domingo, 26 de marzo de 2017

Los bancos durante la dictadura



En esta nota, analizamos las reformas del sector financiero durante la última dictadura que ayudaron a su extranjerización y concentración, así como el rol de los bancos en la fuga de capitales.

A principios de la década del ’70 la crisis económica mundial con epicentro en EEUU va a trastocar el sistema financiero internacional fundado en los acuerdos de Bretton Woods (1944) con el abandono del “patrón oro” que hasta ese entonces regía el sistema monetario internacional con tasas de cambio fijas. A escala global fuertes presiones para desmontar las regulaciones a la libre movilidad de capitales establecidas desde la segunda posguerra. La crisis del petróleo de 1973 va a crear una amplia disponibilidad de capitales (petrodólares) que van a inundar las plazas financieras altamente rentables de los países subdesarrollados.
Hacia el final del tercer gobierno peronista el limitado proceso de sustitución de importaciones se va a desvanecer ante la contracción del comercio mundial, el deterioro de los términos de intercambio, y la reaparición de la restricción externa, dando lugar a un fuerte proceso inflacionario y una agudización de la lucha de clases que ya no podía ser contenida y a la que la clase capitalista solo pudo oponerle un baño de sangre.

Terrorismo y capital financiero

A modo de conjurar la inflación y recomponer las ganancias del empresariado que organizó el golpe, las primeras medidas del gobierno militar serán el congelamiento de los salarios por tres meses, la eliminación de los controles de precios, y una devaluación del tipo de cambio. Esto va a provocar en el primer año una caída del 30% de los salarios reales, y una disminución del 40% en el costo laboral para las empresas. Medidas que sólo pudieron llevarse a cabo mediante el terror, la desaparición masiva de obreros y estudiantes en centros clandestinos, la disolución de la CGT, la prohibición del derecho a huelga, y la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo y las convenciones colectivas.
A partir de 1977 el plan de Martínez de Hoz va a hacer eje en la reforma del régimen financiero con la sanción de una serie de leyes que van a dar lugar a un saqueo de recursos sin precedentes que tendrá al capital financiero local y extranjero como principales beneficiarios.
Nos referimos a la Ley de Descentralización de los Depósitos, mediante la cual se daba plena libertad a los bancos comerciales para disponer de los depósitos por su cuenta y orden. Antes el BCRA centralizaba esos depósitos, ahora el financiamiento del Tesoro va a depender fundamentalmente del endeudamiento externo. Para neutralizar los efectos expansivos de la base monetaria, en manos de los bancos, se va a establecer una tasa de encaje del 45% -que luego irá descendiendo- al mismo tiempo que se a crea la Cuenta de Regulación Monetaria, mediante la cual el gobierno remuneraba los encajes. Un subsidio al sector financiero que se financiará con una emisión monetaria estimada en 62.000 millones de pesos, el equivalente al 5% del PBI.
La Ley de Inversiones Extranjeras va a dar iguales ventajas a los capitales nacionales y extranjeros, abriendo plenamente el movimiento de capitales con el exterior y facilitando la remisión de utilidades a sus “casas matrices”, con un escaso control de esas ganancias que van a potenciar el circuito especulativo. Finalmente, la Ley Entidades Financieras, va a disponer la liberación de las tasas de interés que van a empezar a subir en forma sostenida con consecuencias recesivas, al mismo tiempo que se va a facilitar la creación de nuevos bancos con escaso respaldo patrimonial, pero plenamente garantizados por el BCRA.
Las consecuencias de semejantes transformaciones no se van a hacer esperar; para 1978 el PBI se va a derrumbar en un -4% y el alza de la tasa de interés va a retroalimentar el proceso inflacionario y las presiones devaluatorias.
A fin de alcanzar una convergencia entre la inflación y la tasa de interés local con los valores internacionales, Martinez de Hoz va a imponer un esquema preestablecido de devaluaciones decrecientes que a tres años debía finalizar en un tipo de cambio fijo: “la tablita” cambiaria. Pero la inflación no va a cejar y el permanente retraso cambiario va a aumentar las expectativas devaluatorias provocando un alza de la tasa de interés y agravando el cuadro. Este combo nefasto se va a complementar con la implementación del “seguro de cambio” por parte del BCRA, una medida tendiente a “socializar las pérdidas” de los especuladores mediante la cual el Estado se hacía cargo de los diferenciales en la cotización del dólar para los tomadores de créditos.
Con una balanza comercial deficitaria el endeudamiento externo va a ser una pieza clave para sostener un esquema de valorización financiera y fuga de capitales.
En este río revuelto la dictadura militar va a generar las condiciones para una nueva “bicicleta financiera”, apoyada en el diferencial de tasas de interés, que va a ser aprovechada de los grandes bancos e inversores nacionales y extranjeros.
El crecimiento exponencial de la deuda va a ir acompañado de un crecimiento igualmente exponencial de la fuga de divisas a tal punto que, hacia 1982, por cada dólar que entraba vía endeudamiento había otro que se fugaba al exterior (Basualdo y Kulfas, 2000).
La valorización financiera no va a ser patrimonio exclusivo de los bancos. Bajo las nuevas condiciones de liquidez y un marco regulatorio favorable a la especulación y la fuga de divisas, van a proliferar las mesas de dinero vinculadas al capital productivo. A tal punto que en los primeros años de la década de los ochenta los activos financieros van a representar el 50% de los activos totales de las grandes firmas (Damill, 1988).

Bancos, los grandes ganadores

Al mismo tiempo que crece la deuda externa, los bancos van a inundar el mercado local de créditos. Entre 1978 y 1982 la banca privada extranjera va a aumentar el volumen de créditos otorgados a una tasa anual del 40% anual acumulativo. El volumen prestado por los bancos privados nacionales también va a aumentar significativamente, aunque a una tasa anual acumulativa menor.
Al mismo tiempo la preponderancia de las operaciones en moneda local va ir dejando lugar a las transacciones en divisas, que va a pasar del 13% en 1978 a un 55% del total en 1982.
El Banco Nación (BNA) va a ir perdiendo terreno en el mercado crediticio local, pero a través de sus sucursales en el exterior se convertirá en un importante intermediario entre los acreedores internacionales y su clientela dentro y fuera del país.
Dentro del país va a ser un proveedor de divisas al sector financiero y a empresas estatales que van a endeudarse en forma descontrolada. Pero sus movimientos fuera del país van a ir creciendo en forma acelerada y hacia 1981 el stock de dinero prestado por el BNA en el extranjero va a llegar a representar el 71% de su cartera.
Estos préstamos van a ser canalizados a través de la apertura de nuevas sucursales en las principales plazas financieras del mundo (Londres, Chicago, Francia, Paris, Tokio, etc) y en paraísos fiscales (Panamá, Islas Caimán, Uruguay) que permitían triangular operaciones para fugar divisas.
Entre 1976 y 1983 la deuda externa pasa de 9.700 a 45.000 millones de dólares,; la deuda con los acreedores no bancarios va a crecer un 161%, pero la deuda con los bancos privados internacionales va a aumentar un 615%. Bancos internacionales como el Citibank, Bank of Boston (Standard Bank), fueron los primeros bancos en prestar asistencia financiera al gobierno militar y los mismos que se siguen beneficiando con el negocio de la deuda externa y operan como agentes intermediarios en la fuga de divisas hasta la actualidad.
Cuando la banca internacional deja de enviar fondos a la Argentina la maltrecha economía entra en colapso, y en 1982 la deuda externa privada va a ser estatizada. Durante este período el grupo SOCMA (de la familia Macri), pasará de 7 a 47 empresas durante ese período, y será una de las primeras beneficiadas de la estatización de sus deudas.
El carácter fraudulento de la deuda externa fue puesto al descubierto en la famosa investigación y denuncia llevada a cabo por Alejandro Olmos, y en el año 2000 un fallo del juez Ballesteros va a dictaminar la ilegitimidad de la misma. A pesar de ello, todos los gobiernos posteriores honrarán sus “compromisos”.
El endeudamiento y la fuga de capitales están íntimamente vinculados en la historia de la Argentina vasalla. El no pago de la deuda externa, la estatización del sistema bancario, y el monopolio del comercio exterior, constituyen medidas de elementales para recuperar el control de nuestros recursos.

Emiliano Trodler

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