Los choferes de la 60 no aflojan

Este viernes habrá una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. A la espera de novedades los trabajadores vuelven a concentrar en la cabecera de Maschwitz, a la vera de la Panamericana.

Este jueves fue otra jornada movida en el conflicto que llevan adelante los trabajadores de la Línea 60 contra los despidos.
Desde las 8 de la mañana, cientos de choferes subieron a la Autopista Panamericana y permanecieron allí por dos horas, dejando un carril libre. Estaban acompañados por trabajadores de MadyGraf (ex Donnelley), del SUTEBA Tigre y La Matanza, trabajadores ferroviarios del subte, telefónicos, organizaciones sindicales combativas, la FUBA y el diputado provincial (MC) y precandidato a gobernador bonaerense del Frente de Izquierda Christian Castillo.
Como señalaron delegados a La Izquierda Diario, “nos vienen tomando el pelo hace más de un mes y por eso estamos acá”.
Ante la decisión de los trabajadores, y tras el repudio a la represión del martes, el Ministerio de Trabajo convocó a los delegados.
Mientras se desarrollaba la reunión, sobre el mediodía, se conoció otra de las novedades de la jornada. Comenzaron a salir unidades de la cabecera de Plaza Constitución. Los 13 colectivos que salieron eran manejados por trabajadores en conflicto, e incluso 3 de ellos eran parte de los despedidos.
Recordemos que la jueza Servini de Cubría había dispuesto la liberación de la restricción para la salida de las unidades, al mismo tiempo que imponía el cobro de boleto. Sin embargo, los trabajadores habían votado prestar servicio pero manteniendo el no cobro de boletos, lo que empezaron a hacer en la jornada del jueves.
Era un paso adelante para desbaratar el lock-out patronal de la empresa, que lleva tres semanas.

Cuarto intermedio

Mientras los trabajadores se mantenían en estado de asamblea permanente, los delegados de los choferes se reunieron por primera vez con el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Parece mentira, si tenemos en cuenta la envergadura del conflicto.
Sin embargo Marcelo Pasciuto, el presidente de MONSA, nuevamente se negó a sentarse a dialogar. Por la tarde los trabajadores denunciaron además en un comunicado que “los gerenciadores de la Línea 60 retomaron el lock-out al no acatar la resolución judicial, volviendo a cortar el servicio”.

Nueva convocatoria

Este viernes a las 11 hs se retomarán las reuniones en la cartera laboral. Allí concurrirán los trabajadores en busca de una respuesta a sus reclamos: la reincorporación de los 53 despedidos, el pago de los salarios caídos, la reanudación del servicio.
Al cierre de esta edición los trabajadores difundieron un comunicado que reclama que se termine con tanta intransigencia de la empresa y haya un diálogo para alcanzar una solución. También anuncian los próximos pasos de su plan de lucha. “Mañana, viernes 31 de julio, los trabajadores de la Línea 60 vamos a concentrar frente a la cabecera de Ingeniero Maschwitz. A partir de las 10:00hs estaremos en estado de asamblea permanente y, en función de lo resuelto en el Ministerio de Trabajo, estaremos votando los pasos a seguir. No descartando volver a cortar la ruta Panamericana”.
La convocatoria seguramente volverá a reunir a las organizaciones solidarias con esta lucha. Pero sin dudas uno de los aportes más significativos será el que realizarán los trabajadores del subte. Como anunció Claudio Dellecarbonara en la cabecera de Constitución, “este viernes estaremos realizando una apertura de molinetes desde las 11 horas en la estación Constitución de la Línea C, en solidaridad con los trabajadores de la Línea 60. La medida será llevada adelante en conjunto entre el Cuerpo de Delegados y el Secretariado Ejecutivo del sindicato para exigir que los trabajadores despedidos sean reincorporados, a la vez que denunciamos la brutal represión del día martes en Panamericana y la persecución por parte de la empresa DOTA”.
Todo indica que este viernes será una importante jornada para el conflicto de la 60.

Lamentos por la “oportunidad perdida”

Críticas desde la burguesía a la economía bajo el kirchnerismo

A punto de concluir el segundo mandato de Cristina Fernández, se puso a funcionar a pleno la producción editorial de balances de estos doce años de gobiernos kirchneristas. Acá, dos miradas contrapuestas –ambas críticas–, la de los nostálgicos de la economía aperturista de 1976-2002, y la de los desencantados del “modelo” que acompañó los años más prósperos del kirchnerismo, nos permiten discutir los rasgos centrales que moldearon la economía política del período.

Ese monstruo llamado estatismo

El libro Los platos rotos, de Diego Cabot y Francisco Olivera, ofrece un balance del kirchnerismo que compendia todos los horrores que cometió el kirchnerismo desde el punto de vista del (neo)liberal promedio. Sin pretensiones conceptuales, el libro reafirma el sentido común de estos sectores ante lo que presentan como un desenfrenado avance del Estado: “Siempre que pudo, el Estado entró, reguló y se enquistó”, evalúan (p. 23) [1]. Este crecimiento es acompañado de otro dato que los autores consideran inquietante: desde el 25 de mayo de 2003 hasta diciembre de 2014, empezaron a cobrar un sueldo del Estado casi un millón y medio de personas (p. 108). Si el Estado pudo hacer esto fue porque el kirchnerismo “nació, creció y se reprodujo durante una de las etapas económicas más auspiciosas de la historia nacional”. Considerando los altos precios de los granos que el país exporta y las bajísimas tasas de interés internacionales, “puede concluirse que estuvimos frente al ciclo económico más favorable en al menos cuarenta años” (p. 375). El “modelo” kirchnerista consistiría en un aprovechamiento de estas condiciones de prosperidad, a las que nada habría aportado la política económica. Para que no queden dudas, Cabot y Olivera citan aprobatoriamente un informe de IDESA que sostiene: “Las bonanzas económicas están más asociadas a condiciones externas excepcionalmente favorables que a la orientación ideológica de quien ejerce el poder en cada momento”. En la visión que presenta este libro, al mismo tiempo que no pueden encontrarse méritos particulares en la política oficial, sí hubo en cambio decisiones que afectaron severamente sectores críticos de la economía. Allí donde el Estado intervino generó despilfarro, se apropió de fondos para utilizar discrecionalmente y, a consecuencia de eso, disuadió la producción y la inversión. Esto tendría sus peores efectos en la infraestructura de transporte y energía. En este último terreno, una “concatenación de torpezas que bastaron para despedazar un sistema que, después de la privatización de 1992, llegó a ser considerado uno de los más modernos del mundo y, aunque ahora suena extraño, modelo de gerenciamiento”.
Acá, de más está decirlo, los autores se agarran de lo que es a las claras el más evidente –y persistente– fallo de la gestión kirchnerista. El esquema establecido por el gobierno para el sector energético lo dejó, a nuestro entender, en el peor de los mundos: (des)manejo de la administración privada, sentada sobre las concesiones sin invertir en un negocio que había dejado de ser rentable, acompañada de un creciente involucramiento estatal para solventar la importación de gas y gasoil que sostienen la matriz energética. Una virtual estatización pero que se hizo dejando a los privados en su lugar. Con el agregado de que los combustibles que se importan se podrían haber producido acá, pero no ocurrió porque el precio que el Estado estaba dispuesto a pagar afuera era superior al que aceptaba acá. La desinversión era entonces el resultado más esperable, con la consecuente caída de la producción de gas y petróleo, y de generación de electricidad, que deja como resultado una seguidilla de cortes durante los picos de calor o de frío, como volvimos a vivir en las últimas semanas. Pero la lección que Cabot y Olivera proponen sacar de esto es que el Estado no debería haberse entrometido. El gobierno no debería haber hecho otra cosa que cumplir los contratos, aquellos que obligaban a mantener las tarifas dolarizadas, aceptando que estas subieran sideralmente de la mano de la devaluación y se ajustaran regularmente de la mano de la inflación, y lo mismo para los combustibles.
Como si con eso se hubiera podido evitar la desinversión y la crisis energética. Una mirada al resto de la economía, sugiere más bien lo contrario [1]. Consideramos que la respuesta no estaba en garantizar los mecanismos de mercado, ni –obviamente– en la pseudoestatización llevada a cabo por el kirchnerismo, que tomó lo peor de la desidia empresaria y del desmanejo de la burocracia estatal. Una estatización de conjunto, dando lugar a la participación activa en la gestión a los trabajadores del sector, era la única alternativa seria al descalabro energético que generó el kirchnerismo y al zarpazo tarifario de la solución empresarial.
Ante los desequilibrios que afronta la economía con la desaparición de los superávits gemelos, la inflación, el cepo cambiario y la infraestructura en crisis, Cabot y Olivera se sienten habilitados para narrar una fábula en la que todos los problemas se explican por este avance del Estado: “Se dejó de invertir y en los últimos cinco años se fugaron más de 80.000 millones de dólares, casi tres veces las reservas del Banco Central, en parte porque la sociedad dejó de confiar al ver que se avasallaban instituciones y se cambiaba hasta la carta orgánica de ese ente monetario” (p. 375). El remedio, ante esto, es una y otra vez dar lugar al mercado.
Los rasgos que adquirió la intervención estatal durante la última década no pueden explicarse sin más por una vocación del kirchnerismo. Vino sobre todo dictada por los efectos que dejó el hundimiento de la convertibilidad y todas las políticas estrechamente ligadas a esta. La apertura de la economía, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la espiral de endeudamiento y de ajuste para afrontarlo y todo el conjunto de iniciativas favorables al capital, presentadas como necesarias para la modernización, la mentada llegada “al primer mundo”, quedaron indisolublemente asociadas a la hecatombe de 2001. Y aunque no todas estas políticas puedan vincularse de forma directa a las causas de la crisis o a su profundidad, sí fueron parte del hondo cambio en la geografía social del período, ampliando la desigualdad de riqueza e ingreso y ahondando el deterioro de los trabajadores y los sectores de menores recursos, al mismo tiempo que creando un desguace de la infraestructura social en beneficio de los negocios privados. Todas las medidas que se implementaron a sangre y fuego durante una década, y que lograron sostener un consenso apoyado en derrotas pero también en las promesas de bienestar que vendría como saldo de estos ajustes, condujeron por el contrario a la crisis no solo temporalmente más extendida, sino de efectos más devastadores para las clases subalternas. Por eso, la furia social que estalló en 2001 no solo expresaba su impugnación contra las políticas más directamente ligadas a la crisis, como el ajuste fiscal, el endeudamiento público y la banca con sus negociados; se extendía al conjunto de los pilares más visibles del Consenso de Washington.
Esto tuvo efectos de largo alcance. El columnista de La Nación, Carlos Pagni, recogía en agosto de 2014 los resultados de una encuesta de Management & Fit que expresaba en vastos sectores de la opinión pública una honda desconfianza hacia el empresariado y en favor de la idea de que debe haber un Estado presente, regulando y controlando férreamente a las fuerzas del mercado. Fue bajo el impulso de este clima de época que se desplegó el andamiaje de políticas que los autores lamentan.
La radiografía que brindan Cabot y Olivera concluye con un diagnóstico catastrófico, que magnifica –como si esto fuera posible– los problemas de gestión de la década kirchnerista en trasporte, energía, obra pública, mostrando un festín de corrupción rapaz. La conclusión no es ninguna sorpresa: el kirchnerismo produjo una hipertrofia del Estado que dilapidó una coyuntura internacional extremandamente favorable en aras de la distribución y en desmedro de la producción. Ahora lo único “razonable” será sanear el Estado, es decir achicarlo. Pagar los platos rotos por el camino que nunca se debió haber tomado.

Estuvimos bien pero vamos mal

Bien distinta es la visión que ofrecen Mario Damill y Roberto Frenkel en ¿Década ganada? Los autores, enrolados en lo que se conoce como neoestructuralismo, defienden la necesidad de un tipo de cambio competitivo. Es decir, un peso nacional depreciado frente al dólar, y por extensión frente a las monedas de otros países. Por eso, al contrario del planteo precedente, no solo el viento de cola explica el ciclo de crecimiento kirchnerista. De hecho, los autores argumentan que la interrupción de la tendencia contractiva que se prolongó entre 1998 y 2002 “y su posterior reversión antecedieron al cambio favorable en las condiciones externas, especialmente de los precios de exportación” (p. 120) [3]. Más aún, “al iniciarse la recuperación, los precios medios de exportación se encontraban en un mínimo local comparable al menor nivel de los años noventa”.
Desde esta perspectiva, los autores consideran que el lustro 2002-2007 “redondearía un muy buen desempeño macroeconómico, con un crecimiento promedio del PIB próximo al 9 %” (p. 128).
Durante estos cinco años “se mantuvieron los superávits fiscal y externo, los salarios reales y la ocupación subieron marcadamente” (p. 129), estos últimos –agregamos nosotros– desde los niveles extremos de deterioro que alcanzaron en 2002. Remarcan que “el notable desempeño macroeconómico de 2005-2006 habla muy a favor del esquema macroeconómico establecido a la salida de la crisis, con eje en un tipo de cambio real competitivo y relativamente estable” (p. 131).
Pero en el marco de esta performance asomaban “algunos problemas de los que la gestión política debía tomar nota” (p. 132). El “más notorio” era la inflación, que en 2006 llegó a los dos dígitos anuales. Para Damill y Frenkel, “la inflación y la forma en que se la encaró fueron determinantes de que el esquema macroeconómico comenzara a perder coherencia y a cambiar de rumbo progresivamente”, aunque se mantuviera una retórica del “modelo” cuyos “contenidos se iban desdibujando en la práctica”. Para los autores, se podría haber cambiado el desarrollo posterior mediante una “redefinición del esquema de política macroeconómica”. En primer lugar, conteniendo el aumento del gasto público que “había comenzado a crecer más rápidamente que los ingresos del sector estatal” (p. 133). Junto a esto, una “redefinición de las políticas de ingresos”, es decir, el no va más del aumento del salario real cuando el salario medio todavía pugnaba por recuperar el nivel que tenía en 2001, antes de que la devaluación de 2002 generara un deterioro del 30 % en el poder adquisitivo. Aunque en este último punto el gobierno dio una respuesta parcial, impulsando a través de su alianza con Hugo Moyano techos implícitos para la negociación salarial de paritarias, en el resto de los aspectos las medidas gubernamentales se alejaron de las decisiones que para Damill y Frenkel habrían sido necesarias. No solo no hubo plan antiinflacionario, sino que se intervino el Indec, pasando a “‘controlar’ el indicador en lugar de la inflación en sí misma” (p. 134). Sin reformulación consistente, concluyen, “el esquema de políticas empieza a perder coherencia” (p. 135). Y las respuestas que se dan crean nuevos problemas.
Esto es lo que explica todo lo que ocurrió desde entonces. La explosión del déficit fiscal, la pérdida de competitividad cambiaria como resultado de la inflación (como la inflación fue mayor que lo que se ajustó el valor del peso en relación al dólar, los precios en dólares subieron) y, finalmente, la reaparición de la llamada restricción externa. O sea, el atoramiento de las posibilidades de crecimiento por la falta de dólares.
La amarga conclusión es que con la disolución del esquema de política macroeconómica vigente durante el quinquenio 2003-2007 se perdió “una oportunidad extraordinaria de colocar la economía del país en un sendero sostenible de crecimiento inclusivo” (p. 152).

No se puede perder lo que no se tuvo

En la mirada de Damill y Frenkel, entonces, el fracaso se explica por la equivocación del camino. Pone el acento sobre los desmadres macroeconómicos, pero haciendo abstracción de las contradicciones de las que estos surgen.
En primer lugar, del atraso y la dependencia. Para los autores, este atraso solo existe como dimensión para prescribir un tipo de cambio “competitivo” que compense la baja productividad de la economía –que significa mayores costos locales vis a vis los internacionales [4]–. Pero este se manifiesta también en la desarticulación industrial, que convierte a las ramas más importantes de la manufactura local en uno de los mayores demandantes de divisas [5]; en el peso que tienen los compromisos en moneda extranjera, que después de la renegociación de 2005 volvieron a acrecentar su peso en el presupuesto [6]; y en el peso que adquiere el giro de utilidades de las empresas extranjeras, que junto con la fuga de capitales distraen recursos de la inversión y golpean sobre la disponibilidad de reservas.
El kirchnerismo pretendió que era posible, gracias a la prosperidad basada en la soja y la elevada rentabilidad capitalista, convivir alegremente con todas estas contradicciones solo porque gracias a estas condiciones favorables se manifestaban de forma atenuada. Fue pagador “serial” de la deuda (como lo dijo la presidenta) y permitió que decenas de miles de millones de dólares gangrenaran todos los años la economía, mientras los dólares de la soja fueron suficientes para pagar la cuenta. Pero el cambio en las condiciones internacionales favorables y el peso de los problemas que desarrolló la economía argentina refutarían duramente esta pretensión. Por si quedaban dudas de la inexistente vocación de atacar las raíces de la dependencia, en pos de la “soberanía energética” el gobierno se abrazó a Chevron.
En segundo lugar, el lamento de Damill y Frenkel se abstrae de las aspiraciones encontradas que debió administrar el kirchnerismo, soportando para eso el deterioro del equilibrio macroeconómico que los autores tanto valoran. Desde sus comienzos el kirchnerismo buscó alimentar la idea de que mantener la rentabilidad corporativa y la mejora paulatina de los salarios (partiendo del bajo piso de 2002) no era incompatible, mas allá de un plazo corto o mediano. Esta pretensión –dictada por la necesidad de reforzar la legitimidad social después del 2001– ante las primeras muestras de que no era tan sencillo conciliar las aspiraciones contradictorias, empujó a tomar medidas de contención. Para esto el gobierno puso en juego la carta fuerte con la que por entonces contaba: los recursos fiscales holgados. Estos se usaron desde 2007 con el objetivo de atenuar las dificultades a través de subsidios que solventaban una parte de la masa total de ganancias del capital con el fin –no conseguido– de atenuar la presión alcista de los precios. Al mismo tiempo comenzaron, como ya mencionamos, los esfuerzos por imponer techos a los aumentos de salarios. Con los subsidios el gobierno “internalizó” una presión imparable al aumento del gasto público. En vez de contener las contradicciones, estas se derivaron en una sangría de recursos. En 2007 los subsidios fueron de $ 14.600 millones, en 2015 superarán los $ 230.000 millones. Junto con la deuda pública, esto ayuda a entender por qué el superávit fiscal se transformó en déficit creciente. De más está decir que no alcanzó para frenar a los precios, que siguieron su vía alcista, aunque hubieran subido más sin ellos.
Se creó un dispositivo de desmonte cada vez más difícil. Es que si bien fracasó como contención general de precios, el sistema de subsidios frenó algunas tarifas que si se remueven podrían dispararse, creando además un efecto cascada en otros sectores. Por eso, una vez iniciada esta orientación –que era la más coherente con la ilusión reformista que el gobierno requería alimentar– se impuso el conjunto de medidas que condujo cada vez más lejos del añorado “modelo” de 2002-2007.
Bajo el clima político y la relación de fuerza entre las clases establecida pos 2001, empujado por la necesidad de mostrar una respuesta a las aspiraciones de los sectores populares a los que buscaba reconciliar con la dominación burguesa, se impuso para el kirchnerismo utilizar los recursos logrados durante los años de mayor prosperidad para favorecer la idea del Estado árbitro, como actor para permitir la distensión de las relaciones entre las clases, conteniendo las aspiraciones populares pero permitiendo algunas concesiones.
Las contradicciones desarrolladas por el “modelo”, el peso de los compromisos externos que el gobierno renegoció en 2005, y los lastres del atraso y la dependencia –que ni el kirchnerismo ni los críticos que reseñamos consideran un problema de primer orden– pusieron en evidencia la imposibilidad de este proyecto una vez agotadas las condiciones extraordinarias de la pos convertibilidad. La conciliación de clases se muestra otra vez como un proyecto de alcance limitado. Y con los programas económicos que preparan tanto el oficialismo como la oposición para el próximo mandato se proponen para que una vez más, los platos rotos, los pague el pueblo trabajador.

Esteban Mercatante
Ideas de Izquierda

Notas

[1] En este apartado todas las referencias entre paréntesis corresponden a Los platos rotos. Memoria y balance del Estado kirchnerista, Bs. As., Sudamericana, 2015.
[2] Sobre la recuperación limitada de la inversión y una indagación de los motivos de la misma ver Esteban Mercatante, “La Argentina, a 10 años de la salida de la convertibilidad: contradicciones recurrentes para la continuidad de la acumulación capitalista. Una mirada desde la teoría marxista”, en Blog del IPS (www.ips.org.ar), agosto de 2012.
[3] En este apartado todas las referencias entre paréntesis corresponden a Carlos Gervasoni y Enrique Peruzzotti (ed.), ¿Década ganada? Evaluando el legado del kirchnerismo, Bs. As., Debate, 2015.
[4] Ver al respecto Esteban Mercatante, “Argentina devaluada”, IdZ 7, marzo de 2014.
[5] Ver Guadalupe Bravo, Lucía Ortega y Esteban Mercatante, “Automotrices: del auge al frenazo”, IdZ 12, agosto de 2014.
[6] Pablo Anino y Esteban Mercatante, “Pagarás y te sacarán los ojos”, IdZ 11, julio de 2014.

El cooperativismo y la solidaridad que niegan los burócratas

Reconocimiento y apoyo al trabajo y la lucha de los docentes formoseños de TECNICOOP

“En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: « ¡Dadles vosotros de comer!» (Mc 6,37), lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos”.
Papa Francisco

Hace 40 años tomé contacto con el cooperativismo, con su historia y con su práctica. Mi experiencia social en esa época, a los 20 años, remitía al movimiento estudiantil universitario y a una inserción informal en el mercado de trabajo, anticipando varias décadas algo que terminaría siendo normal, la precariedad laboral. Es lamentable el deterioro ocurrido en nuestro país luego de cuatro décadas. Entonces, y no solo como joven, todo era expectativa esperanzada. El presente y el futuro nos pertenecía, e incluso, Vietnam le ganaba la guerra al poderoso EEUU.
La dolorosa noche del terrorismo de Estado me recluyó en el estudio de la economía política y su crítica, especialmente en los estudios para desarrollos alternativos de las sociedades humanas, mientras continuaba mi actividad laboral y militante en el cooperativismo. Ahí descubrí al cooperativismo escolar y la importancia de trabajar con los chicos en edad escolar y valorar la práctica del trabajo manual e intelectual inspirado en la solidaridad de los cooperadores escolares, al tiempo que practicaban la democracia participativa, algo negado por el tiempo político de una dictadura genocida. Lo que si sabíamos entonces, era que se requería el acompañamiento de los docentes para favorecer la experiencia cooperativa.
Eso expresaba todo un tema, porque algunos directores/as eran totalmente funcionales a las antidemocráticas autoridades nacionales. El miedo a lo solidario y cooperativo cerraba las puertas al cooperativismo en general y al escolar en particular. Era muy importante la prédica que hacíamos por esos años bravos con las queridas Ruth Louhau, Beba y Orieta Barbato, extraordinarias maestras y cultoras de la enseñanza del cooperativismo en el aula. Eran los tiempos inaugurales del Instituto de la Cooperación dirigido por el maestro León Schujman. La cultura y la política del Estado terrorista nos impedían avanzar con fuerza, pero no impedían el esfuerzo y la convicción en defensa de nuestros ideales. Es algo que sigue teniendo validez pese a las restricciones para instalar los valores y principios de la cooperación en una sociedad sustentada en el consumismo, el individualismo y el sálvese quien pueda.

Expectativas por las que debemos seguir luchando

Desde 1983 imaginamos otra etapa que no termina de gestarse. Es cierto que proliferaron las experiencias y las declaraciones favorables al cooperativismo y a su enseñanza, pero la práctica social en el aula no fue el correlato correspondiente.
La respuesta es que ya no tenemos un Estado autoritario como en tiempos de la dictadura genocida, pero este Estado actual mantiene su calificativo como Estado capitalista, y por ende, favorece la lógica de la ganancia, de la acumulación y la dominación de los capitales más concentrados. Así, el cooperativismo es sólo y como mucho, adorno y retórica, salvo lo generado por los actores directos para construir un orden alternativo.
Esta afirmación, que es válida en el ámbito nacional, lo es más en las provincias empobrecidas de nuestro país, y entre ellas Formosa.
Hablo de empobrecidas y no pobres, porque la riqueza potencial de la articulación de los bienes comunes y la fuerza de trabajo bajo otras relaciones económicas podrían superar los problemas estructurales que condenan a la miseria a una parte importante de la provincia.
La riqueza socialmente generada en nuestras provincias es saqueada por el poder local y mundial. Lo que sobra en nuestro país es dependencia y extranjerización, de una política económica que históricamente contribuye a la acumulación de capitales más allá de nuestras fronteras.
Por eso se destruyen las economías regionales y aún, en el crecimiento económico, el beneficio es solo para los grandes inversores de la expansión de la frontera agrícola sojera, o de la mega minería a cielo abierto en un ciclo de re-primarización de nuestra economía, y en todo caso, con promoción de servicios para favorecer la lógica de acumulación de los grandes capitales, que incluye la actividad informal y precaria del empleo en servicios de baja calidad para los sectores de menores ingresos y se recurre a numerosos planes asistenciales que perpetúan relaciones de dependencia, y que a su vez son caldos de cultivo de corrupción.
¿Es dable pensar en proyectos alternativos emancipatorios en tales condiciones?

Valores y principios cooperativos en la educación

En ese sentido aparece destacado el aporte del cooperativismo y de la enseñanza de la cooperación en las aulas escolares y universitarias, ya que generan una cultura alternativa, conocimientos socialmente relevantes y que encuentran en el ámbito académico sustento científico dirigido a la formación de los futuros profesionales que, eventualmente, incidan en la sociedad, en la empresa y en la educación general.
Necesitamos que se discutan alternativas sustentables y desplegadas por la propia lucha y cultura popular. Necesitamos construir una conciencia emancipatoria.
El interrogante puntual es si se puede superar el empobrecimiento. No hay dudas que sí. Para ello se requiere de un proyecto social consciente y mayoritario que supere el atraso actual y organice formas solidarias de soluciones colectivas para satisfacer amplias necesidades de la población local, claro que en articulación con otras poblaciones de provincias vecinas y la región latinoamericana.
Para lograr esa conciencia se requiere una nueva cultura popular sustentada en los valores de la cooperación y la solidaridad, contrarios a los del sálvese quien pueda que impone el orden neoliberal del capitalismo en crisis.
Es larga la historia del cooperativismo para afirmar el proceso de emancipación social. Aunque es cierto que los poderes fácticos combaten esos objetivos, en primer lugar con la desnaturalización de variadas experiencias cooperativas, transformadas en formas concretas de subordinación a la acumulación de capitales. El objetivo se concreta con la cooptación de experiencias de origen solidario que son absorbidas por el orden hegemónico del mercado.
Una de las explicaciones del fenómeno es la falta de cultura y educación en los valores y principios de las cooperativas, de asesores, profesionales y dirigentes de las cooperativas absorbidos por la lógica cultural del capital y la ganancia.
De allí la importancia de la educación cooperativa y la práctica democrática en los emprendimientos solidarios. Es una tarea que necesita ser fomentada, a contramano de la lógica individualista y en integración con otros movimientos o fuerzas políticas que les interese construir otra economía más ligada a los intereses de las mayorías.
Es una actividad a desarrollar en todos los ámbitos de la educación formal y con mecanismos pedagógicos en el movimiento popular, especialmente con los adultos, consolidando una estrategia que atraviese a todas las edades en la formación sistemática en los valores de la cooperación.
Con ese espíritu existe una batalla por desarrollar la enseñanza del cooperativismo en las escuelas y universidades a fin de contribuir a estimular el pensamiento crítico y alternativo desde la niñez y la juventud.

Solidaridad con la lucha

Es el trabajo que vienen desarrollando los compañeros docentes de TECNICOOP que bregan por esos objetivos y valores en la educación formoseña y que como trabajadores se les retacea la jerarquización laboral y la remuneración salarial correspondiente.
Está claro que no alcanza con demandar al gobierno de Formosa que responda la justa reivindicación laboral y profesional de los docentes cooperativos de TECNICOOP, sino que debemos concentrar potencia solidaria, en primer término, del movimiento cooperativo Latinoamericano, argentino y en segundo término de fuerzas sociales y políticas, encaminando una gran “movida” que llame a los impugnadores a cejar esas impropias políticas anti cooperativas.
Se requiere, sin dudas, de un Estado que encause las luchas y valores alternativos, que consolide la enseñanza del cooperativismo en las escuelas y en las universidades.
Así se habrá de consolidar el sector social de la economía, estimulando a los emprendimientos autogestionarios del movimiento popular, a las empresas recuperadas por sus trabajadores, cortándole el paso a la concentración y centralización del capital contra toda experiencia de alternativa no lucrativa.
Por eso estas líneas, contextualizando los reclamos de los docentes sobre sus justos derechos de reivindicación laboral y profesional del cooperativismo escolar y universitario en Formosa, y que por cierto germinan interrogantes sobre la naturaleza de una gestión gubernamental que desaprovecha recursos humanos altamente cualificados como lo son los destacados docentes cooperativos, quienes potenciarían planes o proyectos estratégicos de capacitación a medianos y pequeños productores, ávidos de estas herramientas.
Para ellos mi más solidario reconocimiento, acompañándoles y alentándoles a continuar la lucha y la predica solidaria contra insensibles burócratas y socios menores del capitalismo contemporáneo.

Julio C. Gambina

Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2006-2012). Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, IEF-CTA Autónoma. También participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina. Columnista sobre Economía Política en medios periodísticos.

La lucha de la 60 y la tradición de las comisiones internas combativas

Los trabajadores de la 60 protagonizan un conflicto testigo. No por nada los medios de comunicación lo comparan con otros de gran trascendencia como fue en 2009 el de Kraft y el año pasado, Gestamp, y posteriormente Lear. Como analizaba La Izquierda Diario ayer, a días de las PASO, el kirchnerismo decidió brindar un gesto contundente para demostrarle a la clase dominante la "gobernabilidad" de la que es capaz Daniel Scioli si llega a la presidencia. La lucha de la 60 lleva 35 días de resistencia contra una patronal que declaró un lockout y dejó en la calle a 53 trabajadores. En pleno fin de ciclo kirchnerista, las caras del ex carapintada Sergio Berni y del "sheriff" Alejandro Granados junto a la ráfaga de balas de gomas y gases utilizadas en las dos represiones del 28 de julio sobre la Panamericana son solo una muestra de lo que se viene. Cristina se va en octubre y ha dejado un sucesor. No es un "inocuo" que “hace la plancha” sino el mismo Scioli que dejó año tras año sin cobrar a miles de maestros en su provincia, el de la represión al conflicto de Lear, el que controla un ministerio de Trabajo que en connivencia con las burocracias sindicales no ha dudado, en medio de sus trampas como la conciliación violentada en Gestamp, en apelar al contraataque de los gendarmes y la Policía para ahogar la lucha de la vanguardia obrera. Siguiendo el ejemplo de Lear, como diría "Carta Abierta" los choferes de la 60 volvieron a traer a escena ese "teatro político" que es la Panamericana. El progresismo kirchnerista decía en una de sus cartas, que allí se palpaba una "discusión ostensible sobre los derechos sociales que emanan de las diversas situaciones que se producen ante decisiones de gerencias empresariales". El debate sobre el "delito" que significa que los trabajadores corten una ruta, volvió a correr por cuenta del gobierno, la justicia y los medios de comunicación empezando por Clarín. Las decenas de heridos y hasta un obrero en terapia intensiva desnudaron, una vez más, las mentiras del relato kirchnerista.
Pero el pre candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el FpV, Aníbal Fernández, necesitó todavía sobreactuar sobre lo hecho por Scioli, Berni y Granados: “los de la 60 se creen que estamos en la Comuna de París” dijo en su habitual discurso matutino. La comparación con una de las gestas más heroicas de la lucha de la clase obrera internacional y fuente enorme de enseñanzas para el marxismo, no resiste el menor análisis. En boca de Aníbal Fernández nombrar al primer gobierno obrero de la historia tiene el único objeto de tildar a los trabajadores de la 60 de "zurdos" e "infiltrados". Es el método de Fernández, ya se sabe, lo que empieza como “chicana” le sigue como patota. El mismo estilo provocador con que solía atacar a los movimientos de desocupados que fueron reprimidos brutalmente en la Masacre de Avellaneda, allá por 2002, donde cayeron Maxi y Darío. El jefe de gabinete creyó también necesario recordarles a los choferes que "no pueden hacer lo que quieren".
Es sabido también que para Fernandéz hay que acatar lo que dice la burocracia sindical, en este caso el Secretario General de la UTA e integrante de la CATT, Roberto Fernández, es decir, aceptar los despidos sin hacer absolutamente nada. Ayer por la tarde los trabajadores de la 60 denunciaban que no había habido ninguna solución a sus reclamos. Hoy se espera un nuevo corte de la Panamericana.
El objetivo detrás del lockout patronal es atacar a la organización obrera. En la 60 funciona un cuerpo de delegados que desde siempre quisieron barrer. Lo intentaron de distintas maneras, no pagando los sueldos a los delegados durante un año y operando mil y un maniobras. Esta organización de base ha extendido su influencia a otras líneas de colectivos y conformado una especie de coordinadora llamada "Interlíneas" que nuclea a algunas empresas importantes de colectivos. Entre los delegados hay trabajadores de izquierda y peronistas, la mayoría de las decisiones se toman por asamblea, utilizan la acción directa le guste o no le guste a los dirigentes burocráticos, buscan la unidad con otros trabajadores y promueven una política no corporativa hacia los usuarios.
Es esta organización lo que la patronal, el gobierno y la burocracia de la UTA quieren destruir, un proceso de recuperación del organismo de base de los trabajadores que levanta cabeza frente a la colaboración con los empresarios de los dirigentes sindicales. Se trata de un tipo de organización que tiene su historia en la lucha de clases argentina, esa que está escrita con mayúsculas, la de las comisiones internas.
Estas organizaciones no pudieron ser derrotadas ni por la dictadura, ni por la hiperinflación de Alfonsín, ni por el menemismo, aunque fue con los militares y durante la década neoliberal cuando sufrieron los golpes más duros. Siempre en nuestro país las comisiones internas y los cuerpos de delegados permitieron unir por la base a los trabajadores y es por donde a menudo ha comenzado el enfrentamiento con las patronales y la burocracia sindical. Lo fue durante el segundo gobierno peronista contra los Congresos de la Productividad, en la Resistencia Peronista contra la Fusiladora, y en el ascenso revolucionario de los ‘70, dando origen al clasismo y a las rebeliones antiburocráticas que parieron las coordinadoras interfabriles de junio y julio de 1975 contra el Rodrigazo de Isabel y López Rega. En el ciclo kirchnerista las gestas más aguerridas contra las patronales y la burocracia sindical fueron protagonizadas por estas organizaciones, sobre todo cuando estuvieron a su frente direcciones combativas y con peso de la izquierda. Así como los trabajadores muchas veces avanzaron por la "línea de falla" de las comisiones internas donde la base obrera tiene un mayor protagonismo, también fue en ellas donde siempre se concentraron los ataques de las patronales, la burocracia y el Estado. El kirchnerismo-sciolismo sigue esta línea histórica: lo demostró en 12 años de gobierno buscando derrotar la lucha del Garrahan, del Casino, Mafissa, Kraft, Gestamp y Lear.
Pero es también en el terreno fértil de las comisiones internas y cuerpos de delegados donde el clasismo y la izquierda pueden hundir sus raíces más profundas. Así se logró hacer en Zanon, en el Subte, en Maddygraf, en Kraft, en Pepsico. Para Scioli y el kirchnerismo descabezar a la 60 es empezar un nuevo ciclo dando una fuerte señal de que la rebeldía obrera no será tolerada, un espaldarazo a una burocracia sindical que se propone como fuerza de contención frente al próximo gobierno.
La lucha de la 60 concitó una gran solidaridad de los trabajadores y la juventud y el repudio a la represión de organismos de Derechos Humanos como el CELS y el CeProDH. Los candidatos de la lista 1 A que se propone Renovar y fortalecer el Frente de Izquierda, se vienen jugando por la victoria de la 60 ya que contribuye a la preparación de los trabajadores para enfrentar los futuros intentos de ajuste de los hijos políticos de Menem, se llamen, Scioli, Macri o Massa. Los candidatos de la lista 1 A han sabido compartir la Panamericana junto a los trabajadores combativos y aportado al fondo de huelga para que la lucha no sea quebrada por el hambre, han difundido el programa de los socialistas por recuperar los sindicatos de manos de la burocracia sindical para convertirlos en organizaciones que sirvan para la lucha de clases y señalado una perspectiva que supere el horizonte del sindicalismo y haga fuerte la lucha por la independencia política de los trabajadores.

Ruth Werner

El duelo de los familiares de estudiantes asesinados en La Perla, cuyos restos fueron identificados

“Nunca pensé que volvería a saber de él”

Las actas de aparición y los certificados de defunción de cuatro estudiantes hallados por el Equipo de Antropología Forense fueron entregados a sus familiares. Para el juez Hugo Vaca Narvaja, el objetivo es “acabar con el estado de desaparición en el país”.

Atardecía en La Perla, el sitio de la memoria que fuera uno de los principales campos de tortura y desaparición durante la última dictadura, y el viento helado apenas permitía respirar. Parada sólo sobre su voluntad, la mujer arrancó el discurso que jamás imaginó que pronunciaría: “Yo nunca, nunca pensé que volveríamos a saber de él. Y menos recuperar sus huesos. Nunca pensé, mientras seguimos viviendo todos estos años de dolor desde que Alfredo (Sinópoli Gritti) desapareció (hace 40 años), que siempre hubo gente buscándolo y hasta más que nosotros... Gente que nunca bajó los brazos. A ellos, a las Abuelas, a las Madres, a los Familiares, a los Hijos y antropólogos, al juez, gracias: muchas gracias, infinitas gracias. Por buscarlos y ahora contenernos”, alcanzó a decir Graciela Sinópoli, hermana de Fredy, antes de permitirse llorar todo lo que no lloró durante el largo, gélido día que comenzó cuando le entregaron las actas de hallazgo de los restos de Alfredo y el certificado de defunción del joven aparecido el 21 de octubre de 2014 en los Hornos de La Ochoa: la estancia que ocupaba el ahora multicondenado ex general Luciano Benjamín Menéndez en los predios de La Perla.
En Córdoba, en una ceremonia en Tribunales, el juez federal Hugo Vaca Narvaja les entregó a los familiares de los cuatro estudiantes de medicina cuyos restos óseos fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la documentación cuya finalidad es “acabar con el estado de desaparición en el país”. El juez explicó que “recuperar los restos, identificarlos, dar por terminada su etapa como desaparecidos es comenzar a resarcir tanto daño. Y esa es nuestra obligación como Estado”. Los restos de esos cuatro jóvenes militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) son los primeros que se encontraron en una guarnición militar en Córdoba. Y nada menos que cerca de la estancia de Menéndez, en las más de 15 mil hectáreas de lo que fue el campo de concentración de La Perla.
Llegados desde San Luis, desde Salta y la Traslasierra cordobesa, estuvieron los hermanos, tíos y sobrinos de Lila Gómez Granja, secuestrada a los 21 años; de su novio, Alfredo Sinópoli Gritti (de 22), del puntano Ricardo Enrique Saibene Parra (de 20); y el hermano del salteño de Metán: Luis Agustín Santillán Zevi (de 27 años). Los cuatro fueron secuestrados en el parque Sarmiento de la capital cordobesa, a pasos de la Ciudad Universitaria, la mañana del 6 de diciembre de 1975, por una patota del Comando Libertadores de América (CLA). Nunca más se supo de ellos. Ni un solo dato. Hasta que la sobreviviente Graciela Geuna detalló lo que les escuchó comentar –hasta con sorna– a los represores de La Perla. Torturadores que hablaban sin tapujos frente a ella y otros “muertos vivos”, como llamaban a los prisioneros que planeaban matar. “Nosotros salíamos del (Batallón) 141 y vimos a estos boludos que se les ocurrió caminar por el Dante, siendo jóvenes y con el pelo largo... Los secuestramos y los matamos.” Según Geuna, fue el represor Luis Manzanelli quien contó que la patota “estaba al mando de (Héctor Pedro) Vergez”, alias Gastón o Vargas: quien era –junto a Menéndez y luego Ernesto “el Nabo” Barreiro– uno de los jefes del CLA, la versión local de la Triple A.

La hora de los hornos

El flamante secretario de Derechos Humanos del juzgado, Juan Miguel Ceballos, invitó a los familiares de las víctimas a recorrer La Perla y los hornos donde fueron hallados los restos de los jóvenes. Apretujados a bordo de la camioneta y autos cuatro por cuatro propios “y de prestado” que utilizan los expertos del EAAF para sus tareas, desde el sitio de la Memoria La Perla se recorrieron los casi nueve kilómetros de huella monte adentro, y las varias tranqueras de la “zona militar” donde además de los viejos hornos para fabricación de cal en que se encontraron huesos de los estudiantes de medicina, está la estancia La Ochoa. Allí donde el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército pasaba sus fines de semana y hasta mantuvo prisioneros a varios dirigentes del Partido Comunista cordobés, como el abogado Salomón Gerchunoff. Un edificio hecho en piedra que tiene pretensiones de castillo y desmienten las tejas coloniales. En los hornos, con “enorme cuidado, ya que hay peligro de derrumbe”, advirtió Anahí Ginarte del EAAF, la arqueóloga explicó paso a paso lo que el equipo fue haciendo para extraer los restos del tercer horno “empezando desde la izquierda”, no bien hallaron la primera costilla humana. Ginarte detalló que “por la evidencia (los militares) trajeron camiones con escombros donde estaban mezclados los huesos ya quemados en otro lugar, y los tiraron por las bocas superiores de los hornos. Por lo que pudimos comprobar, no los quemaron aquí. Y cuando los quemaron, eran cuerpos que todavía tenían sus tejidos blandos. No eran esqueletos. Así, junto con los escombros los arrojaron desde arriba, cayeron por las chimeneas, y todo se fue deslizando a los dos niveles que siguen para abajo. Los encontramos en el de la base. En el terraplén de tierra de la boca del nivel inferior”.
Allí, en ese pequeño arco interior del horno tres, en esa boca ahora dentada sólo por un hierro retorcido curiosamente en forma de cruz –dato que a los familiares no les pasó inadvertido– el grupo puso sus ramos de flores. Y se abrazaron unos a otros. Se fotografiaron. Lloraron y se rieron mirándose a los ojos mientras hipaban el llanto que oscilaba entre la inmensa pena y la alegría. Omar, el hermano de Ricardo Enrique Saibene, contó que ese año, “cuando se lo llevaron, a Enrique le tocaba el servicio militar. Ya estaba en cuarto año de medicina”. Hugo Sinópoli, en tanto, con sus ojos brillantes, celestísimos, retomó su “rivalidad” con Fredy: “Sí, era más lindo que yo y me cascaba a la salida de la escuela... Las chicas siempre lo seguían a él”. Norma, la hermana de Lila Gómez Granja, contó que sus padres murieron “esperándola, siempre esperándola”; y Edgar Oscar “Cacho” Santillán, hermano de Luis Agustín, agradeció “poder volver a Salta, a Metán, con todo esto que he visto para contárselo a mi mamá en su tumba, así descansa en paz de una vez”.
El antropólogo e historiador del EAAF Fernando Olivares dijo a este diario que jamás olvidará ese 21 de octubre: “Estoy en el equipo hace unos trece años. Y hace más de diez que trabajamos en La Perla. Esa mañana, uno de los peones que movían la tierra y los escombros dentro de los hornos, viene y me dice ‘mire, un hueso’. Era una costilla flotante (de las últimas de la caja toráxica). No me quise hacer ilusiones... entré y metí la mano en la chimenea del horno tres y me cayó en la mano un coxis... Ahí ya no tuve dudas. Sabía que por fin habíamos encontrado restos humanos. Llamé a todos. Lloramos de emoción”. Ahora los hornos están limpios. Ya se extrajeron todos los restos óseos que se encontraron y se sigue trabajando en su identificación. ¿Qué es lo que resta por hacer en esa zona? Anahí Ginarte contesta: “Hay un pozo en el que testigos afirman haber visto restos. Tenemos que esperar la época de seca en estas sierras para poder trabajar ahí. Y en las 15 mil hectáreas, nada menos... En todo este campo que ves y en lo que no ves”.

Vergez y los vagos

“¿Sabe para qué hicieron los vuelos de la muerte los de la Armada? De vagos, por no tomarse el trabajo de fusilarlos. Y de tontos, porque no evaluaron que se les podía volver en contra. Yo siempre me preocupé por lo que pasaría después”, le dijo Héctor Pedro Vergez a la revista Noticias publicada del 2 de abril de 1995. Para Vergez, los asesinos de la ESMA de puro “vagos no evaluaron” que el mar podría devolver los cadáveres de los vuelos de la muerte. Sólo “de vagos” les inyectaban pentotal para dejarlos aún más indefensos, decolaban aviones de modo sistemático y los arrojaban al Río de la Plata. No como él y sus secuaces. Que sí se tomaron el trabajo que hay que tomarse para “desaparecer” en serio a sus víctimas: además de las torturas, violaciones, robos y demás vejámenes, los “dignos subordinados” de Menéndez fusilaban, arrojaban a fosas comunes, los rociaban con combustible, los quemaban y los tapaban con cal, tierra y escombros para ocultarlos para siempre. En los hornos de La Ochoa hay una prueba contundente: los restos de los cuatro jóvenes allí encontrados habían sido quemados en otro lugar, mezclados con escombros, traídos por camiones por esos más de nueve kilómetros de monte cerrado (sin contar el trayecto por la ciudad) y arrojados por las chimeneas. Una labor dedicada, casi artesanal de desaparición.
Los cuatro estudiantes figuran en la llamada “causa Barreiro”. De allí que el Nabo se los haya querido sacar de encima cuando entregó las listas con 19 nombres de desaparecidos el 10 de diciembre pasado. “Son casi todos muertos de Vergez”, leyeron querellantes y defensores al compulsar nombre a nombre. Aunque no sólo a eso apuntó el Nabo con su ruptura del pacto de sangre y silencio: quería adelantarse a las comprobaciones de identidad que haría el EAAF, y lograr así una posible amnistía si algún partido de derecha gana las elecciones. Nada de “humanitarismo”, sólo oportunismo y su ya reconocida megalomanía para destacarse entre sus 51 cómplices y ganarle el liderazgo a su otrora jefe Menéndez. Lo que también quedó claro con esa lista, es que los reos mantienen al día su base de datos. Si no, ¿cómo recordar dónde se enterró juntos y 40 años después a ¡cuatro! de las miles de víctimas que masacraron? “¡Qué trabajo que se tomaron para desaparecerlos!”, se sorprendían una y otra vez, recorriendo los hornos de La Perla, los familiares de los estudiantes. “¡Pero qué trabajo!”, repetían aterrados.

Marta Platía
Casapueblos - AEDD

Ese palito para abollar ideologías

En la noche del 29 de julio de 1966, la dictadura de Onganía reprimió brutalmente en la Facultad de Ciencias Exactas y de Filosofía y Letras de la UBA, además de intervenir las facultades de Arquitectura, Medicina e Ingeniería, ante la resistencia pacífica de estudiantes, docentes y decanos que defendían la autonomía universitaria. Su objetivo, la emergencia de normalizar las universidades.

A un mes del golpe a Illia, Onganía decretó la disolución de los Consejos Superiores y Directivos de las facultades y decidió que a partir de ese momento la Universidad estaría controlada por los Decanos y el Rector, que funcionarían a las órdenes del Ministerio de Educación, bajo la ley 16.912. Además, “los centros o agrupaciones estudiantiles deberán abstenerse de realizar actos políticos. La violación de esta prohibición autoriza al Ministerio de Educación a disolver el centro responsable” [1]. A los Decanos y al Rector se les dio 48 horas de plazo para aceptar esto, pero respondieron emitiendo una declaración en la cual se negaban a aceptar la supresión de la autonomía universitaria.
Para el año ’66, la universidad estaba pasando por un proceso de modernización con la facultad de Ciencias Exactas y Naturales a la cabeza. Esto se materializó a partir de la formación de centros de investigación científica, una renovación en los planes de estudio, y por el lado de las Ciencias Sociales, con la incorporación de la carrera de Sociología y Psicología. Se abrieron secretarias de extensión y se organizaron campañas de alfabetización. Se creó la editorial Universitaria de Buenos Aires, que publica en menos de una década 12 millones de libros. En Exactas, se crea el instituto del Cálculo y la Computadora Clementina. Todo esto es producto de la recuperación del co-gobierno tripartito universitario y una participación activa y política de la juventud que ligaba la universidad a los distintos fenómenos de la realidad y la actualidad, tales como la revolución cubana o la guerra de Vietnam que interpelaban a la discusión, a la disputa y al posicionamiento político.
"Sáquenlos a tiros, si es necesario. ¡Hay que limpiar esta cueva de marxistas!"- Mario Fonseca, Jefe de la Policía Federal.
El operativo a cargo del jefe de la SIDE, Eduardo Señorans, y el Jefe de la Policía, Mario Fonseca, comenzó cerca de las 22 hs. La infantería había rodeado el edificio de Ciencias Exactas, donde estudiantes, docentes y decanos habían tomado la facultad con barricadas de pupitres para evitar el ingreso de las fuerzas represivas. Allí realizaron una reunión de Concejo Directivo extraordinaria para ratificar el rechazo al decreto de Onganía.
Warren Ambrose, docente norteamericano, relata de esta manera el hecho en su famosa carta al New York Times el día 30 de julio: “Entonces entró la policía. Me han dicho que tuvieron que forzar las puertas, pero lo primero que escuché fueron bombas, que resultaron ser gases lacrimógenos. Al poco tiempo estábamos todos llorando bajo los efectos de los gases. Luego llegaron soldados que nos ordenaron, a los gritos, pasar a una de las aulas grandes, donde nos hizo permanecer de pie, con los brazos en alto, contra una pared. El procedimiento para que hiciéramos eso fue gritarnos y pegarnos con palos. Los golpes se distribuían al azar y yo vi golpear intencionalmente a una mujer –todo esto sin ninguna provocación.” [2] La infantería ocupó el edificio, y a bastonazos arreó a los estudiantes para llévarselos detenidos.
La policía también se encargó de desalojar la Facultad de Filosofía y Letras, Arquitectura, y Medicina, y se llevó detenidas alrededor de 500 personas (entre estudiantes y docentes). La persecución política hacia la academia produjo 1.378 docentes que renunciaron o partieron al exilio, además de las renuncias de los decanos de Filosofía, Ciencias Exactas y Arquitectura. Al día siguiente, Onganía clausuró todas las universidades por tres semanas y designó como rector interventor de la UBA a Luis Botet, quien se encargó de mantener un régimen policial interno dentro de las facultades.
El objetivo trazado por la dictadura: poner fin a la autonomía universitaria, el co-gobierno y la libertad de cátedra, es decir, el ataque sobre las conquistas de la reforma del ’18, fue el intento preventivo de “normalizar” la Universidad, en base a una correcta caracterización política sobre ese caldo de cultivo para la “subversión” que históricamente fueron las facultades. Apuntaban a ese sector estudiantil que emergía nuevamente y salía de la "isla democrática" influenciada por la Revolución Cubana del ‘59, y que también había batallado, años atrás, contra el ataque clerical de Frondizi sobre la educación pública en el año 1958. Beba Balvé y Beatriz Balvé, definen que “el gobierno de Onganía, formaliza por medio de una ley, lo que se venía desarrollando en la práctica: la crisis de la reforma. Trató de frenar lo que se venía desarrollando: la profundización de la reforma hacía otra forma” [3]. El año `69 demostró que la lógica militar no pudo contener las fuerzas de la historia. El Correntazo, el Rosariazo y el Cordobazo de mayo, esas "explosiones" semiinsurreccionales, definirán que la noche de los Bastones Largos, lejos de conducir el cauce de la juventud hacia el orden, colaboró en gran medida a que se desataran esos fenómenos de unidad obrero-estudiantil que hirieron de muerte al régimen militar.
Todas estas experiencias son las que forjaron al movimiento estudiantil actual. Son los estudiantes quienes continúan peleando por la libertad de cátedras y de pensamiento; y son (como en aquella época) quiénes cuestionan la realidad y el orden establecido para luego, transformarlo.

Lautaro Pastorini

Notas

[1] El 69 huelga de masas. Beatriz y Beba Balvé. Ediciones RyR.
[2] Warren Ambrose: carta al editor del New York Times, 30/07/1966 http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/VII_16.pdf
[3] Ob. cit.

Scioli, Berni y la Argentina que viene

A pocos días de las PASO, la represión de Gendarmería contra los trabajadores de la Línea 60 en Panamericana, comandada por el ex carapintada y actual candidato del Frente para la Victoria Sergio Berni, trajo a la memoria la lucha de Lear y el plan para pasar más ajustes. Silencio de los candidatos de la oposición tradicional. El Frente de Izquierda, junto a los trabajadores.

A pocos días de las PASO, el Secretario de Seguridad y candidato a Senador provincial del Frente para la Victoria, Sergio Berni, en acuerdo con el gobierno nacional y el provincial, y con una orden de desalojo firmada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se ocupó con la represión a los choferes de la Línea 60 de dar un gesto contundente para demostrar cuál es el plan que tienen para la Argentina que viene.
Mucha agua ha pasado bajo el puente durante el ciclo kirchnerista. Ya lejos de aquellos tiempos cercanos al 2001 en los cuales el “relato” oficial era el de la no represión, Sergio Berni afirmó ayer, sin ser cuestionado por ninguna voz gubernamental, que “tenemos la decisión firme de que la Panamericana es una ruta federal, y cortarla es un delito. Se les notificó que estaban cometiendo un delito, se les dijo que tenían cinco minutos para despejar y, ante la negativa, di la orden para que se actúe”, sostuvo justificando la represión de la Gendarmería contra los choferes de la Línea 60 que pelean por sus puestos de trabajo. Fuerte represión que dejó detenidos y 33 trabajadores heridos, algunos de los cuales continuaban en terapia intensiva al cierre de esta edición.
Según informó el diario Perfil, por la noche incluso, en un programa televisivo, Berni acusó a los trabajadores que están defendiendo sus puestos de trabajo de “estar buscando un muerto” y “querer generar una sensación de conflicto social inexistente”.
Cabe recordar que pocos días atrás Sergio Berni afirmó que “sumo mi adhesión ferviente y militante a esta manifestación de unidad del peronismo detrás de la candidatura del próximo presidente de todos los argentinos”, en referencia al actual gobernador bonaerense Daniel Scioli.
La represión a los trabajadores de la Línea 60, que fue cuestionada por partidos de izquierda, organizaciones obreras combativas y por el Centro de Estudios Legales y Sociales que preside Horacio Verbitsky, entre otros, fue similar a muchas del año pasado contra los trabajadores de Lear, cuando el gobierno nacional y su brazo armado actuaron durante meses en defensa de la multinacional norteamericana y la burocracia sindical del SMATA contra los trabajadores que decían “familias en la calle nunca más”. Hoy la situación se repite frente a un nuevo conflicto contra despidos, y algunos de los mismos hombres protagonistas de la represión en Lear, como Berni, son candidatos del Frente para la Victoria para seguir en cargos oficiales.

El kirchnerismo al final de un ciclo

Si el kirchnerismo fue un proyecto restaurador del poder estatal cuestionado en la crisis de 2001, como pensamos desde la izquierda, la consecuencia de esto es su continuidad en Scioli y el creciente uso de esa fuerza estatal para que, en un marco de agotamiento del ciclo económico, los que paguen los costos de la recesión sean los trabajadores. La reconciliación con las Fuerzas Armadas, al punto de haber nombrado a César Milani al frente del Ejército, el rol del ex carapintada Sergio Berni al frente de la represión a las luchas obreras, o el apoyo del gobierno a los empresarios que realizan despidos masivos, son muestras contundentes en este sentido, y son los principales agujeros de un relato que no se sostiene. La candidatura presidencial única del Frente para la Victoria, la de Daniel Scioli, es la coronación del fin de un ciclo, e incluye también los gestos más irritantes para los sectores que se dicen progresistas del kirchnerismo, como sus visitas al stand de Clarín o al programa de Tinelli.
Si desde algunos sectores del kirchnerismo, a pesar de todo, quieren ilusionarse aún con un próximo gobierno “en disputa”, en el que el “Chino” Zannini o diputados como Kicillof actúen de control o contrapeso a Scioli, cabe señalar que desde estos sectores ninguna voz se escuchó para cuestionar la represión del día de ayer. Muy por el contrario, ayer Zannini compartió un acto con Scioli en Mendoza, sin que nada de todo esto haya sido parte de sus discursos.
Más aún, Scioli usó esa tribuna para decir que se va a “encarar el cuarto capítulo del proyecto nacional y popular”, mientras los heridos se acumulaban en la Panamericana. Ambos comparten la estrategia que explicó el candidato presidencial la noche anterior en el canal TN del Grupo Clarín, cuando dijo que “voy a salir al mundo a buscar inversiones”. Para conseguirlas, hacen falta orden y gobernabilidad, lo cual significa para ellos poner a raya a los trabajadores para que no luchen, y así ofrecer mejores condiciones para la explotación capitalista de los inversores foráneos. Si es necesario, con la represión.
“Miren a este país que compra patrulleros, no para castigar o reprimir a sus ciudadanos, sino para darles seguridad”, había dicho Cristina Fernández pocos días atrás en Río Gallegos. Quienes apostaron durante años a la “batalla cultural” se preguntarán quizás a esta altura, al fin del ciclo kirchnerista, quién fue que ganó este combate. Si en plena campaña electoral atacan como en la 60, hay que prepararse para enfrentamientos mayores en el próximo período, para defender las conquistas de los trabajadores frente a los ataques y pelear por todos nuestros reclamos.
Por su parte, desde la oposición de los partidos tradicionales, Mauricio Macri afirmó ayer, sin hacer mención alguna a la represión en Panamericana que es de agrado de su electorado, y ocultando sus verdaderos planes económicos, que “la gente no aguanta más ajustes”, como parte de su giro discursivo tras el ajustado triunfo del PRO en la CABA. Sin embargo, Scioli, Macri y Massa son todos “hijos políticos de Menem”, y el pueblo trabajador no puede esperar de ellos más que planes de ajuste. Hay que prepararse para enfrentarlos.

La izquierda apoyó a los trabajadores y repudió la represión

El diputado nacional Nicolás Del Caño y la abogada Myriam Bregman, fórmula presidencial de la Lista 1A – Renovar y Fortalecer el Frente de Izquierda, y el precandidato a la gobernación bonaerense por la misma lista, Christian Castillo, se solidarizaron con los trabajadores de la Línea 60, en lucha contra los injustos despidos de la empresa MONSA (DOTA) y anunciaron un nuevo aporte de 30.000 pesos desde sus bancas para el fondo de lucha. Desde autopista Panamericana y 197, donde estuvieron presentes, salieron a repudiar la represión de la Gendarmería Nacional y exigieron la inmediata libertad de todos los detenidos.
También estuvieron presentes junto a los trabajadores referentes como Luis Zamora, Claudio Dellecarbonara, el “Pollo” Sobrero y organizaciones como el PTS, el PO, el PSTU, entre otras, junto a destacados activistas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires de empresas como Kraft, la ex Donnelley, Lear, SUTEBA-Tigre y otras.
Desde Panamericana, Nicolás Del Caño señaló que “nuevamente, como en Lear el año pasado, la Gendarmería es una fuerza de choque para defender a patronales vaciadoras y garantizar los despidos en la 60. Sergio Berni y el gobierno nacional son muy valientes contra trabajadores que reclaman por sus salarios, condiciones y puestos de trabajo, pero absolutamente complacientes con los empresarios del transporte a quiénes premian con millones de pesos en subsidios y prometen mayores ganancias en un gobierno de Scioli.”
Por su parte, Christian Castillo, afirmó que “las dos brutales represiones que sufrieron los trabajadores de la Línea 60, con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, son una muestra de cuál va a ser la política de Scioli si llega a ser el próximo presidente".

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik

En medio de la nada, resiste el Catan Lil

Las Coloradas resiste en un pozo en medio de los cerros, rodeada de piedras y coirones, golpeada desde hace siglos por el viento y la nevisca de Neuquén. Es una mancha en medio de la nada, un pétalo azul en amarilla aridez de la Patagonia. Un manojo de coordenadas que esconde la vida pero ubica perfectamente el cobre, el oro y el molibdeno al que se llega sólo tajeando la tierra. Hiriéndole el cuero hasta las venas. Perdido en una inmensidad seca y milenaria, el pueblo fue elegido por una empresa transnacional para extraerle el alma y las vísceras a voladuras y venenos.
Fue el abogado Germán Zuñiga, nacido y criado en Las Coloradas, quien descifró las coordenadas en el Boletín Oficial. Sintió que el Catan Lil –ese río que lleva el nombre de los peñascos perforados– iba a perder el cristal del agua y que su caudal, impregnado de ácidos y químicos, saldría de las canillas de las casas, de las flores de las duchas, de los canales de donde beben los animales, para intoxicarles la sangre.
A unos 300 kilómetros está Loncopué; quintuplica en habitantes a Las Coloradas y la lleva a escribir una historia como la propia: cuando la canadiense Golden Peaks intentó explotarle los yacimientos auríferos, un recurso de amparo suspendió la exploración. La minera se fue pero dejó dos toneladas de suelo contaminado. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) junto con la comunidad mapuche Mellao Morales resistieron luego a una mina de cobre china a cielo abierto. Lograron pararla y los pueblos tomaron la calle de la resistencia ahora para la fiesta. El 3 de junio de 2012 el 84% de Loncopué, en un referéndum vinculante, le dijo que sí a la prohibición de la megaminería.

Asambleas e historias

Las Coloradas tiene 1200 habitantes. La separan unos cien kilómetros de sus vecindades más cercanas, Zapala y Junín de los Andes. Esa soledad de entre montañas le evita conocer la vileza del mundo: casi no llega señal de internet, hasta allí no viajan los diarios y se escucha sólo una radio que es la voz oficial de la ciudad más cercana. A veces también esa soledad es desamparo. E inadvertencia. Cuando supieron que la minera se preparaba a explorar el cordón montañoso Chachil, ya tenía la aprobación de la provincia.
Luis Mercurio, que vive en Junín de los Andes, relata a APe que “ésta es una zona de mucha sequía, donde la gente y los animales toman del río Catan Lil y todo el pueblo vive de él. Del río la Municipalidad abastece con un camión tanque a las comunidades mapuches”. El uso del agua para el proyecto minero volverá dramática la vida de ese retazo de tierra apoyado en la cordillera. A la lixiviación del oro con cianuro se suma, en el caso de Las Coloradas, la lixiviación del cobre por medio del ácido sulfúrico. Del Catan Lil saldrá el agua y al Catan Lil volverá, tóxica. “Para explorar, no más, en un solo día gastan toda el agua que consume la totalidad del pueblo de Las Coloradas”, calculó Mercurio.
La Southern Copper pertenece al Grupo México. “Es una Corporación que nació en 1952 en Delaware, Estados Unidos. Posee su domicilio social en 11811 North Tatum Boulevard Suite 2500, Phoenix, Arizona. Sus accionistas principales son la empresa mexicana G–Mex (grupo México) con el 75,1 % del total del capital (…) Posee (en 2008) cuatro minas a cielo abierto en Cuajone y Toquepala, ubicadas al sur del Perú, y Cananea y La Caridad ubicadas al norte de México”. [1]
Uno de los antecedentes más escabrosos es el Proyecto Tía María, en Perú, resistido desde 2011 por una población que ya ha pagado con seis muertos la decisión de que no se contamine el agua que es vida y cotidianidad. Luis Mercurio menciona la represión del brazo armado del estado a partir del que la minera logra mantenerse, todavía, en condiciones de explotación. Y rescata que la asamblea de Vecinos Autoconvocados, que apenas lleva un mes de existencia en Las Coloradas, ya cumpla con cuatro encuentros en franco crecimiento: “el primer día éramos veinte, el segundo, cien”.

Diarreas y contingencias

El Padre Martín, cura de Las Coloradas y la doctora Fernanda Hadad, responsable de Epidemiologia Zona IV, son patas fundamentales de sostén para esta asamblea que se promete que la Southern Copper no pasará. “Las Coloradas es una localidad con alta incidencia de diarreas por problemas en la potabilizacion del agua”, dice la médica a APe. “Es la localidad con más tasas de diarreas de Neuquén, comparada con otras localidades del mismo tamaño que no tienen esa incidencia”.
Pero además, la doctora Hadad se indigna porque, en el extenso estudio de impacto ambiental que hizo para la minera la Consultora Ambiental Bucan Morgan SA (al que APe tuvo acceso), se califica de “contingencias” a la posibilidad de “derrame de agua de perforación”, con la concurrente toxicidad, el consumo excesivo de agua, el derrame de combustible y lubricantes en aguas superficiales y los “incendios” por “manejo de combustibles y productos químicos”. El cuartel de bomberos más cercano está en Junín de los Andes, a 100 kilómetros.
La médica envió una nota a la Coordinadora de Salud Ambiental y Subsecretaria de Salud de la Provincia, Irene Roccia. “Entre otros temas, sabemos que Las Coloradas sufre desde hace mucho tiempo problemas serios por la calidad del agua de consumo. Es la localidad de la provincia que mayor tasa de notificación de diarreas tiene y frecuentemente sufre de brote de diarreas”.
Las aguas afectadas “son afluentes del Río Catan Lil, del que se obtiene el agua de consumo para Las Coloradas y para las comunidades Cayulef y Namuncurá. Periódicamente existen problemas de turbidez, debido a las dificultades en los mecanismos de filtración, lo que deteriora la calidad del agua de consumo”. La presencia de la minera generará una contaminación impredecible, asegura y, además, “el importante volumen de agua que se utilizará en las tareas de investigación redundará en quita de agua para el uso de la poblaciones cercanas, que se acrecentará en forma exponencial una vez instalada y en etapa de explotación”.

Veranadas y Sonora

Para el 12 de agosto está programada una audiencia pública no vinculante. La convocatoria parece empeñarse en complicar la concurrencia: tanto Mercurio como Zúñiga describieron que la reunión se hará en un galpón, en medio de un descampado, al que se llega por camino de tierra, entre el viento y la nieve, superando un pico de 1800 metros, después de 50 kilómetros, al pie de un puente. La idea es presentar un amparo cuando pase la feria y lograr suspenderla.
La comunidad mapuche Felipín y sus animales bajan, entradas las primaveras, a las orillas del Catan Lil, al pie de los cerros Chachil. La veranada aprovecha el agua abundante y los buenos pastos de la estación brillante y piadosa. Entre abril y mayo vuelven a la otra tierra, para la invernada. La costumbre, ancestral, es parte de la cultura mapuche. Avasallada por los terratenientes y los estancieros que les cierran los caminos de veranada y sus animales sufren la sed de la sequía. Y ahora la minera vendrá a envenenarles el agua y a volarles los cerros. Para desintegrar esa cultura aluvional que pudo resistir los genocidios y coloniajes de más de cinco siglos. [2]
Hace exactamente un año, desde su mina Buenavista del Cobre en el estado de Sonora, Grupo México –que incluye a la Southern Copper– “arrojó, en un supuesto accidente, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Bacanuchi, que luego se esparcieron al río Sonora, afectando a más de 22 mil personas”. El portal mexicano Ecoosfera profundiza: “aunque la empresa aclaró en un comunicado que el incidente se suscitó por un atípico temporal de lluvias, las autoridades mexicanas (SEMARNAT) atribuyeron la causa a fallas de construcción en la infraestructura de la empresa, totalmente imputables a Grupo México y no al extraño temporal”. Nadie puede evitar vincular el Sonora con el Catan Lil. [3]
El abogado Germán Zúñiga –que hoy, martes 14 de julio, cumple 30 años y ya lleva en sus espaldas varias luchas en defensa de territorios mapuches– toma para sí las palabras de una sabia del pueblo que definió lo que después sería el grupo en Facebook: “el río es nuestro alimento”. Germán asegura a APe que “el río es fuente de vida, lo usamos tanto para tomar como para pegar un ladrillo; si no está en óptimas condiciones, el pueblo corre peligro de desaparecer”.
Las Coloradas se alza 1500 metros sobre el nivel del mar. Está rodeada de estancias de franceses. Como es el fondo de un pozo, alrededor de las montañas, “no tiene cómo expandirse”. El río está a la mano, a 300 metros. Flanqueado el pueblo por piedras, coirones, vientos de 120 km –que armarían verdaderas tormentas con el polvo de las voladuras–, distancias eternas, cóndores y liebres.
Por suerte, dice el informe de la consultora ambiental Buca Morgan, “la relación con los superficiarios es muy buena. Se trata de la familia Martínez-Sapag, que son los propietarios del campo donde se encuentra (el yacimiento) La Voluntad”.

Lo que viene con la minera

Zúñiga teme no sólo a la contaminación del agua y la alteración del paisaje. Sino, además, a la violencia cultural que suelen instalar las grandes explotaciones. “La llegada de obreros trae droga, prostitución, trata de personas”, dice. “Zapala tiene tres casinos; Rincón de los Sauces (la mayor explotación petrolera de Neuquén), está atravesada por los prostíbulos y la trata”. Una nota de La Mañana de Neuquén, acerca del allanamiento de un par de cabarets, describe el entusiasmo comercial de los proveedores del ramo: “Hay muchos hombres, petroleros, que están lejos de su familia y después de 25 días necesitan una alegría. Ésa es la realidad”. Las chicas suelen ser traídas de Paraguay, Santo Domingo, Mendoza, Misiones. Hacia un territorio donde habrá esclavitud segura.
Las Coloradas vive de los salarios estatales. La Municipalidad sostiene a más de 300 empleados entre planta permanente y contratados. No hay otra fuente de ingresos. Salvo planes sociales y bonos para gas, porque no hay reservas y el invierno es feroz.
La inmensidad se burla de los ojos, que tienen tanto límite para ver. La libertad de la fauna es tan envidiable como el poder de los coirones, que pueden sobrevivir al peor sol y a la más exigente de las nieves.

Y lo que se irá

Pero el propio informe de impacto ambiental de la Southern Copper admite que las voladuras y los motores de los camiones ahuyentarán, que los obligarán a desplazarse a otros hábitats, que les desaparecerá el alimento que brota de la tierra. Es decir, tendrán hambre. Puede que coman de la basura tóxica. O que sean atropellados por las máquinas. Morirán, demasiados de ellos.
Los chinchillones, pumas, zorros y cóndores de las cornisas. Las liebres, choiques y guanacos de la estepa. El flamenco austral y el cisne cuello negro del río y las lagunas. Estos y otros que están a las puertas de la extinción, como el cauquén, el zorrino patagónico, la mara o la iguanita araucana. Y ciertas especies humanas no contempladas por el estudio de impacto de la minera. Como los niños y los mapuches.
Todos elevan plegarias al Copahue, que es más compañero que el Lanin y suele despertar volcán ante la amenaza. Y no sería raro que bufara fieramente en estos días. Cuando el Catan Lil arrastra sus peñascos, agujereados por la erosión de la historia.

Silvana Melo
APe

Notas

[1] Informe Especial sobre las Operaciones de Southern Copper Corporation en el sur de Perú.
[2] Odhpi.org.
[3] Ecoosfera.

Nueva represión de Gendarmería contra choferes de la 60

Tras el primer desalojo por parte de Gendarmería, los choferes volvieron a cortar Panamericana. La Gendarmería volvió a desalojar con balas de goma, palos y gases. Hay manifestantes heridos y detenidos. Los trabajadores cortan ahora en colectora para seguir la lucha. Como en Lear, el Secretario de Seguridad y candidato del FPV, Sergio Berni, justificó la represión.

Como informara La Izquierda Diario en su edición de hoy, los choferes y mecánicos de la Línea 60 llevan más de un mes de conflicto. El Grupo Dota realizó una serie de despidos, que hoy llegan a 53. Además, cuando los trabajadores decidieron dar servicio sin cobrar boleto, iniciaron un lock-out que priva a 250 mil pasajeros de su transporte, y pone en riesgo los puestos de trabajo de 1200 trabajadores.
Hasta ahora, el ministerio de Trabajo ha permitido todas las maniobras de la empresa. La justicia, con el auxilio de la Policía Federal, mantiene militarizada la cabecera de Constitución, con 22 trabajadores encerrados.
La cámara patronal, además, publicó ayer en los principales diarios una costosa e increíble solicitada, atacando a los trabajadores e intentando negar la existencia de un conflicto gremial cuya envergadura todos conocen.
Ante estos ataques, los trabajadores, sus familias y las organizaciones solidarias, han decidido realizar nuevas acciones en defensa de los puestos de trabajo, y comenzar una campaña nacional por el fondo de huelga que sostenga a los choferes en conflicto.
Los piquetes estaban programados para las primeras horas de la mañana de hoy en Puente La Noria y en Panamericana y 197, y fueron recibidos por un fuerte operativo represivo de Gendarmería que dejó manifestantes heridos y detenidos. Tras ser desalojados, más tarde volvieron a cortar la autopista, y la Gendarmería respondió con una nueva represión.
Por su parte, el secretario de Seguridad de la Nación, ex carapintada y candidato del Frente para la Victoria, Sergio Berni, declaró esta mañana que el corte lo realiza "un grupo de trabajadores politizados, que pretenden generar conflicto para llamar la atención de los medios de comunicación". Dijo también que la orden de desalojar fue "porque estaban cometiendo un delito federal. La Panamericana es el principal ingreso a la Ciudad", aseguró.
Sus declaraciones justificaron de esta manera la represión contra los que pelean por sus puestos de trabajo y recuerdan su nefasto accionar durante el conflicto de Lear, cuando Berni estuvo al frente de las múltiples represiones para defender los intereses de la patronal buitre y la burocracia sindical del SMATA. Vale recordar que una orden judicial apartó a la Gendarmería del conflicto de Lear, después de las represiones a los trabajadores y el incidente del "Gendarme Carancho".
A su vez, el Jefe de Gabinete y precandidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, señaló que "hay situaciones que parecen irreductibles" ya que las partes "estiran y estiran, a ver quién resiste más", al tiempo que negó que haya una voluntad de estatizar la compañía, e insistió en que "hay situaciones exógenas que evitan que el conflicto se resuelva". De esta manera, evitó señalar la responsabilidad de la empresa y el gobierno en la situación, cuando son los trabajadores los únicos que buscan una solución para mantener los puestos de trabajo y mejorar el servicio.
En estos momentos los trabajadores cortan en colectora y 197 hasta lograr la liberación de los detenidos y conseguir sus reclamos. Piden la solidaridad de las organizaciones y exigen que si no se respetan los puestos de trabajo y la salud de los trabajadores el gobierno disponga la estatización de la 60. También convocan a todos los medios a la conferencia de prensa y audiencia pública que iban a realizar a las 14 hs frente al Congreso de la Nación, que ahora será realizada en 197 y Panamericana.

Fernando Scolnik
@FernandoScolnik

Con Scioli aumentaron el gatillo fácil y las torturas

Un balance sobre lo hecho por el gobernador bonaerense durante los últimos ocho años confirma que las violaciones a los derechos humanos y la impunidad son norma en el sistema de “seguridad” y penitenciario provincial. Lo denuncia la Comisión Provincial por la Memoria.

Los datos de la realidad enrojecen los ojos de cualquiera que se asuma “progresista”. Mientras Página/12 abandona las denuncias documentadas contra la Policía y el Servicio Penitenciario bonaerenses, al tiempo que el mismo medio presenta a Daniel Scioli como “nuestro hombre en La Habana”, en la provincia que gobierna hace ocho años el “hijo político de Menem” reinan todo tipo de violaciones a los derechos humanos.
En el territorio provincial, son marca registrada la falta de vivienda para cientos de miles de familias, el trabajo precario para la juventud y la salud y la educación de décima categoría para la población trabajadora y pobre.
Pero la cosa es más oscura si se analizan los datos sobre torturas en comisarías y cárceles, desapariciones forzadas de personas que quedan impunes y muertes por supuestos “suicidios” o “enfrentamientos” entre uniformados armados hasta los dientes y víctimas que mueren sin haber disparado ningún tiro.

Un "sistema de la crueldad" para la victoria

Aún no se sabe si Daniel Scioli será el próximo presidente de la Nación. Pero sí está claro que el 10 de diciembre concluirán sus ocho años al frente de la gobernación bonaerense. Y un balance necesario es aquel que muestra el rostro quizás más perverso de la gestión de quien hoy habla de “victorias” por doquier como continuador del proyecto kirchnerista.
“La gestión actual finaliza demostrando que (…) [se ha] agravado la violación de derechos”. “La política criminal impulsada por el gobierno de la Provincia ha desencadenado una situación de grave crisis en materia de derechos humanos”. “La mayor tasa de encarcelamiento de la historia de la Provincia, que ha implicado una agudización del hacinamiento en cárceles y comisarías, y un agravamiento en la situación estructural, ya existente, de vulneración masiva y sistemática de los derechos de las personas detenidas”. “También ha aumentado considerablemente el ejercicio de la violencia policial no sólo en prácticas sistemáticas de tortura y detenciones arbitrarias sino también en el uso letal de la fuerza”. “Esta violencia cotidiana (…) crea condiciones de posibilidad de hechos aun más graves como torturas o ejecuciones sumarias, más conocidas como ’gatillo fácil’.”
Mientras ese cuadro se reproduce, “no ha habido ninguna propuesta consistente ni efectiva para los mercados ilegales de drogas, autopartes, arma, trata de personas, que son los que organizan el delito en toda su complejidad”. A su vez es regla “la impunidad de los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos”, existiendo “escasísimas condenas por torturas o apremios ilegales, a pesar de los miles de casos que acontecen cotidianamente”. Así se sigue dando vía libre a represores de uniforme para que utilicen “la tortura y la muerte como herramienta de control”.
De forma complementaria, “el gobierno es incapaz de mostrar información certera y confiable que dé cuenta de forma fehaciente de que estamos ante una grave crisis en materia de seguridad. Se basa en percepciones sociales, construcciones mediáticas que se afianzan en el discurso belicista que el propio Estado despliega”. Lo que demuestra que hay “una estrategia de gobierno del conflicto social que se despliega en el territorio militarizándolo, aumentando los dispositivos de vigilancia, captando más personas para el sistema penal y desplegando distintas violencias tanto afuera como adentro del encierro. A esta modalidad de gobierno la hemos llamado el ’sistema de la crueldad’.”

La única verdad es la realidad

Esas afirmaciones entrecomilladas no pertenecen a Nicolás del Caño, ni a Myriam Bregman, ni a Christian Castillo ni a ningún otro candidato del Frente de Izquierda. Y aunque esos dirigentes puedan suscribir cada palabra, esas frases textuales son parte de las conclusiones a las que arribó la Comisión Provincial por la Memoria y que fueron vertidas en su Informe Anual 2015 publicado a finales de junio.
Quienes están al frente de la CPM, como Adolfo Pérez Esquivel, la monja Martha Pelloni o Víctor De Gennaro, no podrían ser tildados de “trotskistas”. Será por eso que sus informes y denuncias son ninguneados por la militancia kirchnerista, que al no hallar chicanas ni latiguillos de ocación para desvalorizados (como lo hacen macartistamente con los “zurdos que le hacen el juego a la derecha”) prefiere mirar para otro lado y hacerle la campaña a Scioli. Es que resulta imposible refutar la realidad que la CPM documenta.
Las prácticas represivas que derivan en torturas, desapariciones y muertes a manos de policías o penitenciarios, con la consiguiente impunidad garantizada por funcionarios judiciales y políticos, se extienden de norte a sur y de este a oeste de la Provincia de Buenos Aires. La provincia que Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, Alejandro Granados, Ricardo Casal y las decenas de los Barones de las intendencias gobiernan desde hace años. En algunas ciudades podrá haber menos casos, en otras el odio popular a los asesinos decantará en mayor desprestigio institucional, pero la lógica es una sola y así queda demostrado pese al discurso edulcorado de las autoridades.

La muerte como regla

A través de inspecciones en barrios, comisarías y cárceles, encuestas a centenares de jóvenes pobres y testimonios directos de las víctimas, la comisión arriba a conclusiones lapidarias. En el informe, como muestras contundentes, se presentan algunos casos que estremecen y a la vez dan por tierra con cualquier justificación oficial.
Algunos datos configuran el mapa de terror. Hoy la población encerrada en cárceles y comisarías de la Provincia es de casi 35.000 personas, un récord histórico (cuando Scioli asumió en 2008 eran 27.840). De ese total, casi 2.200 personas están alojadas en comisarías, ocupando unos 1060 camastros inhumanos. La sobrepoblación carcelaria tiene picos alarmantes, como en la Departamental La Matanza donde supera el 600 % o como en Lomas de Zamora, con un porcentaje incluso mayor.
En ese marco, morir encerrado o bajo control de uniformados no sólo es posible, sino que es más que probable. Entre 2013 y 2014 murieron al menos 286 personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense y al menos 18 en comisarías. A su vez la policía bonaerense informó que al menos 111 personas fueron “abatidas en enfrentamientos” entre abril y octubre de 2014.
Esa misma lógica de desprecio por la vida se reproduce en los neuropsiquiátricos: sólo en el Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero murieron 133 internos entre febrero del 2012 y febrero de 2014.
Esas muertes (que son un subregistro) se produjeron por acción u omisión del Estado. Algunas ejecusiones las realizaron agentes estatales cumpliendo funciones, otras las sufrieron personas bajo custodia o “protección” del Estado. Entre 2013 y 2014 el Registro Nacional de Casos de Torturas o Malos Tratos contabilizó 4.987 hechos de torturas padecidas por 1.136 personas en la Provincia de Buenos Aires.
Un dato político ayuda a entender estos números. “La declaración de la emergencia en seguridad, vía decreto en abril de 2014, fue la herramienta normativa que activó una aceleración profunda en el deterioro de la situación de los derechos humanos en la Provincia, producida por las fuerzas de seguridad, penitenciarias y policiales”, afirma la CPM.
A estos datos se puede agregar que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que registra desde hace décadas los casos de gatillo fácil y asesinatos en lugares de encierro, al presentar su informe 2014 contabilizaba 185 muertes en todo el país durante los primeros diez meses del año, lo que proyectado daría un registro anual de más de 200 casos. El 45% de esas muertes fue en la Provincia de Buenos Aires. Es decir que el año pasado al menos un centenar de muertes por gatillo fácil o en lugares de encierro se produjeron bajo la tutela política de Daniel Scioli y Alejandro Granados.
Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside Horacio Verbitsky, constató que a nivel nacional “2014 fue el año con más muertes ocacionadas por las fuerzas federales desde el año 2003”, es decir desde que asumió la presidencia Néstor Kirchner. Y que, justamente, esa evolución histórica se evidencia sobre todo en la Región Metropolitana de Buenos Aires, gobernada en gran parte de su extensión por Daniel Scioli y por los Barones del conurbano. El CELS afirma que entre 2003 y 2014 hubo en la región 1223 muertes de civiles a manos de uniformados (policías, gendarmes, prefectos, penitenciarios o militares), y que las 154 muertes del año pasado representan un crecimiento importante respecto a los años anteriores.
Vale aclarar que muchos de estos números son registrados por organismos de derechos humanos no estatales, ya que las cifras oficiales brillan por su ausencia.

Herencia menemista

La Comisión por la Memoria concluye en que “hoy tenemos indicadores que miden la acción punitiva del Estado similares a los niveles de los años 2001-2002, cuando la crisis social campeaba las calles y los indicadores sociales de pobreza y desocupación alcanzaban los récords históricos”. Los años, ni más ni menos, de gobernación de Carlos “meta bala” Ruckauf y de Felipe Solá.
Todo lo anterior es parte de políticas reproducidas a nivel nacional. Según las mismas definiciones de la CPM, esas políticas “comienzan a corroer al menos en términos simbólicos la clara demarcación entre seguridad interior y seguridad exterior que constituyó uno de los grandes consensos construidos en los años iniciales de la transición democrática por un amplio espectro político y social”. Casi como respondiéndole a la maniobra de Cristina Fernández para “reconciliar” a la sociedad con las Fuerzas Armadas (plagadas aún de genocidas y represores), la comisión plantea que “preocupa la habilitación de tareas, fronteras adentro, del Ejército nacional”.
En este artículo se optó por no presentar los casos emblemáticos que cita el informe de la CPM. No sólo porque son muchos sino porque pueden verse en extenso en el informe que linkeamos más arriba. Lo que sí se debe remarcar es que cuando se habla de torturas, desapariciones y muertes se encuentran porcentajes altísimos de víctimas jóvenes y pobres. Desde niños en situación de calle hasta activistas ecologistas, desde jóvenes que se niegan a robar para la policía hasta presos sin condena que mueren supuestamente “ahorcados” en sus celdas. Desde chicas robadas para ser prostituidas por empresarios y comisarios hasta familias enteras desalojadas con gases y balas de predios ocupados para exigir vivienda.
La provincia que Scioli quiere mostrar como ejemplo de su gestión, buscando convencer al país de que ese “modelo” puede reproducirlo a nivel nacional, tiene este costado atroz de criminalización, represión e impunidad. Es una provincia en la que los magnates del gran delito organizado pueden actuar sin preocupaciones, asociados con los estamentos más variados de un Estado preocupado centralmente en llenar las cárceles de pobres y las calles de patrulleros.
Es el “modelo” en el que 9 de cada 10 presos fueron encarcelados sin orden judicial previa (agarrados por la policía en la calle); en el que más de la mitad de esos detenidos esperan durante años un juicio que diga si son culpables o inocentes; en el que esas personas viven hacinadas en celdas con agua contaminada, sin condiciones mínimas de salud e higiene y hasta encerradas en habitáculos de dos por dos durante días; en el que la policía y el servicio penitenciario garantizan y gerencian el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino, los desarmaderos de autos y la prostitución.
Contra ese modelo peleó durante el último año y medio Christian Castillo en la Legislatura Bonaerense. El diputado del PTS y el Frente de Izquierda se opuso tenazmente a cuanto proyecto de ley presentó el sciolismo en pos de aumentar la criminalización y la represión. Y a su vez presentó decenas de proyectos que buscaron poner un freno a la avanzada reaccionaria. Fue él quien se opuso a la formación de las policías locales (el "chiche nuevo" de Scioli y Granados) y el único diputado de toda la Cámara que votó en contra del presupuesto 2015. Presupuesto, vale recordar, que mientras aumentó un 28% la partida de educación y un 31% las de salud y desarrollo social, lo hizo en un 66% para “seguridad”, es decir para más poder de fuego y personal de la Bonaerense. Pero esa pelea fue dada en soledad, sin contar siquiera con el apoyo de quienes desde el kirchnerismo se presentan como defensores de los derechos humanos.
Queda demostrado que cuando las candidatas y los candidatos del Frente de Izquierda como Myriam Bregman, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano, Carla Lacorte, Edgardo Moyano y demás integrantes del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos levantan la voz para denunciar al Estado represor del pueblo trabajador, no se equivocan.
Tanto Daniel Scioli como Mauricio Macri y Sergio Massa comparten un proyecto criminalizador y disciplinador hacia las masas populares. Control y domesticación, sería el plan de consenso. Mal que les pese a muchos kirchneristas que intentan ver en Carlos Zanini y algunos candidatos a diputados el contrapeso “progre” al conservador y derechoso gobernador bonaerense, lo que no se puede desonocer es que si Scioli llega a la Casa Rosada lo hará con su “balance de gestión” de ocho años gobernando desde La Plata. Y eso, más que un sapo a tragar, puede convertirse en un factor determinante de complicidades y acompañamiento a un giro aún más conservador y represivo protagonizado por el PJ.

Daniel Satur
@saturnetroc

Cresta Roja: gran triunfo obrero

En la presente semana la amenaza de cierre de la avícola Cresta Roja concluyó con un gran triunfo de los trabajadores. También se resolvieron favorablemente los conflictos salariales de los choferes de larga distancia y en el Senasa y por los despidos en Telefónica. Continúa el lock-out patronal en la Línea 60 y los despidos en Acindar. Comenzaron paros en Aluar y se estableció el salario mínimo que regirá hasta enero de 2016. Nuevos acuerdos paritarios en seguros, mecánicos y la industria lechera.

Tal como anticipáramos en nuestro panorama sindical anterior, el lunes 20 de julio de 2015 las puertas de Cresta Roja amanecieron cerradas, impidiendo el ingreso a planta de sus trabajadores.
Inmediatamente, la cartera laboral provincial, que comanda Oscar Cuartango, dictó la conciliación obligatoria, en medio de los cortes de ruta en las cercanías a las plantas de faena de la compañía, en el Jagüel, Esteban Echeverría y Ezeiza, tras conocerse un nuevo número de despidos la semana anterior, llevando a 680 el total, peligrando seriamente al menos otros 1500 puestos.
Hacia el mes de septiembre de 2014, la empresa avícola había adoptado igual actitud. Tres meses antes, la empresa de los hermanos Rasic (que tenía un total de 3800 empleados), había presentado convocatoria de acreedores. Por ese entonces se denunciaba a sus dueños porque mientras paralizaba su principal frigorífico, mantenían funcionando su segunda planta de Cañuelas y mandaban producción propia a faenar en establecimientos de terceros. Se pidió la intervención urgente del Ministerio de Trabajo Bonaerense quien dictó una conciliación obligatoria.
De ahí en más lo que continúa es casi un año de lock-outs patronales, intentos de despidos (casi 700), persecución a los trabajadores, los pagos se realizaban en cuotas y se puso en marcha una intimidación a los trabajadores donde no faltaron escuchas a través de micrófonos y patotas relacionadas directamente con el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, fuerte personaje político de la zona, quién además militarizó la planta.
La firmeza de los trabajadores le dobló el brazo a una patronal vaciadora e impidió los intentos del Gobierno y burócratas sindicales de que acepten ofertas desventajosas
Los piquetes que se sostuvieron con firmeza desde hace una semana, a partir de romper el cerco mediático de los primeros días, amenazaron con enturbiar la campaña electoral de Daniel Scioli. Mientras los trabajadores enfrentaban los despidos y el cierre de su fuente de trabajo, el gobernador y candidato presidencial del FpV se paseaba por el país y por Cuba hablando de "la victoria del trabajo y la producción".
El hecho de que esta lucha obrera metiera la cola en la campaña oficialista obligó al Gobierno provincial y nacional a responder positivamente a las demandas de los trabajadores. Por la provincia intercedieron desde los ministros de Seguridad, Alejandro Granados, y de Trabajo, Oscar Cuartango, hasta el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, sumado a los intendentes de las localidades donde se ubican las dos plantas de Cresta Roja, Esteban Echeverría y Ezeiza.
El Gobierno de Scioli buscó de todas las formas imponer un acuerdo favorable a la patronal de Rasic Hermanos, donde se establecía un recorte en la jornada laboral y del salario de los trabajadores, lo que en promedio significaba la pérdida de entre 2 y 3 mil pesos por mes. Tuvieron que retroceder ante la firmeza de los trabajadores, que denunciaban que mientras tanto se le otorgaba a la empresa un subsidio millonario para garantizarle el alimento de los pollos, tirándole un salvavidas a la patronal con tal de sacar a los trabajadores de las rutas.
Frente a la postura conciliadora y dubitativa de los representantes de la FTIA (Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación), el sindicato mayoritario dentro de la empresa, los trabajadores de las plantas de Monte Grande y Ezeiza los repudiaron y actuaron con independencia y de conjunto, por primera vez, imponiendo el bloqueo de los portones desde el jueves pasado y decidiendo cada paso a seguir en multitudinarias asambleas bajo el viento y el frío de la ruta o en los portones que custodiaban para impedir que ingresara o saliera mercadería. Ante el rechazo a la primera propuesta del tándem empresa-Gobierno, llegó una segunda a través del hijo del ministro Granados, Gastón, que también fue rechazada, que consistía en el pago de las quincenas adeudadas y los días caídos, pero cobrando el aguinaldo en cuotas.
Alrededor de las 7 de la tarde del miércoles llegó la tercera propuesta: que se paguen las quincenas adeudadas, todos los trabajadores vuelven a sus puestos sin disminución de horas de trabajo y por ende de salarios, y se paga el aguinaldo. Así fue como los trabajadores mediante la lucha no sólo lograron esas exigencias, sino que además se reincorporó a tres compañeros que habían sido despedidos con anterioridad. Sumado a esto, el jefe de Recursos Humanos fue desplazado de su cargo.
Pero la experiencia de luchas anteriores, hizo que los trabajadores no confiaran en la palabra de ningún vocero del Gobierno ni de la empresa. Por eso definieron mantener el corte de ruta y bloqueo de las puertas de las plantas hasta tanto estuviera firmada el acta donde se certificaban estos acuerdos.

La empresa trabó el acuerdo al que se había llegado el miércoles

La patronal trabó el acuerdo, volviendo a la carga con el tema de la jornada laboral. Luego de verse obligada el miércoles a retroceder con el intento de reducir la jornada a 7 horas y media, reduciendo así los salarios entre 2 y 3 mil pesos por trabajador, buscó quedarse con una porción de los mismos proponiendo que la jornada de 9 horas tenga 7 horas y media pagadas bajo convenio y que la restante hora y media se pague en negro.
Los trabajadores rechazaron esta nueva provocación manteniendo la continuidad de la lucha mediante bloqueos, cortes y nuevas medidas en ambas plantas, como concentrarse el viernes sobre la Ruta 205 y Quinta Avenida para marchar desde allí hacia el municipio de Ezeiza.
Cerca de 500 obreros se movilizaron a la municipalidad de Ezeiza junto a decenas de organizaciones solidarias exigiendo una reunión urgente con las autoridades. Al principio estas se negaron y los trabajadores respondieron con el corte de las vías del ferrocarril Roca, forzando finalmente a los funcionarios de la Municipalidad a realizar la reunión y que en la misma participen varias decenas de trabajadores, mostrando una gran disposición para evitar nuevas maniobras por parte del Gobierno y la patronal.

“Los traidores no entran nunca más”

A pocos minutos de terminada esa reunión, los trabajadores confirmaron que lograron el reconocimiento de todas sus demandas. En medio de la alegría desatada en las puertas de la municipalidad de Ezeiza los trabajadores volvieron a agradecer a todas las organizaciones y personalidades que los apoyaron, destacando el apoyo brindado por los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño así como también a las docentes de la Lista Verde y de la 9 de Abril, a la CTA Lomas, a los compañeros de la línea 60, a los aeronáuticos y a los partidos de izquierda como PTS, CS y PO.
Además, rompieron el acta que los burócratas sindicales habían firmado a sus espaldas el miércoles mientras la multitud cantaba “los traidores no entran nunca más”.
El acta-acuerdo avalada por el Ministerio de Trabajo provincial contempla:
Respetar la carga horaria, respetando las 9 horas de trabajo diarias.
Pago de la quincena adeudada el día lunes 27.
El aguinaldo se pagará en dos cuotas dentro del mes de agosto (días 14 y 28).
Inicio jornada laboral día lunes 27.
Los trabajadores de Cresta Roja tenían kilos y kilos de verduras y carne para sostener su lucha que decidieron donar al fondo de lucha de los trabajadores de la Línea 60. Una enorme muestra de conciencia y solidaridad de clase.

Más triunfos por salario y despidos

Tras el anuncio de una posible medida de fuerza de los choferes de larga distancia nucleados en la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA-CTA), se consiguió un aumento del 38% para los trabajadores del sector.
Fue luego de que se hiciera público el paro que iba a realizar la UCRA si a lo largo de esta semana no había respuesta favorable para los conductores de larga distancia en el marco de las paritarias del sector.
“El mes pasado se había acordado el aumento del 38% en dos cuotas para los choferes de corta y media distancia, y faltaba que se resuelva para los compañeros de larga distancia”, explicó a ACTA Silverio Gómez, Secretario General de UCRA.
Por eso, tras el anuncio del plan de lucha si no había una respuesta favorable esta semana “me llamaron del Ministerio de Trabajo, donde se comprometieron que el tema estaba resuelto, y ya tenemos el acta acuerdo firmada por el Ministerio, donde se establece un aumento del 27.8% a partir de julio y el 11% a partir de diciembre. Sumarían un 38%”, informó Gómez.
Luego del largo conflicto que llevó adelante la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) en el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), las partes firmaron un acuerdo que permitió descomprimir todas las protestas y normalizar la prestación de servicios de ese organismo nacional en toda la región patagónica.
Para el sindicato se trata de un avance histórico en materia de ingresos, toda vez que luego de una huelga de 10 días que contó con un acatamiento superior al 90% en todos los sectores, se logró romper el techo salarial que intentaron imponer desde el Gobierno, alcanzando un incremento promedio del 42% para todos los trabajadores.
Luego de 44 días de acampe frente al edificio de Telefónica de Argentina en demanda de la reincorporación de los 70 despedidos de la empresa tercerizada Plantel S.A. de La Plata, UETTel-CTA logró firmar un acuerdo con la empresa, y de esta manera concretó la reincorporación de los despedidos que había dado origen al conflicto.

Conflictos sin solución

A pesar de haber sido recibidos por primera vez por el Ministerio de Trabajo, reconociendo a los delegados de la Línea 60, y desmintiendo la campaña de desinformación encabezada por el empresario Pasciuto, junto al jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al titular de la UTA, Roberto Fernández, quienes habían salido por los medios diciendo que el conflicto no era gremial y merecía ser judicializado, denuncias en las que se apoya la jueza Servini de Cubría para militarizar la cabecera de Plaza Constitución y desconocer por completo la existencia de una lucha sindical organizada por la legítima y legal representación gremial de los trabajadores de la 60, las medidas judiciales se mantuvieron firmes.
No obstante, de los 35 colectivos que dispuso la jueza salgan de Constitución para hacer la pericia de las unidades fuera de la empresa, en talleres de la CNRT, fueron 15 los coches que finalmente salieron, pero en las condiciones que exigieron los trabajadores: que sean manejados por ellos y en tandas. De esa manera garantizan que no les imputen falsos daños a las unidades y que vayan saliendo a medida que retornan las inspeccionadas. Es una confirmación de la decisión obrera de sostener su lucha y evitar las maniobras y el vaciamiento.
Pasadas las 8 de la mañana del miércoles 22 de julio una delegación de más de 300 choferes de la Línea 60, apoyados por trabajadoras y trabajadores de diversas fábricas y empresas de la zona norte del Gran Buenos Aires, bloquearon casi todos los carriles de la mano a Capital de la autopista Panamericana a la altura de 197, en la localidad de General Pacheco (Tigre).
El corte se mantuvo hasta pasadas las 10 de la mañana, cuando decidieron levantarlo luego de que todos los medios de comunicación debieran dar cuenta de la protesta y volver a poner el conflicto como tema de la agenda periodística.
La medida fue en respuesta a la falta de definiciones por parte del Gobierno nacional en un conflicto por despidos y por el lock-out patronal que lleva adelante MONSA (Dota) desde hace un mes.
Una multitud volvió a acompañar el jueves con una marcha a los obreros cesanteados en la acería Acindar de Villa Constitución. La solidaridad se expresó en el marco de una nueva audiencia que mantuvieron la patronal y los trabajadores, intentando destrabar el conflicto por el despido de 12 operarios que ya lleva más de 20 días. Ante la falta de acuerdo entre las partes, se definió una nueva reunión para el próximo martes en la sede rosarina del Ministerio de Trabajo provincial.
Acindar no está respetando la conciliación obligatoria dictada el 7 de julio, luego de una semana de paro. “Los trabajadores siguen despedidos, por lo que hay una parte que no está cumpliendo con la conciliación. El Ministerio de Trabajo una vez más muestra debilidad política ante grupos económicos que quieren que los trabajadores vivamos permanentemente precarizados, que estemos despedidos, que no tengamos salario, quieren generar la riqueza con mano de obra barata”, aseguró Raúl Daz, secretario adjunto de la CTA-A y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Rosario.

Nuevos conflictos

Desde el jueves a las trece horas se encuentran de paro los trabajadores de Aluar en Puerto Madryn en reclamo de mejoras salariales. Alrededor de 1300 trabajadores son los que están realizando las medidas de fuerza, quienes se encuentran en los ingresos de la enorme fábrica respetando los turnos.
Las negociaciones paritarias comenzaron el primero de junio, ya que la Unión Obrera Metalúrgica desdobla las negociaciones, primero para el resto del país en marzo, y luego para esta empresa. Desde comienzos de año los obreros de Aluar vienen expresando su malestar con el pago del impuesto a las ganancias, por lo cual han realizado distintas movilizaciones. Este sería uno de los motivos fundamentales del paro, ya que no están conformes con el cobro del impuesto y el tope de aumento salarial impuesto por el Gobierno y firmado por la UOM del 27,8 %, por lo que reclaman aumentos a distintos ítems. Uno de ellos es elevar el porcentaje de zona patagónica del 10 al 15 %. La empresa se muestra intransigente ante el reclamo, de ahí la medida de parar decidida en asamblea por la inmensa mayoría de los trabajadores. En principio se dispuso un paro de cuarenta y ocho horas, para volver a trabajar durante un día y de no haber novedades volver a parar nuevamente. Desde el año 2007 que no se registraba una lucha similar en la planta.
“Se terminó la época dorada”, dictaminó el senador y líder de los trabajadores petroleros, Guillermo Pereyra, quien dejó caer la frase con la contundencia de un profeta. Pereyra lo reconoció esta semana apuntando tanto a los beneficios de las empresas como a los de sus propios compañeros de sindicato. El recurso humano en los pozos, dueño de altos salarios, será una de las variables de ajuste en los próximos meses, subrayó Pereyra.
En estas semanas las empresas del sector despidieron a 180 trabajadores. Los que se suman a los 250 operarios ya cesanteados a fines de mayo por las proveedoras de servicios petroleros Schlumberger, Waetherford y Halliburton. También se registraron despidos en Santa Cruz. Varias empresas que ofrecen servicios para Pan American –entre ellas Weatherford– cesantearon casi a un centenar de operarios en el marco de un plan de reducción. Los trabajadores, liderados por Carlos Reynoso, uno de los referentes del Sindicato del Petróleo y Gas Privado provincial, mantuvieron piquetes en los almacenes de YPF y Pan American en Río Gallegos, Cañadón, Caleta Olivia y Las Heras.

Salario mínimo

El martes sesionó el Consejo del Salario que estableció el nuevo mínimo, vital y móvil en $5588 a partir de agosto y en $6060 desde enero de 2016. El aumento incide en los ingresos de 300.000 trabajadores registrados que cobran el salario mínimo, pero también actúa como referencia para unos 3,8 millones de trabajadores que se encuentran no registrados, en “negro”, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
En representación de los trabajadores participaron las burocracias sumisas al Gobierno nacional. Los principales referentes presentes fueron Antonio Caló que dirige la CGT Balcarce y Hugo Yasky que encabeza la CTA oficialista.
Por su parte, el secretario adjunto de la CTA, Pedro Wasiejko, sostuvo finalizado el cónclave que fue "un honor haber participado". También participaron el criador de caballos, Andrés Rodríguez, por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Gerardo “Batallón 601” Martínez, el “buchón” de la dictadura que dirige el gremio de la Construcción.
El cierre de la reunión estuvo a cargo de Cristina Fernández. La presidenta habló de incentivo al consumo, de círculo virtuoso, de inclusión social, de la importancia que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo y de la complicada situación de Grecia donde “están vendiendo las islas”. Una de las principales definiciones de la primera mandataria fue que “no va a haber en el mundo un aumento de salario como el que hubo en estos 12 años”, aunque el salario mínimo será menos de la mitad de lo que cuesta la canasta familiar, que se estima en $14.000.
A la reunión del Consejo del Salario no fueron convocadas las centrales opositoras al Gobierno nacional. En rechazo a ese destrato los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), Hugo Moyano, y el de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), Pablo Micheli, convocaron a una conferencia de prensa donde señalaron que el aumento es "insuficiente y lamentable".

Nuevos acuerdos paritarios

El Sindicato del Seguro se sumó a los gremios que rompieron el techo salarial impuesto por el Gobierno, acordando un 31,5% que se pagará en dos tramos, un 20% desde el 1 de julio y un 11,5% desde octubre próximo.
A pesar de la crisis que afecta principalmente a los tamberos de la industria láctea, el Centro de la Industria Lechera (CIL) y el gremio ATILRA, arribaron a un acuerdo que anualizado llegaría al 37%, lo cual provocó la renuncia de firmas como Lactear, San Ignacio, Magnasco y Remotti a la cámara empresaria y que las empresas chicas de Apymel se mantuvieran al margen de las negociaciones.
Quienes sí firmaron un acuerdo a la baja fueron los sindicalistas del SMATA. Un 5,2% para el trimestre abril-junio, lo que da un acumulado de 10,4% en lo que va de 2015 y que si se proyecta anualmente representa un 22%. Esto no impidió que Volkswagen (Córdoba) dejara de trabajar la semana pasada y Ford (Pacheco) desde el lunes comenzara un período de 15 días de “vacaciones programadas”.
Mientras, el Sindicato único de trabajadores de peajes (SUTPA) que conduce el diputado massista Facundo Moyano, podría realizar esta semana un paro en Autopistas del Sol y del Oeste si el lunes la concesionaria sigue sin brindar una respuesta sobre el reclamo de 32% de aumento.

Mario Hernandez