La tarea que tiene por delante el reciente electo presidente de El Salvador, Mauricio Funes, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) será harto difícil pues cuando asuma su cargo el próximo primero de junio, recibirá un país abrumado por problemas económicos y sociales que afectan a la mayoría de la población.
Tras la enorme guerra civil que padeció El Salvador, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), con la ayuda de Estados Unidos llegó al poder en 1989 e inmediatamente aplicó las directrices neoliberales orientadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Se inició la privatización de la electricidad, la banca y las telecomunicaciones, se adoptó el dólar como moneda oficial que condujeron al incremento de la pobreza en esa nación.
Durante 20 años, los sucesivos gobiernos de ARENA marcharon muy unido a las decisiones emanadas desde Washington y como colofón el gobierno del presidente saliente Antonio Saca impulsó la firma del Tratado de Libre Comercio con Centro América (TLCCA) a la vez que se convertía en el único país latinoamericano que enviaba un contingente militar a Iraq en apoyo a la ocupación norteamericana.
Esas políticas económicas han motivado que la capacidad de compra y de consumo de la población salvadoreña haya registrado los índices más bajos de los últimos 20 años
Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador, a casi tres años de la entrada en vigor del TLCCA, “el 52 % de la población está en la pobreza soportando situaciones extremas de necesidad sanitaria, educativa y de servicios básicos”, mientras se asegura que el Estado es prácticamente inexistente para las comunidades rurales y el cinturón humano que se refugia alrededor de las ciudades.
El PNUD agregó en un reciente informe que solo el 49 % de la población tiene agua potable en sus casas y la mayoría de los escolares abandonan sus estudios antes de concluir la primaria y secundaria en busca de algún posible sustente para sus familiares.
Los datos y cifras difieren entre las distintas instituciones aunque todas son elocuentes. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) señaló que el 78 % de la población carece de seguro médico estatal o privado y el 90 % de los más pobres no cuenta con ese beneficio.
Antonio Saca, antes de suscribir el TLC afirmó que los nuevos puestos de trabajo crecerían en espiral pero el desempleo se mantiene aún como una tarea pendiente pues organizaciones sociales y sindicales aseguran que se ubica entre el 66.70 % y el 70 % de la población económicamente activa.
La entrada con bajos impuestos al país de productos norteamericanos como el maíz, frijol, huevos, lácteos, pollos congelados y otros, han provocado la quiebra de miles de agricultores los cuales han tenido que abandonar sus pequeñas parcelas en el campo y trasladarse a las ciudades en un intento por tratar de sobrevivir.
La Fundación FUSADES puntualizó que la mayor parte de los salvadoreños tampoco cuentan con la protección de proyectos de seguridad en el área de salud y el 85 % de la población rural carece de la más mínima atención médica con un alto por ciento de desnutrición infantil.
El Programa Rural de Salud Visual de la Fundación para el Desarrollo de la Mujer indicó que en el campo y zonas periféricas de las ciudades proliferan enfermedades oftalmológicas, estomacales, cardiovasculares y de cáncer, mientras los pobladores no tienen ningún acceso a la salud.
La atención pública salvadoreña, tradicionalmente en crisis por desinterés estatal, se agravó con la entrada en vigor del TLC pues pocos meses después se firmó la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud que contiene fundamentalmente elementos privatizadores por los cuales solo las personas adineradas pueden pagar esos servicios.
Las medidas neoliberales han servido de caldo de cultivo para que esta nación de 6 500 000 personas, sea una de las más violentas del mundo con una tasa de 12 asesinatos diarios.
Las pandillas, denominadas Maras, proliferan por todo el país debido a las malas condiciones sociales, y los asaltos y asesinatos se han convertido en una “epidemia” de difícil solución.
La delincuencia y la miseria impulsan la emigración al grado de que casi tres millones de salvadoreños residen en el exterior, gran parte en Estados Unidos.
Las remesas que envían sus emigrados alcanzan a cerca de 3 500 millones de dólares y representan alrededor del 17 % del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque ese dinero no influye en el desarrollo del país, si sirve para aliviar algunas necesidades de la población receptora.
Los gobiernos de derecha de ARENA no privilegiaron los desposeídos, sino a los grupos de poder que se enriquecieron del aparato de Estado y dejaron a las grandes mayorías aun más pobres y necesitadas.
Un ejemplo para comprender esa inequidad. El último aumento salarial decretado en el país llevó los sueldos de los parlamentarios de 1 800 a 2 900 dólares mensuales, mientras que los haberes de los empleados de comercio y servicio se fijaron en 182.95; los de industria 178.79; maquila 161.97; y agropecuarios, 85.59 dólares.
Los cuatro gobiernos de ARENA cuyo último presidente Antonio Saca entregará el batón a Mauricio Funes, han dejado un gris panorama a sus coterráneos salvadoreños además un Tratado que solo sirve de Libre Comercio a Estados Unidos y sus transnacionales.
El programa del FMLN prevé programas para generar empleos, reducir el costo de la vida, mejorar la salud y la educación, así como implementar planes de corto, mediano y largo plazos para erradicar las causas de la violencia.
Mauricio Funes también intentará fortalecer la institucionalidad del Estado, luchar contra la corrupción, estabilizar y desarrollar las labores agrícolas, crear una red de seguridad alimentaria para proteger a grupos vulnerables y una economía a favor del bienestar social.
Grandes son los retos que se le presentan al futuro mandatario y fundamental será para alcanzar muchos de esos logros es caminar por el camino de la integración regional para beneficio de su pueblo y de la América Latina en general.
Hedelberto López Blanch
Rebelión
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