Nada refleja con mayor contundencia el carácter del “paquetazo” oficial que las declaraciones de apoyo de los directivos de Coca-Cola, por un lado, y de bancos como el HSBC, por el otro. Aunque en ambos casos habían aparecido quejas por algunas de las medidas impositivas -el impuesto a las gaseosas o la ‘renta financiera’-, los capitalistas saben muy bien lo que está en juego. El paquete oficial es una tentativa extraordinaria por levantar la tasa de ganancia del capital, liberándolo de la carga de varios impuestos y asegurándole la liquidación de conquistas fundamentales de la clase obrera. Los subsidios fiscales a los capitalistas serán compensados con impuestazos al consumo, con despidos estatales y, en lo inmediato, con un saqueo brutal a los jubilados y al Anses. Al compás de la exigencia de los capitalistas, el PJ-FpV y el massismo, junto a sus agentes burocráticos en el movimiento obrero, extreman sus esfuerzos para acordar con el gobierno.
Pagan los jubilados y estatales
En estas horas, el gobierno y los gobernadores del PJ, el FpV, massistas y “socialistas” discutían la letra fina de un pacto fiscal con consecuencias explosivas para las provincias y sus trabajadores. El macrismo exige la eliminación gradual del impuesto a los Ingresos Brutos de las empresas que representa, en promedio, el 75% de la recaudación de los distritos. A cambio de ello, el gobierno les ofrece una mayor tajada del impuesto a las ganancias, a costa de quitársela a la Anses. Como consecuencia de ese despojo, y de la rebaja de aportes patronales que también anunció el gobierno, la caja de los jubilados sufrirá una pérdida anual de 10.000 millones de dólares. Eso explica la anunciada decisión de amputar el sistema de “movilidad” jubilatoria, condenando al 70% de los pasivos a percibir la mitad de una canasta de pobreza. En suma, los jubilados bancarán la eliminación de impuestos a los capitalistas. Pero ello no bastará para cerrar los números de las provincias: por eso, el gobierno apura un nuevo ‘pacto de responsabilidad fiscal’, que implica ajuste en los gastos sociales y despidos. En las negociaciones en curso, el gobierno habría ofrecido tomar a su cargo a las trece cajas previsionales que dependen de provincias, con regímenes jubilatorios propios.
Detrás de esta oferta ‘generosa’, se anticipa la intención de ‘armonizarlas’ de prepo -y a la baja- con los haberes nacionales. El vaciamiento en puerta de la Anses ya ha colocado en la agenda oficial el retorno de la jubilación privada, bajo la forma de un ahorro complementario para quienes pretendan superar los haberes de miseria del sistema oficial. El gobierno ha resignado ciertos impuestos que cuestionaban los lobbyes capitalistas regionales -como el gravamen al vino- pero, al mismo tiempo, anunció la intención de reducir en un 10% la planta de estatales, lo que podría implicar el despido de 70.000 trabajadores. El vencimiento de contratos de miles de precarizados en diciembre coloca a los estatales en urgente alerta.
Pagan las conquistas obreras
En el toma y daca por el reparto de los recursos impositivos, los gobernadores han colocado una cuestión decisiva en la balanza: “el apoyo decisivo de sus diputados y senadores a las reformas que el gobierno busca aprobar, como la tributaria y la laboral” (Clarín, 14/11). El principio rector del paquete oficial es trasladarle a los trabajadores el fardo del ajuste. Nada retrata mejor esta orientación que el acuerdo ‘impositivo’ en Tierra del Fuego, donde la moneda de cambio para el recorte de beneficios a la patronal electrónica… es la aceptación -por parte de la UOM fueguina- de un congelamiento salarial por dos años; o sea, de una reducción de salarios a término del 30 o 40%. Es esta misma orientación la que sigue la burocracia sindical en torno de la reforma laboral. El gobierno le ha admitido al triunvirato cegetista algunos cambios que, bien mirados, sólo apuntan a enmascarar el carácter antiobrero de la reforma. Por ejemplo, acepta incluir en el cálculo de las indemnizaciones a las comisiones -que sólo afectan a un sector particular y reducido de trabajadores- y a las horas extras ¡a sabiendas de que el proyecto prevé eliminarlas por la vía de establecer un banco de horas! El gobierno aceptaría que quien sufre cambios en sus condiciones laborales pueda recurrir a juicio, pero sin asegurarle la reposición en su puesto. Además, gobierno y burócratas discuten instituir una “mesa de diálogo permanente”, para disfrazar una pérdida de derechos laborales que quedaría consumada con la sanción de la ‘reforma’. La burocracia también promete una futura “batalla en la Justicia” en torno de aspectos de la ley que podrían dar lugar a diferentes interpretaciones. Con ello, fingen ignorar el copamiento judicial en marcha por parte del gobierno, con eje singular en el fuero laboral. En cualquier variante, en la reforma quedarán las pasantías precarizadoras para los jóvenes, el indulto a los evasores (blanqueo) y la ‘agencia de evaluación de tecnologías médicas’ para las obras sociales, dirigida a recortarle a los afiliados las prestaciones más complejas y costosas. A cambio de ese ajuste a la salud obrera, y de preservar el monopolio de la representación sindical, la burocracia ha entregado la ‘reforma’ antilaboral.
Pacto político
En su apoyo a este paquete antiobrero -incluso con sus consecuencias devastadoras para los presupuestos provinciales-, los gobernadores de la oposición expresan la dependencia mortal de pejotistas, massistas y también kirchneristas para con la clase capitalista, que está jugada a fondo con los anuncios del oficialismo. Nada de ello exime a la salida oficial de sus enormes contradicciones: el macrismo ha colocado el presupuesto público al servicio de los capitalistas, cuando ese presupuesto -y también el Banco Central y la Anses- carga con los quebrantos de la gestión anterior. La pretensión de resolver esa contradicción con un mayor endeudamiento se enfrenta, por un lado, a los límites de la hipoteca ya existente y, por el otro, a los virajes financieros que impone la crisis capitalista internacional. A despecho de ello, los “nacionales y populares” de diferente laya se han entregado de pies y manos al macrismo. El ‘respeto al mandato de las urnas’ se ha convertido en la coartada para aceptar sin rodeos a esta verdadera confiscación social. Ello no exceptúa a Cristina Kirchner y a su “unidad ciudadana”, a la cual uno de sus mayores laderos -Aníbal Fernández- acaba de declarar extinta, en nombre del retorno al Pejota.
Mal que les pese a todos ellos, el movimiento obrero está siendo recorrido por una verdadera conmoción, como lo revelan distintos plenarios de delegados o asambleas que debaten y rechazan la reforma laboral. En este cuadro, el Partido Obrero ha lanzado una campaña política en regla contra el paquetazo macrista, dirigida en primer lugar a las grandes concentraciones obreras y a los sindicatos. Como parte de ello, la Coordinadora Sindical clasista del PO se ha dirigido a diferentes organizaciones para promover una iniciativa de lucha y movilización contra la reforma, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre y que debería ser el punto de partida de un plan de acción en regla contra el paquete antiobrero. Tomemos a la acción del 6 como un punto de apoyo para redoblar el debate y la organización en todos los sindicatos y lugares de trabajo. Hagamos de esta campaña un gran factor de reagrupamiento político de los luchadores, contra el gobierno ajustador y sus cómplices.
Marcelo Ramal
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