Las heridas abiertas por la reforma previsional obligaron al gobierno a prender el GPS y rediseñar el plan de ajuste: despidos, techo a las paritarias y reemplazar la reforma laboral con "varias leyes" y acuerdos por sector.
Las heridas abiertas en la base electoral de Cambiemos a raíz de la votación de la (contra) reforma previsional no parecen cicatrizar ni siquiera en enero. Los 13 puntos de caída que sufrió la imagen gubernamental después de aquel diciembre caliente, obligaron al macrismo a prender el GPS y recalcular los caminos del ajuste.
En el tintero, quedó la reforma laboral. Descartada la posibilidad de tratarla en sesiones extraordinarias, el macrismo se encargó de meter por la ventana una parte de la misma en el mega Decreto de “desburocratización y simplificación” del Estado: el blanqueo laboral, con beneficios inauditos para aquellos empresarios que hayan mantenido trabajadores en negro y quieran regularizarlos, cosa que no está garantizado que quieran hacer. Este era uno de los puntos de la reforma que las dirigencias sindicales habían aceptado de buena gana y, quizá por eso, el que menos le interesa a una angurrienta clase capitalista de la que el gobierno de los CEO’s es no solo representante si no también exponente. La clave que el gobierno buscaba introducir con la reforma era el abaratamiento de los despidos y, con ello, una modificación sustancial de la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Ahora, crisis de Triaca mediante, el gobierno necesita compatibilizar esta promesa a los sectores más enriquecidos de la sociedad con la ilusión de la reelección, evitando, entonces, seguir profundizando la caída de sus guarismos.
Para ello, se descarta que el texto de Ley que en su momento fue acordado con la CGT y el peronismo llegue al parlamento: nada es menos deseable para la Casa Rosada que otro Congreso militarizado, con decenas de miles de manifestantes gaseados y reprimidos. En cambio, en declaraciones y comunicados de la presidencia, Marcos Peña sugirió que podrían tratar de avanzar volviendo a la línea de negociar acuerdos sectoriales, como fue el de Vaca Muerta que introdujo diferentes modalidades de flexibilización laboral aunque esto no redundó en la “lluvia de inversiones” en el sector petrolero que se esperaba. A los acuerdos sectoriales de este tipo, se sumarían “varias leyes”. Es decir, desguazar el texto original de la reforma laboral e introducirlo por partes para su sanción ya que, se sabe, los acuerdos por convenio no alcanzan para lograr el objetivo central del gobierno que es abaratar los despidos.
Despidiendo por un techo
En medio este camino más gradualista, al que apunta por estas horas el GPS del ajuste, hay una primera parada: los despidos y el techo a las paritarias.
Ante el escándalo por la difusión del violento audio del ministro de Trabajo, en el cual insulta y despide a una trabajadora doméstica que, para colmo, tuvo trabajando en negro por al menos tres años, el que salió a dar la cara ante el mundo del trabajo fue Rogelio Frigerio. El ministro del Interior ratificó lo que ya había dicho Triaca: el gobierno buscará imponer un techo del 15% a las paritarias, amparándose en que supuestamente la inflación del año no superará esa cifra, aunque, como hemos visto, el equipo económico macrista tuvo que salir a ajustar las metas de la inflación hace muy poco tiempo. Para sumar pimienta a la intentona de mantener los salarios en índices miserables, el ministro también insistió con que no haya cláusulas gatillo que ajusten los salarios a los índices de inflación. Y eso que las cláusulas gatillo que hubo en las paritarias de 2017 fueron bastante truchas.
Mientras se prepara este escenario para el forcejeo salarial, el gobierno lanzó una nueva ola de despidos en el Estado y deja correr los despidos en el sector privado. Ante esto, crece la resistencia de los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país, como se ve en Fanazul –donde el gobierno ratificó el cierre de la planta-, el Hospital Posadas, el Senasa, las metalúrgicas Stockl y Rapistand, el Ingenio La Esperanza en Jujuy o la alimenticia La Virginia en Rosario, entre otros. A esto se suma el masivo repudio al decreto contra los maestros y las maestras, que según una encuesta realizada por Ámbito Financiero supera el 80%.
Así, el Ejecutivo calcula que pisando el acelerador de los despidos se puede llegar a unas paritarias absolutamente condicionadas por el temor a perder el trabajo. Veremos si lo logran. Por ahora, siguen teniendo a favor la tregua o el “cacareo pasivo” (o sea, denuncias sin acciones de lucha) de la mayoría de las conducciones sindicales, que con ello impiden que la fuerza de los trabajadores frene el plan de guerra del gobierno.
Triaca y las cúpulas sindicales
El escándalo desatado alrededor de las poco trasparentes prácticas empleadoras de Triaca, que además salpican la tan publicitada intervención del SOMU, suma un nuevo escollo para el gobierno a la hora de sentarse a negociar con las conducciones sindicales. Por estas horas, según afirman diferentes fuentes, se duda mucho de que Triaca sea el hombre adecuado para encabezar la pelea por imponer el techo del 15% a las paritarias. Sin embargo, el gobierno por el momento ha salido a bancar al ministro del Trabajo en negro, a pesar incluso de que la prensa oficialista ya le soltó la mano.
Lo que queda claro es que la crisis con Triaca no cambia el plan de fondo hacia los trabajadores y el pueblo. Los únicos que podrían salir beneficiados del entuerto que obligó al titular de la cartera laboral a adelantar sus vacaciones quizá sean las burocracias sindicales. Si bien el gobierno necesita seguir debilitando a los sindicatos de conjunto y para eso las detenciones de dirigentes como Balcedo, el “Pata” Medita y el “Caballo” Suárez podrían continuar (en el mismo sentido se inscriben los ataques de Vida y Macri a los gremios docentes), es muy dudoso que el gobierno decida escalar en este camino y convertir estos disciplinamientos parciales en una guerra abierta con el conjunto de las cúpulas gremiales, empezando por Moyano. El gobierno calcula, con razón, que mientras no se toquen los intereses y millonarios negocios de los burócratas, estos son capaces de firmar cualquier cosa.
Es posible que Moyano y compañía estén calculando la misma cosa (ellos también tienen su GPS), por eso, en la usual reunión que la CGT protagoniza cada enero en Mar Del Plata, se habló mucho contra la campaña antisindical del macrismo pero nada de convocar a paros y movilizaciones. El agasajo, a cargo del anfitrión Luis Barrionuevo, contó con la presencia protagónica de Moyano y dos de los tres triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. No faltó el “combativo” Palazzo de La Bancaria, que hacía pocas semanas criticaba a la CGT por dejar pasar la reforma previsional y, ahora y sin convocar medidas de lucha tampoco en su gremio, se unió al asadito con los amigos.
Así, las malas noticias para el gobierno, la caída de su imagen y el creciente descontento por la cada día más difícil situación económica no son por ahora suficientes para ponerle un freno contundente a los planes de mayor ajuste y represión. En el camino de enfrentarlos, hay que rodear de apoyo todas las luchas y reclamos contra despidos, como lo hacen diariamente los diputados del Frente de Izquierda como Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, que por estos días aportó 20 mil pesos al fondo de huelga de los metalúrgicos de Stockl. Se hace más necesario que nunca, como plantea la izquierda y el sindicalismo combativo, seguir peleando para que las cúpulas sindicales rompan la tregua y la pasividad y se pongan a la altura de las circunstancias.
Cecilia Rodríguez
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