A las denuncias contra Triaca, la ex interventora, y actual senadora oficalista, Glayds Gónzalez, se suma que también el juez Canicoba Corral se benefició con la intervención.
El bochornoso audio de WhatsApp en el que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, insulta a su ex empleada, Sandra Heredia, abrió una caja de pandora de inesperadas consecuencias políticas para el Gobierno nacional. Es que quedó develado un mafioso mecanismo, que no tiene nada que envidiarle al de la burocracia sindical, mediante el que, funcionarios políticos y judiciales, sacaron provecho en beneficio propio, y de los intereses de quienes representan, de una organización sindical. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en este caso.
En las ultimas horas se hicieron públicos algunos de los nombres, decimos algunos porque seguramente sigan apareciendo, de las personas que ingresaron a "trabajar" al sindicato y la obra social de la mano de Triaca, además de Heredia, y del juez que dictaminó la intervención, Rodolfo Canicoba Corral.
Según información publicada por La Nación, por parte de Triaca ingresaron: Sergio Borsalino -su cuñado- como asesor externo cuyo salario está a cargo del Ministerio de Trabajo; Roberto Porcel- abogado de confianza del ministro como Director General del gremio y José Romano -presunto hijo del jardinero de la quinta de Triaca- como empleado de contaduría del sindicato. Mientras que por parte de Canicoba Corral ingresaron: Sergio Ramiro Tejada -cuñado del juez- como interventor de la obra social con un sueldo de $150 mil mensuales; Gregorio "Goyo" Laulhe Harguindeguy -familiar de una amigo del juez- con un cargo en la obra social y Santiago Blanco Bermúdez -abogado cercano al juez- como titular del área legal de la obra social.
En febrero del 2016, el juez Rodolfo Canicoba Corral dictó la intervención del SOMU, dirigido hasta ese momento por el burócrata sindical -hoy detenido- Omar "Caballo" Suárez. La intervención fue a raíz de una denuncia del 2014 contra el dirigente sindical, a quien se lo señaló como el jefe de una asociación ilícita que extorsionaba empresas navieras y obstaculizaba el tráfico marítimo y fluvial.
Como explicamos en nuestra edición del día de ayer, la gestión de la Comisión Interventora, y más precisamente Glays Gónzales, acumula una seria de denuncias judiciales por estafa, defraudación y malversación de los fondos del sindicato. González, además, fue señalada como la persona de la intervención responsable del ingreso de centenares de personas a la gestión del sindicato y de la obra social, a quienes a su vez le cobraba un "diezmo" por dichos cargos que se sospecha iban a parar a una fundación macrista (Fundación Pensar).
La intervención fue decidida por el Poder Judicial, pero avalada de lleno por el Gobierno nacional, que designó a González como interventora y a un veedor por parte del Ministerio de Trabajo. Con dicha intervención, el Gobierno montó una campaña que intentaba propagandizar un modelo que buscaba “llevar transparencia” desde el Estado a los sindicatos. Los hechos conocidos revelan la mentira de esta campaña de "transparencia sindical".
Intervención estatal en los sindicatos: no todo es negocio
Es un error pensar que el objetivo de funcionarios políticos y judiciales es solamente disputar con la burocracia sindical las abultadas arcas de un sindicato y una obra social. Hay algo más detrás. Entre esas razones se encuentra la necesidad del Gobierno, en un año en el que aumentará sus medidas antipopulares y la resistencia se está comenzando a mostrar, de limar las fuerzas de los trabajadores y debilitar sus organizaciones.
Los trabajadores portuarios han denunciado la pérdida de más de 2.500 puestos de trabajo, el ataque a algunos de sus derechos laborales y la falta de cobertura médica para algunos afiliados desde la asunción de la Comisión Interventora. Estos son los efectos prácticos de la intervención, cuyas consecuencias sufren los trabajadores.
La intervención del SOMU es la primera de una zaga de intervenciones judiciales sobre los sindicatos bajo la gestión de Cambiemos. Entre ellas podemos mencionar al sindicato de canillitas, la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) de Tucumán, el Sindicato de Judiciales de Mendoza y el gremio del personal de seguridad (UPSRA). Y un caso al que hay que prestar atención es el del sindicato azucarero de Ledesma de Jujuy, que hoy están enfrentando despidos, cuyas elecciones sindicales fueron suspendidas por el el Ministerio de Trabajo el año pasado, a pedido de la patronal de la familia Blaquier.
Celeste Vazquez
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