El abogado Rodrigo Borda dijo que el uso de las balas de plomo fue producto de “un operativo pésimamente planificado”. Rodolfo Yanzón afirmó que “cualquiera hacía lo que quería, dañaba, lesionaba a quien se le venía en gana”.
Extendido en plena Avenida de Mayo, a unos metros de Tacuarí, Gastón Riva, ojos y boca perdidamente abiertos, es zamarreado por hombres que con desesperación intentan revivirlo. Un poco más cerca de Piedras, otro tumulto de gente carga a Diego Lamagna, inconsciente, y lo lleva a las corridas hasta la Avenida 9 de Julio; ahí queda, inerte y con el pecho ensangrentado. “No lo puedo creer, qué hijos de puta”, se oye a alguien putear a su alrededor. Más allá, y más o menos al mismo tiempo, cae herido también Carlos Almirón, que muere antes de llegar al Argerich, aunque su cuerpo no queda registrado en las imágenes televisivas de las que se valió el Centro de Estudios Legales y Sociales para acompañar la segunda parte de su alegato en el juicio por la represión del 20 de diciembre de 2001. “Fueron heridos en simultáneo”; “Las balas de plomo provinieron desde la esquina en donde estaban apostados policías de la Federal con camisa blanca”, narró el abogado Rodrigo Borda al son de la filmación, a cuyo cierre remarcó: “Llegamos a este juicio con la plena certeza de que los mató la Policía Federal, la misma que disparó a los heridos de balas de plomo. Y nos vamos con muchas más certezas: el uso de esas balas no fue producto del azar ni de la decisión caprichosa de los efectivos, sino consecuencia de un operativo pésimamente planificado”. El CELS culminará su exposición el miércoles próximo, con los pedidos de condenas para el ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza, Enrique Mathov; los ex directivos de la fuerza Rubén Santos, Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi, y otros 13 efectivos acusados en el juicio.
El CELS está a cargo de la querella unificada de las familias de Riva y Lamagna, víctimas fatales junto con Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez de la represión llevada a cabo en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, entre la Plaza de Mayo y la Avenida 9 de Julio, aquel 20 de diciembre de 2001. En la acusación, el CELS insiste en el contexto político del accionar represivo de aquel día, haciendo hincapié en el estado de sitio decretado por el entonces presidente Fernando de la Rúa para espantar las protestas. De hecho, ayer Borda reiteró la hipótesis de que esa medida “resultó un cheque en blanco para que las fuerzas, por orden del Poder Ejecutivo, pudieran reprimir y detener gente a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”.
Si la primera parte de la exposición, que sucedió hace dos semanas, se centró en la presentación de los hechos y el desempeño de los acusados de rango –Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos; el ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi, y el ex director general de Operaciones, Norberto Gaudiero– la de ayer se centró en la represión que barrió con la Avenida de Mayo y alrededores, y que provocó la muerte de Riva, Lamagna, Almirón, Benedetto y Márquez: “Lamagna, Rivas y Almirón son heridos en simultáneo. Los disparos que hirieron a los tres provinieron de personal de la Policía Federal, que disparó contra las víctimas actuando en el marco del operativo dispuesto por la superioridad”, aseguró el CELS en su alegato.
En ese marco, Borda apuntó que los efectivos policiales “fueron apostados por la Dirección General de operaciones –a cargo de Gaudiero– para impedir el avance de los manifestantes, siguiendo instrucciones del área política de la fuerza”, una línea que lleva directo a Santos y Mathov. Para el CELS, el operativo desplegado “adoleció de graves defectos en planificación, organización y puesta en marcha desde temprano en función de los condicionamientos políticos a la fuerza, que priorizaron la necesidad de reprimir a los manifestantes para vaciar las calles por sobre el deber de garantizar la vida de los manifestantes y de los efectivos policiales”. En el operativo “fueron desplegados efectivos sin experiencia” munidos “sólo con armas reglamentarias y sin parque antitumulto” que “al verse superados por los manifestantes aplicaron balas de plomo”, continuó. “El Estado de sitio le da un contexto excepcional” al operativo represivo ya que significó que durante esos días “no podían regir las reglas de la vida cotidiana”, por lo que “debe ser utilizado para analizar las responsabilidades de algunos acusados”, como Mathov, Santos, Gaudiero y Andreozzi: “Funcionó como cheque en blanco para reprimir y detener: Mathov y Santos impartieron las órdenes, Andreozzi y Gaudiero fueron la mano aplicadora de ese cheque”, reflexionó el CELS.
En esa misma línea se expidió el abogado Rodolfo Yanzón, encargado de exponer sobre los heridos: “La represión no estuvo focalizada, fue consecuencia del operativo excepcional y deficiente, y desplegada de manera caprichosa: cualquiera hacía lo que quería, dañaba, lesionaba, a quien se le venía en gana”, coincidió con Borda y solicitó al tribunal que “la sentencia reconozca a todos los heridos como víctimas de la represión, más allá de las condenas a los acusados”.
Ailín Bullentini
No hay comentarios:
Publicar un comentario