Como se ha mencionado en los anteriores artículos publicados en Ideas de Izquierda de los meses de mayo y julio del corriente año, el presente ensayo continúa analizando los diversos instrumentos que empleó Juan D. Perón durante la década de 1970 para frenar la protesta social por parte de los trabajadores y de la izquierda.
Si bien el esquema central donde se enmarcó todo su proyecto fue el Pacto Social, a los pocos meses de su aplicación este fue seriamente impugnado por el conjunto de la clase trabajadora. Frente a ello, el líder del justicialismo, además de las medidas analizadas con anterioridad, se abocó a disciplinar al movimiento obrero por medio de otras herramientas. En particular, en este ensayo se describe tanto el reforzamiento de la estructura gremial en manos de la burocracia con la conformación de la Juventud Sindical Peronista (JSP), como el nacimiento de diferentes grupos represivos paraestatales.
Los nuevos cuadros gremiales y la creación de la Juventud Sindical
En ese contexto de depuración en el movimiento obrero, a instancias del anciano líder y de la voluntad de los hombres que condujeron las 62 Organizaciones, se creó la JSP. De acuerdo con Jorge Zicolillo (2013), este agrupamiento nació con el objetivo de combatir tanto a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) como a los sectores de izquierda en el movimiento obrero. Si bien fue fundada por José Rucci poco antes de fallecer, en la práctica se convirtió en la rama juvenil de las 62, tal como se la denominó en los medios de prensa de la época. Cabe indicar que la Juventud Sindical tuvo una extensa y rápida inserción en numerosas estructuras gremiales.
La JSP aparece públicamente desde las primeras semanas del gobierno de Héctor Cámpora: una de sus primeras intervenciones fue la de participar al lado de los sectores ortodoxos en la masacre de Ezeiza. Meses más tarde, en noviembre de 1973, junto con otras fracciones juveniles identificadas con este pensamiento, intervino en un acto organizado en el estadio de Ferrocarril Oeste. En dicha oportunidad, uno de sus oradores, Washington Vargas, expresó que “la Juventud Sindical Peronista es el brazo político que decide crear los anticuerpos necesarios para defender el movimiento” (El Caudillo, 23-11-1973).
Por otro lado, cabe observar que el surgimiento y ramificación de la JSP en los gremios fue en concordancia con otra tarea que Perón pugnó durante esos meses: la multiplicación de los cursos de capacitación sindical dirigidos desde la propia central obrera. Aunque estas instancias de formación comenzaron a impartirse desde el último trimestre de 1973, las mismas alcanzaron su punto de mayor importancia cuando el anciano mandatario inauguró la Escuela Sindical Superior de la CGT el 30 de abril de 1974. En esa ocasión, el líder del movimiento, con la presencia de todo su gabinete ministerial y los miembros superiores de las Fuerzas Armadas, expresó:
Esta es una escuela para dirigentes ya formados, esos dirigentes que ya han fluido de la propia masa a raíz de sus valores personales. Esos son los dirigentes de la conducción. (…) A esa escuela de jefes, porque es superior, hay que adicionarles las demás escuelas sindicales para formar los almácigos de dirigentes de encuadramiento, los que están en contacto diario con las masas (…) No se puede pensar en la estabilidad de una organización cuyos dirigentes de conducción y de encuadramiento no tengan una concepción única que permita también una absoluta unidad de acción en la lucha y en el trabajo de todos los días” (Noticias, 2-5-1974).
En ese marco, Perón buscó que su pensamiento fuera compartido en todos los niveles gremiales, desde la cúpula hasta las bases. En ese orden se comprende su interés para que las entidades laborales conformen su propia juventud sindical, las cuales también tendrían distintas instancias de capacitación a partir de la enseñanza de la propia filosofía del fundador del justicialismo. De acuerdo con un vocero metalúrgico, en las escuelas sindicales se “preparan a los futuros dirigentes” gremiales con tres libros escritos por el entonces primer mandatario: “Conducción Política”, “Doctrina Peronista” y “Comunidad Organizada” (Noticias, 21-2-1974).
Corresponde observar que en todo momento los cursos tuvieron el respaldo legal y económico de la cartera laboral. Sobre el particular, en un acto desarrollado en Rosario, en circunstancias en que se inauguraba la primera escuela sindical del gremio metalúrgico, el Ministro de Trabajo Ricardo Otero expresó: “No usamos la estrella roja, los distintivos que usa una juventud que no sabe lo que hace, mal aconsejada y mal conducida por ideólogos que prefieren el retrato del Che Guevara al de Perón, como si fuera posible reemplazar a Perón por un renegado”. Por su parte, en ese encuentro el vicegobernador Félix Cuello, hombre del mismo gremio, manifestó: “el General Perón puede estar tranquilo, porque mientras nosotros tengamos la Juventud Sindical Peronista que tenemos, jamás entrarán en nuestro gremio los bichos colorados” (Noticias, 17-12-1973).
La Juventud Sindical se consideró como la encargada de velar por la ortodoxia del pensamiento de Perón tanto contra la JTP como frente a los sectores marxistas que actuaban en el movimiento obrero. De este modo, entre las diversas tareas que se propuso fue la de combatir por diversos medios la presencia de estos grupos. En esa coyuntura, avalada por el gobierno y por la burocracia laboral, emplearon en reiteradas oportunidades el uso de la violencia contra el activismo opositor. Aunque muchas de las acciones quedaron en el anonimato, hubo otras en que la JSP abiertamente proclamaba su intervención. Así, una de las primeras agresiones más resonantes fue el asesinato de Juan Carlos Bache en agosto de 1973 cuando se hallaba defendiendo la sede del sindicato de los ceramistas en Villa Adelina, frente al intento de asalto al local por cerca treinta hombres armados.
A partir de entonces comenzó un sistemático y permanente ataque contra delegados y activistas, incrementándose en forma cualitativa durante el tercer gobierno de Perón. De este modo, en los primeros meses de su mandato varios afiliados a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fueron baleados, secuestrados y torturados por atacantes identificados con la JSP, la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), el Comando de Organización (CdO), la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y por hombres sin identificar que se movilizaban en autos sin patentes. De estos hechos, el más grave fue el asesinato en la vía pública de Pablo Fredes, delegado de ese gremio y militante de la JTP en octubre de 1973. En los meses siguientes fueron detenidos y ejecutados, entre otros, Adrián Sánchez, enrolado en la JTP en la minera El Aguilar en Jujuy; Hugo Jaime, de la JTP y miembro de la comisión interna de Fitam; e Inocencio Fernández, subdelegado de la fundición Corni-Cormasa y militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Corresponde indicar que este no fue el último ataque contra esa agrupación política: a fines de mayo de 1974, un grupo de quince hombres armados, señalados como de la JSP, ingresaron con ametralladoras en el local partidario de General Pacheco donde se raptó a seis integrantes de esa organización, tres de los cuales fueron liberados al poco tiempo; sin embargo, ese no fue el destino para los restantes obreros secuestrados ya que fueron asesinados y arrojados en una zona descampada.
El empleo de la represión legal y paraestatal
En una coyuntura signada por el incremento de la protesta social, la lógica de Perón se concentró en poner en marcha otro dispositivo con el fin de disciplinar a la clase obrera: había llegado la hora de “hacer tronar el escarmiento”. De este modo, a comienzos de octubre de 1973, en una nueva reunión con sus gobernadores el general advirtió que se emplearían todas las herramientas que están a su alcance para restablecer la gobernabilidad. Según un comunicado secreto enviado a los mandatarios provinciales:
En las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos los medios que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación. (…) En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará. (…) Medios de lucha se utilizarán todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad (Terragno 1974: 176; énfasis en el original).
Si bien las acciones ilegales se habían puesto en ejecución desde mediados de 1973, a partir de enero de 1974 se empezó a implementar esta “orden reservada”. Durante ese mes, Perón nombró a los comisarios Alberto Villar y Luis Margaride como subjefe de la Policía Federal y superintendente de Seguridad Federal, respectivamente. Para la misma fecha, la Triple A publicó una nómina de personas en las que se les advirtió de su inmediata ejecución. Al respecto, Marcelo Larraquy (2004) subraya que, por entonces, Villar había conformado un grupo de más de cien hombres a quienes denominaba “los Centuriones”, los cuales efectuaban operaciones clandestinas bajo la cobertura del Estado. De este modo, el grupo se convirtió en una asociación que actuó en forma ilícita con fines políticos, tanto al servicio de las necesidades de purificación del movimiento como de eliminar a todos aquellos que cuestionen el proceso político que estaba encabezando Perón. Cabe mencionar que en todos estos hechos también jugaron un papel destacado el ministro de Bienestar Social López Rega, la dirigencia gremial con matones y sicarios de los propios sindicatos, la JSP, la JPRA, el CdO, la CNU, el Comando Evita, entre otras agrupaciones. En la práctica, Perón comenzó a poner en marcha el somatén que necesitaba para poder cumplir con la orden reservada (Bonasso 1997).
De acuerdo con Ignacio González Jasen (1986: 47), el gremio metalúrgico dispuso de “un pequeño ejército” reclutado de “pistoleros” de “mercenarios vinculados a los cuerpos policiales, tanto como militantes de extrema derecha provenientes de Tacuara, la Guardia Restauradora, la Alianza y la CNU”. Por otra parte, el jefe del movimiento alertó a los representantes parlamentarios enrolados en la Juventud Peronista, que:
Si no tenemos la ley, el camino será otro; y les aseguro que puesto a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla, y lo haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes. (…) Nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. (Baschetti 1996: 404/5; énfasis en el original).
El carácter coercitivo de estas acciones se complementaron con una toda una serie de asaltos a locales sindicales y partidarios, intimaciones, secuestros, torturas y asesinatos contra activistas gremiales y políticos, ya fuesen de la Tendencia o de la izquierda.
Desde el regreso de Perón en junio de 1973, se iniciaron los ataques sistemáticos y permanentes contra todo aquel individuo o agrupamiento social que representaba una alternativa a la burocracia gremial. No sólo se los eliminó físicamente sino que también se buscó provocar un efecto de terror y de aislamiento con el resto de la clase obrera. En general, cada acción violenta fue ejercida con una enorme saña (cuerpos maniatados, desfigurados, acribillados) con el objetivo de impartir una lección al entorno inmediato de la víctima. Corresponde observar la total impunidad en este tipo de eventos; en reiteradas ocasiones, fueron efectuados en forma pública, donde sus autores reivindicaron sus acciones. En cuanto a los asesinatos, por lo general, fueron llevados a cabo tanto por medio de ráfagas de ametralladoras como por explosiones de bombas. De forma paralela, comenzaron las agresiones a las sedes sindicales y a locales partidarios, tanto a unidades básicas peronistas como de agrupaciones de izquierda.
Tampoco faltaron las amenazas manifiestas de muerte como las que recibió durante los meses de enero y febrero de 1974, el líder del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Agustín Tosco, por parte de la Triple A. O bien, como advirtió José Rodríguez, secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA):
Los mecánicos hemos estado siempre en la defensa del país y nuestra organización (…) nosotros no vamos a esperar más sentados que la traición y la contrarevolución marxista destruya nuestro pueblo. Estamos dispuestos a darles batalla en todo el país, estén donde estén, en las fábricas, seccionales, talleres, y con la movilización activa de los mecánicos auténticos, que sólo reconocen una bandera, la Azul y Blanca, y un Líder, el Teniente General Juan Domingo Perón y una doctrina, la Justicialista. SMATA eliminará para siempre de nuestras filas a quienes han actuado y actúan al servicio de la sinarquía internacional, con apoyo de adentro y de afuera. (…) La guerra está declarada contra los agentes del odio y la desunión (Noticias, 22-1-1974).
Ese no era el primer aviso de esta organización; uno de los antecedentes más resonantes ocurrió en la noche del 16 de julio de 1973 cuando distintas bandas armadas atacaron las sedes de Luz y Fuerza y de los mecánicos en la ciudad de Córdoba. En el primero de los asaltos, la agresión se repelió en forma exitosa por los trabajadores que se hallaron en el lugar; en cambio, la embestida contra el segundo local fue más certera, tomando como rehenes a dos miembros de la comisión directiva que fueron posteriormente abandonados en las oficinas del gremio metalúrgico con el apoyo tácito de las fuerzas de seguridad de la provincia. O también, cuando se produjo el ataque con una bomba perpetrado en el auto del Secretario General de la seccional Córdoba del SMATA René Salamanca, estacionado en la sede gremial de Córdoba. En sintonía con estos acontecimientos, en el mes de enero de 1974 un grupo parapolicial arrojó una granada en el local del sindicato de Empleados de Gas del Estado, por ese entonces, alineado a la JTP.
A la par de la actuación paraestatal, las fuerzas de seguridad (en particular, la Policía Federal, las provinciales y la Gendarmería) ejercieron funciones represivas en numerosos conflictos obreros. Así, por ejemplo, en octubre de 1973 los obreros de la UTA que se encontraban de paro y se manifestaban en la Plaza de Mayo fueron duramente reprimidos por la policía y por grupos de civiles armados pertenecientes a la custodia del Ministerio de Bienestar Social. También, en marzo de 1974, más de trescientos empleados de la casa central del Banco Nación fueron detenidos por la Policía Federal cuando paraban por la aplicación de la Ley de Prescindibilidad. Este hecho determinó la realización de una extensa huelga por la reincorporación de los trabajadores cesanteados; frente a ello el Ministerio del Interior la declaró “ilegal y subversiva”. Además de la intervención en las medidas de fuerzas, la represión policial se dirigió, en no pocos casos, a la detención de trabajadores y a asaltar locales sindicales y partidarios.
En resumen, tanto el aparato represivo legal como el paraestatal desempeñaron funciones complementarias a la hora de debilitar y quebrantar a las distintas organizaciones sindicales y políticas de trabajadores, estudiantes, profesionales, etc. Asimismo, aunque actuaron en numerosas ocasiones en forma descentralizada, creyeron y sostuvieron que estaban cumpliendo con el mandato de Perón de purificar el justicialismo y de expulsar a los grupos de izquierda que actuaban en el movimiento obrero. En otras palabras, la orden impartida por Perón de preservar la ortodoxia del movimiento fue cumplida bajo distintas formas por aquellos que se consideraban sus verdaderos portadores.
A pesar de todas las medidas impulsadas e implementadas por Perón, el intento de pacificar el país a través del Pacto Social, lentamente terminó en un rotundo fracaso. No sin altibajos, la conflictividad social y política siguió su rumbo. En ese escenario, el deceso del líder justicialista provocó que, en lo inmediato, ni el gobierno de Isabel ni los principales factores de poder poseyeran un plan alternativo al firmado bajo la presidencia de Cámpora. En el mismo sentido, la burocracia sindical, más allá de sus intereses en conflicto con la ortodoxia peronista, siguió apelando a diversos métodos (donde no faltó la violencia y el fraude) para continuar con su control y con el disciplinamiento del movimiento obrero.
Alejandro Schneider
Historiador, docente e investigador de la UBA y de la UNLP.
Bibliografía
Baschetti, Roberto (1996): Documentos. 1973-1976. De Cámpora a la ruptura, La Plata, De la Campana.
Bonasso, Miguel (1997): El presidente que no fue. Los archivos ocultos del peronismo, Buenos Aires, Planeta.
González Jasen, Ignacio (1976): La Triple A, Buenos Aires, Contrapunto.
Larraquy, Marcelo (2004): López Rega. La biografía, Buenos Aires, Sudamericana.
Terragno, Rodolfo (1974): Los 400 días de Perón, Buenos Aires, De la Flor.
Zicolillo, Jorge (2013): La era de los culatas. La derecha peronista y el patoterismo sindical, Buenos Aires, Vergara.
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