Se trata de Dante Barisone, el policía que "mata terroristas villeros" y atropelló a un cartonero durante la represión.
El juez federal Sergio Torres ordenó excarcelar al policía federal Dante Barisone por “falta de mérito”.
Se trata del policía que atacó con su moto a Alejandro “Pipi” Rosado, cartonero, cuando estaba en el piso lastimado, tal como se ve en las imágenes tomadas el día 18 de diciembre en Hipólito Yrigoyen y Tacuarí, a 10 cuadras del Congreso. Era el único policía detenido por los atropellos represivos cometidos ese día. Trascendió, además, porque en las redes sociales se jactaba de “matar terroristas villeros”.
A requerimiento del juez, la identidad del policía había sido suministrada por el Ministerio de Seguridad. Sin embargo, tras tomarle declaración indagatoria, el juez ordenó su excarcelación porque dice no poder reconocer la identidad del policía en cuestión.
La cuestión es de una gravedad política de relieve, ya que el juez admite que el Ministerio de Seguridad podría no haberle transmitido el dato exacto de quién es el policía que agredió a Rosado. Esto significa que bajo las órdenes de Patricia Bullrich, se está produciendo una obstaculización directa de la investigación. Por otro lado, además consagra la admisión por parte del ejecutivo y del poder judicial de que el casco policial pueda convertirse en una herramienta de ocultamiento de la identidad de integrantes de las fuerzas que cometen apremios ilegales contra las personas. La excusa de Torres es inverosímil, ya que Barisone no actuó de manera solitaria sino formando parte de un escuadrón, y por lo tanto algún oficial debe responder por la actuación del personal que está a su cargo.
La decisión de Torres corresponde a una indicación política del gobierno. Basta recordar las palabras de Marcos Peña, condenando la manifestación popular, tratando absolver la violencia del Estado y demonizar y judicializar la defensa legítima de miles de manifestantes que se vieron agredidos los días 14 y 18 de diciembre por operativos, allanamientos, balas de goma, gases y hasta abusos contra mujeres y otras acciones de las fuerzas de la Gendarmería y la policía porteña. Por esta razón, continúan detenidas seis personas, entre ellas el militante del Partido Obrero César Arakaki, sin ninguna otra razón que perseguir el escarmiento de los luchadores y militantes contra el robo a los jubilados.
Mientras se concretaba la liberación de Barisone, en la Central de la Policía Federal hallaban un explosivo con la nota apócrifa “Libertad a los argentinos presos del Congreso”, firmada como Partido Obrero. La provocación –de indudable tufillo policíaco- redundó en que el juez liberó a “un argentino”: el único policía detenido.
Bajo esta orden política, queda claro que los jueces no persiguen a dos demonios, sino a uno: a los luchadores populares.
Reclamamos la libertad para todos los detenidos, el cese de las persecuciones judiciales y el fin de la represión contra las manifestaciones populares.
Vanina Biasi
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