Cuáles serán las medidas que se tomarán luego del 28 de junio. Ya se vislumbran algunas señales fuertes" de que hará el oficialismo. Pero también del discurso opositor se pueden desprender conclusiones. En ambos casos no aparece nada auspicioso para la clase trabajadora.
¿Para qué se adelantaron las elecciones? Sin agotar el análisis politológico sobre escenarios electorales, quizás podamos construir una respuesta más direccionada desde la economía: en octubre las consecuencias de la crisis van a ser más visibles que en junio. Esta es una verdad incontrastable. Pero a ello se le agrega que el conjunto de alternativas que analiza el equipo económico del gobierno se compone de demasiados elementos de lo que históricamente se denominó ajuste: recurrir al Fondo Monetario Internacional por auxilio financiero para garantizar los pagos de deuda externa será quizás el dato más saliente, junto con reconocer los 30.000 millones de dólares de los bonistas que quedaron fuera del canje del 2006 (lo que llevaría el total de la deuda externa a más de 180.000 millones de dólares), junto con seguir subiendo las tarifas de las privatizadas (como se denunció esta semana con el tema del gas). Pero a ello le podemos agregar el atrasar, limitar y, si la relación de fuerzas le es favorable, suspender las paritarias y proceder a algo parecido a un congelamiento salarial. Y, lo más importante, "actuar de árbitro" para que no se desmadren, pero seguir avalando suspensiones, liquidación de contratos con trabajadores terciarizados y, en definitiva, despidos, en nuestra economía.
Recordemos que el discurso oficial, hasta la segunda mitad de 2008, era "que la crisis no nos iba a afectar, ya que estábamos blindados". Pero ya desde fines de octubre vimos aparecer, y principalmente en los sectores más transnacionalizados de nuestra economía, una ola de suspensiones, despidos, amenazas empresarias de recortes de horas extras y bonificaciones, despido de tercerizados y, por supuesto, planteos de que "en medio de este derrumbe" no se podía hablar de ningún tipo de aumento salarial.
La oposición, por su parte, critica duramente al gobierno, pero cuando acercamos la lupa para buscar sus propuestas económicas, no tienen ninguna postura frente a la crisis que difiera mucho de liberalizar, desregular, recurrir a los organismos internacionales en busca de crédito y, fanáticamente, bregar por la eliminación de las retenciones. Salvo este último punto no aparecen propuestas diferenciadas a las que se escuchan desde el propio gobierno.
¿Quién tiene que pagar?
Entendemos que éste es el interrogante central ante la inminencia de una debacle de la que ya vemos sus primeros coletazos. En concreto se trata de discutir qué pograma permite que no sean los trabajadores, una vez más, las víctimas de los costos de una fiesta que no provocaron ni disfrutaron. Y hay un punto que aparece como central: la realidad a la pérdida de la fuente de trabajo, a que el desempleo se instale nuevamente como dramática presencia en nuestro país. ¿Cómo tomar el toro por las astas? El primer punto, el más urgente, es generar un mecanismo que prohíba las suspensiones y los despidos, repartiendo las horas de trabajo entre todos sin reducción salarial. O sea que el costo de la crisis lo tengan que asumir las empresas.
Este planteo sólo tiene sentido si adquiere fuerza de ley. Un antecedente interesante fue presentado en la Legislatura de Córdoba, y tiene actualmente estado parlamentario. El proyecto, de autoría de la diputada Liliana Olivero, agrega además que si alguna empresa viola esta disposición, suspendiendo, despidiendo o cerrando sus instalaciones, pasa a estar sujeta a expropiación, y, dado el status local del proyecto, será provincializada. Este anteproyecto ha despertado una interesante expectativa en Córdoba, e incluso ha sido sido tomado como propio por la CTA provincial. Es evidente que una propuesta de estas características, proyectada al plano nacional, abriría una interesantísima perspectiva para discutir qué es y cómo debe tratarse una "emergencia económica".
Las grandes empresas
Las multinacionales que operan en la Argentina, los monopolios locales, los bancos y los grandes terratenientes del campo ganaron miles de millones de dólares en estos años de "auge económico" desde 2003. Fueron de hecho los verdaderos privilegiados del "modelo": subsidios para las privatizadas, extensión de contratos de explotación para las petroleras, obra pública y hasta "lobby internacional" para las llamadas "multilatinas" y blanqueo de deudas para los bancos, amén de los excelentes precios internacionales que tuvo el complejo agroexportador.
Actualmente todos se quejan por los efectos de la crisis. Sin embargo, según los propios números presentados en los balances oficiales a la Bolsa de Comercio, durante 2008 -ya con la crisis mundial comenzada- la mayoría de las empresas siguió ganando e incluso repartiendo generosamente dividendos. Veamos algunos ejemplos:
Repsol: declaró en Madrid una ganancia neta de 2.711 millones de euros. Su filial argentina, YPF, cerró el 2008 con un beneficio operativo de 1.159 millones de euros.
Tenaris (Grupo Techint): su ganancia acumulada anual fue un 2% más grande que en el 2007, llegando a 3.027,9 millones de dólares.
Telefónica de Argentina: facturó el año pasado en la Argentina 2.527 millones de euros, con un aumento del 21,3% medido en pesos, principalmente por el crecimiento de la telefonía celular (en la que la facturación creció un 27,3%) y el servicio de banda ancha de Internet (ganó 13,5% más). El Grupo Telefónica informó una ganancia operativa a nivel global de 13.873 millones de euros. Latinoamérica aportó 4.800 millones a esa cifra, siendo la Argentina uno de los principales mercados junto con Brasil y México.Aluar: las ganancias operativas de la firma sumaron 489,8 millones de pesos, 12 por ciento más que en 2007.
SanCor: el resultado operativo en 2008 fue de 130,9 millones de pesos, 106 por ciento más que el año anterior.
Quickfood: este frigorífico obtuvo un resultado operativo de 48,5 millones de pesos, 10,6 por ciento superior a 2007
Cementera Minetti: pese a la desaceleración de la industria de la construcción, la compañía informó una ganancia operativa en 2008 de 94,6 millones de pesos, 14 por ciento superior a 2007.
A su vez, las empresas que cotizan en Bolsa distribuyeron entre sus accionistas 11.930 millones de pesos durante el 2008.
Despidos en el horizonte
La fábrica Ford de General Pacheco (con 2.800 trabajadores) acaba de anunciar 330 despidos para fin de mes. Ya envió el telegrama de preaviso a pesar de que está vigente la conciliación obligatoria. Los despedidos figuran como "empleados temporarios", figura que se apoya en las leyes flexibilizadoras de la década del '90, que, lamentablemente siguen vigente con la venia del Ministerio de Trabajo.
La dirección del Smata, si bien denuncian que la empresa hizo fabulosas ganancias en estos años, y reconocen que esta automotriz, como tantas otras, fueron beneficiadas con programas financiados con plata de las ex AFJP, plantea "alternativas" que, de últimas, descarga el problema sobre las espaldas de los trabajadores: tal el planteo que se suspenda en forma rotativa a todo el personal, el pago por parte del Estado de una suma fija para los despedidos durante un pequeño tiempo, o que el Estado ponga 600 pesos de sueldo por trabajador, bajándoles los costos a la Ford. En todos los casos, la empresa no asume un peso de pérdida por la crisis.
Recordemos que, incluso ya no existe más la "doble indemnización", fijada con la emergencia económica de 2001, y eliminada porque, según el Indec, el desempleo ya estaba "por debajo del 10%". De ahí que colocar en debate planteos como la prohibición de suspensiones y despidos y la necesidad de que sean las propias empresas las que tengan que cargar en sus pérdidas esta crisis, en vez de simplemente "trasladarla" sobre sus obreros y empleados, abre una perspectiva distinta sobre las prioridades de un programa económico alternativo.
José Castillo
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