El proyecto prevé la fusión de los 29 terciarios de la Ciudad y el acortamiento de las carreras.
Siguiendo los lineamientos del Plan Maestro para la educación en todo el país, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires impulsa la creación de una Universidad de Formación Docente sobre la base de una “fusión” –en verdad, una liquidación– de los institutos terciarios de formación docente, de larga trayectoria en el sistema educativo.
La “flexibilización” del régimen académico, la modalidad virtual (a distancia) y los cambios en los planes de estudio son la fachada que encubre la adaptación de la educación superior a las demandas del capital: degradación de la formación docente; ataque a las condiciones de trabajo, desconociendo el estatuto del docente; y, en última instancia, una mano de obra descalificada acorde a las reformas laborales en debate.
La degradación en el nivel terciario empalma así con la regresiva reforma planteada para la escuela secundaria, al tiempo que se pretende disminuir del nivel académico de la docencia para adaptarlo al estado de crisis de todo el sistema educativo.
El proyecto de “Universidad”
El proyecto de ley, que ingresaría el año que viene a la Legislatura de la Ciudad para ser aplicado en 2019, prevé una fusión de los 29 institutos actuales (sin incorporar los privados) para acortar las carreras, reemplazar materias por espacios virtuales y agregar horas de prácticas profesionales gratuitas desde el primer año (usando a los estudiantes como reemplazo de docentes con experiencia y derechos).
Un ejemplo de esta orientación es la desaparición, para los terciarios denominados “Normales”, de materias como Pedagogía, Historia de la Educación, Psicología Educacional –entre otras–, que podrían ser cursadas a través de una modalidad intensificada durante el último año de la secundaria en el bachillerato pedagógico.
Para el caso de los graduados de los bachilleratos pedagógicos (BOE) que decidieran continuar a nivel terciario su formación docente, el proyecto contempla la alternativa de una modalidad de cursada intensificada en el profesorado de primaria (PEP) durante 3 semanas (60 horas cátedras) para las 7 materias que forman parte de la articulación prevista entre ambos niveles –cuando actualmente varias de ellas son anuales.
En la medida que se pasaría de nivel terciario a universitario, el gobierno presenta falsamente toda esta degradación como una “jerarquización”. Tal cambio, a su vez, allana una perspectiva privatista, ya que el marco universitario habilitaría el establecimiento de posgrados.
Las “excusas” de las reformas y la situación educativa
El gobierno justifica la reforma en la falta de docentes en las escuelas de la ciudad, cuando esta es una consecuencia directa de la crisis educativa gestada por los sucesivos gobiernos.
A los magros salarios docentes –que por un cargo no llegan ni a la canasta de pobreza, cobrando un sueldo básico de $5.179 que "conformado" alcanza los $13.809 de bolsillo– y la consecuente obligación de realizar jornadas extensas, se suma el peso de hacerlo en escuelas sin recursos, con techos que se caen, y en un cuadro de miseria social creciente que explota en las aulas porteñas.
A su turno, la juventud que estudia en los institutos vive una situación que imposibilita en muchos casos la continuidad de los estudios: mientras que la superexplotación en trabajos flexibilizados no permite cursar regularmente, se carece tanto de becas estudiantiles como de salas infantiles para sus hijos.
Se debe señalar, a su vez, que el actual proyecto viene precedido por una numerosa cantidad de reformas de los planes de estudio en los terciarios por parte del gobierno del PRO, que fueron resistidas por el estudiantado.
La “solución” del gobierno prepara en verdad un agravamiento de esta situación: recortar carreras, cerrar terciarios que no reúnan matrícula según parámetros para ajustar presupuestos, y que los estudiantes comiencen a trabajar desde los primeros años remplazando a docentes con derechos por salarios tan o más miserables. Es la versión ad hoc de las pasantías truchas para estudiantes secundarios en empresas y ONGs, que recientemente fue motivo de ocupaciones y movilizaciones estudiantiles y docentes.
Abajo las reformas anti-educativas
El conjunto de reformas en curso –laboral, previsional, tributaria– tiene su correlato en materia educativa en el plan Maestro, que somete a todo el sistema educativo a las necesidades y vaivenes de la economía capitalista. No tienen nada que ver con la mejora de la enseñanza ni el trabajo docente.
Estas reformas han sido avaladas por el Consejo Federal de Educación, donde tienen representación todos los gobernadores de distinto color político. Su antecedente es el “Proyecto Aguilar”, una propuesta de Ley de un senador chaqueño del FPV que plantea la liquidación de los terciarios a nivel nacional.
El Proyecto Aguilar contó con el apoyo de las centrales sindicales docentes, como Ctera, que ahora reclaman “ser parte” de las reformas –en lugar de organizar la lucha para quebrar esta ofensiva, a través de medidas de lucha concretas. En el extremo, la burocracia kirchnerista aprovecha la ola para sus negocios: el Suteba de Roberto Baradel acaba de abrir en provincia su propio instituto privado de Formación Docente.
Necesitamos poner en pie al movimiento estudiantil-docente en defensa de la formación docente y de cada instituto superior de la ciudad, con independencia política de todos los bloques que están pactando las reformas en curso.
La reforma educativa es la otra cara de moneda de la reforma laboral que se viene; marchemos cuando comience su tratamiento y pongamos en pie un plan de lucha de toda la Capital.
Amanda Martín
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