El pasado jueves 28, un día después de la aprobación del Presupuesto 2018, asistimos al anuncio de la flexibilización de las metas de inflación que se elevó del 10 al 15 %, repitiendo la performance negativa de 2016 y 2017, con desvíos del 82 y 72 %, respectivamente.
El anuncio se hizo en una conferencia de prensa que lideró el Jefe de gabinete, Marcos Peña, en compañía del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.
La cotización del dólar que en ese momento casi llegaba a los 19 pesos, cerró la jornada a 19,46. Esa fue la respuesta del mercado a la conferencia de prensa de devaluación del equipo económico.
Pero no fue el único saldo, ya que el anuncio tira abajo la consigna de una autoridad monetaria independiente del Poder Ejecutivo, además de la falta de capacidad del organismo para cumplir sus objetivos por tercer año consecutivo.
Los economistas del establishment cuestionaron la decisión. Carlos Rodríguez advirtió desde su cuenta en twitter: “Tenemos la misma inflación de hace dos años, muchísima más deuda y aún falta corregir las tarifas entre 60 % y 100 %. Todo un éxito del “expectations team”. Cambien por favor, nos llevan por mal camino. Y tienen a Cristina en el Senado, no la quiero, pero habla bien, mejor que ustedes”. Gabriel Milei agregó: “Si fuera Sturzenegger, renunciaría hoy mismo”.
Desde otro ángulo, Mara Ruiz Malec de la Fundación Germán Abdala, apuntó: “El salto del tipo de cambio influye de manera directa en los combustibles pero también afectará de forma indirecta ya que muchos formadores de precios utilizan el valor del dólar como señal para determinar precios más allá del componente importado que tengan”.
Forencia Médici de la Universidad Nacional de Moreno, indicó: “Si dejan flotar el tipo de cambio sin intervención y siguen subiendo las tarifas difícilmente se cumpla con el objetivo que se imponen. Van a intentar disciplinar los precios por otra vía. La reforma laboral y el techo para las paritarias son las herramientas a las que apelará el Gobierno”.
En el mismo sentido Mariana González de Cifra agregó: “Las metas bajas que no se cumplieron se utilizaron a lo largo de los últimos dos años como mecanismo para ponerle un techo a las negociaciones salariales”.
Marcos Peña también anticipó que el proyecto de reforma laboral impulsado por Cambiemos y el triunvirato de la CGT llegará durante sesiones extraordinarias que serán convocadas para febrero. También confirmó que a partir de ese mes aumentarán las tarifas de colectivos y trenes. “La semana próxima, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dará una conferencia de prensa para anunciar el nuevo esquema tarifario del transporte”, sostuvo el funcionario. El nuevo boleto de colectivo ascendería a 8 o 9 pesos, para luego llegar a 13 pesos.
En este contexto, la conducción de la Asociación Bancaria hizo la grave denuncia que están siendo objeto de presiones por parte de las Cámaras empresarias para que el gremio convoque a “un paro nacional de 24 horas”. Y aclararon: “Se procura provocar a los representantes paritarios para que de inmediato el gremio declare un paro de 24 horas, sin atención al público y evitar de esa forma una posible corrida bancaria, que podría producirse ante el aumento desenfrenado del dólar y los cambios en las metas inflacionarias”.
Se refería al pase de los activos de grandes inversores en pesos a moneda extranjera y a las colas en bancos del microcentro porteño que llegaron a ser de media cuadra, en donde más de 250 personas esperaban para comprar dólares.
Otros flancos débiles de la economía argentina
El déficit comercial podría superar cómodamente los 8.000 millones de dólares (U$S 7.656 millones a noviembre) este año como consecuencia de un importante salto importador que no encontró correlato en un alza exportadora, superando el récord histórico de U$S 5.751 millones de dólares producido en 1994, durante el auge del “uno a uno” y la invasión de artículos extranjeros en las góndolas de los supermercados, durante la gestión de Domingo Cavallo.
“Las importaciones crecen en volumen cerca del 20 % anual (18,9%) y las exportaciones prácticamente no crecen (1,8%)”, sostuvo el ex ministro Alfonso Prat-Gay. Una de las razones se encuentra en la relación con Brasil. En los últimos diez meses, el comercio bilateral arrojó una diferencia negativa para nuestro país de U$S 7.031 millones. El marco se completa con el destino de las importaciones: un dólar de cada cuatro va para la adquisición de maquinarias y bienes de capital y los restantes, para comprar combustibles, autos, motos y bienes de consumo. Otro déficit, que es el del balance de pagos, podría ubicarse en torno a los U$S 24.000 millones.
Frente a esos déficits hay dos posiciones. La del Gobierno que sostiene que no hay peligro de corto plazo porque el Tesoro, las provincias y las empresas tienen la posibilidad de colocar bonos en el exterior y conseguir dinero para financiar los desequilibrios. Y los que alertan sobre que un cambio en las condiciones financieras internacionales (EE UU podría comenzar a subir las tasas de interés), podría complicar el escenario.
Las ventas de pasajes al exterior alcanzan niveles récord y la compra de dólares para turismo y atesoramiento alcanzaría unos U$S 30.000 millones en el año.
La deuda pública sigue agigantándose y ya superó la barrera de los 300.000 millones de dólares. Según el reporte del Ministerio de Hacienda, actualizado al 30 de junio de este año, se ubicaba en U$S 307.295 millones, unos 9.300 millones más que en el trimestre anterior. La cifra significa un 53,7 % del PBI. El 68 % de la deuda está nominada en moneda extranjera y se encarecería con la modificación del tipo de cambio. Solo para 2018 hay vencimientos de capital e intereses por U$S 56.000 millones de dólares.
Además, el déficit cuasi fiscal (pago de interese de Lebac y otros instrumentos financieros para absorber pesos por parte del Banco Central) que según especialistas, el año próximo equivaldría al 0,7 % del PBI, unos $ 86.000 millones.
Tarifazo permanente
En diciembre el ajuste promedio al gas fue del 45 % en todo el país, desde un mínimo del 22 % a un máximo del 60 %. Desde el mismo mes de 2015, la suba en la tarifa de gas pasaría de largo el 550 %.
El costo de la energía eléctrica que abonan los usuarios residenciales en el área Metropolitana se multiplicó por 30 en los últimos dos años, según surge de los nuevos cuadros tarifarios aprobados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de Electricidad) mediante las resoluciones 602 y 603 que entraron a regir el 1° de diciembre.
Estos aumentos, argumentan desde el Ministerio de Energía, sirven para que las empresas puedan mejorar el servicio y evitar los cortes de luz.
No obstante, alrededor de 150.000 usuarios de Edenor y Edesur se vieron afectados en los últimos días por los cortes en el suministro eléctrico. En San Vicente los vecinos cortaron la Ruta 210 y casi chocan con la Infantería apostada en el lugar por cortes de luz prolongados de hasta cuatro días consecutivos.
Además, la falta de energía se hizo sentir en el centro de Lanús, Quilmes y Berazategui, en la ciudad de Cañuelas y en el barrio de Loma Hermosa en Tres de Febrero. Lo seguían La Matanza, Moreno, Tigre y San Martín.
También se produjeron cortes en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de San Cristóbal, Monte Castro, Parque Patricios y Caballito. Belgrano fue el más afectado. En tanto, las facturas volverán a aumentar desde febrero un 18%.
El mentor de los tarifazos es Andrés Chambouleyron, recientemente designado como presidente del ENRE, y anterior titular de la Subsecretaría de Coordinación Política Tarifaria que funciona en la órbita del Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren. Creció en la misma cuna económica que el ex ministro Domingo Cavallo: la neoliberal Fundación Mediterránea. Además, fue perito de empresas extranjeras en contra de la Argentina en distintos juicios en el CIADI.
“Es terrible. Es una persona que fue testigo contra el Estado argentino. Tiene antecedentes tremendos y no puede estar en un ente que tiene que cuidar los intereses nacionales y de los usuarios. Es un retroceso de mil años”, afirmó Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC).
La baja del 30 % en los subsidios totales convive con un aumento del 79 % en el pago de los intereses de la deuda. Se gastaron $ 48.000 millones menos por un lado y $ 78.000 más por otro. Buena parte del ahorro en subsidios se fue en pagos de la deuda.
Por el proyecto de Reforma Tributaria también habría un nuevo encarecimiento de las naftas. El impuesto actual grava un litro de nafta súper en $ 4,251. Con la reforma, el componente tributario subirá un 60 % y estaría en $ 6,837. La modificación sería menor en el caso de los combustibles Premium. Su carga impositiva será del 11,3 %.
Aunque el Gobierno sostuvo que el efecto sería “neutro”, las petroleras descartan que habrá impacto. Finalmente, el gasoil que posee un impuesto actual de $ 3,78, tributaría $ 4,36, un 15 % más.
El impuesto sobre los combustibles generaría aproximadamente U$S 1.400 millones de recaudación que saldrá del bolsillo de los consumidores.
Mientras tanto, la promesa de bajar retenciones se mantiene. Un decreto del Ejecutivo prometió al sector agroexportador reducir la alícuota a la soja a la mitad en un plazo de dos años, a partir de enero de 2018 y a un ritmo de 0,5% menos por mes. De esta manera, la medida bajaría el impuesto del 30% actual al 18% para diciembre de 2019, el nivel más bajo desde 2002. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), eso implica una recaudación de alrededor de 15 mil millones de pesos menos para las arcas públicas.
El compromiso del Gobierno con los intereses de los sectores más concentrados representa, según los técnicos de la BCR, una transferencia de ingresos a los sojeros cercana al 1% de los ingresos fiscales totales.
Por si esto fuera poco, el Presupuesto 2018 contempla una nueva rebaja al impuesto a los Bienes Personales que será este año del 0,25%, del 1,25% que era en 2015. Esta medida significará que Estado obtenga 30 mil millones de pesos menos en recaudación.
Sumadas ambas medidas, significa 45 mil millones de pesos menos para las arcas públicas.El Gobierno justifica la necesidad de recortar 100 mil millones de pesos a los jubilados para paliar el déficit fiscal, al mismo tiempo que perdona impositivamente a los sectores de más dinero.
El gasto fiscal en la Ciudad de Buenos Aires
En términos reales habrá caídas en todas las áreas. En Salud y Educación serán del 5,5 %. El único ítem del Presupuesto capitalino que muestra un crecimiento es el destinado al pago de los servicios de deuda. Los recursos crecerán un 58 % en términos nominales para este ítem y los 10.000 millones de pesos representarán un 4,7 % del total de los gastos de la Ciudad.
La Ciudad subió de $ 24 a $ 75 millones los topes de facturación para los Ingresos Brutos, pero más de 20.000 empresas podrán incorporarse a la exención, o sea, el 90 % de las empresas que tributan en la Ciudad.
Vivienda es otro de los rubros que sufrió el vendaval ajustador. En este caso el presupuesto pasó de $ 7.070 millones en 2017 a $ 6.018 millones en 2018. Esas cifras representan una caída de 17 % en términos nominales y de 28 % en términos reales.
Para los contribuyentes los aumentos en el impuesto de ABL rondarán el 20 %, y tendrán un tope del 23,4 %.
Muerte obrera por negligencia empresaria
El miércoles 27 se produjo una explosión en la planta de Cofco (ex Nidera) de Puerto San Martín que dejó al menos veinte heridos y un trabajador fallecido, ante un nuevo hecho de negligencia empresaria, quienes priorizan su alta rentabilidad y no reinvierten para implementar las medidas necesarias para garantizar la salud y la integridad psicofísica de las personas que trabajan en sus plantas. En segundo lugar, indican el fracaso de las medidas vigentes del Estado en todos sus niveles, en particular las tomadas en los dos últimos años, que han debilitado y liberado diversas instancias de control del sector, y lo han beneficiado con medidas económicas que incrementaron de forma exponencial sus ya extraordinarias ganancias. La reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo volvió aún más perjudicial el sistema para el trabajador, dado que no previene el daño y dificulta al extremo el acceso al resarcimiento luego de sufrido el mismo. Ahora pretenden avanzar con una reforma laboral que sólo profundizará el deterioro de las condiciones de trabajo y la precarización mediante la tercerización y los contratos basura, aumentando la incidencia de estos “accidentes” laborales. Pablo Reguera, del sindicato de aceiteros de San Lorenzo, afirmó que “la planta estaba parada desde hace seis meses cuando reventó un enfriador”.
En tanto, recordó que “los delegados y el comité varias veces pararon la fábrica ante la situación que vivían día a día”, y agregó: “Acá estuvo el ministerio de Trabajo y todos los integrantes de seguridad. Cada vez que vinieron dijeron que se podía trabajar y desgraciadamente se equivocaron”.
Sergio Díaz, del sindicato de aceiteros en Rosario, afirmó que el lugar donde ocurrió la explosión es un sector de limpieza con mucho polvillo. “Ante cualquier chispa es algo terriblemente inflamable”, dijo.
Además, se refirió a las condiciones de trabajo del personal: “Hay gente efectiva pero también esta empresa trabaja con terciarizados, que son quienes hacen la limpieza. Nosotros desde el sindicato lo venimos combatiendo porque vemos que trabajan en riesgo constante, por lo que es muy grave cuando se producen siniestros”.
Además, al igual que todos los actores que hablaron tras la explosión dijo: “Hacía varios días que el cereal estaba en llamas y al estar cerrado explotó”.
La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina realizó una huelga nacional de 24 horas, desde las 22 horas del jueves hasta las 22 horas del viernes 29.
Paralelamente, trabajadores y trabajadoras del cordón industrial y la región protagonizaron un masiva movilización hacia San Lorenzo en solidaridad con los compañeros de Cofco y reclamando por la reincorporación de los 35 despedidos de la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”.
Despidos en el Estado
Este miércoles, en medio de una importante presencia policial, se realizó una medida convocada por los trabajadores del Ministerio de Defensa en Paseo Colón y Alsina, en reclamo por los setenta despidos que comenzaron a golpear distintas áreas del organismo.
El gremio de estatales ATE se encuentra en estado de asamblea y realiza un corte de la ruta 3 ante el inminente despido de 220 trabajadores de Fabricaciones Militares en Azul.
En la planta hay 258 trabajadores, de los cuales solo 38 son permanentes. Lo que además de dejar a la mayoría en la calle haría inviable el desarrollo del trabajo con ese número de personal.
Vale recordar que ya se realizaron despidos en las demás fábricas militares del país: En Río Tercero 29, en Villa María 30, 35 en Rosario y en la Sede Central de Capital Federal 16.
Luego de los 70 despidos y el desmantelamiento del sector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, los 180 despedidos de la TDA por “adecuación de los recursos humanos, económicos y materiales”, los 140 echados del Ministerio de Energía, el viernes se sumaron 40 más en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En total, en diciembre alrededor de 800 familias sufrieron la pérdida de sus trabajos, aseguró el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy.
“Hemos dado la indicación expresa de que apenas se produzca un despido, hay que convocar a asambleas y que se definan medidas de fuerza. Y que el día 4 de enero coincidamos todos en una jornada de lucha y paro nacional con una movilización al Ministerio de los despidos, el mal llamado Ministerio de Modernización”, remarcó Godoy.
Más despidos
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (Sitraju-CABA) denunció el intento de imponer retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas para destruir 300 cargos. En ese contexto, el viernes 22 de diciembre, el Consejo de la Magistratura intentó tratar en su reunión plenaria una “plan” de ajuste que “por primera vez en su historia institucional”, pone en riesgo centenares de puestos de trabajo a través de dos figuras: “El Retiro Voluntario y la Jubilación compulsiva”, que no se realizó por las medidas de fuerza del gremio que fue al paro.
En La Plata disolvieron la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). Al momento son 200 los trabajadores que han sido despedidos y que recibieron la notificación por correo electrónico de que este 31 de diciembre quedaban sin funciones, sin ningún tipo de pre-aviso. El organismo se encarga, entre otras cosas, de realizar el trabajo territorial de inspeccionar las obras en las escuelas. El sábado se realizó un Festival Solidario y el domingo un brindis. El próximo martes a partir de las 9:00 habrá una marcha para acompañar a los despedidos a la citación en Dirección General de Cultura y Educación ubicada en calle 13 número 868.
Se confirmó que La Razón, un diario con 112 años de historia que desde el 2000 se integró al Grupo Clarín, dejará de publicarse al comenzar el 2018, dejando en la incertidumbre a sus 15 trabajadores.
El cierre de La Razón se da en el marco de un viraje en la política corporativa basada en quitar el foco y el financiamiento a aquellos productos que no son considerados centrales para la empresa. En ese contexto a lo largo de 2017 también dejaron de editarse, entre otras, publicaciones como Tiki Tiki, SHOP, Casa FOA y Mundo Gaturro. El caso de La Razón, al igual que el de otros productos que vienen cerrando en los últimos años, tuvo un derrotero previo de ajuste, vaciamiento y quita de recursos. El golpe definitivo lo dieron cuando cerraron la página web, una herramienta vital y clave para un medio de comunicación del siglo XXI, tercerizando su desarrollo y producción, reduciéndola a la mera publicación de imágenes del diario impreso.
Convocados por los sindicatos de prensa SiPreBA y de Radio Nacional Atrana, trabajadores de esa radio AM 870 están realizando un paro resuelto en asamblea ante los ofrecimientos de jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y vencimiento de contratos.
Ya son más de 400 los despidos en la industria azucarera en la provincia de Jujuy. Ledesma SAAI envió telegramas de despidos a 10 obreros azucareros. Entre ellos se encuentran quienes participaron este año de la huelga de 24 días. Por esa protesta obrera, además, se encuentran abiertas causas penales en el Poder Judicial de la Provincia de Jujuy con sede en San Pedro, en las que se imputa a 52 manifestantes por el delito de obstrucción del puente viejo del río San Lorenzo de la ruta nacional 34. Los imputados son dirigentes sindicales azucareros, delegados, obreros del ingenio, miembros de organizaciones sindicales solidarias, periodistas, concejales de Libertador Gral. San Martin, militantes políticos y de organizaciones de derechos humanos.
Este ataque a los azucareros del Ingenio Ledesma se da justo en el momento que el gobierno provincial despide a 338 obreros del Ingenio La Esperanza, adeuda salarios, reprime la protesta y detiene a obreros que se manifiestan en defensa de sus puestos de trabajo.
Tras más de una semana de estar detenidos -la mayoría de ese tiempo sin conocer sus causas, a la postre excarcelables-, tras pasar una Navidad "demorados" (eufemismo para negar que estaban irregularmente detenidos y encerrados) en un penal, al que fueron traslados de madrugada, tras las dilaciones asombrosas para la firma de un cese de detención casi innegable, los 4 detenidos que quedaban luego de la represión del pasado 20 de diciembre a los obreros del ingenio La Esperanza, fueron liberados.
La policía de Santa Cruz dispersó el viernes pasado por la mañana con balas de goma y gases lacrimógenos a manifestantes de gremios y agrupaciones de jubilados, que bloqueaban las puertas de la Legislatura en la ciudad de Río Gallegos en reclamo del pago de sueldos atrasados, horas antes de la sesión que trataría, entre otros temas, el pacto fiscal que la gobernadora Alicia Kirchner firmó con la Nación.
Como resultado de la represión, María Luz Daniel, de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, fue herida por balas de goma en una sus piernas y debió ser internada.
Este viernes se inició un paro por tiempo indeterminado en el Laboratorio de Alta Complejidad del Madariaga (Lacmi) en la provincia de Misiones, en repudio al despido y traslado de delegadas gremiales que reclaman el cese de la precarización y el fraude laboral.
La CTA Autónoma también convocó a un paro provincial de salud por 72 horas a partir del martes 2 de enero. El miércoles 3 habrá una marcha provincial con presencia de usuarios del sistema de salud y trabajadores de otros sectores.
La Justicia intimó al empresario Romelio H. Snaider, quien explota el ingenio azucarero Las Toscas -el único de su tipo en la provincia de Santa Fe- a desalojar las instalaciones de la planta azucarera que explota desde hace 5 años y le dio un plazo de 30 días, con lo cual está en serio riesgo de perder sus fuentes laborales alrededor de un centenar de trabajadores.
Al menos 20 despidos se confirmaron en Grimoldi de Arroyo Seco, en el sur santafesino, considerada una de las fábricas de calzado más grande del país. Se suman 35 retiros voluntarios en la firma Wyler’s, de la localidad de Alcorta, donde desde mitad de año el poco más de un centenar de trabajadores que había sobrevivido a otros 40 retiros venía cobrando la mitad de sus haberes para mantener los puestos laborales.
El Sindicato del Calzado advirtió que buena parte de sus afiliados atraviesan un escenario de vacaciones anticipadas, jornadas reducidas y de ofrecimientos que más que retiros voluntarios son cesantías forzosas.
Desde el 2016 quedaron en jaque las 140 fábricas de calzado asentadas en Santa Fe, que daban empleo a 2.500 trabajadores en forma directa. Antes de enero de 2017, cuatro de las más pequeñas habían bajado las persianas dejando medio centenar de trabajadores en la calle, que sumados a otros retiros voluntarios llegaban a los cien.
Dos de los cierres se sucedieron en Acebal, la capital del calzado, que con apenas 6.500 habitantes llegó a concentrar a 30 fábricas, la primera fundada más de un siglo atrás.
Frente a ello, la provincia creó un entramado de asistencia al que llamó Modelo Acebal, que este año acompañó con créditos de un fondo rotatorio y subsidios directos a 170 trabajadores de 30 empresas a la espera de un escenario mejor que no llega.
La planta de Cerámica Fighiera, ubicada en Arroyo Seco, continúa con las puertas cerradas desde hace algo más de tres meses. Sus treinta empleados siguen sin cobrar sus sueldos.
La multinacional de origen brasileño, Brasil Foods (BRF), informó en las últimas horas su intención de despedir 180 trabajadores, la totalidad de un turno de producción, de la plantilla de 450 empleados que ocupa en su planta Baradero. Durante febrero y luego a mediados de este año, BRF había despedido directamente o por medio de retiros voluntarios a más de una veintena de empleados.
La fábrica de quesos La Mucca de la multinacional francesa Lactalis despedirá 25 empleados. La planta que procesa lácteos está ubicada en Díaz, un pueblito santafecino y es la principal fuente de trabajo en esa localidad de 2.000 habitantes ubicada en el departamento San Jerónimo, a unos 75 kilómetros de Rosario. El viernes la fábrica no abrió sus puertas. La empresa había adelantado al gremio su idea de despedir trabajadores el 12 de diciembre pasado. En ese momento, había comunicado que iban a ser 36, pero finalmente confirmaron 25.
Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), anunció que el sindicato resolvió un paro total el jueves en la Línea B “en el marco de un desconocimiento de la representación gremial por parte de la empresa, que está llevando adelante una campaña de amedrentamiento, persecución antisindical, presiones a trabajadores para que renuncien, y decenas y decenas de sanciones arbitrarias”.
El dirigente advirtió que “se sumó ahora la escandalosa discriminación por parte de Metrovías contra un trabajador que tiene un hijo discapacitado, a quien ha suspendido por más de 20 días debido a la situación de su hijo y hoy anunció su intención de despedirlo”.
La dirección del Teatro Colón despidió a más de diez trabajadores que cubren diversas tareas de la casa lírica.
La CGT dividida
La CGT dejó inaugurada la temporada de tironeos por la sucesión del triunvirato de sus líderes y estableció una distinción entre cercanos o distantes respecto del Gobierno. La única conclusión que unificó la semana pasada la saga de encuentros entre unos y otros es que la actual jefatura tiene fecha próxima de caducidad y sólo resta determinar si será en marzo o en mayo próximo. En cuanto a los nombres de postulantes para encabezar a solas la Central hasta ahora se asentaron el del actual triunviro Héctor Daer, por el sector más afín a la administración de Mauricio Macri, y el del ferroviario Omar Maturano, de parte de la alianza entre Hugo Moyano y Luis Barrionuevo.
La tercera posición quedó expuesta por los "no alineados" de la Corriente Federal con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tras su sonada renuncia al Consejo Directivo de la CGT.
Al respecto, el titular de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el bancario Sergio Palazzo, aseguró que la conducción de la CGT se encuentra dividida, y cuestionó que el Consejo Directivo no haya convocado a movilizarse contra la reforma previsional.
Los bloques mayoritarios, en tanto, quedaron en evidencia el martes en sendos encuentros. Uno de ellos se destacó por la presencia de Moyano y Barrionuevo y de sus dos delegados en el triunvirato, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, respectivamente. La reunión se desarrolló en el sindicato de la construcción (UOCRA) con su anfitrión, Gerardo Martínez, el estatal Andrés Rodríguez (ambos del sector "independiente", en general asociado a los oficialismos) y los máximos referentes del transporte: Roberto Fernández (colectiveros, UTA) y Maturano (La Fraternidad). En paralelo, el líder del gremio del gas, Oscar Mangone, recibía una comitiva no menos influyente. Entre ellos el pleno de los "gordos" con Daer, Carlos West Ocampo (ambos de Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio), y el tercer "independiente", José Luis Lingeri. La localía correspondía a las 62 Organizaciones, el sello más afín a Macri que encabeza Ramón Ayala (sucesor del fallecido Gerónimo Venegas, de los rurales de UATRE) y en el que reportan, además de Mangone, los petroleros Guillermo Pereyra y Antonio Cassia y el estacionero Juan Miguel "Cacho" García, entre otros. Por fuera de esos sectores participaron el taxista Omar Viviani, el ferroviario Sergio Sasia y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza, en teoría todos miembros del Movimiento de Acción Sindical (MASA) aunque en los dos últimos casos su continuidad está en suspenso, y el cervecero Carlos Frigerio, supuesto delegado de Moyano pero bien considerado en el Ejecutivo por sus intervenciones durante la discusión por la reforma laboral. Las diferencias entre una y otra mesa son difusas aunque el Gobierno se encargó de bendecir la montada por Mangone, en los hechos padrino gremial y principal promotor del ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Sin condenar al ostracismo a los contertulios de UOCRA, cerca del ministro explicaron que la sola presencia de Moyano y Barrionuevo convirtió ese espacio, para los funcionarios, en el menos confiable.
El viernes por la noche, tras cinco días de un acto eleccionario que se hizo esperar por largos 22 meses, Raúl “Ruli” Durdos se proclamaba vencedor en los comicios que preveían cerrar la intervención laboral judicial del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Durdos, un hombre patrocinado por el moyanismo que lideró la Lista Verde, consiguió el 54% de los votos, según los datos difundidos por el delegado normalizador Alfredo Bertonasco.
Contra el derecho de huelga
A través de la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la “comisión de garantías”, un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas “servicios esenciales”, las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017, constituye un nuevo intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta. Es un viejo anhelo de Cambiemos.
El eje del avance es declarar al transporte servicio esencial y de esta manera limitar su potencialidad para garantizar una medida de fuerza, obligándolo a prestar servicios mínimos. Todo esto pese a que la OIT establece que esas actividades del transporte no son consideradas como servicios esenciales.
Tampoco es de descartar que el intento del oficialismo vaya por los docentes, otro viejo sueño de Mauricio Macri. Es que de cara a un año que ya se olfatea con alta conflictividad sindical, limitar las huelgas de los docentes, que suelen ser un caso testigo de lo que va a suceder después en el mercado laboral, sería un beneficio invaluable para el Gobierno.
Mario Hernandez
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