La licitación por los perdigones se abrió el 19 de diciembre, luego del gigantesco operativo represivo del 18.
El gobierno de Mauricio Macri no se anda con chiquitas en lo que hace a la represión.
Según informa el diario Tiempo Argentino en su edición de hoy (8/11), al día siguiente del operativo represivo del 18 de diciembre se abrió la licitación para la compra de 15 millones de postas de goma con destino a la planta de Fray Luis Beltrán (Santa Fe) de Fabricaciones Militares, donde se ensamblan los cartuchos (cada uno de los cuales lleva 24 postas).
La noticia revalida en primer lugar los mentideros de que fuerzas federales (como la Gendarmería) habían liquidado su stock de balas de goma previsto para la jornada. El dato muestra de forma palmaria la amplitud del operativo represivo desplegado contra los manifestantes, y refuta de forma contundente la campaña gubernamental y mediática, que buscó justificar la represión presentando a los agentes como víctimas de los manifestantes –cuando estos se defendieron como pudieron de los embates policiales.
Se trata, a su vez, de un anuncio de los planes de reforzamiento represivo del gobierno: los términos de la licencia indican que más de dos tercios del pedido (10 millones y medio de postas) deben ser provistos antes de febrero –cuando el gobierno se dispone a hacer aprobar en el Congreso la reforma laboral, que adquiere un repudio creciente en el movimiento obrero. La parte restante tiene un plazo de entrega cercano, en abril.
Además de la licitación mencionada, el Estado Nacional solicitó a la misma fábrica de Fray Luis Beltrán 7.500 unidades de gases lacrimógenos para 2018 (contra 4.000 producidos en el año y medio anterior); “en los próximos años van a tirar disuasivos químicos hasta en una misa”, denunció un delegado gremial de la planta (ídem).
Estado de excepción
Episodios de represión con balas de goma se han multiplicado en las últimas semanas en varias provincias y localidades, mostrando que los gobernadores e intendentes comparten con Macri esta escalada represiva. A los numerosos heridos por tales perdigones en la jornada del 18 –al menos tres de los cuales perdieron la visión de un ojo– le siguieron los trabajadores del Ingenio La Esperanza, atacados por el gobierno radical de Gerardo Morales; los municipales de la localidad bonaerense de Berisso que enfrentaban el ajuste; así como varios niños de la comunidad Wichi de Formosa asediada por la policía del gobernador Gildo Insfrán.
El PJ y el FPV no fueron a menos: el 30 de diciembre, Alicia Kirchner hizo aprobar en la Legislatura de Santa Cruz, a base de balas de goma y gases lacrimógenos, el pacto fiscal firmado con Macri y otras medidas antipopulares, dejando una docente herida de gravedad. Luego de ello, el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, contó el 4 de enero con las municiones de la Bonaerense y de Gendarmería para reprimir un motín de presos contra el hacinamiento y el maltrato policial. Finalmente, este fin de semana la policía salteña a cargo de Juan Manuel Urtubey dejó varios heridos en una protesta antirrepresiva por el asesinato policial del joven Nahuel Salvatierra.
Los perdigones también dijeron presente en otros episodios recientes, como la represión a fiestas populares en Chascomús y Rauch, ambos en la provincia de Buenos Aires. Y la lista sigue.
Represión al cubo
No es la primera noticia de que el gobierno nacional apunta a reforzar su arsenal. Meses atrás, fue noticia su intención de adquirir una serie de “tecnologías antipiquete” para la policía, la Gendarmería y la Prefectura.
Para hacer pasar el paquetazo de ajuste, Macri y Bullrich, junto con los gobernadores, se disponen a dar un salto en lo que ya ha sido un acelerado crecimiento de los aprestos represivos contra las movilizaciones populares y la población en general. El reciente informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dio cuenta de un número récord de víctima por las fuerzas del Estado: 725 personas asesinadas en 2016 y 2017, lo que equivale a un asesinado por día. Esos dos años de macrismo recogieron la batuta del kirchnerismo, que en su último año había sumado 300 víctimas fatales.
La lucha contra la represión se coloca en el centro de la batalla política de los explotados, en defensa de su derecho a luchar. La próxima cita en este sentido es el jueves 11, cuando el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciará este cuadro y reclamará la cárcel común para el genocida Etchecolatz y la libertad para César Arakaki y todos los presos por luchar.
Tomás Eps (@tomaseps)
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