La Salada: Represión y tierra arrasada para fortalecer a las mafias

Nadie piense que el brutal allanamiento que arrasó con un sector de La Salada tuvo el propósito de combatir a las mafias que controlan la venta de productos robados o de marcas falsificadas, o el trabajo esclavo en talleres clandestinos que proveen de mercancías a ese lugar. Por el contrario, solo persiguió el objetivo de fortalecerlas. La destrucción con topadoras de casi 10 mil puestos, que dejó en la calle a no menos de 50 mil personas, afectó a "la parte ilegal" de La Salada, según dijo el capo mafioso de ese lugar, Jorge Castillo, amigo de la Presidenta. En otras palabras: le suprimieron competencia.
Pero, además, la tierra arrasada durará poco. Es más: los puestos que pertenecen a los "pesados" del lugar -entre ellos, barrabravas de River, de Boca y de San Telmo- fueron desarmados por sus propietarios la noche anterior al allanamiento, de modo que la Bonaerense o Gendarmería, o ambas, les avisaron. Habrá ahora un reordenamiento que posiblemente provoque más muertes para que las mafias actuantes allí establezcan una nueva relación de poder. Entonces, los puestos arrasados volverán a instalarse, seguramente muy pronto. La brutalidad policial estuvo al servicio de ese reordenamiento mafioso. Entretanto, los que se jodieron de verdad fueron, como siempre, los puesteros pobres, los que tienen que pagarles a los barras, a la cana y a los punteros 500 pesos por día, y 1.500 por mes para alquilar una pieza miserable cerca de allí.
En cuanto a los talleres "clandestinos", seguirán funcionando como si nada. Corresponde poner entre comillas el "clandestinos", porque todo el mundo sabe dónde están: los intendentes (Macri incluido, porque muchos se encuentran en la Capital), los punteros políticos, los inspectores y la policía. Todos ellos recaudan de esos talleres, muchos de los cuales falsifican marcas por cuenta de las propias marcas, que por ese medio se han apoderado de un segmento del mercado al que antes no llegaban. Por otra parte, las grandes corporaciones internacionales no pueden asustarse del trabajo esclavo porque ellas mismas lo usan en diversos puntos del mundo, como Nike y otras.
No es cierto -como sostiene esta red capitalista mafiosa- que precios accesibles al público sólo son posibles gracias al trabajo en negro. El costo laboral representa un componente menor del precio total. El blanqueo de los trabajadores en negro y precarios tendría un impacto secundario sobre el precio final. Lo que hay que atacar y cortar drásticamente es el superbeneficio capitalista.
La Salada funciona, dicho sea al pasar, en Lomas de Zamora, el territorio de Eduardo Duhalde y de Martín Insaurralde, el precandidato sciolista a la gobernación de Buenos Aires.
Los burócratas de la CGT de Moyano han descubierto el trabajo esclavo en talleres clandestinos después de décadas. No casualmente, los descubren cuando intentan algún armado electoral a la cola de alguien, con la idea de quebrar su aislamiento político. Sus denuncias terminan en la nada, porque el problema no tiene ni puede tener una solución policial.
Centros de comercio ilegal como el de La Salada se consolidaron y extendieron a partir de la crisis de 2001, cuando ofrecían la posibilidad de comprar más barato a grandes franjas de la población empobrecida. Una posibilidad distorsionada, aprovechada por intendentes, punteros, policías y barras, y alimentada por el trabajo esclavo o semiesclavo de medio millón de personas, todo bajo la protección explícita y directa del gobierno nacional, del provincial y de los municipios.
Todo esto es parte de la degradación y de la crisis de todo el régimen social y político. Corresponde repudiar la represión brutal y la política de tierra arrasada. Los puesteros pobres necesitan organizarse en forma independiente y unirse a los trabajadores en lucha, discutir e impulsar una reorganización integral de la actividad, que privilegie el interés popular y las necesidades sociales. Eso es incompatible con capomafias como los que dirigen La Salada, con la presencia de barrabravas y policías amparados por el poder político.

Alejandro Guerrero