Un fiscal federal pidió la indagatoria de los dueños de la marca Koswef S.A., propiedad de la marca de ropa Kosiuko que creó Federico Bonomi. Los costureros denunciantes no recibieron indemnización, y tampoco asistencia por el Gobierno porteño al ser víctimas de trata.
El creador de la marca de ropa Kosiuko, Federico Bonomi, es requerido por un fiscal federal a que preste declaración indagatoria en el marco de una causa por trabajo esclavo.
El pedido que el fiscal Jorge Di Lello hace al juez Julián Ercolini, y que se produce a poco más de un mes de que la cooperativa textil La Alameda y la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Pierini, aportaran más pruebas en las que se compromete a la empresa Kosiuko con un taller textil clandestino en el que fueron reducidos a la servidumbre una pareja de bolivianos indocumentados.
El pedido de indagatoria del fiscal Di Lello pesa sobre Bonomi, e incluye a su gerente general Marcelo Gallardo, y a los talleristas Walter Moya y Andrea Mishaguagua. Además pide la ampliación de indagatoria de Aníbal Terra, presidente de Kowseff S.A. a cargo de la marca Kosiuko. Terra fue sobreseído por Oyarbide luego de haber sido convocado por la justicia a raíz de entregar al Gobierno porteño y Nacional una falsa lista de talleres de los que se proveía. Esos talleres fueron inspeccionados por la Subsecretaría de Trajo porteña y luego de comprobar su inexistencia en muchos de las direcciones se radicó la primer denuncia contra Kosiuko.
El pedido de indagatoria sobre los empresarios y talleristas incluye un pedido de testimonial y pericias.
El fiscal decidió por pedido de la querella, a cargo de Rodolfo Yanzón que asesora a La Alameda, el testimonio del ex subsecretario de Trabajo porteño Alejandro Pereyra y su segundo en ese momento, Fernando Gelfo. Es que Pereyra fue expulsado del gobierno de Jorge Telerman en el 2006 tras la revelación mediática de los métodos de producción por la marca de ropa con locales en los shoppings y en el exterior.
En tanto que las pericias requeridas a la policía científica de la Gendarmería es para determinar la autenticidad de las etiquetas que aportaron los denunciantes y que fueron extraídas de un taller clandestino ubicado Crisóstomo Alvarez 391, barrio de Flores.
El reconocido abogado en causas de derechos humanos, Rodolfo Yanzón, fue consultado por este medio, y decía lo siguiente: "Descontamos que va ser favorable el llamado a indagatoria, que esperamos apruebe en los próximos días el juez Ercolini. Esto lo cual dejaría a empresarios y talleristas a un paso del procesamiento. Igual falta en las acusaciones la violación a la ley de Trabajo a Domicilio, que volveremos a pedir que se tenga en cuenta, y además sumaremos más pruebas para que la justicia investigue".
La satisfacción por el avance de la justicia fue inocultable para La Alameda. Su referente Gustavo Vera expresó que "Kosiuko inaugure su campaña de otoño-invierno desfilando por Comodoro Py nos pone muy contentos". Además, prosiguió Vera: "Ayer se realizó el ceclo entre costureros y la empresa. Se presentó un abogado que fingió no conocer para que fue convocado. Pero se olvidó que el mismo Bonomi reconoció que se deslindó del taller tras conocer los métodos que utilizaba para producir. Esto refleja que kosiuko no paga las indemnizaciones y en tanto que el Gobierno porteño deja a la pareja denunciante dormir en un colchón en La Alameda y no aplica la ley de asistencia a la víctima de trata".
A principios de marzo la organización Alameda con el acompañamiento de la Defensoría aportó a la causa -nacida en el año 2006- filmaciones de un taller clandestino, más el testimonio de los explotados costureros Concepción Pajarito y Oscar Mamani Mamani y el reconocimiento de la situación por dos referentes religiosos, Damián Karo de la Fundación Judaica y Mario Videla del Arzobispado de Migraciones, que participaron en varias reuniones que Kosiuko y La Alameda mantuvieron con la idea de comenzar un proceso de auditoria sobre la marca que había sido acusada de beneficiarse de la esclavitud de trabajadores.
La causa contra Kosiuko avanzó este año cuando quedo en manos del juez Julián Ercolini. Tras la denuncia de hace un mes se allanó la sedes centrales de la empresa y el taller donde tercerizaba su producción. El primer juez que entendió en la causa, Norberto Oyarnide, se apartó del expediente cuando fue acusado de recibir tres millones de pesos por los dueños de Soho. Oyarbide favoreció a los empresarios de Soho con un sobresimiento en el que se argumentaba que la esclavitud era una costumbre cultural.
Lucas Schaerer .
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