Un balance sobre lo hecho por el gobernador bonaerense durante los últimos ocho años confirma que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad son norma en el sistema de “seguridad” y penitenciario provincial. Lo denuncia la Comisión Provincial por la Memoria.
Los datos de la realidad enrojecen los ojos de cualquiera que se asuma “progresista”. Mientras Página/12 abandona las denuncias documentadas contra la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses, al tiempo que el mismo medio presenta a Daniel Scioli como “nuestro hombre en La Habana”, en la provincia que gobierna hace ocho años el “hijo político de Menem” reinan todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
En el territorio provincial, son marca registrada la falta de vivienda para cientos de miles de familias, el trabajo precario para la juventud y la salud y la educación de décima categoría para la población trabajadora y pobre.
Pero la cosa es más oscura si se analizan los datos sobre torturas en comisarías y cárceles, desapariciones forzadas de personas que quedan impunes y muertes por supuestos “suicidios” o “enfrentamientos” entre uniformados armados hasta los dientes y víctimas que mueren sin haber disparado ningún tiro.
Un "sistema de la crueldad" para la victoria
Aún no se sabe si Daniel Scioli será el próximo presidente de la Nación. Pero sí está claro que el 10 de diciembre concluirán sus ocho años al frente de la gobernación bonaerense. Y un balance necesario es aquel que muestra el rostro quizás más perverso de la gestión de quien hoy habla de “victorias” por doquier como continuador del proyecto kirchnerista.
“La gestión actual finaliza demostrando que (…) [se ha] agravado la violación de derechos”. “La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos”. “La mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas”. “También ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza”. “Esta violencia cotidiana (…) crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ’gatillo fácil’.”
Mientras ese cuadro se reproduce, “no ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de drogas, autopartes, arma, trata de personas, que son los que organizan el delito en toda su complejidad”. A su vez es regla “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, existiendo “escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales, a pesar de los miles de casos que acontecen cotidianamente”. Así se sigue dando vía libre a represores de uniforme para que utilicen “la tortura y la muerte como herramienta de control”.
De forma complementaria, “el gobierno es incapaz de mostrar información certera y confiable que dé cuenta de forma fehaciente de que estamos ante una grave crisis en materia de seguridad. Se basa en percepciones sociales, construcciones mediáticas que se afianzan en el discurso belicista que el propio Estado despliega”. Lo que demuestra que hay “una estrategia de gobierno del conflicto social que se despliega en el territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto afuera como adentro del encierro. A esta modalidad de gobierno la hemos llamado el ’sistema de la crueldad’.”
La única verdad es la realidad
Esas afirmaciones entrecomilladas no pertenecen a Nicolás del Caño, ni a Myriam Bregman, ni a Christian Castillo ni a ningún otro candidato del Frente de Izquierda. Y aunque esos dirigentes puedan suscribir cada palabra, esas frases textuales son parte de las conclusiones a las que arribó la Comisión Provincial por la Memoria y que fueron vertidas en su Informe Anual 2015 publicado a finales de junio.
Quienes están al frente de la CPM, como Adolfo Pérez Esquivel, la monja Martha Pelloni o Víctor De Gennaro, no podrían ser tildados de “trotskistas”. Será por eso que sus informes y denuncias son ninguneados por la militancia kirchnerista, que al no hallar chicanas ni latiguillos de ocación para desvalorizados (como lo hacen macartistamente con los “zurdos que le hacen el juego a la derecha”) prefiere mirar para otro lado y hacerle la campaña a Scioli. Es que resulta imposible refutar la realidad que la CPM documenta.
Las prácticas represivas que derivan en torturas, desapariciones y muertes a manos de policías o penitenciarios, con la consiguiente impunidad garantizada por funcionarios judiciales y políticos, se extienden de norte a sur y de este a oeste de la Provincia de Buenos Aires. La provincia que Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, Alejandro Granados, Ricardo Casal y las decenas de los Barones de las intendencias gobiernan desde hace años. En algunas ciudades podrá haber menos casos, en otras el odio popular a los asesinos decantará en mayor desprestigio institucional, pero la lógica es una sola y así queda demostrado pese al discurso edulcorado de las autoridades.
La muerte como regla
A través de inspecciones en barrios, comisarías y cárceles, encuestas a centenares de jóvenes pobres y testimonios directos de las víctimas, la comisión arriba a conclusiones lapidarias. En el informe, como muestras contundentes, se presentan algunos casos que estremecen y a la vez dan por tierra con cualquier justificación oficial.
Algunos datos configuran el mapa de terror. Hoy la población encerrada en cárceles y comisarías de la Provincia es de casi 35.000 personas, un récord histórico (cuando Scioli asumió en 2008 eran 27.840). De ese total, casi 2.200 personas están alojadas en comisarías, ocupando unos 1060 camastros inhumanos. La sobrepoblación carcelaria tiene picos alarmantes, como en la Departamental La Matanza donde supera el 600 % o como en Lomas de Zamora, con un porcentaje incluso mayor.
En ese marco, morir encerrado o bajo control de uniformados no sólo es posible, sino que es más que probable. Entre 2013 y 2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos 18 en comisarías. A su vez la policía bonaerense informó que al menos 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014.
Esa misma lógica de desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 internos entre febrero del 2012 y febrero de 2014.
Esas muertes (que son un subregistro) se produjeron por acción u omisión del Estado. Algunas ejecusiones las realizaron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia o “protección” del Estado. Entre 2013 y 2014 el Registro Nacional de Casos de Torturas o Malos Tratos contabilizó 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la Provincia de Buenos Aires.
Un dato político ayuda a entender estos números. “La declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales”, afirma la CPM.
A estos datos se puede agregar que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que registra desde hace décadas los casos de gatillo fácil y asesinatos en lugares de encierro, al presentar su informe 2014 contabilizaba 185 muertes en todo el país durante los primeros diez meses del año, lo que proyectado daría un registro anual de más de 200 casos. El 45% de esas muertes fue en la Provincia de Buenos Aires. Es decir que el año pasado al menos un centenar de muertes por gatillo fácil o en lugares de encierro se produjeron bajo la tutela política de Daniel Scioli y Alejandro Granados.
Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, constató que a nivel nacional “2014 fue el año con más muertes ocacionadas por las fuerzas federales desde el año 2003”, es decir desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Y que, justamente, esa evolución histórica se evidencia sobre todo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, gobernada en gran parte de su extensión por Daniel Scioli y por los Barones del conurbano. El CELS afirma que entre 2003 y 2014 hubo en la región 1223 muertes de civiles a manos de uniformados (policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios o militares), y que las 154 muertes del año pasado representan un crecimiento importante respecto a los años anteriores.
Vale aclarar que muchos de estos números son registrados por organismos de derechos humanos no estatales, ya que las cifras oficiales brillan por su ausencia.
Herencia menemista
La Comisión por la Memoria concluye en que “hoy tenemos indicadores que miden la acción punitiva del Estado similares a los niveles de los años 2001-2002, cuando la crisis social campeaba las calles y los indicadores sociales de pobreza y desocupación alcanzaban los récords históricos”. Los años, ni más ni menos, de gobernación de Carlos “meta bala” Ruckauf y de Felipe Solá.
Todo lo anterior es parte de políticas reproducidas a nivel nacional. Según las mismas definiciones de la CPM, esas políticas “comienzan a corroer al menos en términos simbólicos la clara demarcación entre seguridad interior y seguridad exterior que constituyó uno de los grandes consensos construidos en los años iniciales de la transición democrática por un amplio espectro político y social”. Casi como respondiéndole a la maniobra de Cristina Fernández para “reconciliar” a la sociedad con las Fuerzas Armadas (plagadas aún de genocidas y represores), la comisión plantea que “preocupa la habilitación de tareas, fronteras adentro, del Ejército nacional”.
En este artículo se optó por no presentar los casos emblemáticos que cita el informe de la CPM. No sólo porque son muchos sino porque pueden verse en extenso en el informe que linkeamos más arriba. Lo que sí se debe remarcar es que cuando se habla de torturas, desapariciones y muertes se encuentran porcentajes altísimos de víctimas jóvenes y pobres. Desde niños en situación de calle hasta activistas ecologistas, desde jóvenes que se niegan a robar para la policía hasta presos sin condena que mueren supuestamente “ahorcados” en sus celdas. Desde chicas robadas para ser prostituidas por empresarios y comisarios hasta familias enteras desalojadas con gases y balas de predios ocupados para exigir vivienda.
La provincia que Scioli quiere mostrar como ejemplo de su gestión, buscando convencer al país de que ese “modelo” puede reproducirlo a nivel nacional, tiene este costado atroz de criminalización, represión e impunidad. Es una provincia en la que los magnates del gran delito organizado pueden actuar sin preocupaciones, asociados con los estamentos más variados de un Estado preocupado centralmente en llenar las cárceles de pobres y las calles de patrulleros.
Es el “modelo” en el que 9 de cada 10 presos fueron encarcelados sin orden judicial previa (agarrados por la policía en la calle); en el que más de la mitad de esos detenidos esperan durante años un juicio que diga si son culpables o inocentes; en el que esas personas viven hacinadas en celdas con agua contaminada, sin condiciones mínimas de salud e higiene y hasta encerradas en habitáculos de dos por dos durante días; en el que la policía y el servicio penitenciario garantizan y gerencian el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino, los desarmaderos de autos y la prostitución.
Contra ese modelo peleó durante el último año y medio Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense. El diputado del PTS y el Frente de Izquierda se opuso tenazmente a cuanto proyecto de ley presentó el sciolismo en pos de aumentar la criminalización y la represión. Y a su vez presentó decenas de proyectos que buscaron poner un freno a la avanzada reaccionaria. Fue él quien se opuso a la formación de las policías locales (el "chiche nuevo" de Scioli y Granados) y el único diputado de toda la Cámara que votó en contra del presupuesto 2015. Presupuesto, vale recordar, que mientras aumentó un 28% la partida de educación y un 31% las de salud y desarrollo social, lo hizo en un 66% para “seguridad”, es decir para más poder de fuego y personal de la Bonaerense. Pero esa pelea fue dada en soledad, sin contar siquiera con el apoyo de quienes desde el kirchnerismo se presentan como defensores de los derechos humanos.
Queda demostrado que cuando las candidatas y los candidatos del Frente de Izquierda como Myriam Bregman, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano, Carla Lacorte, Edgardo Moyano y demás integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos levantan la voz para denunciar al Estado represor del pueblo trabajador, no se equivocan.
Tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri y Sergio Massa comparten un proyecto criminalizador y disciplinador hacia las masas populares. Control y domesticación, sería el plan de consenso. Mal que les pese a muchos kirchneristas que intentan ver en Carlos Zanini y algunos candidatos a diputados el contrapeso “progre” al conservador y derechoso gobernador bonaerense, lo que no se puede desonocer es que si Scioli llega a la Casa Rosada lo hará con su “balance de gestión” de ocho años gobernando desde La Plata. Y eso, más que un sapo a tragar, puede convertirse en un factor determinante de complicidades y acompañamiento a un giro aún más conservador y represivo protagonizado por el PJ.
Daniel Satur
@saturnetroc
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