Un ministro de Trabajo que tiene empleados en negro. Una ministra de Seguridad que miente para encubrir a las fuerzas represivas. Un Gobierno que solo cuida las ganancias de sus mejores amigos.
Posiblemente Sandra Heredia no haya vislumbrado la fuerte crisis política que se abriría a partir de su denuncia contra Jorge Triaca, el ministro de Trabajo de la nación.
El violento audio del funcionario destapó no solo el hecho de su familia tenía empleados en negro, sino que también puso sobre el tapete el nada cristalino accionar en la intervención del SOMU.
El discurso de “transparencia” del oficialismo sufrió un duro golpe en pleno rostro. El hecho ocurrió en el momento en que se ventila una furiosa campaña contra las mafias sindicales. El accionar de Gladys González, Sergio Borsalino –cuñado de Triaca-, el juez Canicoba Corral y del mismo ministro de Seguridad, se pareció bastante al del desplazado Omar “Caballo” Suárez.
Sin embargo, Triaca está lejos de ser el único integrante del gabinete nacional cuestionado por sus manejos para nada claros. Veamos un poco.
Represión y mentiras
Hace pocos meses, a mediados de noviembre, Germán Garavano y Patricia Bullrich comparecieron en conferencia de prensa para “explicar” lo que había ocurrido horas antes en Villa Mascardi, cerca de Bariloche. Allí había sido asesinado el joven Rafael Nahuel.
El ministro de Justicia y la ministra de Seguridad hicieron público un comunicado de la misma Prefectura que había actuado en la represión. Inventaron una escena donde la comunidad mapuche que había sido agredida, tenía armas de fuego y había disparado contra los integrantes del grupo Albatros. Estos solo “se habían defendido” disparando hacia los árboles.
Ese día Patricia Bullrich afirmó, sin que se le moviera un pelo, que ella “no necesitaba pruebas”. Es decir dio por cierta la versión de Prefectura sin dudar. Lo mismo había hecho apenas ocurrida la represión de Gendarmería del 1° de agosto pasado, tras la que desapareció Santiago Maldonado.
En las siguientes semanas quedó en evidencia que nada de lo dicho por la ministra era verdad. Las únicas vainas que se encontraron en el lugar correspondían a las armas que portaba Prefectura. Fue de alguna de allí de donde salió la bala que mató a Rafael. No se encontró ningún rastro que demostrara que había existido un enfrentamiento.
La ministra de Seguridad mintió para encubrir un accionar represivo que terminó con la muerte de un joven. El gobierno, como lo había hecho reiteradas veces ante la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la defendió y sostuvo en su cargo. Los prefectos que actuaron en esa represión siguen impunes.
Amigos y negocios
Este viernes se conoció que Nicolás Caputo, uno de los mejores amigos del presidente Macri, vendió su empresa constructora por valor de U$S 109 millones. El empresario es uno de los que más ganó en los dos años que van de gestión macrista.
La empresa compradora es TGLT, que por su capital accionario aparece vinculada a Genneia, uno de los grupos capitalistas que también se quedó con parques eólicos comprados al Grupo Macri.
Pero los negocios se hacen con amigos y con ex compañeros de trabajo, si se permite este término para el caso. En el mundo financiero, Luis Caputo, actual ministro de Finanzas ha sido uno de los mejores garantes de las ganancias de aquellas empresas donde ocupó un lugar.
Así, en noviembre pasado se conoció que Noctua Partners, un fondo de inversión donde el ministro revistó como titular, logró colar participación en la emisión del bono a 100 años que lanzó el gobierno nacional.
Pocas semanas después, el periodista Sebastián Lacunza sacó a la luz un negociado de menor porte pero también asociado al ministro. El fondo Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión se quedó con una “pequeña” comisión de $ 540.000 por haber intermediado para que el Anses pudiera colocar recursos en Lebacs. Según la investigación esa intermediación era innecesaria.
Lo que puede ser considerado una suerte de “institucionalización” de ese accionar es el blanqueo de capitales votado en el Congreso y “retocado” por decreto por el presidente. El mismo permitió el blanqueo de cifras millonarias por amigos y parientes directos de los integrantes del gobierno nacional, entre otros.
Si se hurga un poco, se encuentra que lo único transparente en la gestión de Cambiemos es la relación de los funcionarios de gobierno con el gran empresariado.
Eso que llaman “conflictos de intereses”
Los amigos del poder político no han sido los únicos en beneficiarse. En el seno mismo del gobierno han quedado en evidencia, en múltiples ocasiones, los negocios que la CEOcracia gobernante tiene al ocupar ese lugar.
El pionero fue, sin lugar a dudas, Juan José Aranguren. El ministro de Energía y Minería mantuvo en su poder acciones de la empresa Shell por $ 16 millones cuando ya era funcionario nacional. Lo hizo a pesar de los cuestionamientos públicos y durante varios meses. El dato que hay que agregar es que era el encargado de establecer los tarifazos que beneficiaban, entre otros, a las petroleras.
El mismo presidente Macri protagonizó, a inicios del año pasado, un escándalo de magnitud cuando tuvo que dar de baja un acuerdo entre el gobierno nacional y la empresa Correo Argentino S.A. Ese acuerdo beneficiaba en cerca de $ 4.000 millones a la empresa que pertenece al grupo empresario de la familia presidencial.
Tal vez estos sean los casos más resonantes pero están lejos de ser los únicos. Los CEO que llegaron al poder político prometiendo “honestidad y transparencia” están bastante lejos de las dos cosas.
Pequeñas y no tan pequeñas avivadas
Antes del escándalo por la denuncia de Sandra Heredia, el ministro Triaca ya había sido cuestionado por los varios integrantes de su familia que ocupaban lugares en el Estado.
No es el único que haya tenido esas “ventajas”. Rogelio Frigerio, Andrés Ibarra, Marcos Peña y Gabriela Michetti, entre muchos otros, figuran en la lista de quienes les encontraron un lugar a parientes y amigos en el seno del gobierno. Con ese precedente, lo hecho por Triaca en el SOMU no debería sorprender.
Este sábado, en un editorial, el diario La Nación le planteó al gobierno que trabaje para “recuperar la credibilidad, la propia y la de las instituciones”. Para eso, pidió la renuncia de Jorge Triaca.
El problema que tiene el centenario diario es que, si se trata de “credibilidad” no hay un solo integrante del gabinete nacional que pase la prueba. El mismo jefe de Gabinete, Marcos Peña, le mintió al país en julio pasado cuando afirmó que no había en estudio un proyecto de reforma previsional.
Hace apenas poco más de un mes, en un Congreso militarizado y con una represión que hizo perder el ojo a cuatro personas, se votó el proyecto que, supuestamente, no existía.
la Izquierda Diario
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