Detenido Eduardo Lance, ex jefe de Operaciones del Batallón 601 de Aviación de Campo de Mayo.
El represor fue capturado anoche en Bella Vista. Se negó a declarar y quedó detenido. Se suma a otros cuatro militares, a quienes la jueza de San Martín Alicia Vence ya indagó y benefició con la prisión domiciliaria por el solo hecho de que son mayores de 70 años. La fiscalía apeló.
El ex oficial de Operaciones del Batallon de Aviación 601 de Campo de Mayo, Eduardo José María Lance, quien era buscado desde la semana pasada, fue detenido anoche en su casa de Bella Vista, provincia de Buenos Aires, e indagado esta mañana por la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, en el marco de la causa en la que se investiga la eliminación de personas arrojándolas al mar desde aeronaves que partían de aquella guarnición militar.
Lance, de 72 años, se acogió a su derecho constitucional de guardar silencio en esta instancia y quedó detenido, a la espera de que la jueza resuelva el pedido presentado a través de su defensa para que se le otorgue el arresto domiciliario. El ex militar está imputado por los casos de Juan Carlos Rosace, Adrián Enrique Accrescimbeni y Roberto Ramón Arancibia, quienes -de acuerdo con los elementos probatorios recogidos- estuvieron secuestrados en Campo de Mayo.
Accrescimbeni y Rosace, compañeros del cuarto año del Colegio Mitre de San Martín, fueron privados de su libertad el 5 de noviembre de 1976 y luego fueron vistos en el centro clandestino de detención conocido como “El Campito”. Sus cuerpos aparecieron juntos a fin de aquel año en la zona sur del Río de la Plata, a la altura de la localidad de Punta Indio, y luego inhumados como NN en el cementerio de la ciudad de Magdalena. Arancibia, en tanto, fue secuestrado el 7 de mayo de 1977 y fue visto en el centro clandestino El Vesubio, en el ámbito del Cuerpo I del Ejército, hasta que luego fue trasladado a Campo de Mayo -sede del Cuerpo IV- donde se lo vio por última vez con vida, según las referencias brindadas por sobrevivientes. Su cuerpo apareció en la costa de Santa Teresita el 24 de febrero de 1978.
“Domiciliarias automáticas”
La detención de Lance es la quinta en una semana. Entre el jueves y viernes pasado, la jueza Vence hizo lugar al pedido de los fiscales Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti y tomó declaración indagatoria al jefe del Batallón, Luis del Valle Arce -quien ya se encontraba detenido por otros hechos-, al tiempo que ordenó la detención y también indagó a su segundo, Delsis Ángel Malacalza (79), al responsable de Relaciones Públicas, Horacio Alberto Conditi (78), y al Oficial de Inteligencia de la unidad, Alberto Luis Devoto (73).
La jueza Vence concedió la prisión domiciliaria a Devoto, Canditi y Malacalza, que por primera vez resultaron detenidos en una causa por crímenes de lesa humanidad. Del Valle Arce ya contaba con ese beneficio. Para adoptar la decisión, la magistrada tuvo en cuenta sólo que los tres imputados superaban los 70 años de edad y que la ley le otorga la facultad discrecional para resolver. Vence ordenó un informe socioambiental para cada uno y que el Patronato de Liberados supervise la detención domiciliaria, en el marco de lo cual esa institución debe producir un informe una vez por mes.
Los fiscales Blanco García Ordás y Bogetti primero se opusieron y luego apelaron las tres resoluciones. Indicaron que la jueza “no analiza su situación personal, a la estructura que perteneció ni su estado de salud” en el caso de cada uno de los tres militares. “La razón de ello es que el juzgado sistemáticamente concede las detenciones domiciliarias a los mayores de setenta años en forma automática sin advertir la gravedad institucional que trae aparejada tal resolución, por la sola condición etaria del encartado, contrariando jurisprudencia de nuestro más alto tribunal”, añadieron.
Al respecto, pusieron de resalto “la gravedad de los delitos”, el “buen estado de salud” de los ex militares, la “capacidad económica y la especialidad de la temática de los delitos que se les endilgan en el que las trabas que ponen los imputados son infinitas para tratar que estos procesos no avancen”.
Los fiscales además señalaron que los arrestos domiciliarios comportan “un aumento en el riesgo de fuga” de imputados con “capacidad de influir sobre estructuras de poder que integraron”, y recordaron que en los casos de crímenes de lesa humanidad “se encuentra comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino, que debe garantizar el juzgamiento de todos los hechos de esas características”.
Noticia de Casapueblos-AEDD
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