Resultado de una larga lucha.
El fallo absolutorio de los compañeros de la Editorial Perfil –entre ellos la totalidad de los integrantes de la Comisión Interna- es una enorme victoria de la lucha de los trabajadores de prensa, que fue acompañada, a lo largo de los cuatro años que duró la causa judicial, por amplios sectores democráticos, sindicales combativos, políticos y de los derechos humanos.
Los compañeros habían sido acusados de “atentar contra la libertad de prensa” y por “haber impedido la salida de las publicaciones de Perfil de la planta de impresión de la empresa”. Esto, en el marco de un paro de actividades realizado a fines del 2013, para reclamar la reincorporación de compañeros despedidos. Se trataba de dejar establecido que era penable cualquier demora que una medida de fuerza pudiera ocasionar en la salida o distribución de una publicación o emisión periodística. Y, en consecuencia, dejar abierto el pedido de desafuero y posterior despido, en el caso de los delegados, y el despido directo en el caso de los que no lo son.
El proceso acusatorio, llevado adelante “de oficio” por la fiscalía, ante una denuncia de la patronal, tuvo una enorme repercusión porque pretendía bloquear toda posibilidad de lucha y hasta de organización gremial en el gremio de prensa.
La decisión de actuar por propia iniciativa y la saña puesta en juego por el fiscal a lo largo del juicio, dieron cuenta de que se trataba de sentar jurisprudencia contra la lucha obrera y en beneficio de todas las patronales de prensa, en una etapa de concentración de estas en grandes monopolios.
Que esto era así lo dio cuenta el diario Clarín, que en su edición de hoy publicó una nota donde transcribe y adhiere al reclamo de la cámara patronal (Adepa) de que los compañeros fueran condenados porque habrían cometido el delito de “ataque a la libertad de expresión”.
Los aplausos y los cánticos de alegría y de triunfo, que comenzaron en la sala de audiencias y se extendieron por los pasillos del edificio judicial al darse a conocer la sentencia, fueron la respuesta a este intento de avasallamiento a la lucha y la organización de los trabajadores. También fue un desahogo de la tensión acumulada a lo largo de los cuatro días del juicio oral.
En la sala -donde no quedaba una sola butaca vacía- había una mayoría de trabajadores de prensa, entre ellos directivos del sindicato de Prensa (Sipreba), de la Federación Nacional de Trabajadores de Prensa, acompañados por otros dirigentes sindicales y políticos, entre ellos los legisladores porteños Gabriel Solano y Marcelo Ramal y el diputado nacional Néstor Pitrola.
El fiscal, que pidió en dos oportunidades sendas postergaciones de la fecha para hacer su alegato, mostró la inconsistencia de sus argumentos y debió recurrir a la tergiversación de testimonios y a asentar su argumentación, básicamente, en los dichos de los altos directivos de la empresa que pasaron por el tribunal.
Su endeblez era tal que se vio obligado a pedir la pena mínima de un mes y medio de prisión en suspenso para los seis compañeros, con cínicas argumentaciones de reconocimiento a la “importante labor, ad honorem, que realizan desde hace años estos delegados en defensa de sus compañeros”. Es que el objetivo central de su ataque consistía en lograr la culpabilidad de los compañeros, y no importaba centralmente la duración de la pena.
Los alegatos de la defensa fueron contundentes. Desarmaron uno por uno los planteos del fiscal y las intenciones persecutorias que se escondían detrás de su incriminación a los compañeros.
Claudia Ferrero, una de las abogadas, destacó que el fiscal pretendía que se identificara el ataque a la libertad de prensa con el perjuicio del interés material empresario. “Pero justamente –dijo– esa es la consecuencia natural de cualquier medida de fuerza masiva de los trabajadores, que se afecte el normal funcionamiento de la actividad empresaria”.
Además, no son las patronales sino los trabajadores los que sufren diariamente la censura por parte de las empresas, cuando se ven impedidos de exponer con libertad sus ideas en los medios donde trabajan si estas no coinciden o no colisionan con los de la empresa propietaria.
Y solo en situaciones excepcionales ha sucedido lo contrario. Por ejemplo cuando, a mediados de 1987, los trabajadores de Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y Ámbito Financiero se levantaron contra la decisión de sus patronales de publicar una solicitada a favor del dictador Jorge Rafael Videla y lograron evitar que apareciera.
Ferrero denunció la patraña del fiscal de colocar como “testigos imparciales” a quienes ocupan los más altos cargos directivos en la empresa, a lo que debió recurrir porque hasta los efectivos policiales que actuaron entonces y que fueron aportados como testigos por la fiscalía, declararon que en el momento del conflicto no habían constatado delito alguno.
A su vez, el otro abogado de la defensa, Fernando Gómez, destacó que si se hablaba de delitos, el más flagrante en esos días lo había cometido la empresa con el despido de un miembro de la Junta Electoral en el mismo momento que se realizaban elecciones de delegados, señalando que era la patronal entonces la que debía estar en el banquillo de los acusados.
La lucha de los compañeros dio como resultado este triunfo de enorme trascendencia para todos los trabajadores de prensa, ya que desbarató el intento de criminalizar la protesta gremial, de convertir la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores en un delito penal y liquidó este ataque antiobrero, en defensa de la organización sindical y de los derechos de huelga y protesta.
Como destacó Rubén Schofrin, delegado de Perfil y secretario adjunto del Sipreba, “se trató de un ataque a fondo no solo contra los trabajadores de Perfil sino contra la organización del conjunto de los trabajadores de prensa del país” ya que “sería como retroceder al siglo XIX en cuanto a la posibilidad de defensa de los derechos de los trabajadores”.
Un importante triunfo de los trabajadores en el marco de la ofensiva macrista de liquidar derechos sindicales y las organizaciones sindicales de lucha de los trabajadores, a la cual el fiscal apuntalaba con su ataque antiobrero.
Nelson Marinelli
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