“Quieren mostrar dureza ejemplar contra cualquier movilización que enfrente este ajuste”

Entrevista con María del Carmen Verdú, de la Correpi y de Poder Popular (integrante del Frente de Izquierda). La situación de los cinco manifestantes que continúan presos desde la manifestación del 14 de diciembre y el reforzamiento represivo del gobierno.

“La negativa de la Cámara a conceder la excarcelación de estas cinco personas es absurda. Dicen los jueces que la libertad de los detenidos puede entorpecer la investigación. Decime cómo dos adolescentes y dos personas en situación de calle pueden entorpecer las investigaciones de una división informática de la policía”. Verdú indica que esos argumentos son diferentes a los que en su momento dio el juez de la causa, Claudio Bonadio (el segundo más denunciado por causas de corrupción después de Norberto Oyarbide).
“Esta resolución –sigue Verdú− no se sostiene jurídicamente y ni siquiera tiene esa intención. Como en el caso de los dos compañeros del PO (César Arakaki y Dimas Ponce), aquí no hay ningún argumento técnico o siquiera formal para negar las excarcelaciones: se quiere indicar con toda claridad que son rehenes”.
−Recordanos las razones de Bonadio.
−Él dijo que no se habían podido constatar domicilios. Lógicamente, personas en situación de calle no pueden demostrar domicilio físico, pero tenían el de familiares. La Cámara dice que “faltan indagatorias”. Eso ocurrió, en la movilización del 18, porque el juez los liberó el domingo a la noche bajo la presión de los cacerolazos y las movilizaciones en toda la ciudad. También arguye la Cámara que faltan medidas de prueba, como los la pericia de Análisis Antropométricos de la Policía de la Ciudad. Los argumentos son absurdos ex profeso: la Cámara quiere mostrar su decisión de ejercer una dureza ejemplar contra cualquier movilización que enfrente este ajuste y los que se vienen.
−Un ejemplo sobre las fuerzas de seguridad: el policía federal Dante Barisone atropelló adrede a un cartonero con su moto y dijo “yo mato villeros subversivos”. También identificaron a Alfredo Martín Luna, de la Policía de la Ciudad, que le tiró gas pimienta y apaleó a un jubilado, comparte himnos nazis en las redes sociales. Parece haber un sustento ideológico en esas actitudes.
−Por supuesto: es la ideología que necesita el aparato estatal para formar a sus represores. Todo esto está en el manual para torturadores que habían confeccionado los invasores franceses en Argelia para doblegar la resistencia. O en el viejo torturador que le enseña a otro, mucho más joven, a torturar con mayor eficacia en “El señor Galíndez”, la obra de Eduardo Pavlovsky. El represor debe convencerse de que no está frente a seres humanos, sino ante subhumanos. Tiene que convencerse de que el otro no es una persona; si no, inevitablemente entrarían a funcionar en él los mecanismos de cualquier ser humano cuando está ante otro ser humano. Por eso con esto hay que tener mucho cuidado, porque ellos tratan a veces de mostrar a este o a otro represor como si fuera un “loquito suelto”, cuando en verdad estamos ante el armazón ideológico de toda una institución. Es una necesidad burguesa por la resistencia popular, como te decía, a las medidas que se tomaron y que se proponen tomar.
−¿Cómo analizás esas medidas y sus consecuencias represivas?
−Esta gente se propone provocar cambios estratégicos, a largo plazo, en las relaciones capitalistas en la Argentina. Por eso muestran los dientes y no sólo los muestran: muerden. Al mismo tiempo, buscan que la represión consiga cierto consenso social, lo cual es una combinación explosiva. Esto dio un salto cualitativo el 1° de setiembre, cuando fue reprimida de manera especialmente brutal la movilización por el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Ese día produjeron una cacería represiva cuando el grueso de los manifestantes ya nos habíamos ido, y detuvieron a 31 personas, incluidos cuatro periodistas.
−Y están enviando los casos a la Justicia Federal.
−Así es. Eso no sucedía desde el año 2007 (presidencia Néstor Kirchner). Hasta entonces se pasaban los casos a la Justicia ordinaria. Ahora se va a la Justicia Federal con cargos gravísimos y se estiran los plazos para excarcelar a los detenidos.
−¿Encuentra su límite todo esto en la movilización popular?
−Es el único límite posible. En el instante en que dejemos de estar en la calle, en el momento en que abandonemos la unidad de acción para la lucha callejera, nos pasan por arriba como a alambre caído.

Alejandro Guerrero