sábado, 4 de marzo de 2017

La CTERA ayer y hoy



Frente al conflicto actual que se prevé muy duro por la provocación del gobierno y los gobernadores como Vidal es necesario hacer un balance de la trayectoria y política de la CTERA.

Los docentes han jugado un rol destacado en las últimas décadas. No ha sido la primera vez que se posicionan como un actor central en el debate público y lo han hecho fundamentalmente a través de sus organizaciones sindicales. La actual Paritaria Docente volvió a ubicarlos en la escena política poniendo de relieve no solo las contradicciones de un gobierno que se postula para resolver la crisis económica, ampliando los beneficios de los grandes grupos empresariales en la Argentina post-kirchnerista, sino de aquellas que hablan de cómo se encuentran los docentes del país y la situación política de sus organizaciones gremiales.
Cinco son las actuales entidades gremiales de carácter nacional: la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de la Educación Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Sin embargo, entre todas, es CTERA la que cuenta con mayor extensión nacional, cantidad de afiliados y fuerza de movilización. Se estima alrededor de 1.000.000 el número de docentes a nivel nacional, de ellos casi el 50% está afiliado a CTERA y aproximadamente un 35,5% en la provincia de Buenos Aires.

Orígenes

La conformación de la CTERA inspirada en los principios del Congreso de Huerta Grande (1962) - que apuntaban a fortalecer la presencia del Estado bajo la impronta de un “estado nacional y popular” sin romper con la ideología del peronismo-, y en la activa militancia sindical y política de la época estuvo atravesada por debates educativos y el tipo de organización a construir. Participaron del Congreso fundacional alrededor de 400 entidades nacionales, provinciales y regionales, de todos los niveles, del sector público y privado. El debate apuntaba a conquistar una organización nacional. Dos eran las propuestas centrales: constituir una federación de sindicatos únicos provinciales (que finalmente se impuso) o una confederación de las federaciones de cada jurisdicción. El Congreso fundacional (1973) llega a una solución de compromiso, para finalmente retomar este debate hacia mediados de los ochenta como parte de la “normalización” sindical alentada por el gobierno radical. La CTERA define su incorporación a la CGT y alienta la formación de sindicatos únicos por provincias, que en el caso de Buenos Aires da lugar a la creación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) a fines de 1986.
La modificación de los estatutos fundacionales junto a la política desplegada por la dirección mayoritaria durante la gran huelga docente de 1988 (“Marcha Blanca”) inician una nueva etapa de la CTERA, caracterizada por una mayor subordinación a la injerencia del Estado, el abandono de la pluralidad política (no reconocimiento de las minorías) y la estrategia de conciliación con los gobiernos que gestionan el estado capitalista. Por un lado, se redefinen aspectos centrales del estatuto que se mantienen en la actualidad: se adopta la federación como modelo, por tanto, todas las organizaciones distritales se integran al sindicato de su jurisdicción y se fortalece la tendencia a la centralización por arriba; se redefinen los criterios de representatividad y proporcionalidad para las corrientes / agrupaciones internas: el Consejo Confederal que era un órgano consultor y de fiscalización conformado por delegados por cada entidad y en el que cada delegado contaba con tantos votos como afiliados tuviera su organización, es reemplazado por el Consejo de Secretarios Generales en el que cada secretario cuenta con un voto independiente del número de afiliados que represente y la Junta Directiva se conforma por lista completa y no proporcional como en los orígenes. Es decir, se comenzaba a limitar los espacios de representación directa de la voluntad de las bases.
Ciertamente la centralización afianzó la CTERA como una única entidad de alcance nacional para expresar la fuerza del conjunto de los docentes, la unidad de sus reivindicaciones y avanzar en la pelea por lograr un sistema educativo común en todo el territorio, estatal y público. Sin embargo, esta política consolidaba también la tendencia a profundizar su burocratización, adoptando los esquemas sindicales de arrebato de la democracia de los trabajadores, centralizando las decisiones en un núcleo de dirigentes independizados de la voluntad de las bases.

Nacionalización de las demandas: la “Marcha Blanca”

El proceso de normalización sindical promovido por Alfonsín se verá condicionado por la crisis económica, con graves consecuencias sociales. En este contexto, emergerá la lucha docente en las calles, la histórica “Marcha Blanca”.
La hiperinflación llevó a los docentes a conflictos provinciales para preservar el poder adquisitivo, aunque sus demandas no se limitaban ahí. Se planteaba la necesidad de un piso salarial unificado y frente a la crisis educativa, una Ley Nacional de Educación que hiciera realidad el derecho de todos a una educación pública y gratuita.
Pocos días antes del inicio del ciclo lectivo de 1988, un Congreso Extraordinario de CTERA vota la huelga por tiempo indeterminado. El paro encontró eco entre todos los docentes del país, incluso no sindicalizados y del sistema privado. Además del apoyo de la CGT, se extendió a las universidades adhiriendo la Conadu y la misma FEB confrontada con CTERA, adhirió con un paro por 48 horas. Se declara la conciliación obligatoria luego de un mes de conflicto dictada por el mismo Estado que se enfrentaba a los docentes. El 18 de mayo, convocadas por la CTERA desde todos los puntos del país, parten movilizaciones que convergerán el 23 a la Capital Federal. La lucha docente conquistó un extendido apoyo, actuó como un canal del descontento de sectores más amplios de la sociedad afectados por el rumbo económico. Sin embargo, los docentes no pudieron imponerse a la dirección de la Celeste de CTERA, dirigida por Garcetti y Mary Sánchez, que llevó el conflicto a la derrota, levantando el paro sin lograr las demandas cuando había fuerza para imponerlas, defendiendo una política dialoguista hacia la cartera educativa, que incluía su reconocimiento como dirección oficial. El sector peronista dirigido por Garcetti y Mary Sánchez llamó a votar a Menem en 1989 y en 1991, desencantados del menemismo, se suman en el plano sindical a la CTA y en el plano político darán su apoyo al “Grupo de los Ocho”, más tarde Frepaso.
El conflicto representará un viraje en dos sentidos: la unidad de acción de los sindicatos docentes demostrarán su poder de movilización de alcance nacional. Por otro lado, la repercusión del conflicto y las solidaridades que conquistó, al confrontar directamente al Estado, agravó el escenario de crisis del final del alfonsinismo y dejó a los futuros gobiernos la estratégica tarea de desarticular la organización nacional de los docentes, tarea que asumirá Menem.

Descentralización educativa, fragmentación sindical

El triunfo de Menem en 1989, inaugurando el ciclo neoliberal en el país, impulsó la reducción del gasto público y un proceso de privatizaciones de áreas estratégicas, la aprobación de leyes de flexibilización laboral y masivos despidos. En el ámbito educativo se concreta con la aprobación de la Ley de Transferencia de Servicios educativos de 1992 y la Ley Federal de Educación (Ley Nº 24.195). Estas leyes replantearon la responsabilidad del Estado en materia educativa quedando a cargo de las provincias y los municipios, la reorganización de los niveles y los contenidos curriculares. Constituyeron un paquete de medidas estructurales orientadas a atacar la educación pública, por la vía de la descentralización y el desfinanciamiento nacional.
Si bien la CTERA mantuvo un rol político opositor frente al gobierno peronista, apoyó su proyecto educativo: participando en sus definiciones pedagógicas y planteando que la lógica de descentralización favorecía el federalismo aunque demandando por su financiamiento; la aprobación de una ley de carácter nacional fue presentada como un logro de las movilizaciones de los años previos. La política de la CTERA adaptándose a las reglas de juego de la ley desmovilizaba a los docentes cuando diversos sectores auto-convocados, sindicatos provinciales (ATEN Neuquén, UNTER Río Negro, Santa Cruz, distritos del SUTEBA) la rechazaban, garantizando su implementación.
En el ámbito sindical CTERA fue cómplice de la flexibilización noventista del estatuto docente: la negociación centralizada perdió validez ante la heterogeneidad de las relaciones de fuerza provinciales, la diversidad de las demandas, la naturalización de la fragmentación entre escuelas públicas y privadas y la situación económica y financiera de cada provincia. Implicó de hecho la reducción de los espacios de intervención de los sindicatos en las decisiones de política educativa nacional y la disolución de un actor colectivo, los docentes de todo el país, para actuar como una única fuerza social. Esta es una de las características centrales de su configuración presente, quebrando el potencial que habían demostrado en las luchas nacionales hacia finales de los ochenta. Un retroceso clave que aún hoy es necesario revertir.
Hacia finales de los ´90 frente a la creciente desocupación y falencia de las administraciones provinciales se desarrolla un proceso de resistencia docente con grandes jornadas de lucha y paros provinciales, que culminará con la instalación por parte de CTERA de la Carpa Blanca (1997), exigiendo una Ley de Financiamiento Educativo. Nuevamente la disposición a la lucha, la fuerza de las acciones y la legitimidad ganada por la Carpa quedarán limitadas, en manos de la dirección Celeste, al reconocimiento de una compensación salarial (Fonid). La clave de la CTERA fue la confrontación con el gobierno menemista en el proceso electoral, apoyando la promesa de cambio de la Alianza.

Colaboración K

La política educativa kirchnerista emerge como un nuevo paradigma con nombre propio: la “inclusión educativa”. El kirchnerismo aprobará un paquete de leyes respaldadas por CTERA - Ley de Educación Nacional (LEN) y de Financiamiento Educativo- bajo un discurso rupturista mantendrá intactos los pilares de la descentralización menemista, como se analiza aquí, aquí, aquí y aquí.
Desde 2005 CTERA profundizará su integración al Estado sumándose al elenco de gobierno en colaboración política completa. Así, mientras en los ‘90 la dirección de CTERA permitía que avanzara el plan educativo neoliberal, en la llamada “década ganada” kirchnerista adaptada al oficialismo dejó que avanzara el deterioro de la educación pública y el ataque a los docentes. Cuando la gestión de Cristina Kirchner y el modelo muestren signos de agotamiento, la dirección oficialista de SUTEBA que agrupa a casi el 30% de los docentes de todo el país, se verá obligada a convocar a medidas de fuerza. La conquista del 30% de los sindicatos de la provincia en manos de listas opositoras y de izquierda constituyó un factor político que la dirección mayoritaria no pudo ignorar. Con la extensión de las oposiciones en diversas provincias a nivel nacional, es posible vislumbrar nuevos escenarios.

El gobierno macrista

El proyecto educativo del nuevo gobierno se articula sobre varios ejes como se analiza en este artículo. Si el kirchnerismo no modificó las condiciones educativas estructurales heredadas de los noventa, el macrismo se encamina a llevarlas hasta el final.
Encaminar la paritaria nacional es un desafío para un gobierno que intenta mostrar “gestión”, quebrando el no inicio de las clases. El malestar de los docentes, la falta de consenso social y el recuerdo del no inicio de marzo 2014 fueron suficientes para incentivar la predisposición al paro.
Las tensiones de esta primera paritaria son expresión de las contradicciones que el nuevo gobierno está enfrentando. El problema, entonces, avanza hacia el terreno político. En primer lugar, porque todo proyecto educativo es un recorte de una política de Estado. Y en segundo lugar, porque está planteado continuar con la recuperación de nuestros sindicatos en función de los intereses de los trabajadores. Una perspectiva que no se instala de un solo golpe ni por fuera de las organizaciones reales, que ya tiene puntos de apoyo en todo el país, en las seccionales recuperadas por el frente Multicolor, en los movimientos auto-convocados y en la fuerza de la izquierda que se viene desarrollando vinculada a la clase trabajadora.

Liliana O. Caló

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