jueves, 30 de marzo de 2017

Operativo Aprender: condiciones sociales y proceso pedagógico

Las comparaciones realizadas por el Gobierno entre la escuela pública y la privada se caracterizan por su alto grado de mala fe. Aunque la abundancia de estadísticas del Operativo Aprender pareciera otorgarle un barniz de objetividad, lo cierto es que las comparaciones parten de un principio falaz. Cualquier comparación requiere un punto de partida común. Y en el caso que analizamos, sería que los alumnos de los dos sistemas educativos que comparamos tengan las mismas condiciones sociales para llevar adelante su proceso pedagógico. Solo reunido ese requisito podría atribuirse la diferencia de rendimiento a las ventajas de un sistema educativo sobre el otro.
¿Pero acaso es lo que ocurre? Todos sabemos que no. La reciente encuesta de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio cuenta de la existencia de 13 millones de pobres y 2,6 millones de indigentes. Se trata de un tercio de la población de la Argentina. En la niñez y la adolescencia, sin embargo, la situación es aún más grave, ya que la pobreza alcanza al 50 por ciento. Cualquiera sabe que la inmensa mayoría de los pibes que reviste la condición de pobre e indigente concurre a la escuela pública y no a la privada. Su condición social precaria es un condicionante para avanzar en el proceso de aprendizaje, cuando no la causa directa que lleva a forzar el abandono escolar por la necesidad de trabajar y contribuir al sostenimiento de la familia.
Mauricio Macri y Esteban Bullrich han ignorado este realidad elemental, primero, para eludir su propia responsabilidad en el crecimiento de la pobreza y de la indigencia (¡en sólo 15 meses crearon 1,5 millón de pobres y 600 mil indigentes!), y segundo, para arribar a la conclusión preestablecida de que la mayor deserción y la repitencia que se da entre los alumnos de la escuela pública se debe a los paros docentes. El carácter capcioso del razonamiento salta a la vista. Citemos sólo un ejemplo: en el Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, ambos colegios pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires, los paros docentes son mayores que en las públicas de la Ciudad. Sin embargo, la deserción es marcadamente menor. ¿A qué se debe? A que la mayoría de los estudiantes de esos colegios no proviene de los hogares más humildes de la Ciudad. Quien comparase con buenas intenciones el rendimiento de una escuela del sur porteño con el Nacional Buenos Aires debería concluir que las diferencias sociales de origen condicionan todo el proceso pedagógico.
Contra lo que se dice, la escuela pública bajo el régimen actual no ha servido para igualar las diferencias sociales de origen. Para que cumpla esa función debería haber un plan de becas para los estudiantes con menos recursos, sumado a un cuerpo docente dotado de asistentes pedagógicos en número suficiente para dar cuenta de la realidad social durísima que atraviesa a las barriadas populares, edificios en condiciones, una jornada de doble turno extendida y una educación inicial que incluya jardines maternales para todos. Ocurre, sin embargo, todo lo contrario. En la Ciudad de Buenos Aires, donde el PRO gobierna desde hace 10 años, los jardines maternales y la educación inicial dejan anualmente a miles y miles de niños sin vacantes. La jornada de doble turno es muy parcial y las becas para sostener a los pibes de menores recursos prácticamente no existen. Un plan de este tipo requeriría incrementar significativamente el gasto en educación, pero ocurre lo contrario. Con Macri, primero y Horacio Rodríguez Larreta, después, la participación del gasto educativo en el presupuesto total de la Ciudad bajó desde el 2011 hasta la fecha del 27,8 al 18,5 por ciento. Y si eso ocurre en la Ciudad con más recursos del país, es claro que la situación del resto de las provincias es marcadamente peor.
A la luz de lo expuesto, es evidente que para atacar a la escuela pública Macri y Bullrich recurren a la mentira y a la falsificación. De manera pérfida buscan eludir su propia responsabilidad para transformar a los docentes de víctimas en victimarios, y estigmatizar a los alumnos de la escuela pública, achacándoles la falta de una cultura del esfuerzo. La respuesta a esta provocación debe venir de la profundización de la lucha y la movilización de los docentes, los estudiantes y los padres de la educación pública con el apoyo de todos los trabajadores.

Gabriel Solano

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