La tercera jornada de protesta nacional contra la dictadura se realizó el 12 de julio de 1983. Fue convocada por el Comando Nacional de Trabajadores y apoyada por un conjunto de organizaciones sindicales, políticas, sociales, poblacionales, estudiantiles y de mujeres.
Las protestas populares que estallaron en 1983 permitieron desatar y visibilizar la rabia y descontento contra la dictadura y sus políticas, pero también unificar distintos sectores sociales como los trabajadores, pobladores y estudiantes.
La primera protesta, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), dio paso a la formación del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), que continuará funcionando hasta el final de la dictadura y derivará en la formación de la Central Unitaria de Trabajadores. En el contexto de una crisis económica desatada, con índices cercanos al 30% de desocupación y de inflación, la caída de los salarios reales que llevó impulsó incluso marchas del hambre, junto al descontento contra la dictadura, hicieron que las protestas tuvieran mucha fuerza y convocatoria.
Desde la segunda protesta nacional, convocada el 14 de junio, la represión se había extendido. Además de la detención de los dirigentes de la CTC y otras organizaciones sindicales, fueron despedidos cerca de 600 trabajadores del cobre en represalia por las jornadas de paro y protesta en esa zona. Un nuevo paro impulsado por los trabajadores del cobre y del transporte termina con 12 detenidos y cerca de 2.000 despedidos.
Sin embargo, la dictadura también se ve obligada a hacer ciertas concesiones, entre ellas tiene que permitir el regreso de más de 100 personas que estaban en el exilio con prohibición de volver.
Pocos días antes de la nueva protesta, agentes de la Central Nacional de Inteligencia allanan la sede la de la Coordinadora Nacional Sindical y detienen a varios dirigentes (Memorias para construir la Paz, Cronología de la Vicaría de la Solidaridad), también son arrestadas varias de las figuras más importantes de la Democracia Cristiana, como son Gabriel Valdés, José de Gregorio y Jorge Lavanderos, acusados de fabricar panfletos llamando a la protesta de 12 de julio e incomunicados. Esto generó la protesta de varios organismos internacionales, que comenzaron a presionar a Pinochet a una apertura.
Durante estos años comenzó a utilizarse una nueva figura represiva, la del relegado, en la que una persona era detenida y trasladada obligatoriamente a otra localidad, generalmente lejana y aislada en los extremos norte o sur del país, por un plazo que podía ir de días a tres meses.
La jornada del 12 de julio
Al igual que en las protestas anteriores, durante la mañana se convocaba a no enviar a los niños al colegio, llegar tarde al trabajo, hacer sonar las bocinas de los autos, no comprar y otras formas de manifestación. Durante la tarde, comenzaban a resonar los cacerolazos en las poblaciones y a levantarse las primeras barricadas.
Ese día, en la Casa Central de la Universidad Católica ubicada en la Alameda, la arteria principal del centro de Santiago, cerca de 500 estudiantes se manifestaron contra los rectores delegados puestos por la dictadura, como también contra el régimen. Más tarde se juntaron con estudiantes de la Universidad de Chile. En distintas sedes se multiplicaban las expresiones de descontento “Durante la tarde, y marcando una novedad respecto a las manifestaciones anteriores, más de 500 universitarios de la UC se sentaron en la calle Vicuña Mackenna, en las afueras del campus San Joaquín, interrumpiendo el tránsito. Esto, hasta la llegada de fuerzas especiales de Carabineros, que lanzaron bombas lacrimógenas, derivando en un breve altercado y la posterior huida hacia el interior del campus. De allí, sólo pudieron salir a las 17 horas” (http://pensamientocritico.imd.cl/attachments/084_s-castillo-num-2.pdf). Varios estudiantes fueron expulsados y otros tantos sancionados. Con el impulso de las protestas, se reactivaron las organizaciones estudiantiles y comenzaron a recuperar los centros de alumnos, en manos de la derecha.
En las poblaciones, se convocaba a numerosas actividades, como las ollas comunes. Muchas de ellas terminaban también fuertemente reprimidas, como fue la olla común de las mujeres de la Comunidad Esperanza “detenidas en el momento en que cocinaban para las familias que se alimentaban diariamente gracias a la existencia de la olla común. Las cocineras que estaban preparando el almuerzo, la directiva de la olla común y algunas mujeres que habían llegado a buscar el alimento para llevarlo a sus casas fueron arrestadas sin orden alguna de detención” (Elizabeth Lira, El testimonio de experiencias políticas traumáticas: terapia y denuncia en Chile (1973-1985)). Mientras algunas fueron liberadas el mismo día, otras permanecieron detenidas casi una semana, siendo algunas de ellas torturadas. En uno de estos testimonios, una mujer relata: “Yo me llamo María del Carmen, tengo cuarenta y cinco años, tengo cinco hijos, mi marido está cesante, trabaja en el Empleo Mínimo (PEM). Ése no es trabajo, es una explotación más por el hambre. A mí me llevaron a la CNI; me sacaron de noche [del recinto policial donde permanecía detenida], con la vista tapada, esposada y me metieron en un furgón, de cabeza y con los pies casi levantados, metidos, enrollados, y con todo mi cuerpo encima de los brazos, esposada, y enseguida me tiraron una manta, yo sentía que en ese momento me iba a morir por falta de aire… Al llegar a la CNI me desnudaron, me atendió una mujer y se escucharon voces de hombres. Me desnudaron, se burlaron mucho de que yo era obesa y decían: “Así hablan del hambre”. En los interrogatorios en todo momento hicieron notar la gordura de mi cuerpo (…) A mí en todo momento me acusaban de política y de hacer política, y fuertemente presionada para dar algún nombre de algún político. [...] En todo momento en la CNI me interrogaban fuertemente, la presión fue muy grande, muy fuerte, y la acusación grave, porque me acusaron de ser una persona política”. Estuvo toda la noche detenida y torturada, hasta que la dejaron tirada en una calle cerca de la población en que vivía.
La dictadura respondía con violencia y represión a la protesta. Durante la noche se impuso el toque de queda, entre las 20 y las 0 horas, a pesar de eso los caceroleos resonaban en muchas esquinas de la ciudad de Santiago, igual que las barricadas y fogatas. Las patrullas militares recorrían las distintas poblaciones de Santiago y otras regiones, disparando y deteniendo a personas. El saldo de esa noche fue el asesinato de dos jóvenes mujeres de 19 años. En Santiago fue asesinada por disparos de un auto desconocido, María Isabel Sanhueza Ortiz. En Viña del Mar, murió Carmen Gloria Larenas, militante de las Juventudes Comunistas, también por disparos. Hubo en total 1.064 detenidos en todo el país.
Los días posteriores continuó la represalia por la protesta, con la detención y relegamiento de nuevas personas. Mientras tanto, los organismos de derechos humanos se mantuvieron activos denunciando los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.
Tras la tercera protesta, comenzaron a rearticularse las organizaciones políticas, formándose la Alianza Democrática poco tiempo después, con eje en la Democracia Cristiana, que comenzó a buscar las salidas institucionales, llamando a un Acuerdo Nacional que terminará en una asamblea constituyente, la renuncia de Pinochet y un gobierno provisional, que desembocara en elecciones democráticas. Por otro lado, algunos partidos se mantuvieron fuera de este acuerdo y formaron el Movimiento Democrático Popular, que insistía en las protestas pero que sin embargo no tenía una política muy diferente. Poco a poco, comenzaba a desplazarse la fuerza y el poder de la clase trabajadora y los sectores populares, para terminar posteriormente en la transición pactada a la democracia.
Ana López
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