La condena a 4 años de prisión contra el dirigente kirchnerista Luis D´Elía por la toma de la comisaría 24 de La Boca se inscribe, qué duda cabe, en la ofensiva judicial que el gobierno ha desatado contra referentes K para distraer a la atención pública sobre otra ofensiva, que afectará –esta sí, de manera decisiva– a los trabajadores –nos referimos a las reformas laboral, previsional, tributaria y educativa.
Sin embargo, el caso de D´Elía se diferencia de los de José López, Julio De Vido y Amado Boudou ya que no se trata aquí de enjuagues con fondos públicos, negociados con la ´patria contratista´ ni declaraciones patrimoniales inconsistentes.
El hecho por el cual D´Elía acaba de ser condenado fue haber participado, en 2004, de una pueblada contra las ´zonas liberadas´ y las bandas narco que operaban en La Boca al amparo de la policía.
El detonante fue el asesinato de Martín “Oso” Cisneros, dirigente de la organización social Los Pibes, a manos de un sicario llamado Juan Carlos Duarte en su propio domicilio.
Cisneros había liderado la ocupación de una casa ociosa para la instalación de un comedor popular. Esa casa había estado bajo el control de un grupo de narcos, al que pertenecía Duarte. Por ese entonces, Duarte y su banda ejercían la “custodia” de la propiedad, a cuenta de alguno de los pulpos inmobiliarios de La Boca y San Telmo. Duarte ejercitaba esta doble función –“transa” de droga y “control de casas”– en directa “conexión” con la comisaría 24ª. (ver Prensa Obrera #857, 1/7/04). Tras el homicidio de Cisneros, D´Elía se presentó en la comisaría 24 junto a medio centenar de militantes para exigir la inmediata detención del asesino. Finalmente, Duarte pasó una temporada en la cárcel, hasta que fue liberado en 2016. Sus cómplices policiales, en cambio, permanecen impunes.
El crimen de Cisneros fue, a todas luces, un crimen político.
En ese entonces la Ciudad era gobernada por Aníbal Ibarra, aliado de los Kirchner, quien en aquellos meses había resuelto “no autorizar” el funcionamiento de comedores en viviendas ociosas, en lo que constituyó un guiño al accionar represivo de la policía y de las bandas que, como la que integraba Duarte, ofrecían sus servicios a los acaparadores inmobiliarios (Prensa Obrera, ídem anterior). Meses más tarde, D´Elía acudiría en auxilio de Ibarra tras el desastre de Cromagnon.
Ante el tribunal, D´Elía reivindicó la ocupación de la comisaría y denunció que se trataba de una persecución contra la protesta social. Sus abogados plantearon la prescripción del delito atribuido a su defendido. Sin embargo, los jueces argumentaron que se encontraba vigente porque la Justicia acumuló la causa por la ocupación de la comisaría con otra, en la que era acusado de “incitación a la violencia colectiva”, un delito de mayor gravedad, por haber organizado la ´contramarcha´ a favor del gobierno kirchnerista en 2008, en plena disputa con el capital agrario. Paradójicamente, D´Elía fue absuelto por este cargo.
El crimen de Cisneros ocurrió el 26 de junio, cuando se cumplían dos años de la masacre de Puente Pueyrredón. Sobre aquella, vale recordar, D´Elía se ubicó del lado del gobierno de Duhalde. Dos años después, apuntaba a los punteros duhaldistas por el asesinato de su compañero.
Jacyn
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