La política criminal del gobierno con los afectados por HIV y SIDA

Abandonan la atención de 65 mil pacientes de escasos recursos.

“El Programa Nacional de Sida pasó los pedidos con suficiente anticipación, pero a nivel Jefatura de Gabinete no se firmaron a tiempo las partidas presupuestarias", dijo Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped al explicar la razón por la cual alrededor de 65 mil pacientes con HIV o SIDA, que no cuentan con cobertura de obra social o prepaga, van a dejar de recibir del Estado los medicamentos imprescindibles para la atención de esta enfermedad autoinmune, a partir del 1° de febrero próximo.
Esto es de una enorme gravedad porque se trata de pacientes de escasos recursos que reciben para su tratamiento, que es crónico, medicamentos que llegan a costar $30 mil mensuales. El cuadro es crítico, además, porque los afectados no pueden discontinuar sus tratamientos ni un solo día a riesgo de que se genere resistencia y el virus se replique nuevamente.
Los medicamentos para el HIV y el SIDA son producidos en su totalidad por laboratorios privados, la mayoría multinacionales, que obtienen jugosas ganancias porque, como denuncia Cahn, no existe producción pública de los mismos. Entre los fármacos que dejarán de entregarse se encuentra el Zidovudina jarabe que, según indican especialistas, se utiliza como preventivo para que una mamá que ha contraído la enfermedad no la trasmita al bebé.
El abandono de la atención pública de la salud es una orientación general del gobierno. En ese camino está el desmantelamiento de los hospitales, como es el caso del Posadas, donde se está llevando adelante un enorme lucha porque se quiere dejar en la calle a 122 trabajadores, entre ellos especialistas con años de experiencia, en áreas críticas de la atención como inmunohistoquímica donde se realizan estudios que permiten determinar qué tratamiento se hace a cada paciente con cáncer; en terapia intensiva pediátrica; en unidad coronaria y en hematooncologia pediátrica.
Macri había adelantado esta orientación cuando anunció el plan de Cobertura Universal de Salud (CUS) que, muy por el contrario de la universalidad que pregona, se trata de un avance en el proceso de privatización de la atención médica pública y que supondrá, entre otras cosas, el pago de prestaciones en los hospitales que hasta ahora son gratuitas.
Los pacientes que vayan a atenderse en el hospital público –podrían estar incluidos los afectados por el HIV o el SIDA- solo accederán de manera gratuita a una cantidad básica de prestaciones cubiertas por el Estado, hasta llegar a un determinado límite de gastos, por encima del cual la atención correrá por cuenta del paciente.
Que el abandono de la atención médica pública es una orientación general del gobierno lo muestra también que en los presupuestos de Salud de la provincia de Buenos Aires –el más importante del país-, correspondientes a los años 2016 y del 2017, se redujo la partida correspondiente a ese área. Y el monto llega ahora al equivalente a la mitad del que contenían los presupuestos de los años ´90.
Esto se complementa con salarios de miseria de los empleados administrativos, técnicos, enfermeros y profesionales y a la superexplotación a los que los pretende someter el gobierno y contra la cual también se levantaron los trabajadores del Posadas.
La salud pública debe ser gratuita y de calidad para los trabajadores y el conjunto de la población. Esto será obra de un gobierno de trabajadores.

Nelson Marinelli