NUEVO ATAQUE CONTRA OLLA POPULAR POR LOS PIBES
A menos de un año del ataque paraestatal contra “Autoconvocados por los derechos de los pibes” (y contra los pibes), otro episodio similar se registró en la capital de la provincia de Buenos Aires, esta vez en la vereda de la propia Municipalidad de La Plata. En el mismo momento, en otro edificio público pero a pocas cuadras, autoridades municipales se explayaban sobre “la importancia de luchar por los derechos de ayer y de hoy” y rechazaban “la criminalización de la pobreza, en especial la de nuestros pibes”. Crueles ironías de un sistema político hipócrita, que por un lado es capaz de homenajear a Walsh y al mismo tiempo “resolver” la pobreza infantil barriéndola –a los palos- bajo la alfombra.
El martes 31 de marzo, poco después de las 17 hs., los integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez se aprestaban a armar una olla popular en la vereda del Palacio municipal. La acción estaba motivada por el incumplimiento, por parte del Estado, de la ley 13.298. La norma obliga a los gobiernos –nacional, provincial, municipal- a aplicar medidas efectivas para la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El incumplimiento de la ley llevó a que en julio del año pasado un grupo de vecinas y vecinos, “Autoconvocados por los derechos de los pibes”, comenzara a realizar una olla popular en plaza San Martín, frente a la gobernación bonaerense. Como iniciativa de contención de los niños y jóvenes en situación de calle y también para llamar la atención ante el problema social y la falta de respuesta del Estado. Sin embargo, a los pocos días la respuesta del Estado llegó y fue la represión, en una de sus peores formas: un grupo de hombres armados -que se identificaron en el momento como policías, aunque no estaban uniformados- atacó a los asistentes a la olla con cadenas y armas blancas y amenazó con matar a los pibes en situación de calle. En repudio a estos hechos nació la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que en los meses siguientes organizó distintas movilizaciones y presentó un amparo ante la Justicia.
En noviembre, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1, Luis Arias, ordenó al gobierno que disponga con carácter de “urgente” distintos mecanismos de asistencia: un Parador 24 horas con asistencia terapéutica, talleristas, asistentes sociales, asistencia médica y operadores con experiencia en tratamiento de adicciones; un Servicio hospitalario especial; el traslado de los menores en riesgo a Centros de Tratamiento Terapéutico; Servicio de atención telefónica; entre otros. Pasados más de cuatro meses de la medida cautelar, y ante la inocultable demora, desde la Asamblea decidieron organizar la olla popular frente al Municipio. Pero se encontraron con que esta vez el Estado sí se hacía presente. De nuevo, no para resolver el problema, sino para reprimirlos.
“Cuatro compañeros nos encontrábamos en el playón de la Municipalidad a punto de iniciar la olla cuando se acercaron miembros de Control Urbano y efectivos policiales. Con el pretexto de que estábamos ocupando la vía publica comenzaron a secuestrarnos los materiales que teníamos para realizar dicha olla. Paralelamente un tipo que formaba parte de un grupo de personas vestidas de civil agredió a un compañero que estaba filmando un video de la situación y le rompió la cámara”, explicaron al otro día. De acuerdo a lo que señalaron desde Autoconvocados, el grupo que formaba la patota “de civil” se negó a identificarse, aunque dijeron que trabajaban en la Municipalidad, al mando de Pablo Bruera.
Por esas cosas de la real politik argentina, minutos más tarde, a pocas cuadras de allí, en el Pasaje Dardo Rocha, la misma Municipalidad organizaba la presentación del libro “Rodolfo Walsh en Cuba”, de Enrique Arrosagaray. Al dar comienzo a la actividad, el secretario de Cultura, Iván Maidana, no se privó de tomar el micrófono para realizar un balance del “mes de la memoria”, destacando la importancia de “luchar por los derechos humanos de ayer y de hoy”. En su discurso, el secretario rechazó los pedidos de mano dura y en su lugar propuso brindar respuestas a la situación social. “No puede ser que se criminalice la pobreza, y en especial a nuestros pibes”, señaló.
Al día siguiente, ninguna voz oficial ofreció una disculpa y mucho menos una respuesta concreta a la medida dispuesta por la Justicia. Ni siquiera ante la noticia del fallecimiento de Belén Leguizamón, la nena de 8 años que murió a causa de desnutrición crónica. Belén vivía en “La favela”, un barrio pobre ubicado junto al Estadio Ciudad de La Plata, que pocos días más tarde sería la sede del clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia.
De acuerdo a datos difundidos por un matutino local, en todo el país seis millones de niños y niñas viven en la pobreza. De ellos, más de la mitad pasa hambre. Y 25 por día mueren antes de su primer cumpleaños: nueve mil al año. En un país con capacidad para producir alimentos para 400 millones de personas, once veces la población total. Datos que tal vez expliquen por qué “no alcanza” con más y más medidas punitivas para frenar la violencia social, interrogándonos de paso sobre qué convivencia genera un sistema que no da a muchos la seguridad de comer, vestirse, tener un techo, educación, atención de la salud.
“Ningún pibe nace chorro” fue la frase que encabezó las movilizaciones del año pasado. El martes próximo, la asamblea permanente por los derechos de la Niñez vuelve a movilizarse, convocando a una “jornada cultural y olla popular, para pedir por toda la infancia en situación de calle”. La jornada será al mediodía, en la misma puerta de la Municipalidad cuyos ocupantes dicen una cosa y al mismo tiempo hacen otra.
Los gobiernos local, provincial y nacional, más que homenajear a Walsh en los discursos y citar los derechos humanos del hoy en abstracto, tal vez deberían dar alguna respuesta concreta. Por Walsh, por los 30.000, por todos los que lucharon y luchan por una sociedad con justicia. O si no, por lo menos callarse la boca.
Prensa de Frente
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