Contrarreformas laboral, previsional, tributaria. Ataques a estatales. La necesidad de una respuesta obrera integral.
El “reformismo permanente”, esa definición “estratégica” que realizó Mauricio Macri en el CCK apenas después del triunfo electoral de octubre, significa un ataque sostenido sobre el conjunto de la clase obrera, activa y pasiva, para aniquilar el valor de fuerza de trabajo en función de recomponer la tasa de ganancia del gran capital.
Contrarreforma por capítulos
La contrarreforma laboral apunta a flexibilizar y precarizar más las relaciones laborales, ya impregnadas por el andamiaje legal noventista que perduró casi intacto durante la “década ganada”.
Aún sin medidas de lucha, el macrismo tuvo que retirar o postergar varios puntos calientes de la reforma que propuso originalmente para atender el malestar creciente: la relación de fuerzas no permite tanto ataque.
Por ahora, esta reforma entró en un impasse por el revés que sufrió el Gobierno a causa de los “desacoples” de la CGT.
Los cambios en las leyes laborales que propone el oficialismo tienen como núcleo central quitar derechos a los sectores de trabajadores registrados del sector privado más protegidos.
Busca generalizar y hacer ley pautas que ya rigen en muchos convenios colectivos de trabajo con el visto bueno de la burocracia sindical, tal como los acuerdos de Vaca Muerta, mecánicos del Smata o del gremio lechero. A su vez, apunta a precarizar aún más a la juventud para utilizarla como mano de obra barata y descartable mediante las “prácticas formativas”.
La reforma previsional pactada con gobernadores del peronismo, del Frente para la Victoria y del radicalismo ataca los haberes de los adultos mayores mediante el cambio de la fórmula de movilidad, siguiendo los preceptos del FMI y la OCDE. De esta forma, el Gobierno busca “ahorrarse” unos $ 100 mil millones.
La Izquierda Diario estimó que si desde 2009 se hubiera aplicado el nuevo cálculo, el haber mínimo sería hoy de $ 5.703 en lugar de los insuficientes $ 7.246 actuales. Es decir, lo que se propone es un robo a los jubilados.
El cambio en la fórmula de movilidad está denunciado por "inconstitucional, regresivo e insolidario que vulnera los derechos humanos de los trabajadores activos y jubilados". La reforma también busca “posibilitar” trabajar hasta los 70 años, una forma “sutil” de elevar la edad jubilatoria para extraer hasta el último suspiro de vida.
En términos tributarios, el principal cambio que propone el Gobierno es bajar las contribuciones patronales para supuestamente promover el blanqueo de trabajadores no registrados y generar empleo. Difícilmente se blanqueé y se genere empleo, pero la rebaja de las alícuotas pondrá en el bolsillo de los empresarios unos $ 100 mil millones anuales.
La reforma tributaria también bajará la tasa del impuesto a las ganancias a las empresas, entre otros beneficios. Para los trabajadores que pagan el mal llamado impuesto a las ganancias seguirá el saqueo sobre su salario.
Apunten contra los estatales
Según el Ministerio de Modernización, hubo 11 mil despidos de estatales en 2016.
Las paritarias de este año trajeron sorpresas de la mano de Andrés “el Centauro” Rodríguez de UPCN: aceptó firmar cláusulas de presentismo, que le ponen precio a las licencias (si el empleado se enferma, tiene que estudiar, pierde salario) atacando conquistas del convenio colectivo, y pautas de una indefinida “productividad”.
Avanzando por las líneas de menor resistencia, el Gobierno impuso así un “caso testigo” para luego intentar trasladar las mismas condiciones sobre otros sectores del empleo público, como los docentes, y los privados.
Esos ataques cuentan con la estigmatización permanente frente a la “opinión pública” por parte del "periodismo de guerra" del Grupo Clarín, La Nación, entre otras empresas periodísticas. Es lo que ocurre estos días con decenas de artículos para desprestigiar el empleo público con la filtración de las “dotaciones óptimas” establecidas por Modernización.
La consecuencia “lógica” es que hay que despedir, reducir áreas, quitar funciones. En fin, achicar el Estado, principalmente allí donde atiende (a su manera) necesidades sociales, como ocurre con la salud y la educación. Mientras, las fuerzas represivas son “empoderadas” para matar y perseguir a los que luchan.
Una respuesta integral
Cambiemos desarrolla una ofensiva integral sobre los trabajadores, aunque la presenta en cuotas.
Bien lejos de una respuesta en todos los planos, el Consejo Directivo de la CGT dijo este martes que rechaza la reforma previsional porque no fue consultado (si lo consultaban ¿qué dirían?). Pero volvió a dar su aval a la reforma laboral acordada con el Gobierno en el “pacto de la Rural”.
Por su parte, el “Centauro” Rodríguez, miembro de ese Consejo Directivo, se tomó el tiempo para defender la reforma laboral, sin embargo deja correr sin hacer olas los recientes ataques a estatales anunciados en los medios de comunicación. A veces (o casi siempre), ni siquiera para una respuesta atomizada están dispuestas las conducciones.
No habría que explicarle al triunviro que la “estrategia” del Gobierno se busca implementar con la “táctica” de tirar mil ataques en simultáneo para que alguno finalmente pase. Es lo que expuso Esteban Bullrich en una “clase magistral”.
Según estimaciones de La Izquierda Diario, la Población Económicamente Activa (PEA) en el segundo trimestre de 2017 alcanzaba unos 20 millones: 6,2 millones asalariados privados registrados (en “blanco”); 3,1 millones de empleados públicos; 464 mil empleados en casas particulares; 1,5 millones de monotributistas; 394 mil en el monotributo social; 402 mil autónomos; 6,2 millones de trabajadores no registrados (en “negro”) y 1,7 millones de desocupados.
A la vez, reina una fragmentación dentro de cada categoría: estables y precarios, jóvenes y jubilables, entre otras tantas divisiones.
A lo que habría que sumar los casi 7 millones de jubilados y pensionados.
Aunque la PEA (que puede incluir gerentes o empresarios) no es equivalente a clase obrera, en tanto la clase desposeída de todos los medios de producción (fábricas, máquinas, herramientas, etcétera), esos números dan una primera imagen de la fragmentación que atraviesa a los trabajadores.
Esa “táctica” de mil ataques en simultáneo del “manual” de Cambiemos tiene múltiples aristas. Al pegar lugar por lugar el Gobierno se aprovecha de la fragmentación de la clase obrera, un límite para dar una respuesta unificada. A la vez, genera condiciones para que los ataques se vayan filtrando de a uno construyendo una hoja de ruta con el fin de cambiar la relación de fuerzas entre las clases sociales.
Por último, intenta llevar música a los oídos del establishment económico que observa que los desequilibrios económicos (déficit fiscal y comercial, inflación, bola de nieve de Lebac, etcétera) disimulados con el endeudamiento externo no son sostenibles eternamente.
Así, el Gobierno muestra la voluntad de llevar hasta el final el “plan de guerra” para quitar hasta la última gota de sudor de los trabajadores: aumentar la plusvalía absoluta, diría Carlos Marx, a través de la búsqueda de aumento del trabajo apropiado en cada día laboral por parte de los capitalistas mediante distintas formas, centralmente la extensión de la jornada, la intensidad del trabajo o la disminución del salario. Marx hablaba también de otro mecanismo para aumentar las ganancias: la plusvalía relativa, pero esto requiere desarrollo de fuerzas productivas, inversiones, algo incómodo a la burguesía que actúa en el país.
La respuesta de la clase obrera, la única clase productora de nuestra sociedad, no debiera ser otra que una respuesta de carácter unificado con un programa integral de reivindicaciones que parta de defender los derechos laborales, los puestos de trabajo estatales y privados, el salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy por encima de los $ 25.000, las jubilaciones partiendo de una mínima de $ 17.523, que es lo que cuesta la canasta de los jubilados, y reclamar el derecho de la juventud a estudiar y trabajar sin ser precarizada y utilizada como mano de obra barata destacartable.
Unir lo que el capital fragmenta genera la condición de posibilidad para que la clase obrera, además de defender con más fuerza sus medios de vida, se pueda plantear objetivos más ambiciosos. Se trata de superar el capitalismo y no sólo discutir (mal, como la traidora burocracia sindical) por las cuotas de explotación a la que somete el capitalismo a la mayoría.
Pablo Anino
No hay comentarios:
Publicar un comentario