Ministro de desempleo

Panorama político-sindical

"Sandra, no vengas eh. No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", recibió como mensaje Sandra Heredia, ex trabajadora de la vivienda del Ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Sandra, estaba en negro y no cobrará indemnización, al estilo de la contrarreforma laboral que quiere implementar el macrismo.
Heredia es la empleada que desde el 2012 asiste al Ministro de Trabajo en una quinta situada en Boulogne, en Panamericana, la cual es propiedad de Triaca junto con sus hermanos.
Heredia dijo que: “Todo empezó un sábado cuando no llegué a tiempo para abrirle la puerta y Triaca se enojó. Quiero aclarar que no es que no fui, solo me retrasé diez o quince minutos porque al salir justo con el tiempo, se me atrasó el colectivo y no llegué algunos minutos antes que él llegara, como hacía siempre”.
Y finalizó: “A mí me echaron como un perro. Porque el sábado (6/1) estaba en mi casa en la quinta, donde me encontraba pintando, y se acercó el cuñado de Jorge, Sergio Borsalino, y me pidió que me fuera porque ya no trabajaba más”.
Además de los insultos, otro agravante es la relación laboral precarizada que el Ministro de Trabajo mantenía con su ex empleada. Heredia denunció haber trabajado en "negro" varios años y, según relata, cuando solicitó un aumento de salario, Triaca medió para que sea designada en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Ante esta acusación, el titular de la cartera laboral reconoció que Heredia fue nombrada delegada interventora (sic) en la filial San Fernando del sindicato. De este modo, la empleada siguió cobrando parte de su sueldo en mano, mientras que el resto le llegaba a través del SOMU.
Cabe señalar que este sindicato fue intervenido en el 2016. Hoy los abogados del ex titular del gremio, Omar Suárez, presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal y solicitaron que el juez Rodolfo Canicoba Corral tome declaración indagatoria a Heredia, ya que además de su caso particular sostuvo: "Yo calculo que esta intervención en el SOMU hizo entrar a unas 250 personas, de hecho al hijo del jardinero de la quinta de Triaca que es contador, lo hizo ingresar en el gremio".
Según Argibay Molina, los hechos “ponen en duda por lo menos la actuación del Ministerio de Trabajo en relación a la intervención del gremio”, lo que “amerita con urgencia que se la cite a la denunciante, se la escuche en todos sus términos frente a todas las partes y luego se proceda con urgencia a la averiguación de la verdad”. Y agregó que “hay mucho para investigar no solo en el gremio”, sino también en la Obra social y en “la participación del Ministerio en la conducción provisoria del mismo”.
Carlos Broitman, también abogado de Suárez, aseguró que “hay otros funcionarios que utilizaron” al SOMU “para pagar sueldos”. “Van a salir a la luz varios casos más, no solamente el de esta empleada de Triaca”, vaticinó.
A partir del suceso, quedó en evidencia no sólo que la mujer había sido designada de manera poco clara en la intervención del gremio sino, sobre todo, que Sergio Borsalino, el cuñado del funcionario que luego la echó, es el hombre a cargo de la gestión de Cambiemos en esa entidad.
Borsalino pasó así a integrar un extenso listado de parientes directos o políticos de Triaca con cargos en el Estado. Semanas atrás se conoció la designación de Mariana Triaca, una de sus hermanas, como directora del Banco Nación, mientras que su pareja, Ernesto Reta, integra el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior; otra de sus hermanas, Lorena, se desempeña como directora en la Agencia de Inversiones; en tanto que la esposa del ministro, María Cecilia Loccisano, es subsecretaria de Coordinación en el Ministerio de Salud. La tarea de Borsalino como hombre fuerte de la intervención del SOMU fue detallada por dirigentes y ex sindicalistas. No es, además, el único cuñado que figura entre los directivos; el Juez federal a cargo de la causa contra el ex líder del gremio Omar "Caballo" Suárez puso al frente de la Obra social a Ramiro Tejada, hermano de su esposa.
Desde febrero de 2016, cuando Canicoba Corral ordenó la intervención del SOMU se convirtió en una suerte de emblema de transparencia de la gestión de Cambiemos. Al punto que una de las funcionarias encargadas de ponerla en práctica, Gladys González, fue protagonista de la última campaña electoral como segunda candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, banca que obtuvo detrás de Esteban Bullrich. Sin embargo, el resonante despido de Heredia exhibió otra faceta del manejo de Cambiemos del sindicato que nuclea a los trabajadores embarcados y que cuenta con unos 80.000 afiliados en todo el país.
Su titular, Omar Suárez fue detenido en 2016, acusado de extorsión a empresas navieras y malversación de fondos, y se dispuso la intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos. El sindicato quedó intervenido desde entonces hasta fines de 2017. Tras la actual senadora Gladys González, el interventor fue Silvio Torres, quien normalizó el SOMU con la elección del moyanista Raúl Durdos, que asumirá a comienzos de febrero. Desde el entorno de la senadora aseguran que Heredia fue contratada en abril del año pasado, luego de que ella dejara el sindicato.
“El escándalo del ministro de Trabajo se inscribe dentro del primer mandamiento macrista: ‘Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’. Dicen combatir ‘las mafias sindicales’ con una intervención en el SOMU para nada transparente, llena de irregularidades, con designaciones irrisorias, todo hecho con los aportes de los trabajadores”, remarcó el jefe del bloque del FPV-PJ en Diputados, Agustín Rossi.
En tanto, el bloque que se referencia en Sergio Massa sostuvo: “El Frente Renovador manifiesta su total rechazo y preocupación ante la actividad ilegal desarrollada por quien debe velar por el trabajo registrado”.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño exigió la renuncia del funcionario: “Tener trabajadores sin registrar siendo él quien en los papeles debería combatirlo es motivo suficiente para que deje el cargo. Además del agravante del maltrato. Por otro lado, lo del SOMU es un escándalo mayúsculo. Mientras despiden trabajadores estatales masivamente diciendo que son ñoquis los funcionarios de este Gobierno nombran familiares y gente de su entorno en áreas de su influencia”, remarcó.
Cuando se divulgó el audio de Triaca en el que el Ministro de Trabajo la insulta, Heredia explicó que trabajaba como casera en una quinta del Ministro en Boulogne y reveló su vínculo con el sindicato marítimo. “Yo estoy trabajando en el SOMU, soy delegada interventora de ahí. Triaca me colocó ahí el 1° de abril de 2017 con contrato hasta el 12 de febrero. Pero mi prioridad era la quinta de Triaca”, aseguró, al tiempo que también dijo que, “quince días antes de las elecciones presidenciales de 2015”, Triaca le blanqueó parte de su sueldo ($ 5.000).
El hashtag #ChauTriaca fue tendencia nacional en Twitter. En consecuencia al Ministro no le quedó más opción que pedir "disculpas" por el "exabrupto" y se quejó de que el hecho fue "utilizado para sacar rédito de él".
En nuestro país, sigue existiendo el trabajo “cama adentro” –otro eufemismo para no hablar de expropiación del tiempo libre– y son las familias más adineradas las que echan mano de este “recurso” y pagan los sueldos más bajos porque los completan con las cuatro comidas y la ropa de marca que heredan de las señoras de la casa. Basta para comprobarlo llamar a cualquier agencia de empleo de las que abundan en los barrios de la Zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. El 20 % de las mujeres que trabajan están empleadas en casas particulares aunque siete de cada diez no estén registradas como trabajadoras y, por lo tanto, no tengan obra social ni aportes jubilatorios ni chances de entrar en una moratoria previsional porque la reciente reforma las aleja todavía más de un descanso con ingresos mínimos.

Líderes sindicales repudiaron la política laboral

A través de un durísimo documento, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña, Julio Piumato y Luis Barrionuevo, entre otros, repudiaron varias políticas de la actual Administración nacional, pidieron que no se ponga techo a las paritarias y aseguraron que el Gobierno nacional incurrió en “deslegitimaciones de las organizaciones sindicales”.
El documento asegura que “nos encontramos con un gobierno de CEO´s directores, accionistas, dueños de empresas nacionales y multinacionales que en una clara afrenta a la Ley de ética pública asumían sus cargos con total desparpajo conservando acciones e injerencias en sus empresas y beneficiando claramente de manera ostensible sus propios intereses”.
“Es imposible suponer que se va a eliminar la pobreza o tan sólo bajarla si se sigue sosteniendo un trazado económico contrario al interés nacional”, sigue el documento y remarca que las inversiones tampoco llegarán debido a la “timba financiera”.
En otro tramo, los dirigentes remarcan que “es imposible suponer que haciendo denuncias mediáticas, judiciales, tributarias y a través de un aparato comunicacional afín con amenazas de auditorías se logra una mayor eficacia en la defensa de los derechos de los trabajadores”.
“En todo caso este tipo de estrategia gubernamental sólo busca la deslegitimación de las organizaciones sindicales ante la sociedad para avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo”, aseguran.
Inmediatamente después enumeran una serie de posturas puntuales respecto de las paritarias, la pérdida del poder adquisitivo de jubilados, el rechazo del DNU que modificó una serie de trámites administrativos y un pedido expreso a los legisladores a que no acompañen con su voto a las leyes que “vulneran y cercenan derechos de los trabajadores”.
A pesar de haber contado con la presencia de dos de los integrantes del triunvirato directivo de la CGT, la “Declaración de Mar del Plata” no es un documento de toda la central sindical sino dirigida a ella. En el último párrafo del documento, los dirigentes hicieron explícito que será presentado “ante las autoridades de la CGT”.
Del otro lado, quedaron los "gordos" de los grandes gremios de servicios, los "independientes" asociados al oficialismo, las 62 Organizaciones, el sello más afín al Ejecutivo, y otros grupos internos no resueltos a rivalizar con Macri. Esos sectores, armarán su propia cumbre esta semana. Entre los gremialistas más dialoguistas discuten su propio esquema de renovación de la jefatura de la CGT -proyectada para algún momento entre marzo y mayo- con dos nombres que suenan fuerte como candidatos: Héctor Daer, actual triunviro y parte de los "gordos", y el ferroviario Sergio Sasia. Tampoco fue de la partida el gremio de colectiveros (UTA).
Los despidos que no paran
Los 200 trabajadores del Diario Hoy decidieron en asamblea hacer una permanencia pacífica en el edificio luego de haber recibido certificados donde se les indica que han quedado desafectados de la empresa. "Este papel no es legal y el despido no está asentado en el Ministerio de Trabajo, por lo tanto todavía no intervino este organismo, por eso queremos estar en el terreno legal", dijo uno de los trabajadores mientras la dueña Miryam Renée Chávez de Balcedo permanecía en su oficina custodiada por dos policías. "En principio, queremos solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo; la permanencia sería hasta que se acerque el Ministerio, intervenga, digo: hay un conflicto colectivo, no son despidos aislados, se ha anunciado el recorte de cerca del 70 u 80 % de la planta de trabajadores", aseguró otro periodista del Diario Hoy.
Luego de más de un año manteniendo al personal con suspensiones pero pagando sueldos, finalmente la compañía autopartista Itec, una de las empresas más importantes radicadas en la provincia de San Juan, anunció el cierre definitivo de su planta en Santa Lucía. La firma, que trabajó durante 31 años en la provincia, dejó a 359 empleados en la calle y sin cobrar indemnización, inmersa en un proceso de convocatoria que desembocará en una quiebra, apenas se levante la feria judicial en febrero.
Desde OTRANS Argentina anunciaron el cierre de “Las Charapas”, la Cooperativa de trabajo trans y travesti de Peluquería y belleza integral que funcionaba desde diciembre del 2016. En el lugar trabajaban una decena de personas que antes estaban en situación de prostitución y muchas de ellas se verán obligadas a volver a la calle.
Claudia Vásquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina, y coordinadora general del Frente de Organizaciones TLGBI La Plata, Berisso y Ensenada analiza que el cierre de la Cooperativa es producto de la ausencia del Estado y de políticas públicas. “Nos preocupa mucho que todas las integrantes de la cooperativa se hayan quedado sin trabajo, y que siete vuelvan a la prostitución, debido a que no tienen otra salida laboral. Reiteramos nuestro reclamo y le exigimos a la Gobernadora María Eugenia Vidal la implementación del Cupo laboral Trans y Travesti, que se sancionó en el 2015 y aún no lo reglamenta”.
Este miércoles 17 de enero trabajadores estatales de diversos sectores confluyeron en una jornada de protesta con caravana incluida. En auto o moto, incluso por momentos a pie, una nutrida columna salió desde la ciudad bonaerense de Azul para recorrer los 306 km que la separan de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo, visibilizar el desguace que el Gobierno ya emprendió en la empresa estatal Fabricaciones Militares. Cerca del mediodía, gran cantidad de efectivos de Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) ya “custodiaban” la caravana. Luego de un acto central en la Riccheri donde denunciaron la injusta cesantía a 130 empleados del Senasa, la marcha siguió hacia la cartera de Defensa para reclamar la reincorporación de los 220 despedidos en Fanazul. También participaron de la movilización los cesanteados de la disuelta UEP La Plata.
En esta nueva jornada de lucha, que siguió al paro y movilización del jueves 11 a la Casa de Gobierno provincial, ATE no sólo reclamó por los centenares despidos impulsados desde la gestión de Vidal sino que también exigieron la convocatoria “inmediata” a paritarias. El gobierno bonaerense adelantó que buscará llevar a la mesa de negociación el techo de 15 % de aumento impuesto desde la Casa Rosada, algo que ya fue rechazado por los gremios docentes.
La decisión de realizar la jornada provincial de lucha que movilizó caravanas de trabajadores desde Ezeiza, Azul y La Plata se tomó tras una nueva reunión de la mesa de negociación por los 100 despidos de la disuelta Unidad Ejecutora Provincial. Los trabajadores levantaron la ocupación del edificio luego de 20 días de toma, pero el gobierno de Vidal sólo ofreció reincorporar a 9 personas, que se encuentran atravesando una situación crítica de salud, y evaluar la situación de 4 delegados gremiales.
Mientras tanto, el interventor de Fabricaciones Militares, dirigió una carta al Consejo Deliberante de Azul en la que plantea a los despidos de más de 220 trabajadores como un paso necesario para mejorar la situación del país de conjunto: “La situación que afecta hoy a la sociedad en Azul es parte de este proceso que, sin dudas, será beneficioso para el país en su conjunto. Los efectos locales deberán ser evaluados en ese contexto”, afirmó (sic).
El gremio de peajes (Sutpa) se enteró en una audiencia pública que la intención del oficialismo es eliminar la cabina de peaje de Saladillo en la Ruta 205, por lo que 50 familias se quedarían en la calle.
Frente al Ministerio de Cultura, los bailarines del Ballet Nacional “Danza” realizaron una función callejera en protesta por el cierre de la compañía. Se trata de 80 trabajadores despedidos, y una posibilidad de acceso gratuito a la danza clásica que pierde la comunidad.
El Gobierno inició el expediente para cerrar Lotería Nacional Sociedad del Estado. Hay temor por el futuro de sus 200 empleados. Al respecto, los trabajadores de los casinos de la provincia de Buenos Aires iniciaron un paro de 24 horas en relación al cierre de tres salas de juego en la costa atlántica. Según el titular del Sindicato de Maestranza de Casinos, Roberto Páez, la decisión del gobierno bonaerense es un intento de “avanzar en un proceso de privatización”.
Hubo acuerdo en el conflicto de la fábrica de maquinaria agrícola Vassalli, ícono productivo de Santa Fe. La empresa pretendía echar a 200 de sus 500 trabajadores, pero en el acta firmada el miércoles pasado se reduce a 50 retiros voluntarios. Cada uno de los empleados que acepte esa opción cobrará el 75 % de la indemnización, dos cuotas mensuales de 2.500 pesos que aporta la provincia y el subsidio por desempleo de Nación “ampliado” (se cobra la mitad de una vez y el resto en cuotas).
El acuerdo tiene plazo: el 31 de septiembre. Hasta esa fecha, la empresa radicada en Firmat no puede despedir a ningún trabajador.
Más de 500 personas asistieron al festival que organizaron los obreros y las mujeres del Ingenio La Esperanza, en la plaza principal de San Pedro. Las familias estuvieron en la plaza juntando firmas por el desprocesamiento de los obreros y por la reincorporación de los despedidos, también recaudando dinero para el fondo de lucha.
El ingenio San Isidro , ubicado en la zona de Campo Santo (Salta), informó a sus trabajadores a través de un banner colocado en la entrada al predio, que cesaba toda actividad productiva por al menos tres meses.
Desde el grupo empresario Gloria, que gerencia la explotación azucarera, presentaron el viernes, ante el Ministerio de la Nación, un “Proceso Preventivo de Crisis”, sin razones económicas claras, como un claro mensaje de cerrar el emprendimiento. Además, tampoco hubo formalmente una notificaron a ningún trabajador azucarero, ni al Sindicato SOEASI. Al personal administrativo y técnico del Ingenio, les manifestaron que los siguientes tres meses no se presenten a trabajar, aunque garantizarían el pago de sus sueldos.
El jueves 18 varios gremios pertenecientes a distintas colectivos de trabajadores como el Canal Ciudad, el Centro Cultural Recoleta, Lista Marrón de ATE, Lista Verde y Blanca del mismo sindicato, salieron a apoyar a los trabajadores de la Secretaría de Integración Social y Urbana (organismo encargado de urbanizar la Villa 31 y 31 Bis). Los mismos organizaron una movilización con el apoyo también de sus vecinos para reclamar para que no haya ningún despido de 10 trabajadoras sociales que padecen constantes hostigamientos por pensar un modelo de urbanización diferente al del macrismo.
Posteriormente gran parte de este conjunto de trabajadores salió a solidarizarse con los trabajadores del Centro Cultural Recoleta quienes hicieron un acto en la entrada de su lugar de trabajo para pedir por la reincorporación de dos de los compañeros despedidos de ATE.
La crisis del sector lechero que tiene en jaque a Sancor ahora contagió a la tradicional empresa La Suipachense. La convocatoria de acreedores pone en riesgo 135 empleos directos.
En la tarde de este martes 16, la oficina de Recursos Humanos de la empresa Bunge y Born notificó el despido de al menos 100 operarios del Complejo Industrial Campana.
La Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM de la RA –CTA Autónoma) viene realizando gestiones ante las autoridades locales, a través de sus delegados y de la conducción nacional, para defender los puestos de trabajo de los visitadores médicos que trabajan para Ivax-Teva Argentina.
Teva, la empresa Nº1 de capitales israelíes con 57.000 trabajadores alrededor del mundo, planteó reducir un tercio de su plantilla durante los próximos dos años. Las autoridades de la filial argentina confirmaron que alcanzará a trabajadores en nuestro país, aunque sin poner en cifras la magnitud del recorte.
Un numeroso grupo de trabajadores de la metalúrgica Stöckl cortó los tres accesos al Parque Industrial de Burzaco y el Camino de Cintura para reclamar por la falta de pago de los salarios y el aguinaldo que la compañía les adeuda a sus 130 empleados desde hace dos meses.
Después de 99 años de existencia, cerró la revista deportiva El Gráfico y despidió a 20 trabajadores.
Por primera vez en décadas, el pasado fin de semana no hubo noticias el sábado ni el domingo en la Televisión Pública. Se trata de un nuevo capítulo del vaciamiento de los medios públicos que lleva adelante la gestión de Hernán Lombardi. No conforme con ello, el ministro dispuso que la Televisión Pública sea el único canal nacional que no esté presente en Chile para cubrir la histórica visita del Papa Francisco. En este contexto, los trabajadores de la TV Pública convocaron a un “abrazo simbólico” al histórico edificio de Canal 7. La jornada de protesta, a la que invitan a participar a toda la comunidad, se realizará el martes 23 a las 14:00.
El martes pasado los trabajadores del Canal de la Ciudad se encontraron con el canal cerrado y un cartel que decía que “sólo podían ingresar los 10 directivos que están en la calle Guardia Vieja 3334″.
El viernes los trabajadores del Hospital Posadas realizaron una masiva asamblea y decidieron un paro en defensa de sus puestos de trabajo, ya que a 120 profesionales de la salud no les renovaron los contratos, incluso aquéllos que tienen años de antigüedad. Lo hicieron por medio de una resolución, donde informaron la “cesantía” de los contratos de los empleados que estaban precarizados.
“A pesar de desmentidas previas las autoridades del Hospital Posadas han instrumentado medidas que, de no revertirse, culminarán en una ola de despidos masivos. Los mismos tendrían un claro contenido revanchista contra trabajadores que luchan y se organizan”, afirmaron mediante un comunicado desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA-CTA). Diecisiete de los 23 delegados electos de CICOP en el Posadas fueron dejados sin trabajo, y también fueron cesanteados 55 enfermeros de los cuales nada menos que 50 fueron amparados por la justicia recientemente en su lucha de meses contra una virtual flexibilización laboral que les extendía el horario en el turno noche de manera inconsulta y compulsiva.
El paro de 24 horas de este martes 23 de enero en el Hospital Posadas será acompañado por Fesprosa que convocó a sus 30.000 afiliados de 600 hospitales de todo el país a una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones.
En este contexto, un grupo de los 120 despedidos del Hospital Posadas fueron a pedirle explicaciones al titular de ATE Morón, Darío Silva. Concretamente lo señalan por haber tenido algún grado de participación en la decisión de los despidos y le pedían que realice una asamblea para que los afiliados definan los pasos a seguir.
Lejos de atender a los reclamos, Silva salió a cruzarlos a golpes de puño y, con gente de su entorno, (muchos de ellos con antecedentes penales, según contaron los propios atacados) le pegó a los afiliados que lo cuestionaban.

Paritarias

El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó el martes pasado que el Gobierno pretende que las paritarias cierren en torno al 15 %. El funcionario brindó una conferencia en la Casa Rosada tras la primera reunión de gabinete del año, luego del regreso de Mauricio Macri de sus tres semanas de vacaciones en Villa La Angostura.
El gobierno pretende que las paritarias se ajusten al modelo de los empleados municipales de Neuquén: un aumento del 16% en tres cuotas y sin cláusula gatillo por mayor inflación.
Al respecto, el integrante del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid, afirmó que la meta inflacionaria del 15 % para este año “es una fantasía” y que “nadie” entre los gremios va a aceptar aumentos de sueldos de ese nivel.
El lunes 8 la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) se encargó de confirmar que los mercantiles habían disparado la cláusula gatillo, firmada en las paritarias 2017, y que desde enero y hasta a marzo (inclusive) los trabajadores cobrarían un 6 % adicional. Sin embargo, horas más tarde, la CAME, una de las dos entidades más importantes que nuclea a los empleadores de la actividad, salió a desmentirlo. Aunque hubo un preacuerdo del 6 % queda a consideración de los órganos directivos de ambas Cámaras empresarias (CAME y CAC), pero la intención de los empresarios es reclamarle al gremio, como condición para estampar la firma, un compromiso respecto de la paritaria 2018 de negociar en línea con los valores que busca el Gobierno Nacional: 15 %. El dato no es menor. Las proyecciones inflacionarias anuales del Gobierno no estuvieron ni cerca de cumplirse en los dos años de gestión de Cambiemos, por lo que conseguir el guiño del gremio para rubricar paritarias al 15 % sería un logro trascendente para las entidades empresarias. Cabe recordar que el 23 de marzo pasado, la CAME, la CAC y FAECyS firmaron la paritaria que mantiene vigencia hasta el 31 de marzo del corriente. En ese entonces, las tres entidades pactaron un aumento del 20 % y en caso de que la inflación superase el porcentaje firmado, se aplicarían dos cláusulas gatillo: una en octubre pasado y otra en el corriente mes de enero. Esta última es la que está en debate por estas horas.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) y la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) acordaron en paritarias un aumento del 19 % en dos tramos para 2018, que se incorporará a los salarios básicos convencionales del personal de la actividad.
El acuerdo regirá desde el 1° de enero y contempló un incremento del 10 % sobre los básicos convencionales a partir de los haberes de este año y, desde el 1° de julio, se aplicará otro 9 % respecto de los ingresos de diciembre de 2017.
Cinco gremios aeronáuticos decidieron tomar medidas de fuerza en el Grupo Latam Argentina a partir de la hora cero del viernes.
“Los trabajadores de tierra, los tripulantes de cabina, los pilotos, técnicos y el personal superior no garantizarán los servicios”, luego de vencidos “los plazos de la conciliación obligatoria y las instancias del diálogo paritario”, avisaron.
La paritaria en el Grupo Latam expiró el 31 de diciembre último y los plazos conciliatorios están caídos, y en ese sentido se instó a la empresa a solucionar el conflicto salarial a partir de “las consecuencias que tendrá en el servicio por la intransigencia patronal, que no realizó ninguna propuesta superadora del 17 % original de recomposición”.
La Bancaria rechazó nuevamente la oferta de recomposición salarial anual de 9% para 2018, a la que calificó como “obscena”, y advirtió que de acuerdo con la legislación vigente, y en tanto no se suscriba una nueva modificación del Convenio colectivo de trabajo en materia salarial debe cumplirse el actual, que determina “la aplicación de la denominada cláusula gatillo de manera mensual y hasta tanto no se firme un nuevo acuerdo”.
La Bancaria adelantó que adoptará inmediatas medidas de acción directa cuando “se incurra en el incumplimiento de esa cláusula de actualización salarial”.
Por lo mismo y, a fin de aplicar esas protestas y dado por cumplido “todo plazo prudencial”, el gremio convocó al plenario de secretarios generales para el 1° de febrero.
El acuerdo salarial anual bancario expiró el 31 de diciembre último, por lo que el sindicato exigió la aplicación de la actualización mensual hasta tanto se firme un nuevo convenio.
El gobierno bonaerense promulgó la Ley que modifica el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia. La ley 15.008, sancionada en diciembre y publicada el jueves en el Boletín Oficial bonaerense, establece que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria el afiliado que compute treinta y cinco (35) años de servicios como mínimo y que hubiera cumplido sesenta y cinco (65) años de edad”.
Además, modifica la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del sueldo activo que percibe un jubilado al bajarlo del 82 al 70 %, que lo iguala con el resto de los empleados bancarios. Establece también que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años de sueldo y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado en diciembre por el Congreso de la Nación para el resto de los jubilados. Esta norma había suscitado un duro conflicto con los empleados del Bapro que en este momento se encuentra latente por el dictado de la conciliación obligatoria por parte del Ministerio de Trabajo.

Nuevo ataque a la organización sindical

Desde la CTERA repudiaron y rechazaron la decisión unilateral y arbitraria del Gobierno Nacional que modifica las condiciones de la Paritaria Nacional Docente, que habían sido refrendadas por la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo y por el Decreto 457 del año 2007.
En un nuevo ataque a las Organizaciones Sindicales Docentes el Gobierno avanza con el desmantelamiento de la instancia de negociaciones colectivas a nivel nacional, modificando de manera unilateral los acuerdos que habían establecido los Sindicatos Docentes con representatividad reconocida como CTERA, SADOP, CEA, AMET y UDA.
De esta manera se pretenden limitar las discusiones salariales a cada jurisdicción, sin tener la posibilidad de que se discuta a nivel nacional el piso mínimo ni las condiciones generales para un proceso de recomposición salarial del sector. Es decir, se pretende generar un sistema con más desigualdad entre las provincias y con derechos diferenciales al interior del conjunto de los trabajadores.
Con el decreto se oficializó el fin de la paritaria nacional docente ya que se establece un piso del 20% por encima del salario mínimo vital y móvil (SMVM), y además, le quitó poder de negociación al gremio mayoritario, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) que cuenta con el 70% de los trabajadores docentes. Hasta ahora, la cantidad de miembros en la mesa de negociación era porcentual de acuerdo a la cantidad de afiliados que tenía cada gremio nacional: Ctera tenía 5 miembros y ahora pasa a tener uno como cada sindicato.
Desde enero pasado el SMVM se ubica en 9.500 pesos, por lo que el mínimo docente alcanzaría a 11.400. Si lo proyectamos a julio próximo, cuando el SMVM llegue a 10.000 pesos la garantía salarial docente se elevará a 12.000.
En cualquier caso el nuevo piso que ofrece el Gobierno se encuentra muy por debajo de lo que necesita un trabajador para llegar a fin de mes . Según la Dirección de Estadísticas del Gobierno porteño, una pareja con dos hijos, de 6 y 9 años, necesitó en octubre de 16.311 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza.
Entre los considerandos del decreto se señala “que la Constitución Nacional consagra la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es decir, se apoya en la Ley N° 24.049, sancionada durante el menemismo. Esa norma permitió la fragmentación del sistema educativo nacional y habilitó a cada mandatario provincial a negociar por separado los salarios de la docencia.
El decreto firmado por el Presidente establece, además, que ahora no serán cinco sino cuatro los gremios nacionales que discutirán con el Gobierno. El que quedará afuera es Sadop, que representa a los maestros de escuelas privadas.
Sonia Alesso en su carácter de miembro de la Internacional de la Educación y Hugo Yasky Secretario General de la IEAL presentarán la denuncia en la OIT y la Internacional de la Educación frente a este nuevo ataque del Gobierno a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Educación.
“Decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer”, le advirtieron por mail al secretario general del Suteba, Roberto Baradel. El mail anónimo fue enviado un día después de que se conociera el decreto contra la paritaria nacional y la modificación de la representación sindical en la mesa de negociaciones y luego de la campaña de desafiliación en la Provincia de Buenos Aires, que promovió el Ejecutivo encabezado por María Eugenia Vidal.

Denuncia Penal contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo: “Achicar el Estado es agrandar los negocios”

Encabezado por los Dres. Eduardo Barcesat y Julián Domínguez, y con la firma y adhesión de numerosas personalidades de la política nacional; entre ellas las de la Dra. Nilda Garré, Lic. Alicia Castro, Dr. Mempo Giardinelli, Dr. Atilio Borón, Dra. Florencia Santout, Dip. Nac. Roberto Salvarezza, Juliana Marino, Eduardo Sigal, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Llamamiento Judío y otros cientos de adhesiones, se radicó la denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos Peña y todos los Ministros de la Nación, por violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en concurso con malversación de caudales públicos y prevaricato de los funcionarios abogados del Gobierno Nacional, por la emisión y entrada en vigencia del DNU 27/2018, más conocido como el “mega decreto”, que pretende la derogación o modificación de leyes aprobadas por el Poder Legislativo, bajo invocación de “desburocratizar y simplificar” la Administración pública nacional, pero cuya verdadera finalidad se sintetiza en “achicar el Estado es agrandar los negocios”. El DNU de Macri derogó 19 leyes y modificó otras 140.
El titular de ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que: “No existe ninguna razón de necesidad y urgencia que amerite el DNU, para que el Ejecutivo se arrogue facultades que le corresponden al Congreso, como la regulación de la economía del país”, opinó el dirigente sindical, y agregó que, “con un nombre aparentemente inocente, de ‘simplificación de trámites’, el Presidente vacía estructuras del Estado y da vía libre para que las empresas trasnacionales saqueen nuestras riquezas”.
Godoy adelantó que desde ATE enfrentarán la iniciativa del Gobierno con la “profundización del plan de lucha” que llevan adelante en el marco de los despidos “que se vienen produciendo en distintos organismos del Estado”.
El titular de ATE Nacional apuntó contra lo que consideró la “incorporación de los fondos de la Anses a la timba financiera”, con la habilitación al Fondo de Garantías y Sustentabilidad del organismo para “crear fideicomisos financieros y operar con instrumentos dentro del mercado financiero”.
Además cuestionó la “derogación de 50 normas del Senasa (el organismo que controla la salud vegetal y animal del país) y la trasferencia a manos privadas de las actividades de control hasta ahora en manos del Estado”.
Por otra parte, Godoy alertó que, mediante este DNU, se aplican las reformas laborales que impulsa el Gobierno.
Godoy también puso el foco en lo que consideró uno de los puntos “más violatorios del derecho laboral”, en relación a la disposición que “deja en manos de los bancos la decisión de embargos de cuentas sueldo, algo que hasta ahora estaba en manos de la Justicia y que tenían un límite del 20% del salario”.

Un zorro cuidando las gallinas

Abel Francisco Guerrieri, hombre de la Sociedad Rural, fue nombrado como presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre). Es el organismo encargado de controlar las normas laborales en el campo.
La vicepresidencia, en tanto, quedó en manos Alfonso Carlos Máculus, de Confederaciones Rurales (CRA).
De esta manera, el principal empleador de la actividad es el encargado de controlarse a sí mismo en el cumplimiento de las normas laborales.
El Renatre, organismo ideado por Gerónimo Venegas del gremio de los trabajadores rurales (Uatre) y el ex Presidente, Eduardo Duhalde, en 2002, fue una estructura que en la práctica encubrió la explotación laboral en el sector rural en connivencia con las patronales. Este esquema solo se desmontó entre 2011-15 luego de la sanción del nuevo estatuto del peón rural y la creación del Renatea. Luego de la asunción de Cambiemos se retornó al viejo Registro con sus viejas prácticas de encubrimiento de trata de personas y explotación laboral en el campo.
Para muestra bastan un par de botones. Cuando Guerrieri integró la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en representación de la SRA en 2008, votó en contra de eliminar las jornadas laborales de sol a sol y fijar un régimen de ocho horas diarias (Resolución 71/2008). Y en 2007 rechazó que a los trabajadores rurales de Santiago del Estero se les pagara un adicional por finalizar sus estudios (Resolución 68/2007).

Mario Hernandez