El relato K no se sostiene

La mitad de la gente con ingresos vive con menos de 5.000 pesos al mes. Esto surge de las estadísticas oficiales, específicamente de la última encuesta de hogares. Esto significa 11,5 millones de personas del total que percibe algún tipo de ingresos, sea porque trabajan, cobran una jubilación o disponen de renta.
Los 5.000 pesos representan el 40% por ciento de una canasta de consumo de un hogar, que en el caso de la Capital se calcula en 12.000 pesos.
Para muchos de estos sectores de la población, dicha suma constituye su única fuente de ingresos. Algunos estudios, como el de la UCA, ubican la pobreza casi en un 30 por ciento. Está claro por qué Kicillof no publica los datos de pobreza. El relato K sobre la "década ganada" no se sostiene.
Del mismo modo, los propios datos oficiales rompen otro mito que pretendía atribuir la cuestión de la pobreza no al capitalismo, sino a la "exclusión social". El 50 por ciento de los ocupados no llega a los 5.500 pesos y, descendiendo un escalón, 4 millones de trabajadores percibe 3.000 pesos o menos. En otras palabras, los "incluidos" -y no sólo los excluidos- están sometidos a la pobreza y a la indigencia. La "inclusión social", bajo el orden social vigente, no sustrae a los trabajadores de ambos flagelos. El crecimiento de la década a tasas chinas, del cual se jactan los K, fue sobre la base de una brutal explotación y precariedad laboral.
Tampoco se sostiene el relato sobre la distribución del ingreso. Según el informe oficial, ha descendido, por segundo año consecutivo, la participación de los trabajadores ocupados en el ingreso total, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, que pasó del 25,4 por ciento a recibir el 23,7 por ciento de la torta. Una de las principales causas es que los ocupados han perdido la carrera contra la inflación. Las mejoras nominales promedio no llegaron al 25 por ciento cuando la carestía estuvo muy por encima de esos guarismos.
A esto, se agrega el hecho de que hay 8 millones de personas que reciben algún tipo de ayuda social, lo cual es una confesión acerca del retroceso y pérdida del empleo, el trabajo en negro y precario, así como el deterioro del poder adquisitivo de los salarios.
El nuevo paquete social anunciado por Cristina está muy lejos de contrarrestar este proceso, que se constata en una caída del consumo, siguiendo la tendencia de los últimos trimestres -otro de los grandes caballitos de batalla de los K que se ha derrumbado. En realidad, las recientes medidas lo agravan. Las compras en cuotas aumentan el sobreendeudamiento de los asalariados y sectores más vulnerables, que ya antes de las medidas actuales, era muy abultado. En realidad, el paquete está orientado a las cadenas de supermercados y electrodomésticos, que han visto mermar sus ingresos, y que con esta operatoria terminan haciendo grandes ganancias, ya que la compra financiada en cuotas, contiene intereses usurarios disimulados "adentro" de los precios. Por otro lado, este plan, como ya ocurre con la asignación por hijo y otras asignaciones, salen de la Anses o del erario público; es decir, del dinero que se les saca a los jubilados o los asalariados a través del impuesto al salario, o de la población en general a través del impuesto inflacionario. Una "redistribución", pero de la pobreza.

Pablo Heller