleados públicos en Argentina?
El índice de trabajadores públicos de acuerdo a la población económicamente activa (PEA) puede ser un buen indicador para comparar con otros países. La cantidad de empleados estatales en Argentina, tomando en cuenta tanto a la Nación como a las provincias y municipios, se calcula en 3.700.000, lo cual, considerando una PEA de 22.000.000, arroja que cerca de un 17% de los argentinos trabajan en el Estado.
Esos valores demuestran que nuestro país no escapa a la media de la región latinoamericana y que está por debajo de los países desarrollados como Noruega (34%), Dinamarca (32%), Suecia (26%), Francia (22%), Canadá (20%) y el Reino Unido (18%).
Al observar la composición del empleo estatal argentino puede notarse que son las provincias las que han visto aumentar sus dotaciones de trabajadores de manera más significativa, en general por transferencias de personal de salud y educación desde la Nación en las últimas décadas.
Un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Cedlas-UNLP) analiza el papel central que ocupa el Estado en las sociedades y economías nacionales: “Provee servicios básicos como defensa y justicia, ofrece servicios sociales como educación y salud y con frecuencia participa en sectores productivos a través de empresas estatales. Para realizar este vasto conjunto de actividades el Estado emplea a un gran número de trabajadores: de hecho el sector público es, típicamente, el principal empleador en las economías modernas”.
Presentar la idea de un Estado agrandado desmedidamente, como lo hace Gabriela Michetti, persigue generar un clima de opinión favorable a los despidos.
Es normal que se dé cierto recambio en el plantel de empleados públicos al iniciarse una nueva gestión, incluso despidos puntuales en determinadas reparticiones, lo novedoso de la gestión macrista es que se cuentan por miles. Sobre el particular, en el día de ayer tuve oportunidad de entrevistar en la marcha de los estatales al ex diputado Claudio Lozano, que a través del Instituto de investigaciones económicas de la CTA-A, lleva registrados más de 28.000 despidos de empleados públicos. A lo que se agrega que el gobierno reconoció que pueden haber más ya que están analizando alrededor de “25.000 contratos que se habían iniciado en los últimos tres años”.
Esta situación facilitada por un mayor grado de flexibilización, ya que hay una planta permanente muy chica y un enorme sector de contratos de diferente índole: planta transitoria, pasantías, becas, contratos de empleo público, locación de servicio, de obra, con organismos internacionales, con universidades y fundaciones, entre otros, y cada uno con su propia normativa salarial y laboral. Hace 20 años eran más los trabajadores de planta que los contratados, pero esa relación fue invirtiéndose a favor de éstos últimos.
Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señaló que los despidos masivos son “un disciplinamiento de cara a la próxima discusión salarial”, pero añadió que: “La precarización laboral dentro del Estado, que aumentó durante el kirchnerismo, terminó volviéndose un terreno fértil”. Desde 2009 solo se llevaron a cabo 13.000 concursos, precisamente para blanquear a esos trabajadores informales, contra los que ahora apunta el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Mario Hernandez
Los trabajadores estatales contaron con la adhesión de sindicatos de la CTA Autónoma y de los Trabajadores. Entre ellos, los docentes de CONADU Histórica, la FND y CTERA; profesionales de la Salud de FESPROSA y CICOP y judiciales de la FJA.
Había también estibadores portuarios, periodistas del SIPREBA, trabajadores de Cresta Roja, ferroviarios, organizaciones territoriales, ambientales y de derechos humanos.
Al cierre del acto el Secretario General bonaerense, Oscar de Isasi, advirtió que “el poder pergeñó una ingeniería” para dividirlos y desalentarlos. “Nos dijeron para qué van a hacer paro, si no hay plata. Si sos precario, para qué marchar, si no sabés qué te puede pasar. Pero ver esta plaza, ver que los hospitales bonaerenses funcionaron hoy como un domingo, que los auxiliares de Educación no fueron a las escuelas, que la administración pública estuvo paralizada, que los astilleros estuvieron vacíos, me llena de orgullo”, expresó.
Por último, el Secretario General de provincia de Buenos Aires anunció que los estatales se movilizarán el 29 de febrero próximo a la Casa de Gobierno en La Plata, para acompañar la jornada de paro de los docentes y auxiliares de Educación.
De mala leche
En este marco la Vicepresidente, Gabriela Michetti, de visita en Brasilia, concedió una entrevista reproducida por Clarín, donde sostiene que “el gobierno anterior aumentó la planta de la administración pública nacional, provincial y municipal, en 1.500.000 de personas”.
Al respecto, Le Monde Diplomatique en su edición de febrero publica un artículo “El empleo público en debate” de la periodista Verónica Ocvirk, fundado en estadísticas y análisis de expertos en la materia. Veamos qué dicen sobre las cifras.
“La mayor parte del empleo público está hoy en las provincias y se trata de una dotación que en aproximadamente un 70% está formada por docentes, médicos y policías. La administración pública en realidad representa una cantidad de empleados bastante baja”, señala Maximiliano Rey, politólogo, co-profesor adjunto regular de la UBA y autor, junto a Horacio Cano y Arturo Laguado Duca, de El Estado en cuestión, una obra de publicación reciente que analiza las características de la administración pública argentina durante los últimos 50 años.
“Es cierto que la cantidad de empleados públicos creció en los últimos años. Pero también fue un período en el que el Estado se agrandó en el mejor sentido del término, ampliando su rol de regulación, diseminando delegaciones de distintos organismos por el territorio, creando universidades y recuperando empresas públicas. Aún así las cifras que indican la cantidad de empleados públicos no son una locura. A mi entender cuando se habla de “ñoquis” hay detrás una mirada ideológica, porque si bien puede haber sectores del Estado donde se trabaja de una forma más flexible, no es la generalidad de los casos”, advierte.
Otro trabajo, Metamorfosis del sector público nacional, que llevó a cabo el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en base a los empleados de la administración estatal -Presidencia, Ministerios, Congreso Nacional, Poder Judicial, organismos descentralizados y empresas estatales, sin considerar a los trabajadores municipales y provinciales-, contabilizó en 2015 un total de 773.000 empleados, casi 290.000 más que en 2003, cuando había solo 484.000.
El mayor incremento se registró en las empresas públicas. YPF con 22.000 empleados, la Administradora de Recursos Ferroviarios con 20.000, el Correo Argentino con 17.000, Aerolíneas Argentinas con 10.700 y Aguas y Saneamiento con 6.000. Se trata en general de trabajadores que eran contabilizados como empleo privado y que se convirtieron en empleados públicos a partir de la estatización de esas empresas.
En segundo lugar aparece la administración central, que creció un 44%, unos 100.000 trabajadores, principalmente en el Ministerio de Desarrollo Social y en el Poder Judicial.
Por último, en la administración descentralizada –ANSES, AFIP, PAMI y otros-, se incrementó un 41%, incorporando cerca de 90.000 empleados en los últimos 12 años.
Aclarado que 480.000 no es lo mismo que 1.500.000 como sostiene por ignorancia o de mala fe la vicepresidente, cabe preguntarse…
¿Es demasiado grande la planta de empleados públicos en Argentina?
El índice de trabajadores públicos de acuerdo a la población económicamente activa (PEA) puede ser un buen indicador para comparar con otros países. La cantidad de empleados estatales en Argentina, tomando en cuenta tanto a la Nación como a las provincias y municipios, se calcula en 3.700.000, lo cual, considerando una PEA de 22.000.000, arroja que cerca de un 17% de los argentinos trabajan en el Estado.
Esos valores demuestran que nuestro país no escapa a la media de la región latinoamericana y que está por debajo de los países desarrollados como Noruega (34%), Dinamarca (32%), Suecia (26%), Francia (22%), Canadá (20%) y el Reino Unido (18%).
Al observar la composición del empleo estatal argentino puede notarse que son las provincias las que han visto aumentar sus dotaciones de trabajadores de manera más significativa, en general por transferencias de personal de salud y educación desde la Nación en las últimas décadas.
Un estudio de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (Cedlas-UNLP) analiza el papel central que ocupa el Estado en las sociedades y economías nacionales: “Provee servicios básicos como defensa y justicia, ofrece servicios sociales como educación y salud y con frecuencia participa en sectores productivos a través de empresas estatales. Para realizar este vasto conjunto de actividades el Estado emplea a un gran número de trabajadores: de hecho el sector público es, típicamente, el principal empleador en las economías modernas”.
Presentar la idea de un Estado agrandado desmedidamente, como lo hace Gabriela Michetti, persigue generar un clima de opinión favorable a los despidos.
Es normal que se dé cierto recambio en el plantel de empleados públicos al iniciarse una nueva gestión, incluso despidos puntuales en determinadas reparticiones, lo novedoso de la gestión macrista es que se cuentan por miles. Sobre el particular, en el día de ayer tuve oportunidad de entrevistar en la marcha de los estatales al ex diputado Claudio Lozano, que a través del Instituto de investigaciones económicas de la CTA-A, lleva registrados más de 28.000 despidos de empleados públicos. A lo que se agrega que el gobierno reconoció que pueden haber más ya que están analizando alrededor de “25.000 contratos que se habían iniciado en los últimos tres años”.
Esta situación facilitada por un mayor grado de flexibilización, ya que hay una planta permanente muy chica y un enorme sector de contratos de diferente índole: planta transitoria, pasantías, becas, contratos de empleo público, locación de servicio, de obra, con organismos internacionales, con universidades y fundaciones, entre otros, y cada uno con su propia normativa salarial y laboral. Hace 20 años eran más los trabajadores de planta que los contratados, pero esa relación fue invirtiéndose a favor de éstos últimos.
Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), señaló que los despidos masivos son “un disciplinamiento de cara a la próxima discusión salarial”, pero añadió que: “La precarización laboral dentro del Estado, que aumentó durante el kirchnerismo, terminó volviéndose un terreno fértil”. Desde 2009 solo se llevaron a cabo 13.000 concursos, precisamente para blanquear a esos trabajadores informales, contra los que ahora apunta el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
Mario Hernandez
La cara oscura: Francia y su rol en el genocidio argentino
La visita del presidente francés a poco de cumplirse 40 años del golpe y el silencio sobre el rol de Francia en la formación de militares locales en atroces técnicas de tortura y aniquilamiento.
Muchas páginas se han escrito por estos días sobre la visita del primer mandatario francés, desde las buenas relaciones con el gobierno de Macri hasta su paseo por la Bombonera, y uno de los actos que más impacto mediático tuvo fue su paso por el Parque de la Memoria junto a Estela de Carlotto y otros referentes de organismos de derechos humanos, para homenajear a las víctimas francesas de la dictadura.
"Quiero expresar aquí mi emoción y la solidaridad de Francia para la víctimas de la dictadura y de la opresión, de la barbarie”, dijo Hollande, y agregó: "Francia ha querido acompañar no sólo porque estaba afectada (fueron 22 los franceses desaparecidos, víctimas de la dictadura) sino también porque somos conscientes de que en la Argentina se cometió un crimen en masa". Luego fueron arrojadas flores al Río de la Plata como señal de homenaje.
Si Hollande fuese un “ciudadano” francés simplemente, podríamos hasta conmovernos por su gesto. Sin embargo, el ciudadano Hollande, resulta ser el jefe del estado francés, nada menos que el país imperialista que durante la dictadura argentina, y previamente también, jugó un rol deleznable dando cátedra a los genocidas locales sobre métodos de tortura, vuelos de la muerte y técnicas de “aniquilamiento”.
No por nada se denomina “Escuela francesa” a la doctrina con que militares galos dieron cátedra y lecciones a los genocidas argentinos, basados en su aberrante accionar en Argelia. Un perverso doble juego del imperialismo francés, que tras las banderas luminosas de Libertad, Igualdad y Fraternidad, en la oscuridad cometía los más atroces crímenes colonialistas en Indochina y Argelia, creando además una formación paramilitar, la OAS (Organización del Ejército Secreto), verdadero rostro del terror que actuó para intentar aniquilar la lucha del pueblo argelino por su liberación e independencia entre 1954 y 1962, en la que fueron asesinados cerca de medio millón de argelinos. Recomendamos al lector la película La batalla de Argel, de Gilo Pontecorvo.
Fue Marie-Monique Robin, directora del documental “Escuadrones de la muerte. La escuela francesa” y autora del libro homónimo quien puso el foco en Reinaldo Bignone, Albano Harguindeguy y Ramón Genaro Díaz Bessone, genocidas que habían sido entrenados por militares franceses y que en entrevistas que realizó la autora, confesaron cómo utilizaron esas “enseñanzas” contra la vanguardia obrera y estudiantil durante la dictadura argentina.
Como parte del Plan Cóndor, Argentina fue la cabecera del ejército francés en América Latina, desde donde extendió su influencia hasta Brasil y Chile. En nuestro país una misión francesa permaneció durante más de veinte años, desde 1959 hasta fines de 1980. También viajan a Francia para recibir instrucción oficiales argentinos entre los que estaba el general Alcides López Aufranc, quien luego desempeñó un activo rol como instructor y en la coordinación de la misión, tal como él mismo revela a Marie-Monique Robin.
En 1959 los ejércitos de Francia y la Argentina firmaron un acuerdo para la creación de una misión militar francesa permanente, cuyos asesores se instalaron en Buenos Aires, en la sede del Estado Mayor. Todos eran veteranos de Argelia. A pesar de que ninguno quiso hablar públicamente, Robin logra en su documental testimonios muy valiosos, entre muchos, el del Coronel Bernard Cazaumayou, quien integró la misión entre 1962 y 1965 y decía: “Viajamos a pedido del Ejército Argentino para enseñar la guerra contrarrevolucionaria. La misión cumplió esa tarea y ninguna otra”.
El militar argentino López Aufranc, que dirigió el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria en 1961 en el que participan militares de 14 países, reveló que se reunieron oficiales de todo el continente, inclusive de los Estados Unidos: “Todos los oficiales de América del Norte y del Sur se reunieron en nuestra Escuela Superior de Guerra”.
La autora, que brindó testimonio en la causa “Díaz Bessone”, relató en una entrevista: “La teoría de los franceses es una concepción militar apoyada en la experiencia de Indochina (…) ahí nace la teoría de la guerra contrarrevolucionaria, la llaman una guerra moderna. ¿Por qué es moderna? Porque no hay frente, es una guerra de superficie, el enemigo está escondido en todo el terreno, no se sabe dónde está. El enemigo es interno, no está afuera, todo el mundo se vuelve sospechoso, hay que controlar a toda la población y hay que buscar nuevas formas militares para luchar contra esta nueva forma de guerra. Por eso la cuadriculación territorial, que fue tomada aquí al pie de la letra, o la división en zonas y sub-zonas para que el ejército controle todo el territorio. Entonces la inteligencia se vuelve muy importante, y quien dice inteligencia dice interrogatorio, y quien dice interrogatorio dice también tortura.
Fue Díaz Bessone, excelente alumno de la Escuela Francesa, quien le dijo a Robin en una de las entrevistas que pueden verse en el documental: “En cuanto a los desaparecidos, ¿qué podíamos hacer? ¿Fusilarlos? Se nos venía el mundo encima, ¿Encerrarlos? Un gobierno constitucional los liberaría..."
Digamos finalmente, volviendo a Francia, que los militares que idearon y llevaron adelante este siniestro plan en Argelia e Indochina y luego lo legaron sus colegas argentinos y chilenos, nunca fueron juzgados.
Esta es una de las caras oscuras del imperialismo francés, cuyo representante hoy arroja flores al río en un cínico intento de que de “eso” no se hable.
Gloria Pagés
Hermana de desaparecidos | CeProDH
jueves, 25 de febrero de 2016
Benefician a Pedraza con prisión domiciliaria
La noticia se conoció hace minutos. Argumentan “problemas de salud”. El ex dirigente de la UF fue condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra.
La noticia se conoció hace momentos. José Pedraza, ex jefe de la Unión Ferroviaria, fue beneficiado con prisión domiciliaria. Pedraza fue condenado a 15 años de cárcel como partícipe necesario del asesinato de Mariano Ferreyra, joven militante del del Partido Obrero, ocurrido en octubre de 2010. La prisión domiciliaria fue otorgada por el Tribunal Oral N° 21 y se hizo “por razones de salud” según indican diversos medios.
Conocida la noticia, los principales referentes nacionales y provinciales del Frente de Izquierda, rechazaron la resolución en las redes sociales.
Hace minutos se conoció también un comunicado del Partido Obrero, donde rechaza la medida y anuncia que se movilizará mañana a las 10 h en repudio a la misma. Reproducimos el comunicado.
Comunicado del Partido Obrero
RECHAZAMOS EL BENEFICIO DE PRISIÓN DOMICILIARIA
Exigimos que Pedraza cumpla su condena en cárcel común
El Partido Obrero se movilizará el día de mañana frente al Tribunal de Libertad y Lavalle a las 10 horas para rechazar esta medida y exigir que Pedraza cumpla su condena en una cárcel común.
El Partido Obrero rechaza el beneficio de la prisión domiciliaria para José Pedraza, que fue condenado por ser responsable del homicidio de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Pedraza recibió una condena de 15 años de prisión en un juicio realizado en el 2013, en el que fue encontrado responsable de los delitos de “homicidio y tentativa de homicidio”. De este modo quedó probado que la patota que disparó contra los trabajadores tercerizados el 20 de octubre del 2010, produciendo la muerte de Mariano Ferreyra y las gravísimas heridas a Elsa Rodríguez habían sido planificadas por el propio José Pedraza.
Recientemente, la Justicia rechazó pedidos similares argumentando que no había razones que ameriten dictar dicho beneficio. Se trata, por lo tanto, de una medida que apunta a la impunidad de quien es el máximo responsable del asesinato de nuestro compañero.
Llamamos la atención con que el fallo favorable a Pedraza fue con voto dividido del Tribunal y sólo gracias a la participación de dos jueces subrogantes. Hacemos notar que el único miembro del Tribunal que hoy está en ejercicio, el juez Diego Barroetaveña, rechazó la prisión domiciliaria considerando que no hay razones para modificar los fallos anteriores que rechazaban el pedido de la defensa de Pedraza.
Denunciamos que del mismo modo que se le otorga a Pedraza la prisión domiciliaria se encuentran paralizadas las causas en su contra por el manejo de los subsidios ferroviarios que alcanzan también a las empresas privatizadas y a los funcionarios del anterior gobierno.
Alertamos que con los mismos argumentos que se le otorga ahora la prisión domiciliaria a Pedraza, se podrá enviar a sus casas a los genocidas presos por los crímenes de la dictadura que sustancias sus penas en cárceles comunes.
Advertimos que este grave hecho de impunidad se da en momentos que el gobierno pacta con la burocracia sindical una tregua para hacer pasar el ajuste contra los trabajadores.
El Partido Obrero se movilizará el día de mañana frente al Tribunal de Comodoro Py a las 10 horas para rechazar esta medida y exigir que Pedraza cumpla su condena en una cárcel común.
¿Qué busca Hollande en su visita a la región?
Firma de acuerdos comerciales para aumentar la presencia francesa en la región y avanzar en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea. El discurso sobre los derechos humanos para ocultar el guerrerismo imperial del gobierno francés.
El Primer Ministro francés François Hollande comenzó su gira por Latinoamérica, un tanto opacada por el anuncio de la visista del presidente estadounidense Barack Obama a Cuba y Argentina. La misma tuvo su primera escala el martes 23 en Perú y culmina el viernes 25 en Uruguay donde se entrevistará con el presidente de ese país, Tabaré Vázquez. El “plato fuerte” de la gira del Primer Ministro galo es la visita a Argentina y su encuentro con el presidente Macri a la que se suma el encuentro con organismos de Derechos Humanos.
Hollande busca que Francia encabece las relaciones comerciales con Sudamérica
Según informa la cancillería francesa, la visita de Hollande, tiene como objetivo "reforzar la presencia de Francia en América Latina". La diplomacia francesa tiene la impresión de que la Unión Europea (UE) y Francia en particular miraban desde lejos a la región, en especial durante los últimos años donde la bonanza económica había permitido a los gobiernos pos neoliberales cambiar el signo en las relaciones comerciales que había establecido el neo liberalismo en el continente. La crisis económica mundial y el fin de los años de prosperidad en la región acelero la búsqueda de nuevas relaciones con las principales potencias del mundo. El encuentro entre Hollande y el nuevo presidente argentino, Macri, tiene como punto destacado las conversaciones para avanzar en un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
En años anteriores era la diplomacia brasilera la que presionaba para avanzar en un acuerdo comercial entre los bloques regionales. Pero ante la crisis del gobierno en Brasil y el cambio de signo político del presidente en Argentina, todo índica que el gobierno francés ve con mejores ojos apostar a la administración de la “nueva” derecha argentina como aliado regional. El encuentro con el presidente uruguayo iría en el mismo sentido, asegurándose retomar relaciones con dos de los principales socios del Mercosur.
Macri en una entrevista con periodistas de France 24 y RFI expresó que tiene "esperanzas" de que en los "próximos 30 días" se desbloqueen las negociaciones comerciales entre los bloques económicos continentales. El gobierno argentino busca avanzar en nuevas relaciones comerciales con las principales potencias imperialistas que le permita un nuevo ciclo de endeudamiento e inversión con la esperanza de que la entrada de capitales le permita estabilizar la difícil situación económica.
Los derechos humanos y la hipocresía imperial
Junto a la firma de acuerdos y avances en negociaciones comerciales, el Primer Ministro francés busca llevarse una imagen de defensor de los derechos humanos. Para lograr esto, el jueves 25, Hollande participará junto a miembros de Abuelas de Plaza de Mayo de un homenaje a las víctimas francesas de la dictadura argentina, en el Parque de la Memoria en Buenos Aires. Junto a esto, la agenda del encuentro entre mandatarios incluirá la preocupación por la paz en el mundo y el apoyo solidario de Argentina a Francia frente a las amenazas del terrorismo, según informan desde el gobierno argentino.
El nivel de hipocresía no puede ser mayor
La visita al Parque de la Memoria se dará justo cuando se anuncia el desalojo, por orden del gobierno francés, del campamento en Calais (Francia) donde miles de refugiados viven en condiciones insalubres impedidos de continuar su transito, por el mismo gobierno que ahora los desaloja, por Europa. Una forma habitual del gobierno imperialista europeo en “defender” los derechos humanos, más si se tienen en cuenta la larga lista de barbaries cometidas en el mundo, desde Argelia hasta la actual Vietnam, pasando por el caribe.
El apoyo del gobierno macrista para con el gobierno francés ante la “amenaza del terrorismo” sorprende menos, teniendo en cuenta que Macri va a utilizar y extender la "Ley Antiterrorista" implementada por el gobierno kirchnerista.
Justamente la derecha argentina en el gobierno utiliza el marco dado por esta Ley Antiterrorista para implementar, vía decreto, un Protocolo que reprime las manifestaciones sociales y coarta el derecho a protesta. Macri parece inspirarse en el “estado de emergencia” que impuso Hollande en Francia luego de los atentados realizados por ISIS en París. No esta de más decir que a la derecha argentina en el gobierno parece preocuparle poco las invasiones y bombardeos franceses contra las poblaciones civiles, en nombre de “la guerra contra el terrorismo”, desde Siria hasta Mali.
La decadencia de los gobiernos pos neoliberales en la región, que aún en sus años de bonanza no cambiaron sustancialmente la dependencia regional con las potencias imperialistas, y el avance de una “nueva derecha” abre las puertas para un renovado avance de las principales potencias mundiales. El gobierno argentino, en poco tiempo, ha dado reiteradas muestras de su apertura a favorecer el cambio de signo de las relaciones con el imperialismo. El respaldo, por ahora más político que económico, de presidentes como Hollande y Obama busca favorecer la proyección de quién ven como su personal político más afín. Pero antes de pensar en una influencia regional, Macri, debe resolver los problemas internos para los que ha comenzado a aplicar una receta de despidos, alta inflación y aumento de tarifas. Esta “receta” ya tiene su primera respuesta, este miércoles 24 se realiza el primer paro contra el gobierno cuando no lleva cumplidos los tres meses.
Diego Sacchi
@sac_diego
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