La investigación de Nuestras Voces que destapó el escandaloso intento de autoperdón de 70 mil millones de pesos de Mauricio Macri a la empresa familiar Correo Argentino es uno de los pocos frentes judiciales que el presidente no ha podido controlar, pese a complicidad de jueces y fiscales.
El 8 de febrero de 2017 Mauricio Macri cumplió 58 años. Era su segundo cumpleaños como presidente, pero seguramente no hubo humor para festejos. Ese día, Nuestras Voces reveló el intentó condonarle a su familia más de 70.000 millones de pesos producto de la histórica deuda de Correo Argentino, una de las empresas de la familia Macri, con el Estado.
El escándalo del Correo fue tal que ni siquiera los medios oficialistas pudieron evitar mencionarlo. Y hasta el día de hoy, aunque parece estancado, es casi el único frente judicial que Macri no logró cerrar gracias a la complicidad de jueces y fiscales que dictaron sobreseimientos express para las causas que molestaron al Gobierno. Con todo, Macri y su familia aún no pagaron un peso de su deuda.
Corrupción, vaciamiento, conflictos de interés, y la eterna herencia de los empresarios cuyo único talento fue aprovecharse de un Estado que, ahora, controlan.
La pesada herencia
Los Macri han significado un costo muy alto para el país. Multiplicaron sus empresas y estatizaron sus deudas privadas en tiempos dictatoriales para pasar, ya en democracia, a encabezar la patria contratista de los 90. Uno de sus últimos trofeos fue la concesión del servicio postal que les otorgó Carlos Menem en 1997. A cambio, los Macri se comprometieron a pagar un canon semestral de 51.600.000 pesos durante los 30 años que durara la concesión. Pero al poco tiempo dejaron de pagar el canon y empezó el conflicto que dura hasta la actualidad. El 19 de septiembre de 2001, Correo Argentino presentó un concurso preventivo de acreedores ante la Justicia. Ya debían 296 millones de pesos. Hasta hoy, no pagaron un centavo.
Durante 15 años, algo totalmente anómalo, el concurso de Correo Argentino quedó inmerso en la bruma judicial. Que los Macri no pagaban sus deudas con el Estado era vox populi, pero la cuestión quedó fuera de la agenda pública durante años. En 2016, sin embargo, todo cambió. Macri, una vez presidente, mutó una vez más la relación de su familia con el Estado. Ahora ya no era algo externo con el que hacer negocios, sino el Estado directamente bajo su control. Así, de los dos lados del mostrador, buscó cerrar el asunto de la deuda del Correo con la solución más beneficiosa para sí mismo: condonándola.
Pero algo falló. El personaje clave de esta historia es la fiscala Gabriela Boquin, que advirtió la maniobra y logró abortarla. Aquel 8 de febrero de 2017, con un dictamen que ampliaba otro ya firmado el 30 de diciembre de 2016, desnudó la maniobra. Tal como reveló Nuestas Voces, la fiscala Boquin pidió que se rechace la homologación de un acuerdo entre la familia Macri y el Gobierno de Macri que, en sus palabras, legitimaba una propuesta que era “ abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional ”.
No fue gratis para Boquin, que vivió desde la agresión pública del Gabinete Nacional hasta, como reveló el periodista Ariel Zak, sospechosas fallas en la custodia en la puerta de su casa.
En su dictamen, Boquin detallaba la operación. El día clave fue el 28 de junio de 2016, cuando se realizó una audiencia entre Correo Argentino y el Estado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Fue todo un paso de comedia, cuyo inicio ya era sospechoso. Fue el Estado Nacional quien solicitó la audiencia el 19 de mayo de 2016 y “ adelantó -según consta en el expediente- que podría prestar conformidad en caso de mejorarse la propuesta ”.
El funcionario que encabezó la negociación, Juan Manuel Mocoroa, tenía órdenes expresas del entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad de aceptar una propuesta exactamente igual a la que ofreció la familia Macri. Propuesta que, en lo concreto, implicaba una quita de 70.163 millones de pesos.
Recular en chancletas
Macri estuvo callado varios días. Salieron a defenderlo varios de sus funcionarios. El primero fue Mocoroa, que afirmó: “ No le perdonamos ni un mango a Franco Macri, nada, ni siquiera los intereses”. Desde el Gobierno intentaron minimizar el tema y le aseguraron a los medios oficialistas que “la fiscal hizo una interpretación arbitraria y caprichosa”, pero no pudieron frenar el escándalo.
En Comodoro Py se radicaron 4 denuncias contra Macri, Aguad y otros funcionarios, que fueron unificadas por el juez Ariel Lijo y el fiscal Juan Pedro Zoni.
A las 48 horas la fiscala Boquin encontró nuevos elementos que empeoraron la situación. Tal como informó Nuestras Voces, Boquin presentó un nuevo dictamen donde denunciaba la mala fe procesal de la familia Macri. Mientras el gobierno de Macri le perdonaba a su familia más de 70.000 millones de pesos la misma familia Macri demandaba al Estado por 2.365 millones de pesos. La causa sigue abierta.
Las máximas autoridades de Gobierno salieron en defensa de Macri, pero pronto empezaron a notarse las contradicciones. Aguad, que en un principio dijo que Macri no sabía nada del asunto, luego reconoció que le había comentado el tema a Marcos Peña, el Jefe de Gabinete. Peña reconoció entonces que Aguad “ nos ha mencionado al pasar que había que resolver este tema; con tranquilidad, nunca entramos en detalle ni en discusión porque le dijimos que se haga lo que corresponde, lo que tenga que ver con la ley” .
¿Foja cero?
Macri apreció 8 días después de que Nuestras Voces destapara este escándalo. Dio una conferencia de prensa y habló por primera vez del tema Correo Argentino. “Instruí a Aguad para volver a foja cero. No hay ningún hecho consolidado, no sucedió nada, no se pagó ni se cobró “, sostuvo. Esto mostraba la promiscuidad de esta operación. Macri le daba a Aguad instrucciones públicas sobre el tema, es decir, se metía en el tema que involucraba directamente a su familia. Aseguraba que una causa de miles de fojas volvía a foja cero, algo no sólo imposible sino que, en todo caso, era una decisión de las juezas y no del presidente. Por último, cuando sostuvo que “no sucedió nada”, olvidó mencionar que el Estado había aceptado condonarle más de 70.000 millones de pesos a su familia. “ Volvamos a la Justicia. Empecemos de cero. Queremos un acuerdo integral “, insistió Macri, en clara alusión a la estrategia de su familia de pagar su deuda con lo que le cobrara al Estado en otros juicios, algo que la Corte Suprema ya le había negado en 2009.
“ Así como no participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad, quiero estar alejado de cualquier mala interpretación “, insistió Macri. De nuevo las contradicciones: o su ministro no le informó sobre un tema clave de la gestión o Macri sabía y mintió.
Que no se note
Desde el estallido del escándalo del Correo el Gobierno tuvo un objetivo central: que no empañara la campaña electoral. Tuvo éxito, ya que logró erradicar el tema de los medios oficialistas y evitar su propagación en la agenda de campaña.
Los medios no fueron los únicos cómplices. Cuando la fiscala Boquin pidió que se filmara la nueva audiencia entre los Macri y el Estado, las juezas María Lila Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini se lo negaron.
No hubieran filmado mucho igual, ya que el Gobierno logró suspenderla. Antes de que comenzara la reunión, Juan Bernabé Araoz, apoderado del ministerio de Comunicación, presentó una nota donde pidió “la suspensión de la audiencia” y “la suspensión de todos los plazos que estuvieran corriendo en la presente causa por el término de ciento veinte días”. La excusa fueron los dos decretos para regular los conflictos de interés anunciados por Macri en la apertura de sesiones legislativas y que el Gobierno estaba preparando. Los 120 días pasaron y nunca más hubo ninguna audiencia para avanzar con el pago de las deudas de la familia presidencia.
Este medio también reveló que el Estado Nacional no fue el único que rechazó durante años las estrategias de la familia Macri para el pago de la deuda de Correo Argentino. El Banco Nación también se negó a aceptar propuestas de pago de una deuda que calificó técnicamente de irrecuperable.
Chau Balbin
El 13 de febrero, a los pocos días de revelado el escándalo, el fiscal Sergio Rodriguez, titular Procuraduría de Investigaciones, le pidió al Procurador del Tesoro Carlos Balbín que investigara lo sucedido en este expediente. Balbín ordenó un sumario administrativo y una auditoría sobre todo lo actuado en la causa Correo Argentino. Semanas después sería uno de los motivos principales de su salida del Gobierno.
La auditoría, hecha por el funcionario de carrera Guillermo García, arrojó un resultado a todas luces crítico para Macri. “ No parece justo imputar las demoras que registra la causa exclusivamente al órgano judicial. También el Correo Argentino SA generó peticiones de todo tipo, varios de las cuales fueron sorprendentemente receptadas por los Tribunal y silenciosamente aceptadas por el Estado. En verdad, el Estado, activa o pasivamente, ha terminado, también, consintiendo con la marcada extensión del proceso ”. La auditoría mostró a todos los responsables de este escándalo: los Macri-las juezas-algunos abogados (no todos) del Estado.
Con las auditoría en sus manos, Balbín firmó un memorándum que molestó a Macri, no sólo porque cuestionó la actitud de su familia para no pagar sus deuda, sino, y fundamentalmente, porque opinó sobre una cuestión central: el pago de los intereses.
Los intereses son clave para entender porqué este memorándum de Balbín molestó a Macri y su familia. Si bien la ley plantea (y el Gobierno usó esto como argumento) que los intereses se suspenden desde la presentación del concurso (o sea, desde 2001), para Balbín “ la doctrina advierte que tal suspensión no es absoluta ” y esta doctrina “ podría ser invocada ” en este caso. Esto pone en jaque a la familia Macri: hay miles de millones de pesos en juego.
Esta opinión, junto a las incipientes investigaciones del caso Odebrecht, fueron el detonante de la salida de Balbin del Gobierno.
Vaciamiento
A tiempo, la fiscala Boquin emitió un nuevo dictamen que denunciaba las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de otras empresas del clan Macri. En un minucioso dictamen, Boquin reconstruyó cómo habían logrado, con la complicidad judicial de la jueza Marta Cirulli, sacar de las cuentas congeladas de Correo Argentino un total de 1.645.923 pesos y 185.213 dólares durante 2016. “ La mayoría de los fondos detraídos habrían tenido como beneficiario final las arcas de las controlantes de la concursada (SOCMA-SIDECO) ”, afirmó Boquin.
El dictamen de Boquin detalla todas la maniobras de vaciamiento de Correo Argentino, que en lugar de mantener sus fondos para el eventual pago de sus deudas una vez que concluyera su concurso de acreedores, se dedicó a transferir dinero a otras empresas de la familia Macri. Lo que se desprende del minucioso escrito de Boquin es que Correo Argentino hizo negocios con otras empresas del Grupo Macri que eran sus controlantes, negocios en los cuales no obtuvo ningun beneficio más que vaciarse y desviar dinero hacia otros negocios de la familia presidencial.
Los Macri lanzaron un repliegue táctico dentro de su estrategia de vaciamiento de Correo Argentino, pero lograron que tanto la jueza Cirulli como las sindicaturas que actúan en el concurso demoraran los peritajes sobre las cuentas de la familia Macri.
Lo mismo hizo el juez Lijo, que cajoneó más de tres meses los pedidos del fiscal Zoni para investigar los balances de las empresas Macri. En el medio, el Gobierno desplegó una fuerte operación de prensa combinada con una amenaza de juicio político contra Lijo, mientras la familia Macri acomodaba los papeles de sus compañías. La impunidad mediática de Macri es tan grande que blanquearon la situación en el diario oficialista La Nación. En diciembre, en un nuevo paso de comedia, Lijo les pidió que presenten los papeles ya acomodados a piacere.
La Auditoría General de la Nación (AGN), que tiene que expedirse sobre el caso, también se tomó su tiempo. Aún con los plazos vencidos, pasó la publicación de sus conclusiones par
Nepotismo por Correo
Alrededor del escándalo del Correo hay, al menos, dos casos en los que Macri utilizó una vez más su rol de presidente en su propio beneficio, aunque sea de forma indirecta.
Por un lado, propuso para conjuez de la Corte Suprema a Julio Cesar Rivera. Se trata de un ex apoderado de empresas de los Macri, e incluso el abogado que tramitó el divorcio del actual presidente con Isabel Menditeguy. Rivera está a cargo de la sindicatura general del concurso de acreedores de Correo Argentino, es decir, de controlar el normal devenir del caso. Algo que, a todas luces, no hizo y por lo que fue imputado penalmente junto a Macri en la causa penal que instruye el juez Lijo.
El segundo caso es el pedido enviado al Senado para nombrar jueza a Agustina Diaz Cordero, hija de la jueza que controla la causa de Correo Argentino hace más de 15 años. Tal como reveló Nuestras Voces, se trata del intento de designar a esta joven abogada, asesora del ministro de Justicia Germán Garavano, tras un proceso plagado de irregularidades.
Ari Lijalad
Nuestras Voces
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