Apuradísima, la Unión Industrial Argentina, emitió un comunicado en el que se opone a la creación de una Comisión Bicameral del Congreso que investigue, casi 40 años después, la complicidad de los empresarios con la dictadura. Hasta el momento se denunciaron 230 desaparecidos en Campana, más de 70 obreros de Siderca, 12 llevados por la Triple A en el ’75 y 10 centros de tortura en funcionamiento. Un dato habla por sí solo de ésta complicidad: los terrenos de la empresa pasaron a ser jurisdicción del Ejército.
Quién es el empresario ejemplar
El fundador de Siderca, Agostino Rocca, comenzó su carrera en 1931, cuando Mussolini lo puso al frente de la estatal siderúrgica italiana. Llegó a la Argentina en 1945, unos años más tarde instala Techint en Campana, de la mano del empresario allegado a Perón, Torcuato Di Tella, y logra un crecimiento descomunal a base de contratos con el Estado. Al comienzo de la última dictadura ya era un empresario consolidado, pero cuando terminó, monopolizaba el mercado y la producción siderúrgica argentina, junto con Acindar. Los Rocca hicieron negocios millonarios con los genocidas. Pero para eso necesitaron aplastar la resistencia de los trabajadores organizados política y sindicalmente, que se oponían a perder sus conquistas. Siderca impuso así la multiplicidad de tareas, a la vez que el sector más insalubre, la fundición (acería), perdió el turno de 6 hs. Los testimonios ubican a la burocracia de la UOM, dirigida por Lorenzo Miguel, como integrante de las bandas de la Triple A y como armadora de listas negras con los nombres de activistas y militantes de izquierda. Caló, actual cabeza del gremio, se formó junto a esos dirigentes.
El ocultamiento
Los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas han permitido reestablecer una parte de la historia de las desapariciones y la resistencia obrera, dentro de la fábrica y la ciudad. La política social que ha pactado con los gobiernos (radicales y peronistas) garantizó que en el imaginario local esté borrado su rol durante la dictadura. Si se abrieran todos los archivos de la dictadura, a lo que el Kirchnerismo se ha negado, junto a la conformación de una comisión investigadora independiente, podrían obtenerse las pruebas de la complicidad entre empresarios y genocidas.
Simona Del Lubo
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