Por una rápida investigación

La CIDH levantó la cautelar por la desaparición de Maldonado y reclamó por la causa

El organismo internacional de derechos humanos reclamó que el Estado esclarezca “de manera diligente” las causas de la muerte del joven. Mantiene las denuncias por el riesgo que corren los testigos del caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA levantó la medida cautelar que había dictado sobre el Estado argentino por la desaparición de Santiago Maldonado. Si bien esa medida era previsible, lejos de desentenderse del asunto, ese organismo puntualizó que la investigación para determinar las causas del fallecimiento del joven debe hacerse “de manera diligente”. El hallazgo del cuerpo 78 días después de haber sido visto por última vez durante una represión de Gendarmería en el recuperado territorio mapuche de Cushamen hizo que variaran “los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad”, que había invocado por entonces al dictar la medida solicitada por la familia. PáginaI12 pudo saber que a pedido de la ONG Naturaleza de Derechos –que había sido la peticionante de la cautelar originaria del expediente junto a otras casi cuarenta agrupaciones– todas las denuncias por el riesgo que corren los testigos del caso Maldonado fueron agregadas al expediente principal, donde la CIDH recogió las pruebas sobre las sucesivas represiones y persecuciones a esa comunidad mapuche de Chubut, al tiempo que dio por concluida la parte relacionada al joven tatuador porque la medida se volvió abstracta. Esto implica que, más allá de la aparición de su cuerpo, la investigación sobre su muerte sigue bajo la lupa de la CIDH, que instó a la administración macrista a “esclarecer” el caso tomando “todas las hipótesis” y estableciendo las responsabilidades “de cualquier índole”, incluso penales, tal como se sigue investigando en la causa caratulada como desaparición forzada que instruye el juez federal Gustavo Lleral.
“La CIDH lamenta la muerte del señor Santiago Maldonado y, en virtud del cambio de circunstancias, considera que las medidas han quedado sin materia, no encontrándose presentes los requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de prevenir un riesgo de daño irreparable, correspondiendo levantar las presentes medidas cautelares”, indica el documento. La cautelar había sido dictada en los últimos días de agosto del año pasado, cuando Maldonado mantenía la condición de desaparecido. Había sido visto por última vez con vida el 1 de agosto en el Lof de Cushamen, cuando un operativo desplegado por cuatro escuadrones de Gendarmería reprimía un corte de ruta en el que él participaba.
El reclamo por la aparición de Maldonado trascendió las fronteras de la Argentina y llegó a la CIDH. Hasta que el 17 de octubre fue encontrado muerto en el río Chubut y, aunque la autopsia determinó que murió ahogado las circunstancias de su muerte aún no fueron establecidas. Por eso la Comisión Interamericana remarcó que “el Estado de Argentina se encuentra obligado a investigar de manera diligente las circunstancias que dieron lugar a la muerte”.En los considerandos finales expresó que “corresponde al Estado investigar de manera exhaustiva la totalidad de las hipótesis que han surgido a lo largo de la propia investigación, garantizando una adecuada participación a sus familiares y representantes”. Sucede que a la sede de la CIDH en Washington llegaron las pruebas sobre las sucesivas obstrucciones y malos tratos que padeció la familia, tanto por parte del gobierno nacional como de la fiscalía federal y del juez federal Guido Otranto, al punto que este magistrado fue apartado del caso. La mención a la “totalidad” de las hipótesis alude a los numerosos intentos de desviar el eje de la causa para alejarlo de las responsabilidades que le caben a los gendarmes que persiguieron a Maldonado y a los mapuches hasta el río con camiones y armas de diversos calibres.
El 26 de octubre, durante las sesiones que el organismo hizo en Montevideo, los representantes del gobierno habían intentado que la cautelar fuera levantada. En ese momento, la CIDH no concedió el deseo del gobierno. Las ONG peticionantes ratificaron que los testigos seguían en peligro: dos de ellos fueron torturados durante un operativo encabezado por Otranto el 18 de septiembre, y ahora ese mismo juez que instruye la causa por el corte de ruta tiene a los jóvenes testigos mapuches como imputados. Como en la CIDH quedó en pie la denuncia iniciada por la represión del 10 y 11 de enero en Cushamen, los peticionantes esperan que el paraguas protectivo del sistema interamericano contenga cualquier eventual embate contra ellos. La CIDH recordó que cuando fue informada de los resultados de la autopsia, los representantes de la familia Maldonado expresaron que el hallazgo del cuerpo “no eximía la posibilidad de que lo ocurrido se hubiera tratado de una desaparición atribuible al Estado”.

Adriana Meyer
Página/12