Luego de 60 días de protesta, el gobierno mandó a apresar a dirigentes gremiales en la oscuridad de la noche. Testimonios exclusivos de los allanamientos y la violencia.
La violencia policial se desató mientras la oscuridad reinaba en la madrugada de Tierra del Fuego. El gobierno de la kirchnerista Rosana Bertone había decidido dar el escarmiento a los trabajadores municipales que protestan desde hace más de sesenta días y entonces rompió casas, allanó hogares, golpeó a sus habitantes y se llevó detenidos a cuatro sindicalistas de la región austral.
Entre las cuatro y las seis de la mañana las fuerzas de seguridad provinciales irrumpieron violentamente en los domicilios de José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos (AFEP); Horacio Gallegos, secretario adjunto del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Juan Manuel Stefoni, del sindicato docente (SUTEF) y Roberto Camacho, dirigente del SOEM. También la policía busca a Alejandro Gómez, hermano de José y miembro del sindicato docente. Rompieron las puertas de sus casas y se los llevaron en medio de la violencia policial acusados de resistencia a la autoridad y robo. Aunque miembros del juzgado que ordenó su detención reconocieron que algunos de ellos están heridos, todos permanecen incomunicados y no se les permite ver a sus abogados. Mientras tanto, se mantiene una protesta reclamando por su libertad.
Así relataba la madre de José Gómez la detención de su hijo: “Fue una vergüenza. Este gobierno, a las cuatro y cincuenta de la madrugada, mandó a que irrumpieran en casa a los gritos como 20 policías de negro, todos encapuchados, con cinco de civil y dos testigos. Mi marido desde una ventana superior preguntó que necesitaban y le respondieron que tenían una orden de allanamiento que nunca nos mostraron. Les abrió la puerta y justo bajaba mi hijo José que recién había llegado y, con gran violencia, entraron y tiraron a mi hijo al piso y también a mi marido que se encontraba semidesnudo. Los esposaron y los dejaron tirados boca abajo en el piso frente a la puerta de entrada. Yo vi que mi marido estaba mal, pedí por favor que lo dejaran y luego de dos horas más o menos lo dejaron sentarse en el sillón. Revisaron toda la casa de forma violenta, nos sacaron los celulares: a mi personalmente me lo arrancaron de la mano porque yo quería grabar la forma violenta con que actuaban. Revisaron todo, hasta la ropa sucia. Lastimaron en el brazo y en la cara a mi marido. Jamás me dijeron por qué era el allanamiento. Sí leyeron una hoja con una serie de números que no decían nada. Hicieron un acta en la que yo quise dejar constancia de la violencia recibida, me arrancaron el acta de la mano y se fueron”. En la fotografía que publica plazademayo.com se puede observar el rastro de la violencia contra el padre de José Gómez.
“En la madrugada detuvieron a cuatro gremialistas: tres municipales y otro de AFEP -dijo a plazademayo.com Sandra Esperón, secretaria general del SEOM-. Nosotros habíamos ido a pedir explicaciones por el plan de ajuste al vicegobernador y por eso nos persiguen. Desde el 8 de enero cuando la gobernadora dio a conocer su plan de ajuste y el atentado contra la ley jubilatoria nos encontramos en un plan de lucha y hoy nos reprimen con violencia. Desde hace más de sesenta días que mantenemos un acampe rodeados por la policía y las autoridades no nos quieren recibir”.
-¿Cuáles son las características del plan de ajuste?
-Nosotros tenemos un regimen de jubilación que permite el 82 por ciento móvil. El plan de Bertone incluye el aumento de la edad para jubilarse, la rebaja de los salarios de los trabajadores activos para aportar a un fondo solidario para los jubilados en lugar de tributarlo a los empresarios, subir el aporte de los trabajadores y así. Nosotros estamos resistiendo este paquete de medidas desde su anuncio, que además fue acompañado por centenares de despidos. Hacemos responsable a la gobernadora Bertone por estas detenciones ilegales y por la represión.
“El juez que ordenó las detenciones es Javier de Gamas Soler, que se encuentra imputado por los sobornos en la causa AMIA -explica la abogada Claudia Ferrero, de APEL, presente en la capital fueguina-. Hasta ahora no dictó la indagatoria porque están fabricando cargos contra los trabajadores detenidos. Primero dijeron que era resistencia a la autoridad, luego aumentaron a robo por un handy que se le perdió a un policía y por una billetera que se le perdió a un funcionario. Con esas excusas allanaron violentamente las casas de los sindicalistas en la oscuridad de la madrugada. El código procesal de Tierra del Fuego dice que los procedimientos deben ser de día, desde ese aspecto ya están viciados de nulidad”.
Mientras tanto, manifestantes de los distintos gremios se mantienen en las puertas de la comisaría donde permanecen detenidos e incomunicados los presos sindicales. Un logro del ajuste que, replicando el ajuste nacional, lleva adelante el gobierno kirchnerista de Tierra del Fuego.
Diego Rojas (@zonarojas)
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